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La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FEINDEF, organizada por la Fundación Feindef, cuyo mecenazgo lo realiza el Ministerio de Defensa, y según su web, «ofrece oportunidades de negocio en el mundo de la defensa» organiza su IV edición. Leer más
La reforma de las pensiones impulsada por el PSOE y Podemos concede a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un papel fundamental como juez de la sostenibilidad del sistema de pensiones: en 2025, y a partir de ahí, cada tres años, deberá dictaminar si la evolución de los ingresos y de los gastos se ajusta a los parámetros que fija el decreto. Si no es así, se activará de forma automática la necesidad de «ajustes adicionales». Leer más
La reforma del Código Penal anunciada por los partidos del gobierno PSOE y Unidas Podemos, que tiene por objetivo eliminar el delito de sedición (delito contra el orden público establecido en el artículo 544 del CP, castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes), incluye una letra pequeña que afecta a formas de protesta que hasta ahora no estaban penalizadas expresamente.
La reforma de los delitos de orden público, recogidos en los artículos 557, 557 bis y 557 ter (que con la reforma éste artículo desaparecería) del Código Penal, parecen haber sido creados a propósito para imponer delitos penales a las formas de protesta de numerosos colectivos, entre ellos las organizaciones sindicales y movimientos sociales. Hay que recordar que en la triple reforma de 2015 (Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) ya se incorporó el llamado delito de “allanamiento de establecimientos abiertos al público”, que sanciona como delito leve las protestas en el interior de locales comerciales, sucursales bancarias, etc.
Pero la reforma del Código Penal pactada por el PSOE y Podemos con ERC establece una ampliación que del artículo 557.1, que establecerá la siguiente pena:
“Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a) sobre las personas o las cosas u b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas, o c) invadiendo instalaciones o edificios”.
La nueva redacción permitirá imponer sanciones penales de seis meses a tres años de prisión a personas y grupos que ocupen una vía pública, como puede suceder en un recorrido alternativo en una manifestación, en la paralización de un desahucio o en aquellas otras situaciones que impliquen la ocupación (aunque sea temporal) de una entidad bancaria, un rectorado o una empresa con la que existe un conflicto sindical (esto en realidad ahora se castiga con el delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal).
Lo cuál supone que los piquetes, las paralizaciones de desahucios, las protestas sindicales ante la sede de una empresa o fábrica, etc. quedan amenazadas de muerte con un texto de estas características. Además, si la manifestación es multitudinaria aún se prevén sanciones mayores, como la pena de prisión de tres a cinco años cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público.
Si vamos todavía más allá, en la asunción del anterior 557 ter en un nuevo 557 bis, y tal como figura la redacción del proyecto de la reforma actual, no sería necesario la aportación de la prueba de la violencia o intimidación, lo que deja todo en manos de la policía y luego del juez correspondiente.
Este artículo, que creemos que atenta directamente contra el derecho de protesta y manifestación, recoge que “los que, sin hacer uso de la violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invada u ocupen contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, una oficina, un establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público”, establece penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, aumentando por tanto las consecuencias de lo que en su día aprobó el Partido Popular y que, estando en la oposición, tanto PSOE como Podemos se comprometieron a derogar.
Según un comunicado difundido por la Confederación General del Trabajo, con esta reforma “se está atacando directamente a distintas formas de protesta pacífica que llevan a cabo movimientos sociales como la PAH, en la paralización de desahucios, por ejemplo, o las negociaciones para evitarlos en las sedes bancarias. Asimismo, se busca criminalizar y castigar las protestas estudiantiles del alumnado que ocupe una facultad o un rectorado. Cualquier manifestación que se desarrolle fuera de horario o recorrido constreñido por la Delegación de Gobierno de turno se enfrenta, no ya a sanciones administrativas, sino a su procesamiento por un delito contra el orden público”.
—https://cgt.org.es/reforma-del-codigo-penal-mas-mordaza-contra-cualquier-movimiento-social/
En 2019, el Parlament de Catalunya presentó una Proposición de Ley en el Congreso con el fin de investigar el dinero incautado a las familias republicanas durante la Guerra Civil y el Franquismo. El fin de esta Proposición de Ley era incluirla dentro de la nueva Ley de Memoria Democrática.
Muchos se preguntan si la nueva ley pretende meter la mano en las cuentas de empresas financistas del golpe (el actual IBEX35), asociaciones que loan el fascismo, familias que tuvieron grandes beneficios, etc. Indemnizar o paliar el robo cometido a una persona concreta es fácil, pero cuando el robo se ha extendido a cientos de miles de personas, ¿cómo se condona la deuda con los descendientes de esos cientos de miles?
La nueva ley establece según sus artículos 5.4 y 6.1, respectivamente:
“La declaración de nulidad que se contiene en los apartados anteriores dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal. En todo caso, esta declaración de nulidad será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional”.
“Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron las circunstancias a que se refiere el artículo 3.1 y los efectos de las condenas y sanciones a que se refieren los artículos 4 y 5. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en el resto de normas del ordenamiento jurídico, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional.”
Si usted es nieto/a de un defensor de la República y a su familia le embargaron todo: tiene derecho a recibir un diploma que reconozca la labor de su abuelo/a. Eso sí, no piense que eso le genera derechos para pedir una indemnización.
Si echamos un vistazo a lo que han sido las compensaciones en todo aquello que está relacionado con la Guerra Civil, podrá ver que no se ha tocado ni una peseta del bolsillo de los financistas del golpe de estado o que las pensiones que recibieron algunos de nuestros abuelos por su sacrificio eran míseras.
La proposición de Ley del Parlament de Catalunya pretendía compensar a particulares al igual que ya se había hecho en años anteriores con partidos políticos y sindicatos cuyos bienes fueron expropiados por el franquismo. Pero no todos fueron compensados de igual manera.
Mientras que a la UGT se le devolvieron 65 inmuebles y se les compensó por otros 627, la CNT logró recuperar 11 inmuebles y ser compensado por 76. Es decir, la CNT no recuperó más allá del 5% de su patrimonio como denuncian desde el sindicato.
Fue en 1984 cuando el gobierno de Felipe González presentó la Ley 37/1984 por la que se reconocía el grado militar a los republicanos que habían formado parte del Ejército Popular. Años antes, el gobierno de Suárez reconocía el grado y una pensión a aquellos militares que, con el golpe de estado, se mantuvieron del lado republicano. Pero no es oro todo lo que reluce.
Ese reconocimiento pasaba porque los beneficiarios tenían que acreditar su condición de militar republicano. No se hizo de oficio. Se organizaron grupos de ancianos que visitaban todas las semanas la Biblioteca Nacional buscando documentos que acreditaran su presencia en el bando democrático y perdedor de la guerra contra el fascismo. Se hicieron colectas para pagar los autobuses.
El propósito de una ley de este tipo es aminorar los costes que pueda generar cualquier reclamación contra el Estado. Contra este Estado. El mismo que se levantó el 18 de julio y firmó la Constitución en las Cortes nacidas del franquismo el 31 de octubre de 1978 (que, por cierto, es uno de los días propuestos en la nueva ley como día de celebración). Esta es la ley que han firmado Unidas Podemos y el PSOE.
Dentro de esta ley no se contempla que el Estado se haga responsable de indemnizar a los descendientes o el embargo a determinadas empresas, cuyas riquezas quedó demostrado que se fraguaron con el trabajo esclavo de miles de republicanos. El Gobierno más progresista de la Historia se ha encargado de que ningún descendiente de un defensor de la República tenga derecho a percibir una indemnización por parte del Estado. En cambio, en Alemania los esclavos de los campos de concentración percibieron una indemnización por las vivencias sufridas.
Como se señala, no existe ninguna mención a la expropiación de bienes o fondos a aquellas empresas que financiaron activamente al golpe del 18 de julio. La única mención a la palabra “empresa” se hace en el artículo 32.1:
“La Administración General del Estado impulsará actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido, así como impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas respecto de las que se constate, a través de la realización de un censo, que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas en ese sentido.”
Ya no sólo no se va a tocar un euro del bolsillo de las empresas del IBEX35 que son lo que son gracias al franquismo, sino que se les va a pedir que “impulsen iniciativas para que informen y reconozcan” que tuvieron esclavos. Es decir, el encargado de señalar que la fortuna de Villar Mir está hecha bajo la sangre de miles de republicanos es… Villar Mir.
Desde Unidas Podemos, el secretario del PCE Enrique Santiago comenta que “garantiza plenamente los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas”
Santiago, “muy satisfecho” tras aprobarse en comisión la nueva Ley de Memoria Democrática que “garantiza plenamente los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas”. Las palabras de Ione Belarra han sido más contundentes: “[…] supone la última oportunidad de hacer justicia para las víctimas del franquismo”, dice en su cuenta de Twitter.
Desde los socialistas, la diputada valenciana y articulista de Eldiario.es Mercedes Caballero nos explica con más detalle:
“¿Les parece tímida? Hay quien sí lo defiende y vuelvo a la teoría: lo respeto, pero no lo comparto. Una cosa les voy a decir, cuando alguien les insista en que la panacea para cerrar las heridas del pasado y reencontrarnos con la justicia es la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, deben saber que la Constitución Española establece que “las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar con efectos retroactivos” por lo que esa reivindicada derogación no podría aplicarse. Cualquier intencionalidad en esa línea supondría una ilegalidad extrema. Para no caer en el quebrantamiento y obtener el mismo resultado, se ha estipulado el artículo que establece la ilegitimidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus condenas, ya mencionado anteriormente.”
La Ley de Amnistía del 77 “condona los actos de intencionalidad política anteriores” al 15 de junio de 1977, según se indica en el artículo 1. Y el artículo segundo añade que se amnistían todos los delitos y faltas cometidos por funcionarios y agentes del orden anteriores al 15 de junio de 1977. Es decir, la Ley de Amnistía pone en la misma altura a verdugos y víctimas.
¿Se imaginan en Alemania una ley que equipare a nazis y judíos? Esta ley es la que la diputada socialista Mercedes Caballero se niega a derogar. Pero es más perverso. Al mismo tiempo, nos intenta convencer de que una ley de Memoria que no toca el bolsillo a ninguno de los beneficiarios del golpe y donde el reconocimiento a los republicanos se resume en un diploma en DIN-A4, es lo máximo que podemos conseguir aquellos que seguimos buscando a nuestros abuelos.
Relean esta frase de la diputada socialista: “Para no caer en el quebrantamiento y obtener el mismo resultado, se ha estipulado el artículo que establece la ilegitimidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus condenas, ya mencionado anteriormente.” Es decir, para no quebrantar una ley aprobada en un Parlamento franquista, el gobierno más progresista de la Historia incluye una claúsula nominal que señala la “ilegitimidad” de las sentencias de los golpistas. El artículo al que hace referencia la diputada es al 6.1 citado al comienzo. Pero la diputada cita solo una parte: la que conviene de cara a la galería. Porque en ese mismo artículo, se garantiza que no exista ninguna responsabilidad económica o patrimonial del Estado con los antifascistas represaliados ni con sus descendientes.
La llegada de un gobierno de la derecha cada día se ve más probable y el futuro de esta ley será la papelera del Congreso. Pero mientras la derecha se lanza contra esta ley y anuncia su futuro, la izquierda parlamentaria se afana en defender una ley que son florituras. Pero hay algo en común que tienen todos los partidos políticos desde Unidas Podemos hasta VOX: los bolsillos de los golpistas y sus familias no se tocan. Es la mafia.
Fuentes:
Haz clic para acceder a BOCG-14-B-9-1.PDF
https://www.publico.es/espana/niega-devolver-miles-bienes-robados.html
Haz clic para acceder a BOE-A-1984-24433-consolidado.pdf
https://www.elboletin.com/los-ultimos-pensionistas-que-lucharon-por-la-republica
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/alemania-indemnizara-obreros-esclavos-nazismo_0_Hkm-nbhx0Fg.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/ley-memoria-democratica-revanchismo-timidez-norma_129_9163088.html
Haz clic para acceder a BOE-A-1977-24937-consolidado.pdf
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