En Francia siete personas fueron acusadas en 2020 de “asociación de malhechores con propósitos terroristas”. Así comenzó el “Caso 8 de Diciembre”, cuyo juicio está previsto para el mes de octubre. Será el primer juicio “antiterrorista” contra grupos izquierdistas franceses desde hace un tiempo.
El Estado francés ha sido condenado por mantener en aislamiento en la cárcel al principal acusado durante 16 meses, del que sólo fue liberado tras una huelga de hambre de 37 días. Se ha presentado una segunda denuncia, pendiente de juicio, contra los repetidos cacheos ilegales a los que fue sometido otro de los acusados durante su detención preventiva.
Los acusados denuncian un juicio político, una investigación sesgada y falta de pruebas. La fiscalía ha convertido hechos triviales y cotidianos en delitos graves. Califica como “prueba” las prácticas digitales de los acusados y, sobre todo, el uso de sistemas de mensajería cifrados. Es una ficción de “clandestinidad” que, a su vez, “demuestra” la existencia de un “plan terrorista”, aunque la policía reconoce que tras diez meses de vigilancia intensiva no ha identificado ningún plan preciso.
“Todos los miembros de este grupo eran especialmente desconfiados, sólo se comunicaban entre ellos utilizando aplicaciones cifradas, en particular Signal, y crifrando sus soportes informáticos”, asegura la DGSI (Dirección General de la Seguridad Interior).
Sin embargo, en 2015 el relator de la ONU destacó la importancia del cifrado para la defensa de los derechos fundamentales y en 2020 la Comisión Europea recomendó a su personal que instalara Signal para sus comunicaciones.
Organizar y participar en cursos de formación sobre buenas prácticas informáticas y la simple conservación de documentación técnica “demuestran” que los acusados tienen un proyecto criminal. Lo mismo ocurre con el cifrado de los soportes digitales, como discos duros, o el uso de aplicaciones como Signal, WhatsApp, Wire, Silence o ProtonMail para cifrar las comunicaciones, el uso de herramientas para proteger la intimidad en internet, como un VPN, Tor o Tails, la protección contra la explotación de los datos personales por parte de las multinacionales tecnológicas a través de servicios como /e/OS, LineageOS y F-Droid.
Hay buenas y malas prácticas digitales. Las buenas son las que dejan al aire la intimidad del usuario y la malas las que protegen un derecho constitucional. La policía es el organismo encargado de separar a unas de otras.
La relación entre las malas prácticas digitales y el “terrorismo” aparece en la nota de los servicios de inteligencia que está en el origen del caso. En el documento, en el que la DGSI solicita la apertura de la investigación, se lee: “Todos los miembros contactados adoptaron un comportamiento clandestino, con una mayor seguridad de los medios de comunicación (aplicaciones cifradas, sistema operativo Tails, protocolo TOR que permite la navegación anónima en internet y wifi públicas)”.
Es una frase que aparece muchas veces en el sumario. Redactada por la DGSI, será repetida por los fiscales y magistrados, en una absoluta demostración de falta de independencia y servilismo hacia la policía política.
Conspiradores, delincuentes y terroristas
Desde el principio, la confusión interesada entre el cifrado y la clandestinidad sirvió para justificar métodos de vigilancia muy intrusivos, como las escuchas de locales privados. La DGSI los considera necesarios para vigilar a “personas sospechosas de poseer teléfonos” que “utilizan aplicaciones cifradas para comunicarse”.
Tras su detención, interrogan sistemáticamente a los acusados sobre el uso de herramientas de cifrado y les piden que se justifiquen sus prácticas informáticas: “¿Utiliza mensajería cifrada (WhatsApp, Signal, Telegram, ProtonMail)?”, “Para sus datos personales, ¿utiliza un sistema de cifrado?”, “¿Por qué utiliza este tipo de aplicaciones de cifrado y anonimato en internet?”. La supuesta relación entre cifrado y delincuencia es clara: “¿Ha hecho algo ilegal en el pasado que requiriera el uso de cifrado y protección?”, “¿Intenta ocultar sus actividades o tener mayor seguridad?”. En total, hay más de 150 preguntas relacionadas con las prácticas digitales de los acusados.
La asociación entre el cifrado y la clandestinidad se repite en los principales documentos que la Policía Nacional Antiterrorista (PNAT) presenta en el sumario. Incluso dedica un capítulo entero a enumerar los “medios seguros de comunicación y navegación” dentro de una sección titulada “Acciones conspirativas”. En más de cuatro páginas, repasa el uso por parte de los acusados de mensajería cifrada y otras medidas de protección de la privacidad. La aplicación Signal está especialmente en el punto de mira.
“Todos los protagonistas del caso se caracterizaban por un culto al secreto y una obsesión por la discreción tanto en sus intercambios como en su navegación por internet. La señal de la aplicación cifrada era utilizada por todos los acusados, algunos de los cuales se comunicaban exclusivamente [subrayado en el texto] por este medio”, dice la PNAT.
Como el habitual, el juez de instrucción le sigue la corriente a la policía sin pestañear, haciendo un inventario exhaustivo de las herramientas de cifrado que cada uno de los acusados utiliza: “Admitió ante los investigadores haber utilizado la aplicación Signal”, “No negó haber utilizado la aplicación cifrada Signal”, “Admitió también haber utilizado las aplicaciones Tails y Tor”, “Utilizó la red Tor […] para acceder a sitios ilegales”…
Los derechos son delitos
Lo mejor es ser un ignorante porque, además del cifrado de las comunicaciones, los conocimientos informáticos también incriminan. Son “peligrosos”. El informe de la DGSI destaca que uno de los acusados tiene “sólidos conocimientos informáticos y de comunicaciones cifradas” y, en consecuencia, las “aptitudes necesarias para llevar a cabo acciones violentas”.
Aunque no es un experto informático ni está versado en el cifrado de las comunicaciones, el juez instructor señala que había “instalado en sus ordenadores el sistema operativo Linux con un sistema de cifrado”, lo cual es una estupidez judicial: durante la instalación de Linux se hace esa pregunta y basta aceptar para convertir al usuario en un peligroso delincuente.
La simple posesión de documentación informática también se considera una prueba incriminatoria. Entre los documentos incautados tras las detenciones, y ampliamente comentados, figuran notas manuscritas relativas a la instalación del sistema operativo /e/OS en las que se mencionaban diversas aplicaciones de protección de la vida privada (GrapheneOS, LineageOS, Signal, Silence, Jitsi, OnionShare, F-Droid, Tor, RiseupVPN, Orbot, uBlock Origin, etc.).
En el acta en el que analiza esos documentos, un policía da una pirueta en el aire: “Estos elementos confirman [un] deseo de vivir en la clandestinidad”. Es la absurda fórmula de la PNAT: “Estos escritos eran una guía para utilizar el teléfono de forma anónima, lo que confirma el deseo de […] de vivir en la clandestinidad y ocultar sus actividades”.
En otro lugar, la DGSI escribe que “la presencia de documentos relativos a la codificación de datos informáticos o móviles [en un registro] demuestra una voluntad de comunicarse por medios clandestinos”.
Lo mejor es ser un inepto en informática
La criminalización de los conocimientos informáticos va acompañada de un ataque a la transmisión de los mismos. Uno de los acusados “no se conformaba con utilizar estas aplicaciones [de protección de la intimidad], sino que enseñaba a quienes le rodeaban a hacerlo”. Esta frase de la policía la repite, palabra por palabra, el juez de instrucción.
Toda una sección del atestado policial, titulada “Formación en medios seguros de comunicación y navegación”, está dedicada a criminalizar las “criptofiestas” o sesiones dedicadas a la divulgación de habilidades informáticas, las aplicaciones abiertas y la formación en ciertas técnicas digitales específicas, como las que contribuyen a la protección de la vida privada en internet, la seguridad de los datos personales.
Por ejemplo, la policía asegura que es crimen la convocatoria de un taller para presentar Tails, un sistema operativo de uso público muy popular entre periodistas y personas que defienden las libertades civiles. Según la PNAT, durante el cursillo uno de los acusados “les equipó con aplicaciones seguras y les introdujo en el uso de medios de comunicación y navegación por internet cifrados, con el fin de garantizar su anonimato e impunidad”.
Para la policía francesa los derechos son delitos. Por eso relacionan la intimidad con la impunidad, que siempre ha sido la máxima aspiración de la policia: transparencia total para vigilar a los ciudadanos.
Según la policía, la organización de cursillos sobre informática demuestra “la participación en un grupo constituido […] con vistas a preparar actos de terrorismo”. Los responsables son tanto los que los convocan (“formándoles en medios seguros de comunicación y navegación por Internet”), como los que acuden a ellos para formarse (“siguiendo una formación en medios seguros de comunicación y navegación por Internet”).
La policía preguntó sistemáticamente a los familiares de los acusados si les habían recomendado el uso de herramientas de cifrado: “¿Les sugirieron que se comunicaran juntos utilizando mensajería cifrada?”, “¿Les pidieron que instalaran Signal?”
Una respuesta fue especialmente inspiradora para la PNAT, que no vacila en escribir: “Convenció a su madre para que utilizara métodos de comunicación no aceptables, como la aplicación Signal”.
Los ultraizquierdistas que luchan contra los monopolios digitales son sospechosos
Para la policía francesa, uno de los síntomas de que una persona se ha radicalizado es que se opone a los monopolios digitales, conocidos por el acrónimo GAFAM. Entre las preguntas que formulan a los acusados figuran: “¿Es usted anti-GAFAM?”, “¿Qué opina de GAFAM?” y “¿Tiene alguna reserva sobre las tecnologías de la comunicación?”
Esas preguntas están relacionadas con un informe de la DGSI titulada “El movimiento de ultraizquierda”, según la cual sus miembros demuestran “una gran cultura del secreto […] y una cierta reserva en lo que respecta a la tecnología”.
La DGSI está especialmente interesada en el sistema operativo /e/OS para teléfonos móviles. Según la PNAT, un acusado había preguntado por “un nuevo sistema operativo llamado /e/ […] que garantiza a sus usuarios total privacidad y confidencialidad”.
Es otra de las típicas manipulaciones policiales: que una persona no recurra a los servicios de Microsoft o Google no implica confidencialidad. Pero el truco no falla. Es como la pescadilla que se muerde la cola: como los acusados cifraban sus comunicaciones, no tenemos pruebas de nada, reconoce la policía. En un caso así lo mejor es convertir el secreto, o sea, la nada, en la prueba de todo.
En fin, como en los tiempos medievales, las sospechas han sustituido a las pruebas.
