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Tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez parece haber emprendido un viraje económico pragmático y calculado. Su estrategia, presentada bajo el lema de “defender la soberanía frente a la agresión”, busca abrir puertas que estuvieron cerradas durante años, especialmente hacia Estados Unidos.
A pesar de las sanciones estadounidenses, el sector del oro de Nicaragua está en auge y se ha convertido en la principal exportación del país. Estados Unidos es el principal destino, importando el 79 por cien del oro del país, según un informe del Instituto Oakland (*).
Las sanciones impuestas por el gobierno de Biden en junio de 2022, ampliadas mediante una orden ejecutiva en octubre de 2022, no se han aplicado, lo que ha permitido a las empresas mineras extranjeras expandir sus operaciones.
Aunque es una candidata obvia para esas sanciones, Caliber Mining, la principal beneficiaria del auge del oro en Nicaragua, no sufre contratiempos. Desde la primera ronda de sanciones sobre el oro, ha ampliado significativamente sus concesiones, que ahora cubren el 9 por cien del territorio del país centroamericano.
El informe identifica varias empresas multinacionales que controlan grandes concesiones mineras en Nicaragua, entre ellas la canadiense Mako, la china Zhong Fu Development, la colombiana Grupo Mineros y las británicas Condor Gold y Royal Road Minerals. En las empresas mineras participan importantes fondos buitre con sede en Estados Unidos y Canadá, incluidos BlackRock, Van Eck Associates, Invesco, B2Gold y Agnico Eagle Mines.
En junio de 2022 Estados Unidos impuso sanciones contra la empresa minera pública Eniminas, acusando al gobierno nicaragüense “de utilizar los ingresos del oro para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua y de participar en actividades que constituyen una amenaza a la seguridad de el hemisferio”. En octubre de 2022 Biden amplió las sanciones, autorizando al Tesoro de los Estados Unidos a bloquear a cualquier entidad con vínculos financieros con Estados Unidos e involucrada en el sector del oro de Nicaragua.
El gobierno de Estados Unidos no ha aplicado las sanciones, lo que ha permitido que el sector del oro se expanda masivamente y siga proporcionando ingresos significativos a los accionistas de las empresas interesadas. Muchas empresas mineras sujetas a sanciones continúan operando con impunidad y adquieren nuevas concesiones mineras.
El principal beneficiario del auge del oro es la empresa canadiense Caliber Mining cuyas 57 concesiones cubren más de 1,1 millones de hectáreas, o el 9 por cien del territorio de Nicaragua. 26 de sus concesiones de minería metálica, que cubren más de 940.000 hectáreas, se otorgaron entre junio de 2021 y diciembre de 2022. 11 de ellas, por un total de 336.598 ha, se otorgaron después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones en junio de 2022. Si se conceden las 15 solicitudes restantes de Caliber, una sola empresa extranjera controlará 1,57 millones de hectáreas, o el 13,1 por cien de la superficie terrestre de Nicaragua.
La superposición de muchas concesiones de Caliber con territorios indígenas y afrodescendientes reconocidos por el Estado, donde los miembros de la comunidad denuncian una falta de consulta y consentimiento –una violación de la ley nicaragüense y de las normas internacionales– aumenta la preocupación. Como empresa canadiense que opera en Nicaragua y que también posee concesiones mineras en Estados Unidos a través de subsidiarias de su entera propiedad, Caliber es un candidato obvio para la designación de sanciones según el decreto de Biden.
(*) https://www.oaklandinstitute.org/amidst-failed-us-sanctions-indigenous-pay-price-nicaragua%E2%80%99s-gold-rush
Un cable diplomático clasificado revela el papel de una veterana agente de la CIA en el derrocamiento violento del popular presidente antimperialista de Haití, Jean Bertrand Aristide, en 2004.
En una espectacular fuga de prisión en Gonaives, Haití, en agosto de 2002, una excavadora atravesó los muros de la prisión local, lo que permitió huir a los partidarios armados de Amiot “Cubain” Metayer, dirigente de una pandilla encarcelado semanas antes por acosar a figuras políticas haitianas. Metayer escapó, al igual que otros 158 prisioneros. Entre ellos se encontraban los autores de la masacre de Raboteau de abril de 1994, que dejó decenas de haitianos muertos y desplazados. Las víctimas eran partidarios de Aristide.
Janice Elmore
Los documentos revelan que la fuga de la cárcel fue parte de una compleja operación de inteligencia estadounidense, destinada a socavar la presidencia de Aristide. En el centro de la operación estaba Janice L. Elmore, una agente de la CIA que trabajaba encubierta como “oficial política” del Departamento de Estado en la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe en aquel momento.
La fuga puso en marcha una violenta campaña de cambio de régimen, que finalmente derrocó a Aristide de su cargo el 29 de febrero de 2004. Después de ser depuesto y trasladado en avión a Sudáfrica, Aristide afirmó haber sido “secuestrado” por fuerzas estadounidenses y acusó directamente a Washington de orquestar el complot. Su nación se transformó rápidamente en un Estado despótico fallido, mientras paramilitares despiadados pisoteaban a la población. Se desplegaron marines estadounidenses y más tarde tropas de la ONU para “mantener la paz”, lo que, en la práctica, significó reprimir violentamente no sólo a los militantes armados antigolpistas sino también a los manifestantes y civiles indignados.
En 2022, el antiguo embajador de Francia en Haití admitió que Francia y Estados Unidos orquestaron el golpe, que se debió “probablemente” a las repetidas demandas de Aristide de que se devolvieran a los haitianos los 21.000 millones de dólares en reparaciones que habían pagado por la fuerza a los antiguos propietarios de esclavos en París desde 1825. El embajador dijo que el exilio de Aristide les facilitó el trabajo de socavar las peticiones de los haitianos de devolver el dinero.
Los estadounidenses han negado repetidamente cualquier participación en el derrocamiento de Aristide, afirmando que sólo intervinieron después para restablecer el orden. Pero el cable diplomático secreto cuenta una historia muy diferente.
Enviado desde la embajada estadounidense en Puerto Príncipe en septiembre de 2002 por el entonces embajador estadounidense Brian Dean Curran, el archivo sitúa a Elmore, aparentemente una veterana agente de la CIA, en una reunión con policías locales desleales y golpistas en Gonaives la noche anterior a la fuga.
El archivo se lee como una confirmación de la participación de alto nivel del gobierno estadounidense en el golpe de 2004 en Haití y plantea preguntas sobre la participación estadounidense en otras campañas recientes de cambio de régimen en todo el hemisferio.
En diciembre de 1990, el carismático sacerdote católico Jean Bertrand Aristide, de 37 años, fue elegido por abrumadora mayoría en las primeras elecciones presidenciales democráticas celebradas en Haití. Arrastrado al poder sobre una plataforma de democratización y soberanía nacional, Aristide difundió una forma de Teología de la liberación: una filosofía cristiana que aboga por la liberación de los oprimidos mediante la revolución.
Pero apenas siete meses después de su toma de posesión, miembros de las fuerzas armadas haitianas entrenadas por Estados Unidos sacaron a Aristide a punta de pistola del palacio presidencial de Puerto Príncipe y lo obligaron a exiliarse. Durante los tres años siguientes, el país estuvo gobernado por una junta brutal y miles de personas fueron masacradas por el ejército, la policía y los paramilitares fascistas.
El reinado de terror alcanzó su cenit el 22 de abril de 1994, cuando fuerzas militares y paramilitares atacaron el barrio fuertemente proAristide de Raboteau, en Gonaives. Muchos residentes habían participado en manifestaciones a gran escala exigiendo el regreso de su Presidente desde su destitución. En una salvaje incursión al amanecer, los soldados fueron casa por casa, golpeando y arrestando a los vecinos, incluidos niños, mientras disparaban indiscriminadamente contra los transeúntes y los que intentaban huir. Cuando cesaron los disparos, al menos 30 vecinos habían muerto.
Raboteau estuvo lejos de ser la única masacre llevada a cabo por la junta militar de Haití durante el exilio de Aristide. Pero sí produjo el primer juicio por crímenes contra la humanidad en la historia del país. En septiembre de 2000, 53 de 59 acusados fueron condenados por asesinato en masa por su papel en la violencia. Entre ellos se encontraban los dirigentes golpistas de 1991, declarados culpables en rebeldía. Como informó el New York Times en ese momento: “El juicio fue un hito para Haití, un paso para llevar ante la justicia a un grupo de élite de oficiales militares y paramilitares y sus secuaces por abusos contra los derechos humanos cometidos durante un período de gobierno militar violento después del derrocamiento del ex presidente”.
Bajo una creciente presión pública en su país y en todo el Caribe, Washington se comprometió a devolver el gobierno electo de Aristide el 15 de octubre de 1994. Para garantizar esto, más de 20.000 soldados estadounidenses ocuparon brevemente el país junto con un pequeño contingente de CARICOM. El regreso del gobierno electo puso fin a las masacres. El gobierno de Aristide finalmente pudo comenzar a reformar la policía y disolver el ejército notoriamente represivo del país, mientras lanzaba proyectos de construcción de escuelas y otros programas que beneficiaban a los pobres.
Estos proyectos continuaron después de que el sucesor de Aristide, René Préval, ganara la presidencia en 1996. Aunque Préval decepcionó a muchos de los partidarios del movimiento popular después de que pareciera que apoyaba la privatización, parecía que el país volvería a la normalidad cuando Aristide obtuvo casi el 92 por cien de los votos en una elección aplastante y volvió al poder en 2001.
Al cabo de unos meses, Bush impuso sanciones devastadoras, congeló los préstamos del Banco Mundial y del FMI y bloqueó a Puerto Príncipe de la ayuda y la asistencia para el desarrollo de Estados Unidos. Washington justificó las medidas destructivas alegando que hubo irregularidades en las elecciones, señalando a figuras de la oposición del país que boicotearon la votación.
Sin embargo, las encuestas mostraron que los votantes apoyaron firmemente a Aristide y rechazaron el boicot. Sin inmutarse, el gobierno de Aristide rápidamente se dedicó a movilizar a los pobres, fomentar treguas vecinales, reforzar los sistemas de salud y educación, duplicar el salario mínimo y exigir responsabilidades a los paramilitares y a sus financieros. El Presidente también restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, allanando el camino para el despliegue de brigadas médicas cubanas en Haití.
Aunque populares entre los haitianos, los programas fueron vistos como una grave amenaza política por las figuras de la oposición local y sus partidarios en Washington. El gobierno de Bush impuso un embargo de asistencia para el desarrollo, que presionó con éxito a la mayoría de las ONG y otros gobiernos para que cortaran la ayuda. El Fondo Nacional para la Democracia, un organismo de inteligencia estadounidense creado para influir en las elecciones en el extranjero, comenzó a unir a los partidos de la oposición bajo un solo grupo paraguas con el pretexto de “promoción de la democracia”.
Muy pronto, estalló una violenta campaña paramilitar dirigida contra las infraestructuras gubernamentales en Puerto Príncipe, antes de extenderse a áreas rurales que apoyaban firmemente a Lavalas, el movimiento asociado a Aristide. En medio del tumulto, se llevó a cabo la espectacular fuga de la cárcel en Gonaives en agosto de 2002, y Metayer fue liberado junto con decenas de paramilitares y matones antigubernamentales.
El 18 de septiembre de 2002 se envió un cable desde la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe a la mesa del Secretario de Estado Colin Powell, claramente sellado con el sello “recomendar denegación total”. En él se dice que un confidente de Aristide, Pere Duvalcin, se acercó a la misión diplomática y “se quejó” de que un vehículo de la embajada de Estados Unidos había sido visto en Gonaives la noche anterior a la fuga. Según el cable, el embajador de la República Dominicana en Haití señaló que el propio Aristide había planteado esta cuestión, señalando a una funcionaria estadounidense llamada Janice Elmore como orquestadora de la inestabilidad.
El cable revela que poco antes de la fuga de la cárcel, Elmore informó a los funcionarios de la embajada que tenía reuniones en CapHaitien, “y que regresaría por carretera”. Los funcionarios “le advirtieron sobre viajar a Gonaives y nuestra prohibición de viajar allí”. En respuesta, dijo que simplemente estaría “en tránsito” por el área y que estaría acompañada por una escolta policial.
El subjefe de misión de la embajada, Luis Moreno, no mencionó que Elmore detuviera o “realizara cualquier negocio” allí, lo que iría “en contra de los procedimientos de la embajada”. El funcionario la instó además a “tener mucho cuidado y buen juicio”.
Si bien posteriormente Elmore nunca mencionó sus actividades en Gonaives, el confidente de Aristide ofreció una gran cantidad de información. Duvalcin afirmó que Elmore se reunió con policías cercanos a Dany Toussaint, una figura política local que había servido en el ejército, encabezó la fuerza policial interina de Haití y alguna vez fue guardaespaldas personal de Aristide.
El carismático y hambriento de poder Toussaint se ganó la reputación de camaleón político. Como se ha documentado, a espaldas de Aristide coordinó con la embajada de Estados Unidos y los poderosos agentes locales sus propios planes para derrocar al Presidente y asumir el control del movimiento popular de Haití.
Insinuando posibles fricciones dentro de la embajada, el documento cita al embajador Curran insistiendo en que “el Departamento [de Estado] me ha designado como la única persona que debería hablar con Toussaint, y sólo con instrucciones específicas de Washington”. En comentarios sobre las reuniones de Elmore en Gonaives, que parecen indicar que ella estaba actuando fuera del guión, Curran escribió: “Elmore nunca mencionó que había estado en Gonaives antes o después del incidente que involucró a [Amiot] Cubain [Metayer]”.
En ese momento, los funcionarios estadounidenses tenían órdenes explícitas de no viajar a gran parte de Haití, incluido Gonaives. Después de desobedecer esa directiva, Elmore “tuvo otros contactos con individuos cuestionables” en Gonaives, supuestamente dijo el embajador dominicano a la embajada. Estos “individuos cuestionables” incluían a Hugues Paris, descrito en el cable como “un haitiano con vínculos con golpistas”. Parece haber desempeñado un papel detrás de escena en la fuga de la cárcel, y fue uno de los principales patrocinadores ricos de un escuadrón de la muerte conocido como FLRN, que se apoderó de parte del país en los preparativos del golpe de febrero de 2004. Años antes, París fue acusado de servir como asesor comercial de Raoul Cedras, el jefe de la brutal junta militar que gobernó Haití durante tres años tras el derrocamiento de Aristide en 1991.
Según el cable diplomático, el embajador dominicano dijo que Aristide había mencionado la visita de Elmore a Gonaives en una discusión. El presidente haitiano creía que las actividades de Elmore en la ciudad costera “evidenciaban un plan encubierto para socavar su régimen”.
Por el tono y el lenguaje empleado por el autor del cable, está claro que los diplomáticos estadounidenses en Haití estaban muy conscientes de que Elmore podría estar provocando problemas. Pero el documento ofrece poca evidencia de que estuvieran interesados en determinar la naturaleza exacta de sus actividades.
En cambio, sugiere que los funcionarios de la embajada estaban más preocupados por determinar si la tapadera de Elmore había sido descubierta y si su teléfono había sido intervenido por el gobierno haitiano. Según el documento, los diplomáticos estadounidenses se acercaron a un ex representante de la empresa de seguridad privada DynCorp para obtener más información sobre las capacidades de interceptación de los servicios de seguridad locales. Su fuente confirmó que Puerto Príncipe era capaz de monitorear llamadas telefónicas dentro del país, y la embajada creía que las autoridades haitianas estaban “apuntando específicamente a [Elmore]… considerándola una rica fuente de información”, debido a “sus contactos en la policía”.
Llama especialmente la atención el contacto de Elmore con elementos leales a Dany Toussaint. El cable revela que la noche antes de que el Presidente partiera hacia Taiwán por asuntos diplomáticos, “alguien de la embajada había llamado a Toussaint, advirtiéndole que Aristide planeaba detenerlo mientras estaba fuera del país”, dice el confidente de Aristide. Según los informes, el confidente no identificado fue “enviado a calmar” a Toussaint, quien “amenazó con una guerra civil, si se hacía algún intento” de encarcelarlo.
Evidentemente, Elmore conocía bien a “individuos cuestionables” en Haití que tenían interés en la caída de Aristide y que luego estuvieron implicados en el golpe de febrero de 2004. El hecho de que se reuniera con ellos y sus aliados la noche anterior a la fuga de la cárcel de Gonaives es una prueba irrefutable del conocimiento previo de ese acto por parte de Estados Unidos, y un indicio de que las bases de la expulsión forzada de Aristide se estaban sentando conscientemente con mucha antelación.
Un antiguo empleado de la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe describió a Elmore como estridentemente “antiAristide” y casada con un miembro de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos. Elmore también parece haber estado bien informada sobre otros aspectos de la campaña de desestabilización dirigida contra el gobierno de Aristide.
Según un correo electrónico del Departamento de Estado de 2001 obtenido por The Grayzone, Elmore estuvo involucrado en discusiones delicadas sobre la guerra económica de Estados Unidos contra Haití. Los funcionarios del Departamento de Estado coordinaron con un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo mientras intentaban contrarrestar las acusaciones hechas por el gobierno de Haití sobre el bloqueo y la demora de préstamos y desembolsos. Elmore estuvo en primera fila en esto, demostrando su silenciosa influencia sobre los esfuerzos de Washington contra Aristide.
Una revisión más detallada de los antecedentes de Elmore implica directamente a la CIA en la conspiración. De hecho, un agente de la DEA la identificó específicamente como oficial de la CIA durante una investigación del Departamento de Justicia en diciembre de 1997 sobre el uso clandestino del tráfico de cocaína en tiempos de Reagan para financiar encubiertamente la guerra sucia contra Nicaragua.
Los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron testimonios y documentos proporcionados por el ex agente especial de la DEA Celerino Castillo, quien intentó infiltrarse en organizaciones que controlan el tráfico de cocaína en El Salvador. Afirmó haber descubierto pruebas incontrovertibles de que la operación de la CIA para abastecer a los fascistas Contras de Nicaragua “también contrabandeaba drogas para ayudar a financiar la guerra”, pero encontró un “muro de resistencia” al tratar de alertar a sus homólogos de la CIA y la embajada de Estados Unidos. Un superior, afirmó, le advirtió que “lo dejara en paz”.
Castillo nombró explícitamente a Elmore como la agente de la CIA en El Salvador a la que informaba. Ella misma lo confirmó cuando posteriormente el Departamento de Justicia la interrogó, pero afirmó haber servido simplemente como “coordinadora de narcóticos” de la embajada. Castillo también admitió que “la informó en varias ocasiones sobre las drogas en El Salvador y le hizo acusaciones generales de que los Contras estaban involucrados en el tráfico de narcóticos”. Sin embargo, afirmó, “no había ninguna evidencia que sustentara el rumor”.
Posteriormente, Elmore fue entrevistada a puerta cerrada por el Comité de Inteligencia de la Cámara sobre su conocimiento del tráfico de drogas de la CIA. Su testimonio nunca ha sido publicado. En aquel momento, el investigador de narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michael C. Ruppert, dijo que mientras estaba en El Salvador “se reunía rutinariamente” con “dirigentes militares y políticos” y “utilizaba relaciones sexuales para reunir inteligencia y proteger operaciones de drogas”. Ruppert describió a Elmore como una oficial de la CIA que operaba encubierta como funcionaria política de la embajada.
El perfil de Elmore en Linkedin indica que además de su trabajo como oficial política, también trabajó en los programas de desarrollo policial y de aviación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Un boletín del Departamento de Estado de abril de 1986 muestra que Elmore fue nominada por el servicio exterior del Senado de Estados Unidos. Entre 1993 y 1994 asistió al Colegio Interamericano de Defensa en Washington, que tiene vínculos con la Organización de Estados Americanos.
Al igual que otros programas estadounidenses que adiestran a policías y oficiales del ejército de todo el hemisferio occidental, la escuela tiene un historial de preparación de personas involucradas en golpes de Estado, escuadrones de la muerte y programas de inteligencia patrocinados por Estados Unidos.
Desde que se jubiló en 2006, el perfil de LinkedIn de Elmore muestra que ha trabajado como consultora y directora de investigación y análisis en SOL Worldwide. El ya desaparecido sitio web de la empresa explicaba que su “personal ha trabajado en todo el mundo, apoyando iniciativas estadounidenses”. Esto incluyó un Programa Nacional de Intérpretes y Traductores de la Policía Nacional de Afganistán, y un Desarrollo Curricular y Capacitación en Inglés del Ministerio Federal del Interior de Bosnia.
El sitio web dice que SOL Worldwide ofrece “preparación y soporte operativos flexibles… para proyectos que van desde la construcción y la seguridad hasta la logística, el transporte y el soporte vital” y ofrece ejemplos de operaciones en Dubai, la frontera entre Estados Unidos y México, El Salvador, Haití, Sudán, Turquía y el sur de Afganistán. El sitio web explica además que “se ofrecieron diversas capacitaciones y servicios de apoyo para “empresas multinacionales que respaldan operaciones en África, América Latina y el suroeste de Asia”.
El 1 de enero de 2004 se celebró en Gonaives, donde se había declarado la independencia del país de Francia en 1804, el bicentenario de la independencia de Haití. A la reunión asistieron Aristide e invitados destacados como el Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, el único jefe de Estado extranjero. Francia y Estados Unidos encabezaron el boicot.
Mientras las grandes multitudes lo celebraban, la policía se enfrentó violentamente con los golpistas locales que intentaban arruinar la reunión del bicentenario. Brian Concannon, director ejecutivo del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, estuvo presente ese día en Gonaives. Dice que el estallido de violencia “fue parte de un plan minuciosamente elaborado durante años”.
“La fuga de la prisión y la violencia del 1 de enero fueron pasos deliberados hacia el eventual golpe”, explicó Concannon. “Las escaramuzas debilitaron al gobierno, asustaron a sus partidarios y envalentonaron a la oposición. La policía ya estaba al límite tratando de proteger la frontera contra los invasores paramilitares y gestionando las protestas deliberadamente provocativas, que estaban sincronizadas. El siguiente paso fue provocar disturbios en Gonaives, lo que abrió un tercer frente para la policía y la obligó a desviar recursos”.
A mediados de febrero de 2004 las escaramuzas iniciales entre paramilitares fascistas y los funcionarios locales habían desembocado en una guerra total. Los golpistas de Gonaives se asociaron con ex policías y figuras paramilitares antiAristide que llegaron al país desde la República Dominicana, donde habían estado protegidos durante años.
El gobierno legítimo fue depuesto, Estados Unidos y sus aliados instalaron un nuevo Primer Ministro, Gerard Latortue, nacido en Gonaives y ex funcionario del Banco Mundial que vivía en Boca Raton, Florida, en ese momento.
Mientras tanto, los paramilitares reinaban en las calles de Haití, asesinando y encarcelando a manifestantes antigolpistas con impunidad. Un estudio publicado por Lancet Medical Journal encontró que aproximadamente 8.000 personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe en los 22 meses posteriores al golpe. Una investigación de derechos humanos de la Universidad de Miami documentó asesinatos en masa cometidos por la policía y las fuerzas de ocupación de la ONU, así como fosas comunes, prisiones abarrotadas, hospitales sin medicinas, calles llenas de cadáveres y morgues infestadas de gusanos.
Posteriormente, los funcionarios públicos, el poder judicial y las fuerzas de seguridad de Haití fueron purgados de todos y cada uno de los que aún eran leales a la democracia. Los despidos masivos y los ataques a los sindicatos antigolpistas eran algo común. Los periodistas disidentes se enfrentaron a asesinatos y arrestos, mientras que el periódico gubernamental L’Union y el periódico en criollo de la Fundación Aristide para la Democracia, Diyite, fueron cerrados por la fuerza. Mientras tanto, los responsables de la masacre de Raboteau y otros crímenes paramilitares quedaron fuera del procesamiento.
Jeb Sprague y Kit Klarenberg https://thegrayzone.com/2024/03/01/secret-cable-cia-haiti-coup/
La histórica elección de Javier Milei como presidente de Argentina es un punto de inflexión en el panorama mundial respecto a la gestión, por parte de gobiernos socialdemócratas, de las políticas de desindustrialización, control social y pobreza. Su bandera electoral fue precisamente el rechazo a esta agenda, que ahora va a aplicar al 200 por cien.
Ayer la policía de Paraguay dispersó a los manifestantes, muchos de ellos jubilados, tras la aprobación de una ley que autoriza a “invertir” los fondos de las cajas de pensiones públicas y privadas existentes en el país.
Los manifestantes temen que el gobierno dilapide el dinero ahorrado para pagar las jubilaciones, actualmente depositado en ocho cajas. Es una tentación: los fondos rondan los 3.400 millones de dólares, una cantidad equivalente al 8 por cien del Producto Interior Bruto.
La codicia ha logrado que la reforma se apruebe en un tiempo récord. La nueva ley llegó al Congreso de los Diputados que tardó 10 minutos en votarla favorablemente y un millón de trabajadores temen quedarse sin su dinero.
Los sindicatos planean convocar una huelga general contra la reforma. Pedro Halley, portavoz de la Asociación de Jubilados del Instituto de Previsión Social —el principal de Paraguay— declaró a la radio local que tratar la norma de manera apresurada fue una “jugada sucia de parte del Legislativo”.
Ayer un grupo de manifestantes llegó hasta las plazas aledañas al Congreso para protestar contra la ley. Además de jubilados de diversas instituciones, también había manifestantes del Sindicato de la Administración Nacional de Electricidad que fueron dispersados por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos.
En la protesta del martes, la policía lanzó chorros de agua desde los blindados provocando heridas a decenas de personas. Además, golpeó y detuvo a 31 sindicalistas, lo que provocó otra manifestación frente a la comisaría de policía para exigir su liberación.
“Venimos a proteger nuestros intereses, nuestros años de trabajo”, dijo Sixta Giménez, una jubilada que se encontraba entre los manifestantes apostados frente a la comisaría. “Estamos peleando por nuestra jubilación, porque este pueblo está ante un desastre y luchamos para que el día de mañana nuestros hijos, nietos y bisnietos no necesiten nada”, agregó con la voz entrecortada y los ojos llorosos.
—https://www.telenord.com/index.php/noticias/internacionales/62134-disturbios-y-protestas-en-paraguay-por-reforma-a-ley-de-jubilaciones-que-permite-invertir-los-fondos
Un nuevo grupo de mercenarios latinoamericanos, que se autodenominan Batallón Bolívar, quiere ayudar al gobierno de Kiev a “liberar a Ucrania de la tiranía rusa”.
Los primeros voluntarios fueron venezolanos. Los llaman los “Bandidos de Juan Guaidó” porque participaron en la campaña de desestabilización que tuvo lugar en la Venezuela en 2019. No lograron “liberar” a Venezuela y ahora intentan “liberar” a Ucrania.
Han comenzado a conceder entrevistas en medios de habla inglesa y española y han difundido videos de sesiones de entrenamiento de tiro junto a militares ucranianos. También están distribuyendo insignias de la formación, con las banderas de Venezuela y Ucrania y retratos de Simón Bolívar.
A los venezolanos se les han unido voluntarios de Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil. Con ellos también participan algunos australianos y estadounidenses.
El nombre de uno de ellos es Rodrigo Figueredo. Es hijo del excanciller venezolano Reinaldo Figueredo Planchart, un partidario de Guaidó. Residía en Suiza desde 1994 y volvió a su país para participar en las algaradas de Caracas. Después regresó a Europa y permaneció un tiempo en Suiza.
Un año después del inicio de la guerra, Rodrigo, que entonces vivía con su familia en Italia, decidió partir hacia Kiev, donde recibió el apodo de “Chacal” de sus colegas y conoció al fundador oficial del Batallón: José David Chaparro Martín, que se hace llamar “comandante”.
Chaparro llegó a Ucrania en los años noventa para estudiar derecho internacional y se casó con una ucraniana. Logró dominar el ucraniano y el ruso, fundar varios despachos de abogados y trabajar como cónsul de Venezuela en Rusia.
“Conocí la democracia en Venezuela, hasta que a finales de los años noventa el populismo de Hugo Chávez se hizo con el poder y acabó con ella”, asegura Chaparro, que volvió de Ucrania para participar en las algaradas convocadas contra al gobierno de Maduro.
“Pensé que, ya que no había podido restablecer la democracia y la libertad en Venezuela, tenía la obligación de defenderla en Ucrania, que también siento como mi tierra” (*).
Nadie ha visto al comandante en el frente, a pesar de que ha sido condecorado por el gobierno ucraniano. Dice que reparte ayuda humanitaria en el frente, una actividad que le permite recolectar donaciones para su Batallón.
Tras su estrepitoso fracaso, los sicarios de Guaidó se encontraron inactivos y sin los ingresos a los que se habían acostumbrado. Los subsidios, las donaciones y la atención se han desplazado a favor de Ucrania, convertida en otra fuente de ingresos.
(*) https://dolartoday.com/jose-david-chaparro-martinez-el-venezolano-condecorado-por-combatir-en-ucrania/
Este lunes dio comienzo la III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se estará realizando hasta este martes 18 en Bruselas, Bélgica.
Si bien Latinoamérica es un grano en el culo para la Unión Europea (UE), es la única región en el planeta que le puede tirar un salvavidas luego del yerro histórico, llevado adelante contra la Federación Rusa, cuando decidió imponer la sanciones coercitivas antirrusas, impactando sus efectos en toda la economía de la UE.
Europa toda está hundida en una inflación descomunal, una crisis energética nunca vista, le están dando de comer día a día a un régimen nazi-fascista a expensas de los contribuyentes inconsultamente, y necesitan imperiosamente un salvoconducto para salir de sus yerros. Parece ser que Latinoamerica sería su solución y han organizado esta Cumbre para ver como respira cada Estado de nuestra región.
Como primera medida, demostrando una genuflexión, no sólo con los Estados Unidos, sino que ahora con Latinoamérica, la UE tomó la decisión de no invitar al nazi-fascista Volodymyr Zelensky a la Cumbre CELAC-UE. La decisión de no invitarl fue tomada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, después de que los 33 países de la CELAC lo exigieran así.
La región latinoamericana y la UE no comparten el mismo criterio sobre el tema, y el bloque europeo ha decidido priorizar su agenda para revitalizar las relaciones, según un funcionario europeo que habló con la prensa. Es decir, por un lado esconden al «leproso», pero por el otro le vomitan dinero y armamentos para la guerra de la OTAN-EEUU en Ucrania contra Rusia, cotidianamente.
El discurso de inicio lo dio el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en su condición de presidente pro témpore de la CELAC, le siguió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.
Honduras pide levantar el bloqueo a Cuba y Venezuela
En esta primera jornada, y como última oradora para cerrar la primera fase, antes de que los participantes a la Cumbre se tomaran la fotografía oficial del evento, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió que la UE y América Latina y el Caribe mantengan relaciones fraternales, respetuosas y con reciprocidad, al tiempo que pidió pasar «de las buenas intenciones» a las «soluciones».
«Como Presidenta, en año y medio al frente del gobierno, libro una dura batalla contra el crimen organizado, y su lógica capitalista del despojo, que corrompió los organismos operadores de justicia, y legalizó con leyes, contratos y concesiones público-privada, el saqueo del Estado«.
«Los sectores más conservadores, neo-colonialistas, anti-democráticos, quieren que olvidemos el pasado, que nos sumamos en el marasmo de una amnesia histórica auto impuesta. Pero el que olvida o tergiversa la historia, seguramente la repetirá nuevamente«.
«Mi gobierno sufre sabotajes diarios, una feroz campaña mediática, incluso un lobby de los grupos más reaccionarios de Washington. Se renuevan las amenazas públicas, en medios y redes sociales, pero nuestro pueblo en resistencia está organizado, y saben que es materialmente imposible asestar un nuevo golpe de Estado«.
La dirigente hondureña se refirió también a la crisis climática y lamentó que «todo el sistema internacional está demostrando ser altamente ineficaz a la hora de detener la emisión de los gases de efecto invernadero y la destrucción de los principales recursos naturales de nuestro planeta«.
Pidió el levantamiento del bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos en el siglo pasado, y también exigió que se retiren las severas medidas coercitivas contra Venezuela y que se normalicen las relaciones con Nicaragua.
«Esta Cumbre de la Unión Europea-CELAC, debe aprobar una resolución demandando el fin del bloqueo contra Cuba, Naciones Unidas ha condenado este bloqueo, como medida arbitraria, obsoleta, que condenan al sacrificio a un pueblo, que, podría alcanzar un estándar de vida elevado, sin las limitaciones que se le imponen«.
«Elevamos nuestra voz porque todo el patrimonio ilegalmente retenido al Pueblo venezolano sea reintegrado y que se eliminen las barreras que nos impiden normalizar nuestras relaciones comerciales con países hermanos como Nicaragua«.
El que fuera señalado por Wikileaks como confidente en el gobierno argentino de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, ha sido ungido candidato a presidente de la nación absorbiendo tanto a la estructura del viejo partido justicialista, pero también al kirchnerismo. Era el nombre que habían elegido los principales actores económicos norteamericanos desde hacía tiempo. Leer más
Lula se ha reunido con Biden y ambos han firmado un comunicado conjunto “deplorando la violación por parte de Rusia de la integridad territorial de Ucrania y la anexión de partes de su territorio como violaciones flagrantes del derecho internacional y pidieron una paz justa y duradera” (*).
Ningún dirigente de los países Brics se había expresado de esa manera, ni siquiera Bolsonaro, pero casi siempre se cumple que, en cada país, el papel de los reformistas más domesticados, como Lula, es sostener y sostenerse en el imperialismo.
Biden le ha confirmado a Lula lo que ambos ya sabían: que Estados Unidos orquestó el intento de Golpe de Estado de principios de año y que es capaz de dar cuantos golpes sean necesarios para demostrar a cualquiera quién sujeta las riendas en Brasil y en los demás países latinoamericanos.
El Golpe de Estado del mes pasado no se planeó, pues, para debilitar al gobierno de Lula sino para fortalecerlo.
Lula ya había condenado anteriormente a Rusia comparando su ofensiva en Ucrania con la guerra de Estados Unidos contra Venezuela, algo que sólo un demagogo como él es capaz de decir.
Por lo demás, Biden era vicepresidente cuando Estados Unidos orquestó la Operación Lavado de Coches contra él y su sucesora Dilma Rousseff.
Hace un tiempo se filtró que los tribunales brasileños habían dictaminado en última instancia a favor de Lula para permitir su reelección por presiones de Estados Unidos. Lula es su hombre, un auténtico peón. Salió de la cárcel con unas instrucciones claras de lo que debía hacer para consagraciarse con sus amos de Washington.
En 2014 Estados Unidos le creó un serio problema a él y a Dilma Rousseff para luego resolverlo a su favor. La embajada filtró documentos detallados que implicaban a varios miembros del Partido de los Trabajadores en un escándalo de corrupción masiva que sirvió para desacreditar a su gobierno, encarcelarlo y allanar el camino para la investidura de una Rousseff mucho más dócil.
Los estereotipos de “derecha” e “izquierda” son cada vez más engañosos. El malvado Bolsonaro era un hueso. Se negó a sancionar a Huawei a cambio de una asociación oficial con la OTAN y luego desafió las exigencias de sanciones contra Rusia.
En España tanto la “derecha” como la “izquierda” están vendidos a Estados Unidos y la OTAN, sin concesiones de ningún tipo. Pero, en particular, la coalición de gobierno PSOE-Podemos ha dado muestras de servilismo al enviar armas a Ucrania y traicionar al pueblo saharahoui por segunda vez.
(*) https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/10/joint-statement-following-the-meeting-between-president-biden-and-president-lula
Un informe del Departamento de Estado muestra que el gobierno de Biden acepta las acusaciones de fraude electoral que abrieron la puerta a un golpe de Estado en Bolivia en 2019. El informe, presentado al Congreso como parte del último proyecto de ley de gastos, refleja la posición que el gobierno de Trump promovió hace tres años cuando trató de sustituir a Evo Morales por Jeanine Áñez.
El informe se basa casi en su totalidad en las conclusiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una auditoría de noviembre de 2019 encontró una “serie de acciones deliberadas para alterar el resultado” de las elecciones, que resultaron decisivas para el posterior golpe de Estado. El análisis original de la OEA ha sido desacreditado desde entonces por numerosos modelos estadísticos, revisiones no comerciales, investigaciones académicas revisadas por pares y medios de comunicación como el New York Times y el Washington Post, pero sigue siendo apoyado por el Departamento de Estado. Cuando el análisis se publicó por primera vez el 10 de noviembre de 2019, contribuyó a convertir las protestas callejeras en una toma de poder de la reacción.
El reciente informe del Departamento de Estado se produce después de que Arturo Murillo, ministro de Interior de Áñez durante el golpe de Estado interino, cambiara su acuerdo de declaración de culpabilidad en el caso de lavado de dinero del sur de Florida. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Murillo y otro ex funcionario recibieron sobornos de tres ciudadanos estadounidenses, también detenidos, para obtener un contrato del gobierno boliviano para suministrar gas lacrimógeno y otras armas, blanqueando los sobornos a través de bancos estadounidenses.
Los esfuerzos de Murillo acabaron fracasando, pero el programa reaccionario de su partido puso patas arriba la política boliviana. Incluso después de que Luis Arce restableciera el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2020, los políticos de la reacción planeaban un segundo golpe de Estado y trataron de reclutar mercenarios privados estadounidenses para llevarlo a cabo, lo que pone de manifiesto la proximidad de los lazos que los golpistas en Bolivia tenían con ciudadanos y empresas estadounidenses.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos se aferró al análisis estadístico defectuoso que desencadenó el primer golpe.
Aunque Morales obtuvo una victoria decisiva en la primera vuelta de octubre de 2019, el Departamento de Estado, tanto bajo el actual gobierno presidencial como el anterior, cuestionó repetidamente la legitimidad de las elecciones. “Durante el recuento oficial, los servicios de Internet fueron desactivados deliberadamente en los centros de recuento de votos, incluido el Trep”, dice el informe, en referencia al sistema de transmisión que contó los votos iniciales. “Cuando finalmente se restableció la conectividad a Internet, el recuento de votos mostró que Morales estaba cerca de la victoria en la primera ronda”.
Las palabras del Departamento de Estado sugieren que hubo un intento deliberado de retrasar el recuento de votos con fines subversivos. Pero un examen minucioso del informe original de la OEA y su posterior auditoría en profundidad, junto con las entrevistas con un antiguo comisionado electoral boliviano, muestra claramente que el recuento rápido no oficial de votos, la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, o Trep, fue bloqueado casi con toda seguridad sin que se intentara cambiar el curso de las elecciones y, en cambio, garantizar unos resultados exactos.
Un análisis de las elecciones y del papel de la OEA realizado por el Centro de Investigación de Política Económica descubrió que Ethical Hacking, la empresa que proporcionó la mayor parte de los detalles técnicos para la auditoría de la OEA, “investigó el uso del servidor BO1 en el momento en que se interrumpió el Trep y concluyó que “no se había alterado ningún dato”. La empresa condenó la idea de que el retraso del Trep era un intento de alterar el curso de las elecciones.
Tras la auditoría de la OEA, Morales fue acusado de fraude electoral, expulsado por la fuerza militar y obligado a huir de Bolivia a México. Áñez, que representa con orgullo los valores neocolonialistas, declaró la victoria tras tres semanas de protestas civiles que incluyeron violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Con una enorme Biblia en la sede del gobierno, transmitió sus planes de restaurar el nacionalismo cristiano en Bolivia, buscando anular las conquistas de los derechos indígenas que Morales, el primer presidente indígena del país, utilizó como base de su éxito político.
En la primera semana de la presidencia interina de Áñez, las fuerzas bolivianas llevaron a cabo dos masacres de manifestantes en las ciudades de Zacaba y Senkata. Murillo, ministro del Interior durante el golpe, afirmó que el partido MAS había matado a sus partidarios y prometió procesar a los miembros del antiguo gobierno. Morales fue acusado de terrorismo y sedición.
En su informe, el Departamento de Estado señala “graves violaciones de los derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas durante los gobiernos de Morales y Áñez, “incluyendo detenciones ilegales, violencia sexual, tortura y el asesinato de 37 personas en las ciudades de Zacaba y Senkata”. Citando un informe elaborado por un equipo conjunto designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno boliviano, el Departamento de Estado afirma que si bien “algunas violaciones fueron motivadas en parte por elementos raciales y éticos”, la comisión “también encontró pruebas de violencia “instigada” por el gobierno de Morales, incluyendo el secuestro y la tortura de activistas anti-MAS”.
Según cita la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el informe afirma que en 2019 “la violencia tuvo una motivación racial y étnica y que las fuerzas de seguridad utilizaron una fuerza excesiva o desproporcionada y no impidieron adecuadamente los actos de violencia”.
En febrero de este año, el Tribunal Penal Internacional rechazó la petición del gobierno de Áñez de procesar a Morales por las supuestas lesiones sufridas tras la huelga general de agosto de 2020, convocada para protestar por la toma de posesión de su gobierno.
En febrero de 2020, poco más de tres meses después de que la OEA terminara su auditoría y de que estallaran los disturbios en Bolivia, el análisis del MIT mostró que el recuento inicial de votos reflejaba los resultados finales y que no había “ninguna diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la interrupción del voto provisional”. La modelización del MIT fue tan exhaustiva que tanto el Washington Post como el New York Times revisaron públicamente su posición anterior sobre las elecciones bolivianas.
Al parecer, el Departamento de Estado no lo hizo. El equipo de auditoría de la OEA encontró irregularidades en los cuatro procesos electorales auditados: el sistema informático Trep y los resultados finales; la cadena de custodia del material electoral; la legalidad y validez de los formularios de resultados; y una tendencia estadísticamente increíble en el último 5 por cien de los resultados”, reza el informe de este mes del Congreso. No se mencionó la crítica estadística.
“La OEA tiene una enorme influencia en el curso de los acontecimientos en el hemisferio sur, no sólo en Bolivia, sino también en Haití y más allá. Esta historia de intervenciones controvertidas está bien documentada”, dijo David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista. Su grupo ayudó a supervisar las elecciones de 2020 en Bolivia.
La posición del gobierno de Biden en este tema es la misma que la de su predecesor. “Esta era una queja de larga data de nuestros vecinos al sur de la frontera, y creo que está claro que la OEA y el gobierno de Trump en ese momento sintieron que había una oportunidad real”, agregó Adler. El gobierno de Trump estaba tan interesado en el resultado de las elecciones bolivianas que amenazó con citar a los investigadores del MIT para que explicaran exactamente cómo habían llegado a sus conclusiones.
“Apoyamos plenamente los llamamientos de la OEA y de Bolivia a favor de nuevas elecciones y de un nuevo Tribunal Electoral que pueda garantizar unas elecciones libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo boliviano”, escribió en 2019 el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo. “Apoyamos a @JeanineAnez en Bolivia mientras trabaja para asegurar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres”, tuiteó su jefe, el ex presidente Donald Trump. “Condenamos la violencia en curso y a quienes la instigan tanto en Bolivia como desde lejos”. Estados Unidos está con los pueblos de la región por la paz y la democracia”.
Como parte del proyecto de ley general de gastos para 2022, el Congreso pidió al Departamento de Estado que “presente a los comités de apropiaciones un informe que evalúe (1) la transparencia y la legitimidad de las elecciones generales de 2019 en Bolivia, utilizando información de expertos independientes e internacionalmente reconocidos; y (2) que evalúe el progreso de la investigación sobre la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante este período”. El informe podría haber servido para refutar la posición del gobierno de Trump, pero en cambio la confirma en gran medida.
Después de que el MAS volviera al poder tras las elecciones de Arce de 2020, el partido comenzó a procesar a los golpistas por violaciones de los derechos humanos, terrorismo y corrupción durante el breve régimen. En 2021, cuando el gobierno de Áñez no amenazaba con procesar, uno de los funcionarios electorales implicados en el retraso del Trep condenó a la OEA por verificar y negar inicialmente los resultados electorales.
El informe del Departamento de Estado cita la dimisión del funcionario Antonio Costas, vicepresidente de la comisión electoral boliviana, como otra razón para dudar de los resultados electorales. Pero Costas dijo que renunció por las pruebas irrefutables de que el aumento del apoyo de Morales en las encuestas era legítimo, y dijo a la publicación boliviana: “La razón por la que renuncié fue por la interrupción del Trep, y dije en su momento que no encontré una sola situación que llamara la atención después de la auditoría que hice. También se lo manifesté a la Misión de Observación, con la que me reuní dos días después de mi dimisión […] Les dije: ‘Miren, aquí hay un análisis de casi 14.000 hojas de contabilidad, una comparación entre el Trep y el cálculo, y no encuentro muchas diferencias que marquen la diferencia’”.
Un estudio revisado por pares en el American Journal of Politics sobre las elecciones bolivianas refutó la misma afirmación de fraude electoral hecha por Trump durante las elecciones presidenciales de 2020, es decir, que los cambios en el recuento tardío, como el ocurrido en Pensilvania, son motivos legítimos para las acusaciones de fraude y manipulación de votos.
“Cuando un recuento de votos tardío dio como resultado una victoria inestable para un presidente en funciones, siguieron las acusaciones de fraude, con dramáticas consecuencias políticas. Pero creemos que el patrón de distribución de los votos puede explicarse sin recurrir al fraude, y que el cambio supuestamente sospechoso en el número de votos contados con retraso es en realidad el resultado de errores metodológicos y de codificación de los observadores electorales”, dice el estudio. Y mientras Biden ha condenado con celo las acusaciones de robo electoral en Estados Unidos, en el caso de Bolivia su gobierno parece menos interesado en aplicar el mismo criterio en el extranjero.
“Durante décadas, Estados Unidos ha considerado a la OEA como una herramienta primordial para mantener la Doctrina Monroe”, dijo Adler. “Morales ha sido un opositor a la dominación de Estados Unidos no sólo en Bolivia, sino en todo el hemisferio, y estos temas de fraude e injerencia en las elecciones de 2019 han sido terreno fértil para la injerencia política respaldada por la OEA, por lo que las fuerzas beligerantes se han unido para movilizar a Estados Unidos“
Daniel Boguslav https://www.ideeazione.com/il-dipartimento-di-stato-americano-tenta-il-colpo-di-stato-in-bolivia/
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