Ayer la policía de Paraguay dispersó a los manifestantes, muchos de ellos jubilados, tras la aprobación de una ley que autoriza a “invertir” los fondos de las cajas de pensiones públicas y privadas existentes en el país.
Los manifestantes temen que el gobierno dilapide el dinero ahorrado para pagar las jubilaciones, actualmente depositado en ocho cajas. Es una tentación: los fondos rondan los 3.400 millones de dólares, una cantidad equivalente al 8 por cien del Producto Interior Bruto.
La codicia ha logrado que la reforma se apruebe en un tiempo récord. La nueva ley llegó al Congreso de los Diputados que tardó 10 minutos en votarla favorablemente y un millón de trabajadores temen quedarse sin su dinero.
Los sindicatos planean convocar una huelga general contra la reforma. Pedro Halley, portavoz de la Asociación de Jubilados del Instituto de Previsión Social —el principal de Paraguay— declaró a la radio local que tratar la norma de manera apresurada fue una “jugada sucia de parte del Legislativo”.
Ayer un grupo de manifestantes llegó hasta las plazas aledañas al Congreso para protestar contra la ley. Además de jubilados de diversas instituciones, también había manifestantes del Sindicato de la Administración Nacional de Electricidad que fueron dispersados por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos.
En la protesta del martes, la policía lanzó chorros de agua desde los blindados provocando heridas a decenas de personas. Además, golpeó y detuvo a 31 sindicalistas, lo que provocó otra manifestación frente a la comisaría de policía para exigir su liberación.
“Venimos a proteger nuestros intereses, nuestros años de trabajo”, dijo Sixta Giménez, una jubilada que se encontraba entre los manifestantes apostados frente a la comisaría. “Estamos peleando por nuestra jubilación, porque este pueblo está ante un desastre y luchamos para que el día de mañana nuestros hijos, nietos y bisnietos no necesiten nada”, agregó con la voz entrecortada y los ojos llorosos.
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