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Nicaragua autoriza la entrada de tropas rusas en el país

El gobierno de Nicaragua ha autorizado la entrada de personal, barcos y aviones rusos en Nicaragua desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022. Las tropas rusas participarán en la ayuda humanitaria, los ejercicios militares y las operaciones contra las actividades ilícitas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, dice el decreto publicado el 7 de junio en el Boletín Oficial.

El decreto prevé la entrada de 80 militares rusos, de forma rotativa, para participar en “intercambios de experiencias y realizar entrenamientos sobre operaciones de ayuda humanitaria” con el comando de operaciones especiales del ejército nicaragüense.

Además, otros 50 soldados participarán en la formación en materia de seguridad, y otros 50 miembros del servicio ruso intercambiarán experiencias “en tareas destinadas a afrontar y combatir el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional”, dice el decreto.

Rusia dispone de una arquitectura de inteligencia a través de la estación del sistema de vigilancia por satélite Glonass y del centro de formación de la policía, ambos situados en Managua.

El Parlamento también ratificó el ingreso por seis meses, a partir de julio próximo, de personal, naves y aeronaves de ejércitos de Cuba, Estados Unidos, México,
Venezuela y países centroamericanos.

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez acusó a la prensa internacional de promover una campaña de intoxicación sobre la entrada de los militares rusos. Mencionó a la cadena de televisión CNN, a la británica BBC y al diario español El País “y muchos otros [medios] que se han prestado a esta campaña sucia” que, de manera deliberada, “han venido a tergiversar y a mentir con el único objetivo de crear discordia y zozobra”.

A favor del ingreso de militares de otros países, Gutiérrez dijo que desde el 2007 han aprobado 40 decretos de esa misma naturaleza, y que “en estos últimos tiempos” se ha hecho “de manera semestral”.

Los narcos del cartel de Guadalajara son uno de los tentáculos de la CIA

El lunes la Marina mexicana anunció la detención del narco Rafael Caro Quintero, dirigente del cártel de Guadalajara. Los medios de comunicación presentaron la noticia a la manera habitual, como uno de esos “golpes” al tráfico de drogas.

La CNN recuerda que ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que tiene un orden de extradición a Estados Unidos (1). En fin, parece un capítulo más de la “guerra contra las drogas” que, como todas las demás, encabeza Estados Unidos.

En 1985 el asesinato de Camarena creó una grand tensión entre México y Estados Unidos porque, según Reagan, el gobierno mexicano encubría a los asesinos, lo que llevó al cierre de la frontera.

Ante las presiones, México detuvo a Caro Quintero y le condenó a 40 años de prisión por el asesinato, aunque le liberó en 2013. En aquel momento la cadena estadounidense Fox y la revista mexicana Proceso destaparon el asunto: Caro Quintero era un pistolero a sueldo de la CIA, además de narco, y asesinó a Camarena por encargo de sus jefes. En otras palabras, fue la CIA quien mató al agente de la DEA.

En 1985 Camarena fue uno de los primeros en descubrir el plan de la CIA para financiar a los contras nicaragüenses con dinero procedente del narcotráfico, es decir, la conexión Irán-Contra. Es más, según cuenta un antiguo agente de la DEA, Héctor Berrellez, “la CIA ordenó la captura y tortura de Kiki Camarena, y cuando lo mataron nos hicieron creer que había sido Caro Quintero para encubrir sus actividades ilegales [de la CIA] en México”.

Berrellez también afirma que agentes de la CIA estuvieron presentes durante la tortura de Camarena, que duró más de 30 horas (2).

Phil Jordan, que dirigió del Centro de Inteligencia de El Paso, aseguró a los medios que “la CIA estaba involucrada en el movimiento de drogas desde Sudamérica a México y a Estados Unidos”.

En el secuestro, tortura y asesinato de Camarena participó el narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros y su empresa SETCO, que trabajaba para la CIA y el Departamento de Estado, según un informe del Congreso de 1988. El informe afirma que las agencias de inteligencia estadounidenses tenían conocimiento del papel de SETCO en el tráfico de drogas.

Un año después del asesinato de Camarena y de que Matta Ballesteros fuese procesado por intervenir en el crimen, el Departamento de Estado pagó 185.924 dólares a SETCO. Los pagos se hicieron entre enero y agosto de 1986.

Tosh Plumlee, uno de los pilotos que utilizaba la CIA, afirmó públicamente que las operaciones de tráfico de drogas y armas “fueron aprobadas por el gobierno federal, controladas desde el Pentágono. La CIA actuó en algunos casos como nuestro equipo de apoyo logístico”.

Por su parte, Berrellez sostuvo que “el piloto que llevó a Caro Quintero a Costa Rica [para ayudarle a escapar tras el asesinato de Camarena] era un empleado contratado” por la CIA.

En el mundo no se mueve ni un gramo de cualquier droga sin el aval de la CIA.

(1) https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/18/quien-es-rafael-caro-quintero-orix/
(2) http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/15/actualidad/1381793663_393256.html

Colombia envía tropas a la Guerra de Ucrania para demostrar su fidelidad a la OTAN

Tropas del ejército colombiano viajarán a Ucrania en julio o agosto. El gobierno de Bogotá pone el más estúpido de los pretextos para justificarse: van a apoyar al ejército ucraniano en operaciones de desminado. Así como suena, burlándose del mundo. En la Guerra de Ucrania quien pone las minas son los ucranianos (porque retroceden) y quienes las quitan son los rusos (porque avanzan). Por lo tanto, la operación de los colomibianos en Ucrania es secreta.

Las tropas colombianas pretenden viajar primero a uno de los países vecinos de Ucrania. La estancia total de las tropas extranjeras fuera de su país durará de cinco a nueve meses. Según el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, la ayuda a Kiev se enmarca en la condición de “aliado clave no perteneciente a la OTAN”. La colaboración se acordó previamente con el Secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin.

Colombia no tiene ningún interés militar en Ucrania, pero el gobierno pelele tiene interés en fortalecer su relación con su protector. El país sudamericano es un socio privilegiado de la Alianza atlántica. El pasado mes de octubre la OTAN y Colombia anunciaron la consolidación de su cooperación en materia de defensa y seguridad, tras la cuarta reunión de diálogos políticos entre el país sudamericano y la Alianza.

Colombia se está convirtiendo en una herramienta esencial de Estados Unidos en América Latina, como Kosovo contra Serbia, Ucrania contra Rusia o Taiwán contra China. Participa en la creación de una OTAN latinoamericana para hacer frente a Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Nicaragua y otros países del continente que no se doblegan ante Estados Unidos.

Colombia fue el primer país de la región latinoamericana en incorporarse al Programa de Asociación Individual a Medida de la OTAN y en recibir el estatus de Socio Internacional de la Alianza.

El Plan Individual de Cooperación entre Colombia y la OTAN se firmó el 31 de mayo de 2018 durante la visita del expresidente Juan Manuel Santos Calderón a Bruselas y su encuentro con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Calderón dijo entonces que la inclusión de Colombia en la lista de socios internacionales de la alianza era un “enorme privilegio” para su país.

La OTAN cuenta ahora con nueve socios con este estatus. Además de Colombia, son Australia, Afganistán, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán. No obstante, la Alianza se mantiene fiel a su principio de que sólo un país europeo puede convertirse en nuevo miembro. Sin embargo, Bruselas considera cada acuerdo individual con sus socios en el contexto de la creación de las condiciones más favorables para la OTAN en ese país: el despliegue de tropas y equipos, su libre circulación en el territorio, el trabajo de los servicios de inteligencia de la Alianza, la inmunidad diplomática y la posibilidad de realizar ejercicios de entrenamiento.

Las asociaciones internacionales de la OTAN subrayan la tendencia de la política exterior estadounidense de los últimos años, es decir, una mayor atención a la región Indo-Pacífica para hacer frente a China. Lo mismo podría decirse de Asia Central y del Sur. Sin embargo, Oriente Medio y América Latina no han desaparecido de la esfera de interés de Estados Unidos. Por tanto, la OTAN tiene un “socio internacional” en cada región. Colombia actúa como “policía regional” para América Latina.

A cambio, los firmantes reciben garantías de seguridad que no están respaldadas por nada concreto, así como ciertas preferencias en el comercio de armas y beneficios financieros. Fue la “transparencia en el acceso a las últimas armas” lo que los dirigentes políticos y militares colombianos citaron como el principal beneficio del tratado de la OTAN.

Los colombianos también tuvieron acceso a programas específicos, seminarios y formación para militares que antes sólo estaban disponibles para los países miembros. “El aumento de los vínculos entre nuestras fuerzas armadas y la OTAN tiene como objetivo mitigar las catástrofes naturales causadas por el cambio climático, la ciberdefensa y el desminado de territorios. El acercamiento a la OTAN permitirá al país ahorrar recursos”, dijo el ex presidente colombiano Calderón.

El ejército colombiano es un “regimiento basura” para Washington. Es aún menos adecuado para Ucrania. Colombia no se aparta ni un ápice de los principios de la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina: los países de la región deben reconocer incondicionalmente la hegemonía de Estados Unidos, llevar a cabo reformas en la economía y en la esfera social, ofrecer las condiciones más cómodas al capital estadounidense, asegurar su dominio de sus mercados para la venta de sus bienes y servicios. Esto incluye el mercado de armas.

Colombia es, pues, un cierto modelo de capitalismo en una región turbulenta y volátil, donde muchos países tienen gobiernos reformistas en el poder. Ciertamente, Washington puede enviar colombianos a Ucrania -por la apariencia y por la forma-, pero la Casa Blanca no necesita al ejército colombiano para ello.

Nicaragua autoriza el ingreso de tropas rusas en el país

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó la salida hacia Rusia de 50 militares nicaragüenses, de forma rotativa, “para participar en ejercicio de intercambio e instrucción militar y adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria” del primero de julio al 31 de diciembre próximos.

Ortega también autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves del ejército ruo para participar en operaciones “en contra de ilícitos” en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, según un decreto presidencial.

El mandatario autorizó, además, el ingreso a Nicaragua, de forma rotativa, de 80 efectivos militares rusos para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales del ejército nicaragüense “en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria”.

Asimismo, autorizó el ingreso a otros 50 efectivos militares rusos, de forma rotativa, para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Transmisiones “en intercambio de experiencias y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional”.

En total, Ortega autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, según el decreto presidencial.

Además de participar en operaciones “en contra de ilícitos” en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, capacitar a la fuerza élite del ejército y al cuerpo de transmisiones en materia de comunicación operacional, los militares rusos participarán en ejercicios “de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales”.

También participarán “en intercambio de experiencia y adiestramiento en labores de seguridad, planeación de ejercicios de ayuda humanitaria y atención ante desastres”, de acuerdo con el decreto presidencial.

En el mismo decreto presidencial, Ortega autorizó por seis meses, a partir de julio próximo, el ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela que llevarán a cabo las mismas funciones que las de Rusia.

También autorizó el ingreso de militares de Cuba y de México, quienes participarán con los de Nicaragua en “intercambios y labores de carácter humanitario”.

En el caso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el dirigente sandinista autorizó el ingreso de personal militar, en un número que no precisó, y a diferencia de los otros cuerpos armados, su presencia será “previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua”.

El objetivo, según el gobierno, es que los militares estadounidenses atraquen en puertos y aterricen en aeropuertos nacionales con el fin de que realicen “operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencias o desastres naturales, por aire, mar y tierra, en apoyo al Gobierno de la República de Nicaragua, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022”.

Ortega ordenó enviar el decreto presidencial a la Asamblea Nacional para su ratificación.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua que, durante la primers época sandinista (1979-1990), dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses y Putin ha dicho que Nicaragua es un socio “muy importante” de Rusia en América Latina.

Ortega volvió a la presidencia en 2007, tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

Nicaragua es uno de los contados países, junto a Venezuela y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalu, que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, y que ha recibido a altos funcionarios rusos desde que Moscú invadió Ucrania.

A fines de 2020 estableció un consulado en Crimea, territorio ucraniano anexado a Rusia, lo que provocó el rechazo de Ucrania.

La criminalización de la pobreza en Colombia, donde el teror policial no tiene límites

Habitamos el país del miedo y los desconciertos, de las inequidades sociales y las masacres, de la corrupción y otras desdichas. El gobierno de Iván Duque, al que poco le falta para extinguirse, puede ser el peor de los últimos tiempos. Ha estigmatizado y criminalizado con saña la protesta social, y, como si fuera poco, permitido en la violenta represión a las expresiones masivas de malestar la presencia asesina de civiles que disparan así no más a la minga indígena y a otros manifestantes.

El 9 y 10 de septiembre de 2020 fue tiempo de masacre policial. Tras el asesinato de Javier Ordóñez, que se erigió en un símbolo de los caídos por la desaforada brutalidad oficial, la protesta en contra de los abusos de la fuerza pública la reprimieron a balazos. Una reciente relatoría independiente organizada por la ONU, investigación solicitada por la Alcaldía de Bogotá, señaló que en aquellas fechas la policía asesinó a 11 jóvenes.

Tras el crimen de Ordóñez, erigido como el George Floyd criollo, el descontento subió de temperatura. La indignación se hizo sentir y entonces la respuesta a los reclamos fue la bala oficial y también la de algunos civiles. El uso desmedido de la fuerza (así lo calificó la comisión) para conjurar el descontento popular derivó en el asesinato de jóvenes en Bogotá y Soacha. Los agentes se “encarnizaron” contra muchachos de sectores populares.

Hubo, según el informe, una “criminalización de la pobreza de parte de la fuerza pública” y una demostración de diferentes formas de violencia. Ante el estallido social, la respuesta fueron los disparos y no hubo autoridad política, ni ninguna potestad de gobierno para impedir el desafuero de la policía. Ardía Bogotá y las redes sociales, en un clamor desesperado, advertían: “Nos están matando, policías disparando”.

Esos días de incendios de CAI, de abusos de autoridad, de rabia colectiva, tuvieron momentos de largas tristezas y dolores, sobre todo para los familiares de los baleados, de los detenidos arbitrariamente, de los heridos. La relatoría, según lo publicado por El Espectador la semana pasada, da cuenta de diversos momentos de alta tensión, como el testimonio de un muchacho, herido en un brazo y una pierna, que presenció la agonía de un amigo de barrio, Jáider Fonseca, acribillado en inmediaciones del parque de Verbenal.

Esta investigación, cuestionada por el mindefensa Molano, que ha dicho que no se trató de una “masacre policial”, y por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, da cuenta de lo sucedido con las víctimas, como el caso de un joven venezolano, Anthony Estrada Espinosa, que “soñaba con su propio servicio como reparador de tecnología y encontró la muerte en Soacha por la bala que disparó un patrullero”.

La relatoría documentó los asesinatos, las heridas de por lo menos 75 personas por arma de fuego, 43 heridos por armas cortopunzantes, 187 por otro tipo de armas y 216 policías heridos. Y se podría inferir que no se trató de un “lunar” o de la intervención de “manzanas podridas”, sino de una acción policial de desprecio por la vida y, como en ciertos casos, crueldad sin límites, como sucedió con el domiciliario de 26 años Cristian Camilo Hernández, muerto el 9 de septiembre y cuya familia se enteró por las noticias de TV.

“Su hermana Lina alcanzó a abrazarlo mientras agonizaba. Duró media hora abrazada a su cuerpo. ‘Deje de chillarle a ese vándalo, usted debe ser igual, unos ñeros’, decían los policías. Otro pasó y lo escupió. Cristian recibió un disparo en la frente y duró dos horas tirado en la calle”, narra El Espectador citando la relatoría.

Los familiares de las víctimas no solo esperan la reparación y que la institución policial pida perdón por los crímenes, sino que haya justicia. Y, ante todo, como lo expresó el padre de uno de los muchachos asesinados (Freddy Mahecha Vásquez), la policía debe reconocer que “las víctimas del 9 de septiembre no eran vándalos, sino jóvenes trabajadores llenos de sueños”.

La relatoría, que ha puesto en evidencia la crueldad y bestialidad de la policía en aquellas jornadas, le pide a la institución que realice un acto de reconocimiento de responsabilidades y pida perdón por los abusos cometidos. “Un gesto que aumentaría su legitimidad si es acompañado por el presidente de la República”, dice.

Esas fechas funestas, en las que las fuerzas oficiales asesinaron manifestantes, son un testimonio más de nuestra historia sangrienta. Un país de masacres en distintos tiempos y circunstancias, como la de las bananeras en 1928 o la de Santa Bárbara en 1963, cuando el ejército asesinó a 13 trabajadores de Cementos El Cairo, que estaban en huelga.

La investigación determinó que la masacre se produjo por “la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes”. Nada raro en un país donde sectores retardatarios proclaman: “Plomo es lo que hay y plomo es lo que viene”.

Reinaldo Spitaletta https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/masacre-policial/ar-AAS0AsC

Las restricciones sanitarias han duplicado el hambre en Cartagena de Indias, Colombia

Tras el inicio de la pandemia, de cada diez pobladores de Cartagena, en Colombia, siete no comen tres veces al día.

Se los juro: a mí el hambre ajena me produce tanto dolor que la siento como si fuera propia. Eso es lo que estoy sufriendo en estos días. Resulta que, en medio de tantas noticias diversas y a veces contradictorias, me puse a averiguar cuáles son las verdaderas cifras del hambre que padecen las grandes mayorías de cartageneros. Fui a los barrios populares, conversé con los vecinos, consulté a los que saben del tema, me empapé de las investigaciones serias y rigurosas.

Y el resultado es que ahora estoy más acongojado que antes. Al cotejar los hechos con los estudios académicos, descubrí que la realidad es peor de lo que yo pensaba. Confieso que al comienzo no podía creerlo. Llegué a pensar que algo andaba mal en esas estadísticas aterradoras.

No sé si ustedes lo recordarán, pero hace casi dos años escribí una crónica titulada “Cartagena construye una muralla contra el hambre”. Allí dije, con un aire de optimismo, que la ciudad estaba tratando de unir sus fuerzas para luchar contra el hambre y la desnutrición.

Les dije en ese entonces, con auténtico pavor, que el 25 por ciento de los habitantes de la ciudad estaba pasando hambre. Se trataba, en aquel momento, de 270.000 personas. Era monstruoso: uno de cada cuatro cartageneros no podía pagar el costo de sus alimentos porque sus ingresos solo eran, en promedio, de 8.000 pesos diarios.

Pues, para que lo sepan, ahora mi perplejidad y mi espanto son más grandes y demoledores que entonces.

Para que se aterren, como yo lo estoy, les cuento que en este momento, dos años después de aquella crónica mía, y aunque parezca increíble, durante la pandemia que estamos sufriendo la cantidad de cartageneros que pasan hambre, lejos de disminuir, ha subido casi al doble.

Ahora se sabe que 491.000 habitantes no cuentan con ingresos mensuales suficientes para acceder a los alimentos. Y –óiganme bien– el 70 por ciento de la población que habita en esta ciudad no come tres veces al día. Son, en números redondos, 860.000 personas. Y, como si fuera poco, 650.000 de ellas comen una sola vez al día.

Como quien dice: de cada diez cartageneros, siete no comen tres veces al día. Eso ha comenzado a causar estragos, como es natural, no solo en el cuerpo sino también en el alma. A causa del hambre, el 14 por ciento de los niños cartageneros está sufriendo problemas en su capacidad intelectual.

Los números no mienten. Son obstinados, tozudos, tercos.

Según las investigaciones del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena, antes de que comenzara la pandemia la pobreza agobiaba a un 34 por ciento de la población total. Hoy es el 48 por ciento. Los investigadores de estos temas tan desgarradores han establecido que, después de Quibdó, la capital chocoana, la ciudad colombiana con mayores desigualdades sociales es Cartagena. Las estadísticas del propio Dane, que es organismo estatal, revelan que en Cartagena hay más de 40.000 hogares que comen solo una vez al día, y muchos de ellos ni siquiera una sola vez.

La Fundación Alimentar Colombia, que dirige Catalina Pérez y tiene su sede, precisamente, en Cartagena, me informa que cada año se pierden o desperdician en Colombia casi 10 millones de toneladas de comida. Eso es nada menos que el 34 por ciento de todos los alimentos destinados al consumo humano. Eso es mucho más que un descuido; es un crimen contra la humanidad entera.

“Con esas cantidades”, me dice la señora Pérez, “se podría alimentar a más de 8 millones de personas al año, lo cual equivale a toda la población de Bogotá”.

Sandra Rhenals, por su parte, dirige el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis, que la Iglesia católica mantiene abierto en Cartagena desde hace casi veinte años. Sandra ha dedicado su vida entera a luchar contra el hambre de los más pobres.

Es ella, precisamente, y con su valiosa experiencia, quien me hace caer en la cuenta de lo que ocurre en hoteles, restaurantes y otras empresas cartageneras en donde botan diariamente mucha comida sobrante, mientras la gente aguanta hambre.

“Hemos redoblado los esfuerzos”, me dice ella “para seguir recuperando los excedentes alimenticios que se pierden en el comercio, empresas e industrias, incluso hogares de familias, que nos están colaborando al entregarnos los alimentos que les sobran después de cada comida”.

El mismo Banco de Alimentos me suministra un dato que le rompe a uno el alma: cada día se desperdician en toda Colombia 77.000 litros de leche. Y, mientras tanto, los niños lloran de hambre.

En el caso de Cartagena, los dos sectores sociales más afectados por el “hambre física” –como la llaman las gentes del Caribe– son los dos más vulnerables y sensibles: ancianos y niños, el abuelo y su nieto.

El Banco de Alimentos entregó el año pasado 120.000 mercados. Fueron casi 1.400 toneladas de comida que alimentaron a más de 552.000 personas, casi la mitad de la población total de la ciudad. Y hasta ahora, en lo que va corrido del 2021, se han entregado 22.000 mercados, que equivalen a 361 toneladas.

Entre todos ellos, hay 455 niños y ancianos que están recibiendo su alimento en barrios populares como San José de los Campanos, Puerta de Hierro, Fredonia, Las Américas y Nelson Mandela. Tres veces a la semana pueden disfrutar de un almuerzo saludable, con un arroz reforzado con nutrientes y proteínas, carne, verduras y frutas.

“Nuestro sueño”, agrega Sandra Rhenal, “es que todos esos niños y abuelos puedan obtener su alimento diario, de manera que nosotros podamos dedicarnos a abrir nuevas ollas en otros barrios de Cartagena”.

Entre tanto, Catalina Pérez, que, como ya les dije, es la directora de la Fundación Alimentar Colombia, me entrega unas estadísticas aterradoras sobre la situación que se vive en Bazurto, la plaza de mercado más grande y reconocida de Cartagena.

Hicieron una investigación muy cuidadosa sobre el desperdicio de productos alimenticios que allí se genera. Lo midieron cuatro meses, desde abril y hasta junio de este año.

El resultado fue demoledor: en esos cuatro meses se perdieron 769.957 kilos de comida, es decir, casi 800 toneladas, nada menos. Ante una realidad tan apabullante, la administración del mercado empezó a colaborar de inmediato con una campaña organizada por la Fundación Alimentar para rescatar esa gran cantidad de comida. En este momento están organizando la instalación de una oficina, dentro del propio mercado, para trabajar de 4 a 11 de la mañana diariamente, acopiando y seleccionando los alimentos para luego transportarlos hasta la sede de la Fundación y allí organizar el reparto hacia los comedores comunitarios.

La Fundación Alimentar ha preparado un plan especial para recuperar aunque sea una parte de toda esa comida. Proyectan recuperar casi dos mil kilos por día, trabajando de lunes a viernes. Y estiman que esa cantidad puede ir aumentando a medida que todos los comerciantes del mercado vayan colaborando.

La fundación considera que, si ese proyecto de trabajo tiene éxito, y la comunidad coopera, se recuperarán cada mes 38.500 kilos de comida, con los cuales podrán servirse 116.000 raciones mensuales. Casi 6.000 de ellas serían para los niños.

“El objetivo de todo lo que estamos haciendo en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis”, me dice Sandra Rhenals, “es estimular a los protagonistas de las actividades económicas y sociales de Cartagena para que tengan conciencia de su responsabilidad en la búsqueda de soluciones a este problema tan grave.

Y agrega: “Lo que nosotros buscamos es transformar la vida y la realidad de las comunidades más vulnerables, reduciendo los índices de hambre entre toda la población, especialmente en los niños y los ancianos”.

Se le regocija a uno el alma al comprobar que ejemplos como los de Sandra Rhenals y Catalina Pérez, y de todos los que las acompañan y les colaboran en sus dos organizaciones, han comenzado a producir los primeros resultados entre la gente.

La periodista Julie González Ortega escribió una crónica, en el diario El Universal, en la que relata que hace cuatro meses varios jóvenes residentes en el barrio San Pedro Mártir se unieron y crearon un comedor comunitario. A esa iniciativa social la llamaron Kadosh, una palabra que en los orígenes de la Biblia significaba lo que es santo, la pureza, lo que tiene noble espíritu.

Esos muchachos se reúnen los martes y jueves y ellos mismos cocinan la comida que luego reparten en los sectores más pobres de Cartagena.

“No podíamos quedarnos con los brazos cruzados”, dicen, como un verdadero ejemplo, Adrián Cassiani y Salua Tapia, los dos jóvenes que crearon Kadosh.

Me duele tener que contarles todo esto, pero ese es mi deber como periodista. Ustedes viajan a Cartagena, disfrutan sus vacaciones, en la mañana van a retozar en el mar y por la tarde recorren los incomparables lugares históricos. Cuando ya va anocheciendo, que es la hora en que el día comienza a envejecer, se toman de la mano y salen a disfrutar la noche romántica bajo el esplendor de la luna.

Luego se toman una copita de vino en una plaza colonial. Pero, en ese preciso momento, sin que ustedes lo sepan, hay millares de cartageneros que están aguantando hambre. Y eso que el turismo produce empleo e ingresos a los más pobres.

En la ciudad hay 130.000 personas que viven en las condiciones extremas que impone la miseria. No tienen ni siquiera un ingreso de 4.920 pesos diarios, que es lo mínimo que se necesita para poder comer.

Porque en este país lo único que crece a la misma velocidad del hambre es la corrupción. Y, mientras tanto, ¿dónde están los ladrones que se roban el presupuesto destinado a la alimentación de los más pobres? ¿Y qué se hicieron los que saquean el dinero público?

Están muy bien, gracias, disfrutando de la casa por cárcel. Y les mandan saludos.

Juan Gossain https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/que-dolor-el-hambre-esta-haciendo-estragos-en-cartagena-631437

Sabotaje contra un tren para protestar contra el estado de emergencia en Chile

Un descarrilamiento y quema de vagones de un ferrocarril de la empresa Fepasa se produjo en Victoria, Provincia de Malleco, en la región de la Araucanía durante la madrugada de hoy.

Un grupo de desconocidos arrancaron los rieles del ferrocarril cerca del cruce Queipul, a la altura de un servicentro Copec, en la comuna de Victoria.

Victoria es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Malleco, que se encuentra bajo el estado de emergencia impuesto por el Presidente en funciones, Sebastián Piñera, quien extendió la medida que se inició el 12 de octubre pasado y que se extenderá hasta el 11 de noviembre, cuando será revisada por el Congreso.

El estado de emergencia ha supuesto la masiva presencia policial y militar en las zonas donde las comunidades mapuche se han levantado para recuperar sus tierras. Pese a esta masiva presencia policial, militar, armamento, maquinaria y tecnología de guerra, se produjo el hecho bajo las narices de la policía chilena.

Los enfrentamientos entre los mapuches y la policía chilena han aumentado en los últimos años. Proliferan los atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales. Este año ha habido 1.475 sabotajes rurales, lo que representa un 46 por ciento más de los que se registraron en el mismo período del año pasado.

En lo que llevamos de año ha habido 462 detenidos, lo que corresponde al 53 por ciento de las detenciones de los últimos 4 años en la zona de conflicto.

Varios mapuches y campesinos, los mismo que policías, han muerto en los enfrentamientos, lo que ha conducido al gobierno a enviar al ejército para reforzar la actuación de los Carabineros.

El ‘terrorista intelectual’ que destapó el Plan Cóndor

Miembro del Partido Colorado, en el poder en Paraguay, Martín Almada no tenía nada que temer de la Operación Cóndor, cuya existencia desconocía. Sin embargo, este profesor, director de la escuela “Juan Bautista Alberdi” de San Lorenzo, llamó rápidamente la atención. Seguidor del educador brasileño Paulo Freire y su “pedagogía del oprimido”, y presidente del Congreso Nacional de Maestros de Paraguay, ¿no estaba coqueteando con los comunistas -esos “monstruos locos que se visten todos de rojo”- como se preguntaban los “pyragues” (“soplones”, en guaraní)? Almada fue a Argentina a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata y regresó con un doctorado en educación tras defender una tesis titulada “Paraguay: educación y dependencia”.

En 1974 Stroessner está en la cima de su fama. Acababa de ser reelegido tras otra farsa democrática y regresaba de una gira triunfal por el Atlántico. Todo el mundo le recibió, “desde el General Franco hasta el Papa, desde Georges Pompidou hasta el Rey de Marruecos”. La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica“) está en pleno funcionamiento. Es raro que los que entran en ella salgan enteros o vivos. Enviado por la CIA, fue el teniente coronel estadounidense Robert K. Thierry quien, ya en 1956, entrenó a los primeros soldados de allí en las técnicas de tortura más avanzadas.

Detenido el 24 de noviembre, Almada fue entregado a la furia de los verdugos dirigidos por Pastor Coronel, el temido jefe de la policía política. Almada fue sometido a treinta días de interrogatorios, torturas físicas y psicológicas, y a la tortura del “tejurugudi”, un látigo con puntas metálicas en las correas. El veredicto fue: “terrorista intelectual”. Doble castigo, doble tragedia: la esposa del preso, Celestina, de 33 años, murió de un ataque al corazón en los días siguientes a la detención. Después de recibir sus ropas manchadas de sangre, una perversa llamada telefónica le anunció la muerte de su marido.

La dictadura trasladó a Almada al campo de concentración de Emboscada. Su director, el coronel Grau, fue apodado “el carnicero de la muerte”. El “profesor subversivo” debía pudrirse allí durante tres años. Fue allí donde oyó hablar por primera vez de un misterioso Plan Cóndor. Antes de ser asesinado, un coronel preso, Eduardo Corrales, ex jefe de comunicaciones de “defensa secreta” del Ministerio del Interior, le reveló el secreto: “Eres el primer preso que reconozco, en el que puedo confiar. Tengo que decírtelo: no saldré vivo de aquí, pero tú puedes tener una oportunidad… Alguien tiene que saber lo que está pasando”.

Liberado en 1977, Almada consiguió escapar a Panamá con su madre y sus tres hijos. Tras ir a Francia y encontrar un trabajo en la Unesco, investigó, obtuvo y escudriñó los boletines de la policía paraguaya, y siguió la pista del Cóndor. En 1992, tras quince años de exilio, regresó finalmente a Paraguay. Dirigido por el general Andrés Rodríguez, apodado “General Cocaína”, un Golpe de Estado acababa de derrocar a Stroessner, que se había convertido en un estorbo. En la semidemocracia recién restaurada, Almada no dejó de sacar a la luz los crímenes de las dictaduras. Se acumulan numerosas denuncias contra el Estado. La policía hace imposible cualquier investigación. Cínicamente, afirmaron que no había pruebas ni archivos que respaldaran las denuncias. Hasta el 22 de diciembre de 1992…

La prueba son los papeles, no las víctimas

Ese día, algunos cómplices -entre ellos dos ex agentes de inteligencia paraguayos- condujeron a Almada a un edificio de hormigón en los suburbios de Asunción que albergaba un anexo de la policía política. ¡Bingo! La larga cacería ha terminado. Cuatro toneladas y media, 700.000 páginas, los “archivos del terror” son exhumados. Llevando la denuncia de Almada a rajatabla, un valiente juez, Agustín Fernández, resistió las presiones de las autoridades y decidió que ningún documento debía permanecer en secreto.

A lo largo de esta historia, que parece una novela de espías (*), el lector se encuentra a veces con sorpresa, con un montón de personajes e instituciones. La tenebrosa Escuela de las Américas, que, a la sombra de la bandera de Estados Unidos, adiestró a miles de represores militares latinoamericanos en Panamá. La Liga Mundial Anticomunista, creada en 1949 por Chiang Kai-shek. Por supuesto, la CIA. Y también el FBI. Si bien Kissinger considera útil el Plan Cóndor, le preocupa que este tipo de actividad “antiterrorista” exacerbe aún más la condena internacional de los países implicados. El general de Gaulle visitó Paraguay en octubre de 1964. Instructores militares franceses dirigen el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria en Buenos Aires. El intercambio de información de Valéry Giscard d’Estaing y su ministro de Defensa, Michel Poniatowski, con los servicios secretos argentinos y chilenos. El general panameño Omar Torijos luchando por arrebatarle “el canal” a Estados Unidos. El Papa Francisco, Daniel Balavoine e incluso… Pierre Rabhi.

El 20 de diciembre de 2019, cuarenta y cinco años después de los hechos, la justicia paraguaya reconoció la detención y tortura de Martín Almada y el asesinato de su esposa Celestina por las fuerzas de la dictadura, en el marco de la Operación Cóndor. Se calcula que, en todos los países juntos, el terror de Estado fue responsable de al menos cincuenta mil asesinatos, más de treinta y cinco mil desapariciones, cuatrocientos mil encarcelamientos arbitrarios, sin mencionar las decenas de miles de exiliados.

‘El cóndor sigue volando’

Tras su regreso a Paraguay, unos cómplices clandestinos le permitieron a Almada localizar los “archivos del terror”, pero no quiere dar más detalles. Ahora tiene 84 años y dice que “el Cóndor sigue volando”. El régimen paraguayo sigue siendo particularmente voraz. Víctima de un golpe de Estado en 2012, el expresidente de centro-izquierda Fernando Lugo podría dar fe de ello.

Los métodos del Cóndor y el aterrador número de sus víctimas no han sido igualados desde entonces (excepto en Colombia). Los golpes de Estado se han multiplicado en los últimos tiempos: Haití (1991 y 2004), Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019). Bajo la égida de Washington, los sistemas de alianzas siguen confabulando contra los gobiernos “incómodos”, como el Grupo de Lima (en peligro) contra Venezuela. Revelada en 2013 por Edward Snowden cuando implicó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, la estrecha vigilancia de individuos y personalidades ha sido confirmada por el reciente descubrimiento del software Pegasus vendido a muchos gobiernos y “servicios” por la empresa israelí NSO para espiar los teléfonos de decenas de miles de ciudadanos.

Sin que la “comunidad internacional” y los llamados organismos de “derechos humanos” se den por enterados, Maduro vive bajo la amenaza constante de ser asesinado (al igual que los dirigentes chavistas Diosdado Cabello y Tareck El Aissami). Al poner precio a sus cabezas (15 millones de dólares para el jefe de Estado, 10 millones de dólares para los otros dos), el gobierno estadounidense está animando implícita y explícitamente a todo tipo de aventureros a entrar en acción.

Testigo de ello es la Operación Gedeón, llevada a cabo desde Colombia el año pasado para “capturar/detener/eliminar a Maduro” bajo los términos de un contrato de 212,9 millones de dólares firmado entre el mercenario estadounidense Jordan Goudreau y Juan Guaidó, el autoproclamado presidente avalado y protegido por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus satélites. La operación, sin duda, fracasó. A pesar de la apertura de negociaciones en México entre el gobierno chavista y sus opositores, la ofensiva criminal continúa.

En Bolivia, el golpe de octubre de 2019 contra Evo Morales fue preparado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apoyado y avalado por Estados Unidos y la Unión Europea. Como en los buenos tiempos del “Cóndor”, Argentina (bajo Mauricio Macri) y Ecuador (bajo Lenín Moreno) entregaron apresuradamente armas a la dictadura de Janine Áñez para que pudiera reprimir las manifestaciones. Según el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter (8 de agosto de 2021), la investigación se está ampliando, con fuertes indicios de que los investigadores están buscando a Brasil y Chile por su participación en este “golpe internacional”.

En julio de este año asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse, que no era ciertamente un dirigente progresista. Pero en el crimen participó un comando de soldados colombianos reclutados por una empresa de seguridad privada, CTU Security, con sede en Florida y dirigida por el venezolano Antonio Intriago, notoriamente vinculado a los golpistas de su país de origen.

Al mismo tiempo, Craig Faller, jefe del Comando Sur del Ejército estadounidense, y William J. Burns, jefe de la CIA, viajaban a Colombia y Brasil. Mientras que Faller se marcó como objetivo reforzar las relaciones “en materia de defensa y seguridad”, Burns, en Bogotá, iba a tratar con el presidente Iván Duque una “delicada misión” en materia de inteligencia.

No se trata del regreso del “Gran Cóndor”. Pero es evidente que el ave de presa siempre está dispuesta a tener una cría.

(*) Pablo Daniel Magee, Opération Condor. Un homme face à la terreur en Amérique latine, prefacio de Costa-Gavras, Saint-Simon, Paris, octubre de 2020

La industria de la guerra en Colombia, su privatización y la contratación de mercenarios

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se quejó recientemente de que su país “no debe ser noticia internacional por un grupo de delincuentes y sicarios”. Respondía así a las recientes revelaciones de que, de los veintiocho asesinos directamente implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, veintiséis eran colombianos, producto de la próspera industria de asesinos mercenarios patrocinados por el Estado.

Los militares colombianos están entrenados por los mejores elementos de las fuerzas armadas estadounidenses y a menudo son contratados para proteger la propiedad privada de las empresas multinacionales, realizar misiones de contrainsurgencia y llevar a cabo operaciones sobre objetivos de alto valor. Estas oportunidades dan a los colombianos una ventaja en el mercado internacional de mercenarios.

Como en el caso del asesinato del presidente haitiano, muchos mercenarios colombianos -a veces llamados “paramilitares”- son miembros retirados de las fuerzas armadas colombianas y a menudo han sido entrenados en Estados Unidos, probados en entornos de combate difíciles como la selva para luchar contra los rebeldes, y han sido previamente miembros de escuadrones de la muerte. No sólo están altamente entrenados en técnicas de asesinato y acostumbrados al terreno abrupto, sino que además suelen ser mucho más baratos que sus competidores mercenarios de otros países.

De los veintiséis colombianos identificados como implicados en el asesinato del presidente haitiano, al menos trece eran ex soldados del ejército colombiano y dos estaban siendo investigados por su participación en crímenes de guerra. Al menos siete de ellos recibieron entrenamiento directo de Estados Unidos, aunque el Departamento de Estado ha sido muy ambiguo sobre lo que se les enseñó exactamente. Varios de ellos tienen vínculos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, incluido al menos uno estrechamente relacionado con la DEA. Uno de los mercenarios capturados, Manuel Antonio Grosso Guarín, era hasta hace dos años un soldado colombiano, y era un comando experto en operaciones especiales y asignado a realizar operaciones de alto valor estratégico, incluyendo asesinatos.

La empresa que reclutó a estos mercenarios colombianos, CTU Security, con sede en Miami, es propiedad de un empresario venezolano, Tony Intriago, vinculado al presidente colombiano Iván Duque. Intriago ayudó a organizar el “concierto de ayuda” de febrero de 2019 en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con el objetivo de socavar al gobierno venezolano.

Mercenarios colombianos han participado directamente en operaciones en Irak, Afganistán y Venezuela. Decenas de empresas mercenarias con sede en Colombia han sido contratadas por Arabia Saudí para luchar en Yemen. También se exportaron mercenarios colombianos a Honduras para defender los intereses de la tierra y más tarde se descubrió que estaban involucrados en el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. De los 3.100 millones de dólares que Estados Unidos gastó entre 2005 y 2009 en operaciones de contrainsurgencia y lucha contra el narcotráfico contratadas de forma privada, las empresas colombianas fueron las principales beneficiarias. Si necesita mercenarios para hacer el trabajo sucio, especialmente de carácter reaccionario, los colombianos son una buena inversión.

La privatización de la guerra

El mercado de mercenarios se desarrolló por primera vez en el marco de la guerra de medio siglo del Estado colombiano contra los insurgentes de izquierda y los activistas sociales. Pero, como reveló el asesinato en Haití, el mercado de comandos mercenarios ha crecido considerablemente en los últimos años. El comandante de las fuerzas armadas colombianas, el general Luis Fernando Navarro, declaró a la prensa al día siguiente del asesinato de Moïse que “no hay normas que impidan el reclutamiento” de mercenarios en el extranjero.

Alentada por la Doctrina de Seguridad Nacional de 2003, Colombia ya había legalizado y apoyado el desarrollo de actores armados no estatales, generalmente controlados por élites económicas como terratenientes, industriales y narcotraficantes. El crecimiento de la industria mercenaria en Colombia coincidió con el crecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la década de 1990, cuando el gobierno legalizó y luego amplió el Sistema Convivir, una reforma que permitió la creación de fuerzas mercenarias, controladas por las élites económicas y que trabajaban junto a los funcionarios del gobierno, los militares y las unidades de inteligencia.

Los paramilitares mercenarios han sido incluso patrocinados por empresas multinacionales, como Chiquita (antes United Fruit Company), Drummond y Coca-Cola. Hoy en día, los mercenarios participan en la protección de la acumulación capitalista en todo el país, especialmente para las multinacionales del petróleo, el gas y el carbón.

Es bien sabido que los funcionarios del Estado colombiano tienen fuertes relaciones con los grupos mercenarios paramilitares. Se sabe que miles de funcionarios policiales y militares colombianos, así como sesenta miembros del Congreso y siete gobernadores, han apoyado a entidades paramilitares de derecha, y un manual secreto de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos filtrado por Wikileaks en 2014 muestra un importante apoyo de Estados Unidos a comandos paramilitares altamente entrenados para llevar a cabo operaciones tácticas y militares (además de otras tácticas como la censura, las operaciones psicológicas y el uso de recompensas en “operaciones dirigidas a objetivos de alto valor”).

La expansión global de los mercenarios colombianos forma parte de la progresiva privatización de la guerra a escala internacional, de la que Colombia es cabcera en el mundo. En 2014 había aproximadamente 740 empresas de defensa en el país, y en 2018 (tras el acuerdo de paz de 2016) el mercado de defensa estaba valorado en 11.100 millones de dólares, y se espera que alcance los 47.200 millones de dólares en 2024.

Además del apoyo legal y logístico, el Estado colombiano ha alimentado intencionadamente una próspera industria de mercenarios ofreciendo sistemáticamente recompensas por las cabezas de los insurgentes. Las personas que atraviesan los territorios en disputa en las zonas de conflicto son recibidas regularmente por soldados que les ofrecen folletos con los nombres y rostros de presuntos militantes, así como detalles de la recompensa ofrecida por información para “neutralizarlos”.

El uso de recompensas monetarias en la guerra ha sido sistemático durante años, y se intensificó bajo el mandato del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien se dice que reclutó a cientos de miles de informantes pagados como parte de una red de inteligencia controlada por el Estado. Uribe, que procede de una rica familia de terratenientes y sigue siendo el político más influyente de Colombia, fue también uno de los más firmes defensores del uso de mercenarios: su presidencia estuvo marcada por el apoyo a los escuadrones de la muerte, en los que participaron desde miembros de su familia hasta altos cargos de los servicios de inteligencia, la policía y el ejército.

Los incentivos económicos forman parte desde hace tiempo de la estrategia militar del Estado. En un trágico escándalo conocido como “falsos positivos“, se ofrecía dinero y ascensos laborales a soldados y mercenarios que decían haber matado a rebeldes. Se sabe que a veces los soldados han dado estos “falsos positivos” a los mercenarios.

El énfasis en ofrecer recompensas monetarias para aumentar el número de personas asesinadas ha dado lugar a una cultura de abuso dentro del ejército colombiano. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, unos 6.400 civiles han sido disfrazados de guerrilleros y acusados falsamente de ser insurgentes comunistas por soldados que esperan beneficiarse del sistema de recompensas. Al menos dos mercenarios implicados en el asesinato del presidente haitiano estaban supuestamente implicados en el escándalo de los falsos positivos como antiguos militares.

El asesinato de Jesús Santrich

En mayo, Jesús Santrich, dirigente de las FARC considerado el insurgente más carismático de Colombia, fue asesinado en territorio venezolano, ya sea por fuerzas oficiales del Estado colombiano o por mercenarios que actúan en nombre del Estado. La cabeza de Santrich tenía un precio de 10 millones de dólares y una recompensa ofrecida por el Estado colombiano. Al anunciar la muerte de Santrich, las FARC publicaron una foto de la mano ensangrentada de Santrich, con el dedo meñique cortado, lo que sugiere que probablemente fue asesinado por mercenarios que esperaban cobrar una recompensa.

Sobre el asesinato de Santrich, un ex militar colombiano convertido en mercenario explicó que incluso antes del anuncio de las FARC-Segunda Marquetalia (grupo de combatientes de las FARC que se negó a desmilitarizarse tras los acuerdos de paz de Colombia de 2016), sus fuentes en las fuerzas armadas nacionales ya le habían confirmado personalmente que Santrich había sido asesinado. Aunque el mercenario colombiano no sabía exactamente quién estaba detrás del asesinato, una explicación probable era que los mercenarios llevaron a cabo el asesinato para cobrar la recompensa por la cabeza de Santrich, ya que la recompensa era muy lucrativa.

Los militares colombianos y los actores mercenarios tienen una relación estrecha y continua, mientras que el uso de mercenarios en el contexto del conflicto armado se ve facilitado por el apoyo y la colaboración del Estado con las fuerzas mercenarias.

El hecho de que recientemente se hayan vuelto a emplear mercenarios en Venezuela tampoco es una sorpresa. Los mercenarios colombianos han sido utilizados durante mucho tiempo en territorio venezolano para socavar los gobiernos de Chávez y Maduro. En 2004, un grupo de 153 paramilitares colombianos fue detenido en una operación acusada de conspirar para asesinar a Hugo Chávez.

Al igual que la empresa con sede en Miami que contrató a los mercenarios colombianos para la operación de Haití, otra empresa con sede en Miami, Silvercorp, fue utilizada en el intento de asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro en 2020. Para esta operación fallida, bautizada como Operación Gedeón, se utilizó el territorio colombiano como base de operaciones y ruta de preparación. Situados en el norte del país, donde han abundado los paramilitares patrocinados por el Estado, estos mercenarios situaron sus campos de entrenamiento cerca de las bases militares colombianas y estadounidenses, y luego lanzaron su operación desde pistas de aterrizaje, ríos y costas colombianas.

Después de haber observado y entrevistado a los rebeldes colombianos en sus territorios rurales y montañosos, me parece inconcebible que un grupo armado pueda establecer campos de entrenamiento de mercenarios durante un largo periodo de tiempo y luego planear el asesinato de un presidente extranjero sin la aceptación o el apoyo de las instituciones del Estado.

Todo por la pasta

Colombia ha sido ampliamente condenada internacionalmente tras invadir abiertamente el territorio ecuatoriano en 2008 para asesinar al dirigente de las FARC, Raúl Reyes, operación en la que participó uno de los mercenarios de Haití. Tratando de evitar las repercusiones de tales intervenciones militares, Colombia ha tendido desde entonces -como en el caso del asesinato de Santrich- a utilizar mercenarios como apoderados para dar a la agresión militar la cobertura de una negación plausible.

Los exmilitares colombianos no sólo son empleados como mercenarios por su amplia formación y experiencia en combate, sino que también hay un motivo económico subyacente. El reclutamiento forzoso de colombianos pobres y una fuerza militar activa de casi trescientos mil hombres crea un suministro constante de soldados retirados desesperados que luchan por encontrar un empleo con escasas o nulas habilidades transferibles en la precaria economía colombiana (cerca de la mitad de la mano de obra colombiana tiene un empleo informal). Entre diez y quince mil militares se retiran cada año, lo que hace de estos veteranos “un mundo muy difícil de controlar“, según el coronel John Marulanda, presidente de una asociación colombiana de militares retirados.

Con sueldos de sólo unos 200 dólares al mes, los soldados colombianos pueden ganar mucho más trabajando como mercenarios para el sector privado, mientras que la desesperación de los veteranos colombianos altamente capacitados permite a los contratistas ofrecer sueldos más bajos que los mercenarios de formación similar en países como Estados Unidos. Según el New York Times, los contratistas militares privados se dirigen explícitamente a los antiguos soldados en Colombia, y las “grandes ofertas, con buenos salarios y seguros, han llamado la atención de nuestros mejores soldados“, animando a muchos a dejar el ejército, según Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Funcionarios Retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Como a los soldados colombianos se les encarga habitualmente la protección de la propiedad privada como parte de sus responsabilidades oficiales, los soldados retirados también tienen la ventaja de haber trabajado ya estrechamente con empresas privadas y con el tipo de intereses que conforman el sector militar privado. Los grupos de trabajo militares han sido diseñados y dedicados exclusivamente a la protección de las multinacionales del petróleo y el carbón, y los altos cargos que dirigen estas operaciones han sido acusados formalmente de subcontratar asesinatos a paramilitares mercenarios, algunas de estas acusaciones proceden incluso del propio ejército.

También siguen existiendo estrechas relaciones entre las empresas, las asociaciones empresariales y el Ministerio de Defensa Nacional, como se desprende de las entrevistas con los dirigentes empresariales. Por ejemplo, gracias a la colaboración con las empresas de autobuses colombianas, el ejército nacional puede identificar los movimientos de cada persona en el país y los lugares y horas de salida y llegada, lo que obliga a los guerrilleros urbanos a viajar con identidades falsas.

Los mercenarios colombianos, y no el Estado colombiano, pueden haber estado directamente implicados en el asesinato del presidente haitiano. Pero el desarrollo de la industria mercenaria del país sólo puede entenderse como íntimamente ligado al apoyo político del Estado a los actores paramilitares y mercenarios. El asesinato del presidente haitiano está inextricablemente ligado a una historia mucho más profunda de privatización de la guerra en Colombia. En Haití y en todo el mundo, estamos viendo ahora los amargos frutos de esta exportación patrocinada por el Estado.

<p style=»font-size: x-small;»>Oliver Dodd https://jacobinmag.com/2021/07/colombia-mercenary-industry-haitian-coup-assassination-president-jovenel-moise-right-wing-paramilitaries-retired-armed-forces</p>

Italia condena a cadena perpetua a 14 criminales implicados en la Operación Cóndor

El mes pasado acabó en Italia un largo proceso judicial contra algunos de los criminales implicados en la Operación Cóndor, la represión asesina llevada a cabo por las juntas militares latinoamericanas en los años setenta y ochenta del siglo pasado.

El proceso comenzó hace dos décadas, cuando el magistrado Giancarlo Capaldo puso en marcha una investigación sobre las decenas de ciudadanos italianos que “desaparecieron” en América Latina. Se necesitaron quince años para completar los trabajos preliminares del juicio, que finalmente sentó en el banquillo a veintiún militares, ministros e incluso estadistas. Uno de ellos, residente en la sureña provincia italiana de Salerno, era Jorge Néstor Troccoli, antiguo oficial del servicio secreto de la marina uruguaya. Unos años antes, había utilizado su nacionalidad italiana para huir de Uruguay con el fin de evitar ser procesado en ese país por los mismos delitos.

Catorce de los acusados, incluido Troccoli, fueron condenados a cadena perpetua. Otros murieron antes de poder ser juzgados. Pero en América Latina y en otros lugares, muchos de estos criminales siguen impunes.

Para entender la esencia de la Operación Cóndor tenemos que retroceder en el tiempo hasta los turbulentos años 70 en América Latina. La ardiente victoria de la revolución cubana, unida a la independencia de muchos países africanos y asiáticos, impulsó las luchas sociales y políticas en todo el continente. Esto, a su vez, alimentó las esperanzas de los partidos y movimientos de izquierda de liberarse seriamente del modelo impuesto por Estados Unidos: una segunda independencia, como reza el título de una famosa canción de Inti-Illimani.

Pero esta esperanza no duró mucho. Mediante golpes militares, los militares se hicieron con el poder y derrocaron a gobiernos elegidos democráticamente desde el norte hasta el sur del continente. Esto se hizo de acuerdo con las élites económicas, que históricamente han mantenido un firme control del poder político en América Latina, y con Estados Unidos, que temía que los movimientos progresistas y las reformas encabezadas por los gobiernos de izquierda pudieran poner en peligro las inversiones estadounidenses en la región y permitir que los países históricamente alineados con Washington se deslizaran hacia la órbita soviética.

Esto condujo -empezando por Brasil en 1964- a una serie de golpes de Estado que sometieron a la mayor parte del continente a un régimen militar. En 1971 le tocó a Bolivia, seguida de Chile y Uruguay en 1973, y Argentina en 1976. Una vez en el poder, estos regímenes lanzaron feroces campañas de represión contra cualquier forma de disidencia. Las redadas contra los opositores, las detenciones arbitrarias, las torturas, la detención en campos de concentración y las “desapariciones” fueron las medidas sangrientas que se utilizaron constantemente a lo largo de los años de la dictadura. Las víctimas: izquierdistas, músicos, sindicalistas, estudiantes implicados en movimientos sociales, militantes católicos o incluso personas simplemente sospechosas de tener tendencias marxistas.

Pero esto no fue suficiente. La serie de golpes de Estado tardó más de diez años en terminar. Las personas que podían estar en peligro en un país que había caído bajo un régimen militar podían esperar refugiarse en un estado vecino, donde todavía no había una dictadura, para evitar ser detenidos. La policía secreta de los regímenes militares era obviamente muy consciente de este hecho. Para sortear este problema, en otoño de 1975, el coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, invitó a sus homólogos de los demás regímenes militares latinoamericanos a Santiago para celebrar la primera reunión interamericana de inteligencia nacional, una cumbre secreta destinada a reforzar los sistemas de seguridad de los países interesados.

La legalización de los escuadrones de la muerte

El signo de interrogación sobre la participación directa de Estados Unidos en la captura y desaparición de disidentes no resta importancia a la considerable responsabilidad de Washington tanto en la creación como en la aplicación del sistema Cóndor.

Al final de la reunión, celebrada en la capital de Augusto Pinochet en noviembre de 1975, los delegados de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay aprobaron un nuevo sistema transnacional de represión, bautizado como Cóndor en honor al ave que simboliza el país anfitrión. La idea era poner en práctica un intercambio multinacional de información sobre los “subversivos” mediante la creación de una oficina de coordinación y una base de datos internacional siguiendo el modelo de Interpol. Brasil se unió al movimiento en 1976, seguido por Ecuador y Perú dos años después.

La recopilación e intercambio de información era sólo la primera parte del acuerdo. La segunda parte fue operativa, con operaciones transfronterizas organizadas conjuntamente por los servicios de seguridad de los Estados Cóndor. Esto permitía que escuadrones de agentes de uno o varios países cruzaran las fronteras nacionales sin obstáculos burocráticos. Estas operaciones transfronterizas permitieron a estos agentes interrogar a uno de sus compatriotas que ya había sido detenido en otro país Cóndor, o incluso capturar al presunto disidente a partir de la información de los servicios de inteligencia locales. Los interrogatorios, basados en la tortura sistemática, solían terminar con la eliminación o “desaparición” del prisionero.

La última parte del acuerdo se refería a la formación de escuadrones especiales para identificar y eliminar a los enemigos que se habían refugiado fuera de los límites territoriales del sistema Cóndor y que podrían socavar la estabilidad de estos regímenes, incluso desde más allá de las fronteras de América Latina.

La complicidad de Washington

En este punto de la historia, conviene aclarar dos puntos. En primer lugar: la Operación Cóndor no es simplemente lo mismo que las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, aunque estén estrechamente relacionadas. Una víctima de la represión de las dictaduras no era necesariamente una víctima del sistema Cóndor, aunque estas víctimas también merecen verdad y justicia.

Además, desde el punto de vista de los historiadores, los documentos disponibles no demuestran que esta represión transnacional estuviera directamente orquestada desde Washington. A menudo se olvida que Cóndor tuvo lugar durante dos administraciones estadounidenses -primero la de Nixon-Ford y luego la de Carter- que tenían enfoques divergentes respecto a los regímenes militares latinoamericanos. La administración Nixon-Ford fomentó y financió muchas de las dictaduras que surgieron durante este periodo, en nombre de la realpolitik al estilo Kissinger. La administración Carter adoptó un enfoque muy diferente en materia de derechos humanos, y aunque este enfoque no fue ni incisivo ni eficaz, bastó para que se le acusara de comunismo a los regímenes militares.

Pero el interrogante sobre la participación directa de Estados Unidos en la captura y desaparición de disidentes no resta importancia a la considerable responsabilidad de Washington tanto en la creación del sistema Cóndor como en su aplicación.

Washington era muy consciente de lo que ocurría, pero guardó silencio, como demuestran los numerosos documentos desclasificados por las administraciones estadounidenses a partir de 1999.

También está la contribución de Estados Unidos al establecimiento y apoyo de regímenes militares que, a partir de mediados de la década de 1950, hicieron que América Latina fuera políticamente homogénea, una condición clave para el surgimiento del sistema Cóndor. A ello se sumó el entrenamiento en técnicas de contrainsurgencia y tortura impartido por la Escuela de las Américas -a la que asistieron muchos de los funcionarios que, unos años después, crearon el sistema Cóndor-.

Por último, el sistema Cóndor utilizó la infraestructura de comunicaciones estadounidense cerca del Canal de Panamá para coordinar las acciones de los regímenes militares. Por lo tanto, Washington fue claramente culpable tanto de complicidad como de apoyo a Cóndor, especialmente entre 1975 y 1977. Pero también hay una diferencia entre este tipo de apoyo externo a las actividades que los Estados latinoamericanos emprendieron por iniciativa propia y las intervenciones de política exterior como el golpe de Estado de 1954 en Guatemala o la invasión de Bahía de Cochinos.

El asesinato de Orlando Letelier

La cooperación oficial entre todas las dictaduras del Cono Sur, en el marco específico del sistema Cóndor, parece haber durado unos dos años, terminando a finales de 1977 o principios de 1978. La ruptura del pacto se debió a dos factores. El primero fue el asesinato en Washington, el 21 de septiembre de 1976, de Orlando Letelier, diplomático chileno cercano a Salvador Allende. Este crimen tuvo graves repercusiones en las relaciones entre Chile y Estados Unidos, y en todos los Estados Cóndor. El recién elegido gobierno de Jimmy Carter presionó al régimen chileno (y a otros) para que frenara sus políticas represivas, y redujo la ayuda militar a las dictaduras que no cooperaban.

El segundo factor de ruptura fueron las tensiones entre Chile y Argentina, que se agudizaron en 1977 cuando ambos estados volvieron a disputarse el control del Canal de Beagle, en el extremo sur del continente. Este conflicto, que estuvo a punto de desembocar en una guerra abierta, también fue aprovechado por otros Estados para sacar a relucir viejos agravios contra los dos países implicados. La mediación del Vaticano evitó un conflicto directo, pero las relaciones diplomáticas de las dictaduras militares quedaron irremediablemente debilitadas.

Sin embargo, la ruptura del pacto oficial no puso fin a la colaboración entre las policías políticas de todos estos regímenes. Continuaron encarcelando, masacrando, torturando e intercambiando prisioneros hasta principios de la década de 1980. En total, la represión de estos regímenes acabó con la vida de entre 30.000 y 60.000 personas, aunque este total sigue siendo difícil de cuantificar, ya que aún se desconocen los lugares de descanso final de las víctimas.

Miles de crímenes han quedado impunes

A lo largo de los años, se han celebrado muchos juicios relacionados con los crímenes de la Operación Cóndor, sobre todo en América Latina. Ya en 1978 se inició un proceso en Estados Unidos contra el agente de la DINA Michael Townley, nacido en ese país, por organizar el atentado contra Orlando Letelier con la ayuda de terroristas anticastristas cubanos. Hasta ahora, Italia es el único país fuera del continente americano que ha completado un juicio con una relación muy directa con Cóndor hasta el más alto tribunal.

Pero la justicia ha faltado. Muchos autores murieron sin pagar nunca por sus crímenes, es cierto, también debido a la debilidad de las transiciones democráticas en América Latina en la década de 1980: muchos funcionarios de carrera siguieron en sus puestos incluso después del fin de las dictaduras militares. Otros se fueron al extranjero para escapar de la justicia. Del mismo modo, nadie se ha enfrentado a cargos por fomentar y financiar golpes de Estado desde el extranjero, por consentir miles de asesinatos y por intercambiar favores con dictadores a cambio de servicios a Occidente. Un nombre podría representarlos a todos: Henry Kissinger, ganador del Premio Nobel de la Paz en diciembre de 1973, después de haber organizado meticulosamente el colapso del Chile de Allende y haber creado las condiciones para un golpe de Estado que costó miles de vidas inocentes.

En este contexto, el juicio italiano por los crímenes de la Operación Cóndor es una gota en el océano de las víctimas que nunca recibirán la justicia que merecen. Sin embargo, en este trágico contexto, el juicio italiano es crucial en un sentido. La condena de Jorge Néstor Troccoli es la primera vez que se detiene, juzga y condena a un torturador en Italia. Es de esperar que su condena sea el punto de partida de nuevos juicios contra otros torturadores que ahora viven en paz en nuestro país, lejos del escenario de sus crímenes.

Es el caso de Carlos Luis Malatto, un ex militar argentino acusado de haber torturado y asesinado a decenas de personas, pero que ahora vive un tranquilo retiro en Sicilia. También es el caso de Don Franco Reverberi, también argentino, ex capellán militar identificado por muchas víctimas como el sacerdote que ayudaba a los soldados durante las sesiones de tortura. El sacerdote vive ahora (y celebra la misa) en un pueblo de la provincia de Parma.

Han pasado 40 años, pero hoy, más que nunca, debemos exigir la justicia que toda víctima merece. Esta justicia no conoce fronteras geográficas ni políticas; y puede transmitir la memoria de lo ocurrido más allá de América Latina e incluso entre quienes no sufrieron tales atrocidades en sus propios cuerpos. El 9 de julio, el Tribunal de Casación italiano dio un paso en esta dirección. Es de esperar que este juicio sea el primero de muchos, hasta que el muro de impunidad y omertà que ha rodeado estos crímenes durante demasiado tiempo sea finalmente derribado.

Jacobin Mag y Vito Ruggiero https://jacobinmag.com/2021/07/operation-condor-us-intervention-juntas-military-dictatorships-jorge-nestor-troccoli-trial-italy

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