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Estrategia

El jefe del Comando Sur imparte órdenes a sus sicarios latinoamericanos

La reciente visita del general Craig Faller y los pronunciamientos de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, llaman la atención acerca de la utilización del territorio como centro de apoyo para operaciones de inteligencia y de las nuevas tareas asignadas al Estado dominicano en el proyecto imperialista de reposicionar a la reacción en América Latina.

Un evento internacional y una donación constituyeron el marco de la visita a República Dominicana del jefe del Comando Sur en abril, apenas unos días antes del 56 aniversario de la más grosera ocupación estadounidense del siglo pasado.

Las corporaciones que dominan los medios de comunicación en República Dominicana, intentando generar simpatía hacia los militares yanquis, utilizaron el histrionismo de un antiguo jugador de béisbol. Asumieron el montaje del espectáculo como una tarea específica dentro del compromiso con la política imperialista.

En las entrevistas publicadas, el oficial sonrió, pronunció frases en español, manifestó gusto por la comida criolla y elogió el talento de los beisbolistas dominicanos en el equipo Piratas de Pittsburg. ¿Desde cuándo es dulce y simpática la personificación de la bota yanqui?

Quienes lo entrevistaron, directivos de medios o empleados privilegiados (el acceso a él es señal de ello), no pusieron en tela de juicio su condición de representante de la fuerza y mucho menos su potestad para dirigir acciones militares y políticas en el continente y en el resto del mundo.

Los medios no cuestionaron la prepotencia exhibida por el funcionario, y menos destacaron que esa actitud que le viene dada por el papel que desempeña en el poder estadounidense y en el poder imperialista a nivel mundial.

No cuestionaron tampoco el papel que asigna a la República Dominicana como parte del conjunto de las naciones latinoamericanas y las asignaciones que impone a las autoridades civiles y militares del país.

Se empeñaron en presentar como normal que el jefe del Comando Sur dirija a sus amigos y aliados, entre los cuales el mismo funcionario menciona a Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa (cuidándose de mencionar al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña).

Apañar el entreguismo y disfrazar de habilidad para el manejo del Estado la prosternación ante el poderío imperialista, son acciones que descalifican a la prensa dominicana.

Sin duda, tenemos una prensa arrodillada cuyos principales exponentes solo se ocupan de defender los privilegios que han logrado al convertirse en servidores orgánicos de la clase dominante.

En el reciente recorrido por países de Suramérica, su comportamiento fue similar. El jefe del Comando Sur se está manifestando para presentar como ente de paz y colaboración al Ejército de Estados Unidos y como normales sus reuniones con funcionarios latinoamericanos.

Sobre las relaciones entre los dos Estados que componen la isla de Santo Domingo también se pronunció Faller en los términos ya conocidos: “Es una situación muy compleja y sé personalmente que les impacta a ustedes y también al ministro (de Defensa) Díaz (Morfa) y sí, vamos a tener discusiones a profundidad sobre este tema. Entiendo que cada nación merece fronteras seguras”.

El tema de la seguridad fronteriza es uno de los marcos para los acuerdos entreguistas.

En el año 2003 Hipólito Mejía dijo que había firmado acuerdos con Estados Unidos cuyo contenido no revelaría. Ninguno de los presidentes posteriores reveló el contenido de esos acuerdos, y tampoco el canciller Roberto Álvarez, la vicepresidenta Raquel Peña o el presidente Luis Abinader revelarían hoy cuáles órdenes han recibido y cuáles imposiciones han acatado.

Entre acuerdos de aposento, donaciones dirigidas a convertir en empleados de las agencias yanquis a funcionarios y comisionados y el chantaje a los sustentadores del sistema político para que sigan brindando información y haciendo delaciones a cambio de privilegios e inserción en los esquemas de poder, se desenvuelve la acción de los funcionarios yanquis en el país.

Hay que destacarlo ahora, al despedir un abril en el cual los medios de comunicación y los periodistas comprometidos con el sistema, lejos de denunciar la dependencia y destacar la ofensa a la soberanía que constituye la injerencia imperialista, la presentan como señal de modernización y signo de nuevos tiempos.

Cuando la prensa se arrodilla, los pueblos deben permanecer de pie, y destacar su decisión de no reconocer amos.

—Lilliam Oviedo https://suramericapress.com/la-bota-yanqui-y-el-poder/

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Estrategia

La CIA intentó asesinar a Raúl Castro en 1960

El primer intento de la CIA para asesinar a un dirigente de la revolución cubana se remonta a 1960, cuando un espía estadounidense ofreció 10.000 dólares al piloto que llevaba a Raúl Castro de vuelta a La Habana para que organizara un “accidente”, según documentos desclasificados publicados ayer por el Archivo de Seguridad Nacional.

La CIA reclutó al piloto del avión, José Raúl Martínez, para que simulara un “accidente”. A cambio el piloto pidió que, si moría en el “accidente”, Estados Unidos pagara la educación universitaria de sus dos hijos. La CIA se lo concedió, según los documentos desclasificados.

Cuando Martínez despegó hacia Praga, la oficina de la CIA en La Habana recibió la orden de abortar la misión y no pudo contactar con el piloto. A su regreso, éste había indicado que “no había tenido la oportunidad de organizar un accidente como se había discutido”.

La información aparece en un momento en el que Raúl Castro, hermano de Fidel, ha dimitido a sus 89 años y abandona la dirección del Partido Comunista de Cuba.

“Estos documentos nos recuerdan un capítulo oscuro y siniestro de las operaciones de Estados Unidos contra la revolución cubana”, dijo Peter Kornbluh, un analista de los archivos estadounidenses.

“Ahora que la era de los Castro llega oficialmente a su fin, los políticos estadounidenses tienen la oportunidad de dejar atrás este lastre y participar en el futuro de Cuba después de Castro”, añadió.

Fidel Castro, que asumió el poder en 1959, desafió a 11 presidentes estadounidenses y sobrevivió a 638 complots para asesinarle, motivo por el cual figura en el Libro Guinness de los Récords, sin contar con el intento de desembarco de mercenarios en Bahía de Cochinos en abril de 1961.

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Economía

13 gobiernos latinoamericanos otorgaron beneficios a las farmacéuticas a cambio de vacunas

A un año de la identificación de los primeros casos de Covid-19 en América Latina, un análisis de las medidas legales publicadas por los gobiernos determina que 13 países de la región cambiaron sus leyes para comprar la vacuna contra esa enfermedad entre setiembre de 2010 y febrero de 2021.

La compra masiva de vacunas contra la Covid-19 volvió a cubrir con un manto de opacidad a América Latina. La presión de los laboratorios y la desesperación de los gobiernos por adquirir millones de dosis a contrarreloj impulsaron cambios en la legislación de casi todos los países de la región. Muchos de ellos modificaron sus leyes para darles indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.

Al menos 13 países de América Latina cambiaron sus leyes para comprar la vacuna contra la Covid-19 entre setiembre y febrero. Una investigación de Red Palta, en alianza con la fundación Directorio Legislativo, detectó que en este tiempo se aprobaron 23 nuevas normativas entre leyes, decretos y resoluciones que afianzaron, desde distintos ángulos, la opacidad en estas adquisiciones y les dieron indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.

Varios de estos cambios, incluyendo la confidencialidad de los contratos, fueron realizados por requerimiento de los laboratorios. Todos los contratos firmados por países latinoamericanos son confidenciales y casi ningún Estado informó a qué precio compró la vacuna.

Un escudo antidemandas

Brasil, Argentina, Colombia y Perú, entre otros países de la región, quedaron expuestos, además, a las exigencias de indemnidad económica que impusieron los laboratorios. Fueron ocho los países latinoamericanos que cambiaron sus leyes para hacerse cargo de posibles demandas que puedan enfrentar los fabricantes de las vacunas ante probables efectos adversos graves después de que se ejecuten los planes masivos de vacunación.

Colombia, por ejemplo, hizo explícita en la nueva normativa la posibilidad de contratar una “póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse”, uno de los requisitos que impuso Pfizer para vender su vacuna. Algo similar ocurrió en Panamá, donde se hizo referencia directamente a ese laboratorio en su normativa por su pedido de confidencialidad en la contratación. También República Dominicana firmó el “pliego de condiciones vinculantes” con Pfizer, en el que aceptó la inmunidad requerida por esta farmacéutica.

Pfizer fue cuestionada en los últimos meses por distintos gobiernos de la región, que lo acusaron de exigir condiciones inaceptables para vender vacunas. Para cubrirse ante posibles demandas, la farmacéutica llegó a pedir que los países respaldaran a la empresa poniendo como resguardo sus bienes soberanos, que son las reservas federales y los bienes militares, entre otros activos.

En Perú, por ejemplo, funcionarios del gobierno revelaron que durante el proceso de negociación, este laboratorio solicitó cláusulas que lo eximían de responsabilidad ante posibles efectos adversos del antígeno, demoras en la entrega de lotes y otro tipo de protección frente a futuras demandas. En medio de las negociaciones, el gobierno emitió un decreto supremo que expresaba el compromiso de someterse al arbitraje internacional ante eventuales controversias derivadas de la compra de vacunas.

Las negociaciones se extendieron por varios meses. Finalmente, en febrero se firmó el contrato por 20 millones de vacunas, cinco meses después de la firma de un pliego de condiciones vinculantes entre el Ministerio de Salud de Perú y Pfizer. Este primer acuerdo contemplaba el pago de 118,8 millones de dólares por inicialmente 9,9 millones de vacunas. Es decir, 12 dólares por dosis, 24 por cada vacuna completa.

El cerrojo de información se replicó también en México. Cuatro de los documentos que fueron marcados como confidenciales por el gobierno para los contratos con Pfizer, Astrazeneca y Cansinobio se llaman: “Indemnización”, “Seguros y responsabilidad”, “Exclusión de responsabilidad” y “Liberación; limitación de responsabilidad por reclamaciones distintas de indemnización de terceros, exención de garantías”.

Con distintos matices, sin embargo, todos los laboratorios exigieron que los países modifiquen sus leyes para darles indemnidad, un requisito que muchos gobiernos tuvieron que aceptar.

Felicitas Torrecilla, coordinadora de Investigación de la fundación Directorio Legislativo, explicó: “Pudimos ver que 13 gobiernos tuvieron que hacer importantes concesiones para firmar contratos, concesiones que hoy limitan ‒cuando no impiden‒ el acceso público a información crítica sobre los términos acordados y los precios que se han pagado por las vacunas en cada país. Estas cuestiones son cruciales para entender, no sólo cómo se ha conducido el proceso para acceder a las vacunas, sino también los desafíos globales vinculados a la equidad sanitaria en un mundo desigual”.

Si algunos países no modificaron sus leyes para darles indemnidad a los laboratorios, casi todos sí cambiaron su normativa para ofrecerles confidencialidad en el proceso de compra y, además, para asegurarse atajos en los sistemas de contratación pública. Fueron 16 los países que compraron vacunas de manera directa, es decir, sin procesos de licitación pública.

“Nada justifica el secreto en los contratos de compra de vacunas. Para poder controlar qué hace el gobierno es indispensable que se garantice el acceso a la información sobre los contratos, qué se compra, a qué precio, qué se recibe, cómo y con qué criterio se distribuyen y aplican las vacunas. El secreto abre la oportunidad para que los funcionarios abusen de su poder en su propio beneficio y el de sus familiares, amigos y seguidores políticos. Esta conducta es un claro caso de corrupción y de violación de los deberes de los funcionarios públicos y de la ley de ética pública”, aseguró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

Perú fue uno de los primeros países en realizar cambios en sus normativas. En setiembre de 2020, en el marco de las negociaciones con Pfizer, Sinopharm y otros laboratorios, el Ejecutivo publicó un Decreto de Urgencia que excluía a las compras de vacunas de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas ventajas también alcanzan a los procesos de distribución, aplicación y otras contrataciones complementarias para llevar adelante el plan de vacunación.

Asimismo, en 2021, el gobierno peruano emitió otra norma que opaca el proceso de adquisición de dosis, al proteger los acuerdos y cláusulas de confidencialidad con los laboratorios. “Cuando se termine la vigencia de estas cláusulas, se darán a conocer los contratos a través de las vías de transparencia […] Esto no solamente es para Perú. Los contratos de los laboratorios, por tratarse de vacunas de emergencia y un bien escaso, contienen estas cláusulas”, dijo la primera ministra peruana, Violeta Bermúdez.

Otro caso similar es México, que incluyó en las modificaciones de su normativa la posibilidad de flexibilizar los pagos para los fabricantes de vacunas. “Se podrá otorgar pagos y anticipos necesarios que les permitan obtener mejores condiciones de oportunidad y en el menor tiempo posible”, dice la norma.

El manto de opacidad que echaron las nuevas normativas incluye, en el caso de Uruguay, esas mismas modificaciones legales. El decreto firmado por los ministros de este país fue directamente clasificado como información confidencial, es decir, no es de acceso público.

Valiéndose de normas y leyes existentes o recién creadas para marcar confidencialidad, ninguno de los países latinoamericanos hizo público los documentos vinculados a la compra de vacunas (excepto Chile, donde el capítulo de Transparencia Internacional accedió a una copia con tachaduras del contrato con el Fondo Covax) ni a las negociaciones con los laboratorios.

Algunos países, como México y Costa Rica, sí marcaron un plazo para la confidencialidad de las negociaciones y contratos para la compra de vacunas. El gobierno mexicano hizo uso de su ley de transparencia para definir el fin de la confidencialidad en cinco años, y Costa Rica la marcó en un año.

Casi ningún Estado de la región dio a conocer el precio que pagó por cada dosis. La excepción en este sentido es Honduras, que dio a conocer el precio que pagó por la vacuna que llegará a través del fondo de acceso global Covax.

En la misma línea, el ministro de Salud chileno comunicó públicamente que pagaron 12 dólares por cada dosis de Pfizer y 11,4 dólares por la Sinovac. Mientras que en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que el país pagó 9,95 dólares por cada dosis de la vacuna Sputnik V y 4 dólares por dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Aunque el gobierno mexicano declaró como confidenciales los contratos con Pfizer, AstraZeneca/Oxford, Cansino y Gavi Alliance, el 28 de febrero de 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) informó a través de un comunicado que, luego de una serie de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, había obtenido una versión pública mínima del acuerdo firmado con Gavi Alliance, denominado Commitment Agreement / Optional Purchase Agreement. Al cierre de este reportaje no se había hecho público el acuerdo.

En Panamá, y específicamente con las vacunas de Pfizer, el gobierno aceptó a través de dos resoluciones de gabinete el Acuerdo de Entendimiento Vinculante, el Acuerdo Definitivo y el Acuerdo de Confidencialidad; en los mismos documentos sí dio a conocer cuánto pagaría por las vacunas: hasta 48 millones de dólares por cuatro millones de vacunas, dando un anticipo de ocho millones de dólares.

En Perú, aunque también los precios finales de estos acuerdos son secretos, el ingreso de 300.000 dosis de vacunas del laboratorio chino Sinopharm registró en Aduanas un valor FOB de 600 millones de dólares, es decir, 20 dólares cada dosis, 40 dólares en total, al tratarse de una vacuna de doble dosis. Luego de que los medios difundieran esta información, las autoridades retiraron estos datos de los expedientes de importación de Aduanas para los siguientes lotes de vacunas.

La exención de impuestos

A las facilidades de confidencialidad y cláusulas antidemanda otorgadas por distintos países a los laboratorios, se suma una más: la exención de impuestos para la compra de vacunas en al menos cuatro países.

En el caso de México, se modificó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, primero en julio de 2020, para crear la tabla que marcaba 5% de impuesto de importación por kilo de vacuna y exención para las exportaciones. En febrero de 2021 se volvió a modificar para que queden libres de impuestos tanto la importación como la exportación de vacunas.

Argentina también incluyó la exención de impuestos para las vacunas en su ley creada el 29 de octubre de 2020, ex profeso para la vacunación en el país. En el Artículo 6 se estableció que no se tiene que pagar derechos de importación ni ningún otro impuesto o gravamen por las vacunas contra la Covid-19.

Bolivia es otro país que en su Ley de Emergencia Sanitaria exoneró el de pago de “tributos aduaneros” a la importación de insumos para la atención de la pandemia, incluidas las vacunas. La entrada de esos productos al país está amparada bajo la modalidad de “envíos de socorro”.

Aunque Guatemala todavía no tiene acuerdos con laboratorios, ya cuenta con un decreto para exonerar del pago de impuestos todas las importaciones de vacunas para la Covid-19, así como las donaciones relacionadas con la movilización y conservación de estas por dos años.

Qué vacunas a qué países

En marzo de este año, 17 países de América Latina tienen aseguradas vacunas para sus poblaciones, a través de acuerdos bilaterales con laboratorios o por intermedio del mecanismo multilateral Covax, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.

A este mecanismo se han adherido 13 naciones bajo la modalidad de autofinanciadas, es decir, para ser incluidas tuvieron que realizar pagos adelantados. En el caso de Venezuela, aunque hubo una intención de participar, el país no cumplió con la cuota. Por esta razón, Venezuela no aparece en la lista de asignación de vacunas para el período febrero-mayo 2021. Otros cuatro países, Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, recibirán las dosis de manera gratuita, al ser considerados de ingresos medianos-bajos.

El Fondo Covax cuenta actualmente con dos tipos de vacunas en su lista de uso de emergencia: las elaboradas por el laboratorio estadounidense Pfizer y por la farmacéutica británico-suiza AstraZeneca/Oxford.

En total, diez laboratorios han establecido acuerdos para suministrar vacunas para los países latinoamericanos mediante negociaciones directas. AstraZeneca es la que ha suscrito el mayor número de contratos, al haber pactado el envío de dosis con 14 gobiernos: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Pfizer/Biontech ha formalizado negociaciones con 11 países, mientras que el laboratorio ruso Gamaleya, que produce la Sputnik V, lo hizo con seis naciones. Las farmacéuticas chinas Sinovac, Sinopharm y Cansino también han tenido aceptación en América Latina, al haber suscrito contratos con seis, tres y un país, respectivamente.

La multinacional estadounidense Johnson & Johnson, que ofrece una vacuna de una sola dosis, tiene acuerdos con Colombia y Chile. De igual manera, Covishield, la vacuna producida por el Instituto Serum de India junto con AstraZeneca/Oxford, llegó a Argentina y República Dominicana. Moderna (Estados Unidos) y Bharat Biotech (India), por su parte, proporcionarán vacunas a un solo país cada una.

Nicaragua y Guatemala aún no han concretado negociaciones directas para la adquisición de dosis y, por el momento, dependen de los envíos de Covax o de donaciones. No obstante, el gobierno guatemalteco publicó en febrero una norma que otorga inmunidad de juicio a las farmacéuticas. Asimismo, modificó su legislación para exceptuar a la compra de vacunas de los requerimientos del sistema nacional de contrataciones, aunque, como una acción a favor de la transparencia, se admitió la publicación de los detalles de estas adquisiciones.

http://www.surysur.net/gobiernos-latinoamericanos-otorgaron-beneficios-a-farmaceuticas-en-compra-de-vacunas/
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Memoria Histórica

‘La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina’

Miami, Florida 21 de setiembre de 1979. A las 7:00 de la noche, una camioneta espera al agente cubano de la CIA Antonio Veciana, cerca de su casa. Aunque Veciana siempre cambia de camino cada día para evitar sorpresas, dos desconocidos encuentran el momento adecuado y le disparan varias veces. Una de las balas calibre 45 se aloja en el estómago y otra en la cabeza. Veciana logra recuperarse en un hospital. Sospecha de la CIA y de Fidel Castro. Su hija, periodista de The Miami News, solo puede sospechar de Fidel Castro, que es lo único que conoce y sobre lo único que ha escuchado toda su vida.

Cuando en 1971 el intento de asesinar a Fidel Castro en Chile fracasó, el agente David Atlee Phillips le ordenó a Veciana matar a sus colaboradores cubanos para evitar exponer al Departamento de Estado. Decepcionado, luego de tantos lujos con los cuales lo había rodeado la CIA en Bolivia, Veciana se negó y Phillips, visiblemente alterado por el fracaso, le contestó: “Los cubanos no tienen huevos. Son unos cobardes. ¿Crees que hubieras podido hacer otra cosa si el plan resultaba un éxito? No te lo dije antes, pero la eliminación de los asesinos de Castro ya estaba decidida de antemano”.

Por esta razón, y luego de muchos años de atentados contra gente que no encajaba en su surco ideológico, Antonio Veciana había intentado alejarse de la CIA. Alguien tomó nota. Veciana regresó a su casa de Miami ese mismo año, pensando que podía tomarse unas vacaciones, pero poco después fue acusado de narcotráfico por el FBI. Lo más probable, pensó Veciana, es que Phillips haya hecho con uno de sus empleados lo que se hacía siempre con cualquier otro luego de alguna misión importante. Silenciarlo.

Ahora el periodista Gaeton Fonzi, contratado por el Comité Church del senado (encargado de investigar las actividades de inteligencia del país), convence a Veciana de ir con un dibujante experto de la policía para hacer un retrato hablado de su jefe, Marcel Bishop, el cual no consta en los registros declarados de la Agencia. Fonzi lleva el retrato a Washington y el senador republicano de Pensilvania, Richard Schweiker, reconoce a David Atlee Phillips. Luego lleva a Veciana a una reunión de camaradería donde lo presenta a Phillips, pero Phillips, con su español chileno, finge no conocer a Veciana. Ese día, Veciana también se dirige a su antiguo jefe como si fuese un extraño, pero hablan de temas que ambos conocen bien. Fonzi sabe que los dos están mintiendo, lo que Veciana reconocerá en 2017 cuando Phillips y Fonzi, estén muertos.

Veciana nunca renunciará a la lealtad hacia su jefe, David Phillips, ni a su obsesión de matar a Fidel Castro. Cuando en 1995 Castro visite las Naciones Unidas y sea recibido como héroe en una iglesia de Harlem, Veciana planeará una vez más su asesinato, esta vez por su cuenta. Con todas las armas listas en su casa de Miami, el FBI le ordenará entregarlas. Por este incidente tampoco habrá cargos; solo el cómplice silencio de las mascotas descansando en el hombro del gigante.

El programa de asesinatos impunes de la CIA no se limitará a líderes latinoamericanos. En Vietnam, por ejemplo, la CIA tenía licencia para matar bajo el bonito nombre de Phoenix Program. Luego de las incómodas investigaciones del senado de Estados Unidos en los 70s, la licencia fue renovada con otras precauciones. En el siglo XXI, durante las administraciones de presidentes tan opuestos como Barak Obama y Donald Trump, la CIA continuará sus programas de asesinato selectivo usando diferentes medios, como los drones. La diferencia entre las ejecuciones llevadas a cabo por el Pentágono y la CIA radicará en que sólo los primeros deberán informar al gobierno de los muertos. Tal vez haya otra diferencia: las víctimas de la CIA casi nunca mueren en campos de batalla. Probablemente nunca se conocerá la larga lista de disidentes y líderes víctimas de muertes naturales, como muertes por cáncer, como sí se conocen sus pasados experimentos con drogas y todo tipo de químicos, sus manipulaciones mediáticas y sus sangrientos golpes de Estado.

Jorge Majfud, extracto del libro “La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina”, de próxima aparición
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Estrategia

El gobierno británico apoyó el Golpe de Estado en Bolivia para apoderarse de las minas de litio

Después del golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, el presidente electo democráticamente Evo Morales se vio obligado a huir. Los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores muestran que Gran Bretaña vio el nuevo régimen respaldado por el ejército, que mató a 18 manifestantes, como una oportunidad para abrir los depósitos de litio de Bolivia a las empresas de Reino Unido.

El litio, conocido como el “oro blanco”, es un metal clave utilizado en las baterías y cada vez más importante para la industria automovilística mundial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña parece haber pagado a una empresa con sede en Oxford para optimizar la explotación de los depósitos de litio de Bolivia un mes después de que Morales huyera del país.

La embajada del Reino Unido actuó como socio estratégico del régimen golpista y organizó un evento internacional de minería en Bolivia cuatro meses después del derrocamiento de la democracia.

La empresa británica fundada por un veterano del ejército británico se puso en línea entonces para ofrecer sus servicios a las empresas mineras, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores después del evento.

La embajada del Reino Unido proporcionó datos para el informe internacional ahora desacreditado que se utilizó para justificar el golpe de 2019.

La embajada del Reino Unido llevó a una empresa de ciberseguridad con estrechos vínculos con la CIA a Bolivia en marzo de 2019, ocho meses antes de la asonada militar.

El 10 de noviembre de 2019, después de que el jefe del ejército pidiera su renuncia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dimitió. Se produjo después de semanas de protestas tras la publicación de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se alegaban irregularidades en las elecciones que Morales había ganado el mes anterior.

La persecución del nuevo régimen obligó a Morales a huir del país y se instaló una “presidenta interina”, Jeanine Áñez. Ampliamente condenado como golpe de Estado, las protestas resultantes fueron recibidas con fuerza letal.

Días después de tomar el poder, el 14 de noviembre, el régimen de Áñez aprobó el Decreto 4078, que otorgaba inmunidad a los militares para realizar cualquier acción que se realizara en “defensa de la sociedad y mantenimiento del orden público”. Al día siguiente, el 15 de noviembre, fuerzas militares bolivianas dispararon y mataron a ocho manifestantes en la ciudad de Sacaba. El 21 de noviembre, las fuerzas del régimen mataron a otros 10 manifestantes en el barrio de Senkata, en las afueras de la capital, La Paz.

A pesar de la violencia mortal, que fue condenada por grupos de derechos humanos, la embajada británica en La Paz se movió rápidamente para apoyar al nuevo régimen de Bolivia.

El Ministerio británico de Relaciones Exteriores tenía un programa llamado “Actividad de habilitación diplomática de primera línea”, que el gobierno del Reino Unido describe como una “pequeña cantidad de dinero que [las embajadas] reciben y tienen autoridad para gastar en proyectos que apoyan las actividades de la Embajada”.

Grandes reservas de litio

Bolivia tiene la segunda mayor reserva mundial de litio, un metal que se utiliza para fabricar baterías y que se ha vuelto cada vez más importante debido a la floreciente industria de los automóviles eléctricos.

El gobierno de Reino Unido ha declarado que la tecnología de baterías de litio es una prioridad para su “estrategia industrial”. En junio de 2019, anunció que estaba invirtiendo 23 millones de libras en “desarrollo de baterías para automóviles eléctricos”.

El gobierno ha señalado además: “Se estima que América del Sur posee el 54 por ciento de los recursos de litio del mundo, que son cada vez más demandados para fabricar baterías para vehículos eléctricos y programas de diversificación energética”.

Agregó: “El Reino Unido tiene como objetivo consolidar una industria de baterías próspera y sostenible, lo que se traduciría en una oportunidad de 2.700 millones de libras… y nuestras asociaciones bilaterales son esenciales para garantizar esto”.

En febrero de 2019, el gobierno de Evo Morales había elegido a un consorcio chino como socio estratégico en un nuevo proyecto de litio de 2.300 millones de dólares que se centraría en la producción de los salares Coipasa y Pastos Grandes (salares bajo los cuales se deposita el litio). Pero después del golpe, el nuevo ministro de minería del régimen arrojó dudas sobre si el nuevo gobierno respetaría el acuerdo. Estas salinas en particular fueron de interés para la embajada de Reino Unido.

Un proyecto cofinanciado entre 2019 y 20 buscaba “optimizar la exploración y producción de litio en Bolivia (en los Salares de Coipasa y Pastos Grandes) utilizando tecnología británica”.

Después del golpe, este proyecto avanzó rápidamente.

El resumen del proyecto fue autorizado por su principal financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 25 de noviembre de 2019, dos semanas después del golpe y días después de la masacre de Senkata. El proyecto obtuvo la aprobación total para un financiamiento de 100.000 dólares semanas después, a mediados de diciembre de 2019.

La JID dijo que “la implementación de las actividades [de la subvención] se realiza en estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales designadas y sus equipos técnicos”. En ese momento su “estrecha coordinación” habría sido con el régimen de Áñez.

Catapulta de aplicaciones satelitales

La embajada británica en La Paz proporcionó 5.000 libras para este proyecto de litio en 2019-20, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a decir si estos fondos se desembolsaron después del golpe de noviembre de 2019.

El objetivo era “diseñar e implementar una aplicación basada en datos satelitales que pueda optimizar la exploración y explotación de las mejores/grandes fuentes de litio en los salares Coipasa y Pastos Grandes en Bolivia”, se detalla en los documentos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el proyecto sería implementado por Satellite Applications Catapult, una empresa con sede en Oxford que “ayuda a las organizaciones a aprovechar el poder de los servicios basados en satélites”.

La empresa recibe alrededor de un tercio de su financiamiento del gobierno del Reino Unido, pero no respondió a las preguntas sobre el proyecto de Bolivia.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2019, dos días después de que la IABD diera la aprobación final al proyecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido transfirió 33.220 libras a Satellite Applications Catapult, en un pago que figura como “gasto del programa”.

El departamento se negó a decir si esta financiación era para el proyecto de explotación de litio en Bolivia. La JID dijo que “la coordinación con la Embajada Británica ha sido particularmente cooperativa en la búsqueda de sinergias”.

Seminario internacional

Luego, en marzo de 2020, cuatro meses después del golpe, la embajada británica en La Paz se asoció con el Ministerio de Minería del régimen para organizar un “seminario internacional” para más de 300 funcionarios del sector extractivo.

La embajada del Reino Unido contrató a una empresa británica, Watchman, para que hiciera la presentación principal y describiera las “soluciones creativas” que había puesto en marcha en África para que las comunidades locales participaran en los proyectos mineros.

Los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan: “Watchman UK y otras consultoras están ahora en línea para ofrecer servicios en este importante campo a varias empresas mineras de Bolivia que desean lograr soluciones beneficiosas para todos a sus controversias con los habitantes y pueblos indígenas de la zona de influencia de sus actividades ”.

Watchman es una empresa de gestión de riesgos creada en 2016 por Christopher Goodwin-Hudson, un veterano de nuevos años del ejército británico que más tarde fue director ejecutivo de seguridad mundial del banco de inversiones Goldman Sachs. La empresa apoya a clientes corporativos “en los sectores extractivo, agroindustrial y de proyectos de capital” que están teniendo problemas para operar debido a la resistencia local. El sitio web de Watchman lleva el logotipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido.

El director asociado de la empresa, Gabriel Carter, ha ocupado varios puestos de responsabilidad en la industria de la seguridad privada y en 2012 fundó una empresa de seguridad centrada en Afganistán que “apoyó numerosos proyectos de desarrollo británicos y estadounidenses”. Carter también es un veterano de la gestión de riesgos en Goldman Sachs, es miembro del Special Forces Club, un club privado exclusivo y reservado para miembros veteranos de inteligencia y fuerzas especiales en Knightsbridge, Londres.

Watchman no respondió a las preguntas sobre el evento y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se negó a responder preguntas relacionadas con él.

Un largo cortejo

Los rápidos movimientos de la embajada británica sobre el proyecto de litio se produjeron tras años de intentar cortejar al gobierno socialista de Bolivia por las reservas de metal del país, según muestran los nuevos documentos.

Morales había alejado a Bolivia de la tradicional dependencia del país de las corporaciones occidentales desde que asumió el poder en 2006. Su gobierno fue ampliamente elogiado por reducir la pobreza y aumentar la inversión en escuelas, hospitales e infraestructura.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señala que su “primer compromiso con la Compañía Boliviana de Litio”, conocida por sus siglas en español YLB, fue en 2017-18 cuando pagó 31.500 libras para organizar una misión científica en Reino Unido. Se centró en capacitar a YLB en nuevas tecnologías para explorar y producir litio de manera “sostenible”.

Este proyecto “permitió a las organizaciones británicas … llevar a cabo proyectos sobre litio en Bolivia con fondos [del Banco Interamericano de Desarrollo] y [del gobierno del Reino Unido] en los años siguientes”.

El gobierno de Reino Unido señaló: “La relación con la Compañía Boliviana de Litio también podría resultar relevante a medida que Bolivia se convierta en un proveedor de litio (un material crítico) para el Reino Unido”, y mencionó su “esfuerzo para conectar Bolivia, Chile y Argentina (es decir, el Triángulo del Litio) con la Bolsa de Metales de Londres”.

El programa del año siguiente señala que se desarrollaron “vínculos más fuertes” entre la YLB y la embajada británica en Bolivia.

Los documentos también describen que en abril de 2019, la embajada británica en Buenos Aires, Argentina, organizó una “reunión técnica de alto nivel” con las autoridades de minería y litio de Argentina, Chile y Bolivia, así como con altos representantes de la Bolsa de Metales de Londres.

Estos tres países juntos comparten la propiedad del “triángulo del litio”, la región de los Andes rica en reservas de litio. En ese momento, Argentina y Chile tenían gobiernos de derecha amigos de Reino Unido.

También asistieron el viceministro de litio de Bolivia y el director ejecutivo de YLB. “El proyecto de la Embajada Británica en Bolivia… consistió en asegurar y facilitar la presencia de las autoridades bolivianas en la reunión”, señalan documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agregó que tras la reunión, el gobierno boliviano fue “consciente de la relevancia de la Bolsa de Metales de Londres” y particularmente “su interés en establecer un estándar de litio” que se basaría en la producción del triángulo de litio. Estos estándares sirven para “promover el entendimiento y la comunicación entre los productores y usuarios de metales”.

Darktrace: ciberespionaje y ciberseguridad

Gran Bretaña siempre estuvo preparando al país para un cambio de gobierno. En el año anterior al golpe, la embajada británica estaba promoviendo el sector cibernético del Reino Unido, trayendo a Bolivia una empresa fundada por la comunidad de inteligencia de Reino Unido y con estrechos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

En 2009 Morales había expulsado a un diplomático estadounidense que, según él, era un activo de la CIA que encabezaba una operación para infiltrarse en la empresa petrolera pública de Bolivia.

Ocho meses antes del golpe, la embajada del Reino Unido gastó más de 4.500 libras esterlinas en la organización de un “gran evento” en La Paz sobre ciberseguridad para instituciones financieras, al que asistieron 150 ejecutivos y altos funcionarios del sector financiero boliviano, según documentos del Foreign Office. En coordinación con la Bolsa de Valores de Bolivia, se dijo que los bancos bolivianos “están adquiriendo servicios especializados para proteger sus sistemas del delito cibernético”. Además, los banqueros eran conscientes de que la lucha contra el delito cibernético tenía que “basarse en tecnología adecuada y de vanguardia”.

Las presentaciones fueron realizadas por la empresa británica Darktrace, una empresa de ciberseguridad creada por el servicio de seguridad nacional de Gran Bretaña, MI5, y su agencia de inteligencia de señales, GCHQ. La empresa se creó el día después de que se publicara la primera de las denuncias de Edward Snowden en The Guardian.

Desde su fundación, Darktrace ha contratado personal de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, incluso directamente de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, donde Snowden solía trabajar.

Reclutas de la CIA

Alan Wade, que forma parte del consejo asesor de Darktrace, es un veterano de la CIA con 35 años y su ex director de información. Darktrace también reclutó a Marcus Fowler, un ex marine estadounidense y veterano de 15 años de la CIA, como su “director de amenazas estratégicas”. En la CIA, Fowler trabajó en “el desarrollo de operaciones cibernéticas y estrategias técnicas globales” y “llevó a cabo reuniones informativas casi semanales para altos funcionarios estadounidenses”, dice.

En julio de 2013, el avión presidencial de Evo Morales quedó en tierra en Austria después de que las agencias de inteligencia estadounidenses sospecharan que tenía a Snowden a bordo.

En su momento, Morales responsabilizó a Estados Unidos y otros actores internacionales por el golpe cívico-militar de noviembre de 2019. “Fue un golpe de Estado nacional e internacional”, dijo poco después. “Los países industrializados no quieren competencia”. Añadió: “Estoy absolutamente convencido de que es un golpe contra el litio”.

Los cables diplomáticos de WikiLeaks muestran que la embajada de Estados Unidos en La Paz trabajó en estrecha colaboración con la oposición política en Bolivia para destituir al gobierno de Morales después de que asumiera el gobierno en 2006.

Morales expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en 2008 y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en 2013, acusándolas de “conspirar” contra su gobierno.

Para el acto de marzo de 2019, la embajada del Reino Unido también trajo a un experto del grupo de expertos Chatham House, con sede en Londres, cuya copresidenta es Eliza Manningham-Buller, ex directora general del MI5.

Entre sus financiadores están el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, el ejército británico y las empresas petroleras BP y Chevron. Después del acto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña señaló que están “siendo contratadas y consultadas varias empresas sobre el terreno”. No se sabe si Darktrace fue uno de ellas.

La embajada mantuvo el compromiso poco después. “Nuevo diálogo con el gobierno boliviano sobre cibernética”, señala la Cancillería en su programa 2019-2020. No está claro si esto se refería al régimen golpista.

‘Entrada importante’

El día después de las elecciones bolivianas del 20 de octubre de 2019, la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, la agrupación de países de América del Norte y del Sur, publicó un informe sobre la votación que Morales había ganado marginalmente. Citó “un cambio inexplicable” que “modifica drásticamente el destino de las elecciones”.

También generó dudas sobre la imparcialidad de la votación y alimentó una cadena de eventos que llevaron al golpe de noviembre.

Sin embargo, un estudio posterior de investigadores independientes encontró que el análisis estadístico de la OEA era defectuoso. Su conclusión de que la participación de Morales en los votos saltó inexplicablemente en las papeletas finales se basó en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas.

La embajada británica proporcionó datos para el desacreditado informe de la OEA y gastó 8.000 libras para formar una alianza de organizaciones de la sociedad civil que “coordinó una operación para la observación ciudadana de las elecciones de 2019”. Esta alianza realizó una encuesta sobre intenciones de voto antes de las elecciones, que “fue una fuente importante para el informe de la misión de la OEA, que identificó irregularidades en el proceso”, señala la Cancillería.

Los proyectos de la embajada británica para prepararse para las elecciones fueron aún más lejos. En febrero de 2019 gastó 9.981 libras para llevar la Fundación Thomson Reuters al país para capacitar a 30 periodistas bolivianos en “técnicas de verificación y planificación previa de una elección sobre una cobertura equilibrada, precisa y libre de polarización”.

La Fundación dijo que “antes de las elecciones en Bolivia” estaba enseñando “habilidades y herramientas prácticas para reconocer noticias falsas e intentos de influir en el electorado con información falsa”.

El gobierno británico está utilizando el periodismo como herramienta de influencia en América Latina. También se reveló recientemente que el gobierno británico financió en secreto a Reuters en las décadas de 1960 y 1970 a instancias de una unidad de propaganda antisoviética vinculada a la inteligencia británica.

‘Solidaridad marxista’

Días después del golpe de noviembre en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido emitió un comunicado que decía: “El Reino Unido felicita a Jeanine Áñez por asumir sus nuevas responsabilidades como Presidenta interina de Bolivia”. Añadió: “Damos la bienvenida al nombramiento de la Sra. Áñez y su intención declarada de celebrar elecciones pronto”.

El canciller Dominic Raab declaró: “Esperamos que la actual crisis en Bolivia pueda resolverse ahora de manera rápida, pacífica y democrática. El pueblo boliviano merece tener la oportunidad de votar en elecciones libres y justas ”.

El dirigente laborista Jeremy Corbyn ofreció una visión completamente diferente: “Condeno este golpe contra el pueblo boliviano y estoy con ellos por la democracia, la justicia social y la independencia”.

Raab procedió a atacar a Corbyn, citandolo en Twitter y diciendo: “Increíble. La Organización de Estados Americanos se negó a certificar la elección boliviana debido a fallas sistémicas. La gente está protestando y atacando a una escala sin precedentes. Pero @jeremycorbyn antepone la solidaridad marxista a la democracia”.

Pero Raab y el Ministerio de Relaciones Exteriores no hicieron más comentarios ya que las fuerzas del nuevo régimen llevaron a cabo las masacres de Sacaba y Senkata la semana siguiente.

En marzo de 2020, cuatro meses después del derrocamiento de Morales, el nuevo régimen organizó una serie de nuevas iniciativas “con Reino Unido como socio estratégico”, señalan los documentos. Ese mismo mes, el embajador de Gran Bretaña durante el golpe, Jeff Glekin, ofreció un vistazo de los intereses de Reino Unido involucrados en respaldar al nuevo régimen. Glekin habló con los medios bolivianos sobre la Semana Británica, que por primera vez traía al país a 12 empresas británicas.

“Muchos están buscando nuevos mercados en el mundo y Bolivia puede ser una oportunidad para crecer”, dijo. “Debido a los cambios políticos en Bolivia se percibe un entorno más abierto a la inversión extranjera y creo que esto abrirá nuevas puertas a empresas que quieran compartir su tecnología, sus productos y hacer alianzas con distintas empresas”.

Glekin, quien permanece en el cargo, agregó: “Estamos trabajando con la Oficina del Alcalde de Santa Cruz… e invitamos a las empresas de Santa Cruz a participar en el evento”.

Un número desproporcionadamente alto de proyectos de la embajada del Reino Unido se centraron en la ciudad oriental de Santa Cruz, que fue el centro de oposición al gobierno de Evo Morales.

Glekin continuó: “El gobierno anterior no estaba muy a favor de la inversión extranjera. Entonces, con los cambios que vamos a ver, será más fácil ingresar al mercado y hacer negocios. Las empresas que vendrán son de diferentes partes de Gran Bretaña y de diversos sectores. Son firmas modernas que están haciendo cosas innovadoras y quieren ingresar al mercado y compartir sus servicios y productos en Bolivia”.

Glekin añadió: “La demanda de litio está creciendo y Bolivia debe aprovechar esa oportunidad”.

Cuando se llevaron a cabo nuevas elecciones en octubre de 2020, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales ganó con el 55 por ciento de los votos contra seis rivales en las urnas, evitando fácilmente la necesidad de una segunda vuelta. El subcampeón fue el ex presidente Carlos Mesa con poco menos del 29 por ciento.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo: “Las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia en octubre de 2020 fueron libres y justas. No hubo golpe. Reino Unido tiene una relación sólida y constructiva con las administraciones bolivianas actuales y anteriores ”.

https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-03-08-revealed-the-uk-supported-the-coup-in-bolivia-to-gain-access-to-its-white-gold/
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Economía

Las maquilas en Latinoamérica: una nueva forma de esclavitud

Entre los años 60 y 70 del siglo pasado comienza el proceso de traslado de parte de la industria de ensamblaje desde Estados Unidos hacia América Latina. Para los 90, con el gran impulso a la liberalización del comercio internacional y la absoluta globalización de la economía, el fenómeno ya se había expandido por todo el mundo, siendo el capital invertido no sólo estadounidense sino también europeo y japonés. En Latinoamérica, esas industrias son actual y comúnmente conocidas como «maquilas» (maquila es un término que procede del árabe y significa «porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda, con lo que se describe un sistema de moler el trigo en molino ajeno, pagando al molinero con parte de la harina obtenida»). Esta noción de maquila que se ha venido imponiendo desde algunos años invariablemente se asocia a precariedad laboral, falta de libertad sindical y de negociación, salarios de hambre, largas y agotadoras jornadas de trabajo y -nota muy importante- primacía de la contratación de mujeres. Esto último, por cuanto la cultura machista dominante permite explotar más aún a las mujeres, a quienes se paga menos por igual trabajo que los varones, y a quienes se manipula y atemoriza con mayor facilidad (un embarazo, por ejemplo, puede ser motivo de despido).

Estas industrias, en realidad, no representan ningún beneficio para los países donde se instalan. Lo son, en todo caso, para los capitales que las impulsan, en tanto se favorecen de las ventajas ofrecidas por los países receptores (mano de obra barata y no sindicalizada, exención de impuestos, falta de controles medioambientales). En los países que las reciben, nada queda. A lo que debe agregarse que es tan grande la pobreza general, tan precarias las condiciones de vida de estos países, que la llegada de estas iniciativas más que verse como un atentado a la soberanía, como una agresión artera a derechos mínimos, se vive como un logro: para los trabajadores, porque es una fuente de trabajo, aunque precaria, pero fuente de trabajo al fin. Y para los gobiernos, porque representan válvulas de escape a las ollas de presión que resultan sociedades cada vez más empobrecidas y donde la conflictividad crece y está siempre a punto de estallar. Dato curioso (u observación patética): algunas décadas atrás en la región se pedía la salida de capitales extranjeros y era ya todo un símbolo la quema de una bandera estadounidense; hoy, la llegada de una maquila se festeja como un elemento “modernizador”.

La relocalización (eufemismo en boga por decir “ubicación en lugares más convenientes para los capitales”) de la actividad productiva transnacional es un fenómeno mundial y se ha efectuado desde Estados Unidos hacia México, América Central y Asia, pero también desde Taiwán, Japón y Corea del Sur hacia el sudeste asiático y hacia Latinoamérica, con miras a abastecer al mercado estadounidense, en principio, y luego el mercado global, tal como va siendo la tendencia sin marcha atrás del capitalismo actual. En el caso de Europa, las empresas italianas, alemanas y francesas primero trasladaron sus actividades productivas hacia los países de menores salarios como Grecia, Turquía y Portugal, y luego de la caída del muro de Berlín a Europa del Este. Actualmente se han instalado también en América Latina y en el Africa.

Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la elaboración de un producto destinado a la exportación, ubicándose en las “zonas francas” o “zonas procesadoras de exportación”, enclaves que quedan prácticamente por fuera de cualquier control. En general no producen la totalidad de la mercadería final; son sólo un punto de la cadena aportando, fundamentalmente, la mano de obra creadora en condiciones de super explotación laboral. Siempre dependen integralmente del exterior, tanto en la provisión de insumos básicos, tecnologías y patentes, así como del mercado que habrá de absorber su producto terminado. Son, sin ninguna duda, la expresión más genuina de lo que puede significar «globalización»: con materias primas de un país (por ejemplo: petróleo de Irak), tecnologías de otro (Estados Unidos), mano de obra barata de otro más (la maquila en, por ejemplo, Indonesia), se elaboran juguetes destinados al mercado europeo; es decir que las distancias desaparecen y el mundo se homogeniza, se interconecta. Ahora bien: las ganancias producidas por la venta de esos juguetes, por supuesto que no se globalizan, sino que quedan en la casa matriz de la empresa multinacional que vende sus mercancías por todo el mundo, digamos en Estados Unidos.

En el subcontinente latinoamericano, dada la pobreza estructural y la desindustrialización histórica, más aún con el auge neoliberal que ha barrido esta región estas tres últimas décadas, los gobiernos y muchos sectores de la sociedad civil claman a gritos por su instalación con el supuesto de que así llega inversión, se genera ocupación y la economía nacional crece. Lamentablemente, nada de ello sucede.

En realidad las empresas transnacionales buscan rebajar al máximo los costos de producción trasladando algunas actividades de los países industrializados a los países periféricos con bajos salarios, sobre todo en aquellas ramas en las que se requiere un uso intensivo de mano de obra (textil, montaje de productos eléctricos y electrónicos, de juguetes, de muebles). Si esas condiciones de acogida cambian, inmediatamente las empresas levantan vuelo sin que nada las ate al sitio donde circunstancialmente estaban desarrollando operaciones. Qué quede tras su partida, no les importa. En definitiva: su llegada no se inscribe -ni remotamente- en un proyecto de industrialización, de modernización productiva, más allá de un engañoso discurso que las pueda presentar como tal.

Toda esta reestructuración empresarial se produce en medio de no pocos conflictos sociales en los países del Norte, pues cientos de fábricas cierran y dejan desocupados a miles de trabajadores. Por ejemplo, en la década del 90 del pasado siglo más de 900.000 empleos se perdieron en Estados Unidos en la rama textil y 200.000 en el sector electrónico. El proceso continúa aceleradamente, y hoy día las grandes transnacionales buscan maquilar prácticamente todo en el Sur, incluso ya no sólo bienes industriales sino también partes de los negocios de servicios. De ahí que, para sorpresa de nosotros, latinoamericanos, se vea un crecimiento exponencial de los llamados call centers en nuestros países: super explotación de la mano de obra local calificada que domina el idioma inglés, siempre jóvenes. En definitiva: otra maquila más.

Todo esto permite ver que en el capitalismo actual, llamado eufemísticamente “neoliberal” (capitalismo salvaje, sin anestesia, para ser más precisos), las grandes corporaciones actúan con una visión global: no les preocupa ya el mercado interno de los países donde nacieron y crecieron, sino que pueden cerrar operaciones allí despidiendo infinidad de trabajadores -que, obviamente, ya no serán compradores de sus productos en ese mercado local- pues trasladan las maquilas a lugares más baratos pensando en un mercado ampliado de extensión mundial: venden menos, o no venden, en su país de origen, porque sus asalariados ya no tienen poder de compra, pero venden en un mercado global, habiendo producido a precios infinitamente más bajos.

El fenómeno parece no detenerse sino, al contrario, acrecentarse. La firma de tratados comerciales como los actuales TLC (Tratado de Libre Comercio) entre Washington y determinados países latinoamericanos, no son sino el escenario donde toda la región apunta a convertirse en una gran maquila. Las consecuencias son más que previsibles y, por supuesto, no son las mejores para Latinoamérica: en el trazado del mapa geoestratégico de las potencias, y fundamentalmente de los capitales representados por la Casa Blanca, nuestros países quedan como agro-exportadores netos (productos agrícolas primarios, recursos minerales, agua dulce, biodiversidad) y facilitadores de mano de obra semi-esclava para las maquilas.

En alguna medida, y salvando las distancias de la comparación, China también apuesta a la recepción de capitales extranjeros ofreciendo mano de obra barata y disciplinada; en otros términos: una gigantesca maquila. La diferencia, sin embargo, está en que ahí existe un Estado que regula la vida del país, ofreciendo políticas en beneficio de su población y con proyectos de nación a futuro. No entraremos a considerar ese complejo engendro de un “socialismo de mercado”, pero sin dudas toda esta re-ingeniería humana desarrollada por el Partido Comunista ha llevado a China a ser la segunda potencia económica mundial en la actualidad, y ahora se habla de comenzar a volcar esos beneficios a favor de las grandes mayorías paupérrimas. Por el contrario, las maquilas latinoamericanas no han dejado ningún beneficio hasta la fecha para las poblaciones; en todo caso, fomentan la ideología de la dependencia y la sumisión. Eso es el capitalismo en su versión globalizada, por lo que sólo resta decir que la lucha popular, aunque hoy día bastante debilitada, por supuesto que continúa.

https://vanguardia.com.mx/lasmaquilasenlatinoamericaunanuevaformadeesclavitud-1432198.html
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Represión

Un manifestante muerto y otro herido durante las movilizaciones de ayer en Haití

Al menos un manifestante murió ayer y otro resultó herido de bala durante una protesta multitudinaria en la capital de Haití, convocada para exigir la dimisión del presidente Juvenel Moise.

El cadáver yacía carbonizado en plena calle, bajo el chasis de su motocicleta todavía en llamas, en la zona de Delmas, después de que personas no identificadas le prendieran fuego.

El manifestante fue tiroteado por un miembro de una banda armada, supuestamente favorable al gobierno de Moise.

Un reciente informe de la ONU denunció que la violencia de las bandas, a sueldo del gobierno o de la oposición, ha sido creciente en las manifestaciones de los últimos años.

Según datos del informe, en 2019 las bandas fueron responsables de al menos 67 asesinatos y 333 heridos durante la oleada de protestas antigubernamentales que hicieron tambalearse al gobierno de Moise aquel año.

En otro punto de la protesta de ayer, otro manifestante resultó herido de bala durante un enfrentamiento con la policía. En ese momento, los manifestantes lanzaron una lluvia de piedras contra los uniformados, que respondieron con gases lacrimógenos y disparando munición real.

Miles de haitianos tomaron las calles de Puerto Príncipe ayer en una manifestación multitudinaria para exigir la dimisión del Presidente Moise.

La manifestación se produce una semana después del 7 de febrero, fecha en la que la oposición considera que acabó el mandato de Moise, aunque el gobernante afirma que le resta un año de gestión.

Ese día Moise denunció que la oposición preparaba un Golpe de Estado y anunció que las autoridades habían realizado una veintena de arrestos, entre ellos un juez del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, lo que dio paso a una profunda crisis institucional.

Desde la semana pasada se han producido protestas a diario en Puerto Príncipe, aunque con mucha menor afluencia de manifestantes que la de ayer.

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Memoria Histórica

Se cumplen 30 años de la gran huelga ferroviaria argentina

Cuando aquel 1 de febrero de 1991 nos reunimos unos pocos compañeros en la Seccional Kilómetro 1 del Roca, no sabíamos que comenzábamos a escribir una de las heroicas y memorables páginas de la historia del movimiento obrero ferroviario.

Allí estábamos el anfitrión Kilo 1 (Plaza Constitución), Remedios de Escalada, Temperley, en mi caso por Tolosa, todos del Roca; Haedo y Castelar del Sarmiento, San Martín Vapor del Mitre, y compañeros de algunas seccionales más, todos de La Fraternidad.

El clima era una rara mezcla de bronca y euforia. La bronca estaba motivada por los bajos salarios, las luchas malogradas y traicionadas por la Comisión Directiva del gremio.

Desde hacía catorce meses veníamos luchando por el salario con paros arrancados desde la base, pero dirigidos por los burócratas que los convertían en día de descanso y no les daban continuidad. Dilataban las negociaciones con el gobierno a pesar de la permanente movilización y presión de los compañeros. Siempre había una excusa para no profundizar las medidas, primero la inminente convocatoria a la Asamblea General de Delegados, luego mientras esta transcurría, la cuasi prohibición de realizar medidas de fuerza por la reciente puesta en vigencia del decreto del reglamento del derecho de huelga.

El 5 de febrero fue el primer peldaño de la escalera que tendría su cima tras 45 días de huelga, votada, convocada, sostenida y dirigida por los compañeros de base.

El Plan de Lucha comenzaba con un paro de 24 horas el 5 de febrero.

Las seccionales de La Fraternidad producto del recambio generacional tenían en su mayoría direcciones ejecutivas jóvenes. Nuestra experiencia era escasa en el tiempo, pero rica en lo que generamos en los últimos años. Muchos de nosotros teníamos militancia política y éramos la generación que la dictadura postergó, maniató nuestros ideales y desapareció. El comienzo del Plan de Lucha, aquel 5 de febrero, superó nuestras expectativas: 17 seccionales de La Fraternidad, 2 de Señaleros. El Roca y el Sarmiento se paralizaron y el paro fue parcial en el Mitre.

El 11 de febrero nos volvimos a reunir en Plenario, nuevamente en Kilo 1. Esta vez éramos muchos más dispuestos a la lucha. Contentos con el balance de la primera jornada y con mandatos de asambleas de profundizar las medidas. Se vota paro por 48 horas para el 13 y 14 de febrero, si hay despidos el paro será por tiempo indeterminado.

El miércoles 13 de febrero comienza el paro de 48 horas. Ahora son 27 seccionales de La Fraternidad, 4 de Señaleros y 2 de la Unión Ferroviaria incluyendo la poderosa Rosario. Se producen los primeros 32 despidos y proclamamos el paro por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los de los compañeros.

El jueves 14 ya éramos treinta y nueve las seccionales en lucha y se suman dos seccionales de la Unión Ferroviaria: Rosario y Victoria del Mitre.

Ante estas circunstancias había que organizarse, en todas las seccionales se constituyeron comisiones de fondo de huelga, alimentos, salud, prensa, fiestas, de mujeres, limpieza y mantenimiento del local, piquetes de convencimiento y visitas a compañeros, y de cada necesidad que surgía.

Todas estas actividades demandaban dedicación y sacrificios, el local se había convertido para muchos de nosotros literalmente en nuestra casa. Allí comíamos, dormíamos y prácticamente vivíamos.

Esta organización y la solidaridad que nos rodeó nos permitió sostenernos dignamente durante 45 días.

El gobierno con la complicidad de la directiva nacional de La Fraternidad nos quería quebrar a cualquier precio, no nos pagaron los sueldos, nos perseguían con patotas, apelaron a servicios y a la represión policial deteniendo a algunos compañeros cuando iban a hacer tareas para la huelga.

Nuestro ejemplo de lucha no podía cundir, todo era válido para acabarnos, nos llamaban rebeldes y llevamos con orgullo esta condición. Cuando vieron que no éramos fáciles de vencer, Menem decidió cerrar los ramales. Esto provocó sumar un nuevo punto a nuestro reclamo. La defensa inclaudicable de los ferrocarriles al servicio del pueblo.

El paro se fue extendiendo hasta alcanzar al 80 por ciento de los afiliados a La Fraternidad; a varias seccionales del gremio de señaleros y también algunas de la Unión Ferroviaria. Cuatro de las cinco líneas ferroviarias estaban paradas.

Necesitábamos darnos formas democráticas de funcionamiento. Todas las decisiones eran discutidas y votadas en asambleas seccionales de base, no había ninguna restricción, una persona un voto. De allí surgían los mandatos a los delegados a un plenario de seccionales, este organismo estaba compuesto por delegados de cada una de las secciónales en lucha, se discutía y votaba democráticamente las medidas que conducirían la huelga.

El plenario de seccionales estaba presidido por un órgano colegiado denominado Mesa de Enlace, que lo componían representantes de las distintas líneas ferroviarias y de los tres gremios en lucha, la mayoría pertenecía a La Fraternidad.

Estas herramientas de funcionamiento que nos dimos y las formas rigurosamente democráticas jugaron un papel fundamental, porque los compañeros sentían que la consigna que titulaba nuestros boletines de huelga era una realidad, “Esta vez no habrá traición, esta vez dirigen las bases”.

La fuerza de la lucha pudo con todo obstáculo, ni la ley fue un impedimento para llevarla adelante. El Ministerio de Trabajo decía que no podía negociar con nosotros porque no teníamos la representación legal, que debían hacerlo con la Directiva Nacional del gremio, obviamente que jamás aceptaríamos que los burócratas carneros y traidores, por todos repudiados asuman nuestra representación, así que ante la contundencia de la huelga al Gobierno no le quedó más remedio que sentarnos en la mesa de negociación.

Por esos días un grupo numeroso de compañeros realizaba una huelga de hambre en Plaza de Mayo y era rodeada de la solidaridad del pueblo, una de las primeras noches la policía federal intentó reprimir y desalojar, rápidamente se acercaron diputados y personalidades del campo popular y lo impidieron.

Un grupo de personalidades notables (Augusto Comte; Ernesto Sábato; Federico Storani; Simón Lázara; Carlos Raimundi y Ricardo Alfonsín que estuvo representado por Raúl Alconada Sempé), ofició de testigos garantes de la oferta gubernamental: reconocimiento de la mesa de enlace; reincorporación de todos los despedidos; aumento de sueldos de aproximadamente el 100 por ciento; y reapertura de los ramales. ¡Un triunfazo de los trabajadores!

Esa gran huelga fue invisibilizada por los grandes medios y principalmente por la burocracia sindical, que siempre la ha ocultado y callado porque los trabajadores en su conjunto nunca deben saber que son poseedores de un poder que arrasará con la anquilosada burocracia y sus negociados.

Los trabajadores ferroviarios escribimos estas páginas / días en la historia del movimiento obrero, para que otros no tengan que empezar de cero hoy es nuestro deber, dar a conocer esa gesta y sus enseñanzas, mantener viva la memoria de una lucha que conmovió los cimientos de un neoliberalismo que daba sus primeros pasos y que posteriormente, ya recompuesto, arrasaría con la Patria.

Comisión de prensa, ferroviarios 1991, ‘Una lucha por la dignidad de los trabajadores’
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/02/14/a-30-anos-de-la-gran-huelga-ferroviaria-esta-vez-no-habra-traicion-esta-vez-dirigen-las-bases/
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Noticias

Cuba alerta a Colombia sobre un operativo de la guerrilla del ELN en Bogotá

El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, entregó un memorando al Gobierno colombiano para alertar sobre un supuesto operativo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá.

Según el documento entregado por el embajador cubano, “la misión diplomática cubana recibió una información, cuya verosimilitud no se comprometen a evaluar”. El supuesto ataque sería realizado por el Frente Oriental de Guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tendría lugar en los próximos días en la capital colombiana.

El gobierno cubano informó a la delegación de paz del ELN que permanece desde hace dos años en La Habana y la delegación expresó total desconocimiento y reiteró garantía de que no tiene ninguna vinculación con las decisiones militares. Expertos aseguran que esta es la prueba reina de la división evidente en las filas del movimiento guerrillero.

El Frente de Oriental de Guerra del ELN es el mismo que participó, hace dos años, en el atentado a la Escuela General Santander en donde murieron 22 cadetes de la Policía Nacional. Además, a este frente se le responsabiliza del asesinato de varios dirigentes sociales, tiene señalamientos de reclutamiento de menores y de la ceación de milicias en varios lugares del país.

Cuba mantiene representantes del ELN en su territorio pese a que Colombia solicitó extraditarlos tras el mencionado ataque. Además, se han expedido circulares rojas de Interpol en contra de algunos de los integrantes del ELN presentes en la isla como Pablo Beltrán, Nicolás Bautista y Aureliano Carbonel.

Colombia y Cuba mantienen una tensión diplomática desde hace meses.

<h6>http://matrizur.org/2021/02/cuba-alerta-a-colombia-sobre-posible-atentado-de-la-guerrilla-del-eln-en-bogota/</h6>

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Represión

Un caso de criminalización de la pobreza

Belén Guevara tiene 27 años, es madre de cuatro hijos menores de edad y está detenida desde el 14 de enero, luego de haber sido brutalmente desalojada por parte de una patota policial del Gobierno de Buenos Aires. Estaba ocupando una vivienda del complejo habitacional de la Villa 31, solo por una noche debido al temporal, luego de haber sido desplazada de una pensión por no poder pagar el alquiler de la pieza. Al momento de ser apresada fue golpeada frente a su familia. Cuatro días más tarde sufrió traslados de comisaría en comisaría, sin que le dijeran los motivos ni el lugar hacia donde la llevaban, mientras sus hijos e hijas al cuidado de un familiar preguntaban con desesperación por su mamá. Según el co-presidente de la APDH CABA (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Ramiro Geber, es “un caso testigo de criminalización de la pobreza”.

Belén aparece imputada en una causa por un delito menor y por su situación de vulnerabilidad habitacional nunca habían podido notificarla. Por eso en septiembre la justicia la declaró “en rebeldía” y fue dictado un pedido de captura en su contra. “Dicen que como ella da domicilios donde luego no la encuentran eso significa una clara intención de eludir la actividad judicial, por eso tiene prisión preventiva”, explicó Geber. La mujer –que además es militante de la agrupación MTR 12 de Abril y trabaja en el comedor comunitario Santiago Maldonado en la Villa 31–, tiene un trámite iniciado en el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) pero el Estado no le dio aún ninguna respuesta concreta. Sólo obtuvo un subsidio de 8.000 pesos que la dejó en situación de calle, durmiendo con sus hijos en plaza San Martín o en la peatonal Lavalle. “La situación de vulnerabilidad habitacional que el Estado no le resuelve ahora resulta que es culpa de ella, el Estado no le da un domicilio para estar a derecho”, opinó el letrado.

El jueves 14 de enero por la mañana una inspección de la Ciudad relevó todos los papeles de trámite –tiene el número de expediente 9762– para calificar para una de las viviendas de la villa 31, en un lugar de donde Guevara estaba parando. Alguien vinculado a la policía la denunció, por lo cual a las 23.30 entraron ocho efectivos con armas largas, la rodearon mientras dormía con sus cuatro hijos, la golpearon y se la llevaron detenida. “Durante cuatro días no pude asumir mi defensa y luego rechazaron mi solicitud para que salga en libertad”, indicó Geber. A su criterio, los argumentos del Tribunal Oral Criminal de feria 2 son “absolutamente arbitrarios, netamente patriarcales, la culpan a ella de una conducta que depende del Estado”.

En un segundo escrito para solicitar la excarcelación de su defendida, Geber sostuvo que “se le reprocha a mi defendida desde un poder del Estado la precariedad domiciliaria y el Estado que debe ser garante del derecho a la vivienda digna le demora la ayuda que peticiona y que le correspondería por ley, lo que resulta una verdadera vergüenza, que la única respuesta estatal a su problema sea criminalizar su estado de pobreza estructural insertando a una madre con cuatro hijos en el sistema penitenciario”. Sin embargo, los jueces volvieron a rechazar la excarcelación de Belén y la enviaron a la cárcel de mujeres de Ezeiza, donde ahora pasó del sector covid a un pabellón.

https://agenciaparalalibertad.org/la-historia-de-una-joven-madre-presa-por-no-tener-vivienda/