Prácticamente desde su aprobación, el PSOE y Podemos prometieron que si llegaban a la Presidencia del Gobierno, derogarían la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y que es a su vez una reforma de la antigua Ley Corcuera de 1992. Se trata de una ley que ha permitido al Estado una recaudación en cinco años de más de 400 millones de euros.