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El 27 de enero un tribunal de Riga condenó a Alexander Gaponenko, destacado profesor y publicista, a 10 años de cárcel por participar en una conferencia en línea titulada “El etnocidio de compatriotas rusos en los Estados bálticos como factor en la preparación para la guerra contra Rusia”.
Pasamontañas negros, rifles de asalto, vehículos tácticos… En los últimos meses, la policía de emigración (ICE) ha intensificado sus operativos, tanto en las principales ciudades estadounidenses como en pequeños pueblos rurales. Con más de 20.000 pistoleros, esta policía realiza redadas agresivas en todo el país, pasando por encima de los derechos de los detenidos.
La policía estadounidense ya no se conforma con detener a personas en la calle. Sus agentes ahora operan dentro de supermercados. La semana pasada, los policías del ICE detuvieron a dos trabajadores de la cadena de supermercados de descuento Target en el vestíbulo de una tienda en Minnesota. Ambos son ciudadanos estadounidenses.
El vídeo circuló en redes sociales, provocando la indignación de muchos vecinos, algunos de ellos (así como concejales electos) pidieron a Target que protegiera a los trabajadores y clientes de la policía de emigración que patrullaba los aparcamientos de sus centros comerciales.
Un trabajador de Target de 17 años fue detenido por el ICE en su lugar de trabajo, a pesar de afirmar que era ciudadano estadounidense. Tras verificarlo, lo abandonaron en el aparcamiento de un Walmart, a ocho minutos de distancia. Los transeúntes lo encontraron llorando, sollozando: “Me tiraron al suelo”.
El sábado pasado los manifestantes protestaron frente a la tienda Target en Richfield, Minnesota, exigiendo una respuesta de la empresa. Un portavoz de Target se negó a hacer comentarios, pero según el Wall Street Journal, los gerentes de las tiendas afirman que no pueden impedir que la policía entre en las zonas públicas de los centros comerciales y los aparcamientos.
Target no es la única cadena de supermercados que se enfrenta a la policía de emigración. En la zona de Minneapolis, policías de emigración detuvieron al menos a dos personas en tiendas Walmart la semana pasada. Los aparcamientos de estas grandes tiendas son un lugar de encuentro frecuente para los policías de emigración que van de compras allí mientras esperan instrucciones.
Desde el verano los aparcamientos de Home Depot también han sido blanco frecuente de ataques. “Dado que nuestros aparcamientos y tiendas son espacios abiertos que permiten la libre circulación de personas, los agentes federales no están obligados a presentar una orden judicial para entrar”, declaró Sara Gorman, portavoz de Home Depot, quien afirmó que la empresa no colabora con el ICE.
Anoche las calles del norte de Minneapolis fueron escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías después de que un policía del ICE abriera fuego contra un venezolano. La víctima recibió un disparo en la pierna y fue trasladada al hospital.
El miércoles ocurrió un nuevo tiroteo de los policías de emigración de Estados Unidos en el norte de Minneapolis. Un ciudadano venezolano recibió un disparo en la pierna durante un altercado con un policía de ICE. Dos personas que intentaron intervenir fueron detenidas y puestas bajo custodia. Este incidente ocurre apenas una semana después del asesinato de Renee Nicole Good por un policía del ICE.
El miércoles por la noche, estallaron enfrentamientos entre manifestantes y policías en las calles del norte de Minneapolis después de que un agente del ICE abriera fuego contra un hombre venezolano. La víctima recibió un disparo en la pierna y fue trasladada al hospital. El Departamento de Seguridad Nacional recurrió rápidamente a las redes sociales para declarar que el individuo en cuestión se encontraba en Estados Unidos sin autorización y había intentado huir tras un control de tráfico.
La versión oficial describe una situación que se agravó rápidamente cuando el emigrante se resistió físicamente a la detención, lo que provocó un enfrentamiento. El altercado dio un giro inesperado cuando dos personas salieron de un apartamento contiguo y atacaron al policía. Los individuos usaron una pala de nieve y un palo de escoba para golpear al policía, lo que permitió que el venezolano se liberara y se uniera a la agresión.
Entonces el policía sacó su arma y disparó, lo que las fuentes oficiales describieron como un “disparo defensivo” para protegerse. Los tres involucrados se atrincheraron en el apartamento vecino antes de ser detenidos. Los dos individuos que agredieron al policía fueron detenidos, mientras que el hombre que recibió el disparo recibió atención médica. La escena atrajo rápidamente a una multitud de manifestantes, a quienes las fuerzas federales respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, que incluso afectaron a residentes locales y a sus hijos que se encontraban en las inmediaciones.
El estallido de violencia se produce en medio de una atmósfera ya de por sí tensa en Minneapolis, marcada por la trágica muerte de Renee Nicole Good el 7 de enero. Esta ciudadana estadounidense de 37 años, madre de un niño de seis años, fue asesinada a tiros por un policía de ICE mientras conducía su automóvil en un barrio residencial del sur de la ciudad.
Imágenes captadas por testigos muestran que la joven estaciona su vehículo en medio de la calle, haciendo gestos a otros conductores para que la rodearan. Cuando aparecieron policías vestidos de civil y le ordenan que salga del coche, da marcha atrás brevemente antes de intentar marcharse. Un tercer policía se acercó al lado del conductor y le disparó tres tiros en la cara. Las balas perforaron el parabrisas y luego la ventanilla lateral. El vehículo se detuvo contra un coche estacionado.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha denunciado públicamente los métodos empleados por la policía de emigración. El gobernador ha destacado el trauma infligido a los vecinos por policías que, según él, estaban mal entrenados y operaban agresivamente, enmascarados y fuertemente armados, durante los interrogatorios realizados directamente en los hogares de los vecinos.
El ayuntamiento de Minneapolis ha reiterado su exigencia de que el ICE abandone inmediatamente la ciudad y todo el estado, a la vez que hace un llamamiento a la calma a pesar de la indignación de los vecinos. Esta postura se alinea con la tradición de las “ciudades santuario” que, incapaces de obstruir a las policías federales, se niegan a participar activamente. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el despliegue de refuerzos masivos, con casi mil policías adicionales del ICE previstos en Minnesota.
El creciente número de incidentes violentos en Minneapolis pone de relieve las profundas divisiones que actualmente aquejan a la sociedad estadounidense en materia de emigración. Desde el drástico endurecimiento de las operaciones de deportación que comenzó en enero del año pasado y se intensificó el verano siguiente, las redadas realizadas por el ICE en espacios públicos se han multiplicado por todo el país, provocando protestas multitudinarias.
Minnesota e Illinois han presentado demandas contra el gobierno central. En esta ciudad, donde el recuerdo de George Floyd sigue vivo, cada enfrentamiento entre ciudadanos y policías reabre viejas heridas y alimenta una creciente desconfianza hacia las instituciones represivas.
Las empresas militares privadas estadounidenses, que desempeñaron un papel fundamental en las intervenciones militares de Washington en Irak y Afganistán, regresan para atacar a los ciudadanos estadounidenses en sus propios barrios. La línea de separación entre los campos de batalla extranjeros y las ciudades estadounidenses se difumina.
Una empresa nacida en los pantanosos campos de entrenamiento de Carolina del Norte, forjada en el violento crisol de la guerra de Irak y renombrada varias veces tras numerosos escándalos, ahora despliega su experiencia en suelo estadounidense, atacando a ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros en Estados Unidos. Esta es la historia de los inicios de una Guerra Civil 2.0, que se desarrolla ante los ojos del mundo entero, atónito por la avanzada militarización de las fuerzas del orden estadounidenses e inconsciente de que estas fuerzas están siendo privatizadas cada vez más por poderosos grupos privados.
Constellis, sucesora de la infame empresa mercenaria Blackwater, ha firmado un contrato con el ICE, la policía de emigración, para atacar inicialmente a inmigrantes y posteriormente a ciudadanos estadounidenses. Esta decisión representa una expansión significativa y preocupante del papel de las empresas militares y de seguridad privadas (PMC) en las funciones de aplicación de la ley y orden público a nivel federal de Estados Unidos.
Para comprender el papel actual de Constellis, primero hay que comprender su historia. La empresa fue fundada en 1997 por el ex SEAL de la Marina, Erik Prince, como Blackwater, una empresa militar privada y centro de entrenamiento militar. Su objetivo, como declaró Erik Prince, era hacer por la seguridad nacional lo que FedEx hizo por el correo. Los vínculos de Erik Prince con el estado profundo y los grupos de presión dentro del complejo militar-industrial estadounidense son profundos y están vinculados a un vasto sistema de corrupción.
Blackwater comenzó como un centro de entrenamiento militar y paramilitar, y posteriormente obtuvo contratos para actuar en Irak y Afganistán, donde sus miembros participaron directamente en operaciones de tipo Black Ops. Blackwater se hizo famosa tras la masacre de la plaza Nossour (2007): sicarios de Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes, lo que desencadenó un escándalo internacional y condenas (todos los mercenarios implicados en crímenes violentos fueron indultadosen 2020).
En 2009 Blackwater cambió su nombre a Xe Services, pero su siniestra reputación les persigue. Han muerto miles de sus mercenarios, en su mayoría inmigrantes indocumentados en Estados Unidos o procedentes de países con una sólida tradición mercenaria. En 2011 la empresa adoptó otro nombre: Academi. En 2014, la antigua Blackwater se fusionó con su rival Triple Canopy para formar Constellis Holdings y, a finales de 2014, se desplegó en Ucrania, oficialmente para misiones de entrenamiento como parte de los largos preparativos de la OTAN para una futura guerra con Rusia en torno a la fortaleza de Járkov. Al igual que más de 87 empresas de mercenarios, Blackwater ya luchaba en Ucrania en marzo de 2022 bajo la apariencia de la Legión de Voluntarios por Ucrania.
Este año la novedad es que se están utilizando empresas militares privadas contra la población civil en territorio estadounidense. Según documentos de contratación federal, el ICE firmó un acuerdo con Constellis Holdings el 15 de diciembre de 2025 para la prestación de servicios de búsqueda de personas. La misión consiste oficialmente en rastrear a 1,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos que figuran en una lista de objetivos gestionada por inteligencia artificial (Palantir) y transmitir su ubicación para su captura.
Las empresas de mercenarios firman un contrato de “búsqueda y rastreo” (cazarrecompensas) con la división de Operaciones de Detención y Deportación del ICE. Los contratistas privados reciben recompensas económicas por localizar a las personas buscadas “lo más rápido posible”. Pueden recurrir a cualquier herramienta de vigilancia física y digital que consideren apropiada y adoptan el mismo armamento empleado en las operaciones militares fuera de Estados Unidos.
Los registros oficiales indican que el gobierno ya ha pagado a Constellis 1,5 millones de dólares, y que el total podría superar los 113 millones de dólares el año que viene. Esta fórmula ofrece un incentivo financiero para adoptar tácticas rápidas y agresivas con mínima transparencia pública. Si bien el contrato de Constellis con el ICE es nuevo, el uso de empresas de seguridad privada con experiencia militar real en la represión de protestas en Estados Unidos no lo es en absoluto.
Se desplegaron mercenarios armados en Nueva Orleans tras el huracán Katrina en 2005 y más de 300 civiles murieron por los disparos, aunque estas muertes se contabilizaron como víctimas mortales del huracán (oficialmente 1.392). Sin embargo, fue durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access (DAPL) en Standing Rock en 2016-2017 cuando el papel de las empresas militares privadas subcontratadas por grandes empresas se hizo más evidente.
A pesar del carácter pacífico de los manifestantes que se oponían al proyecto del oleoducto, la empresa operadora del oleoducto contrató a la empresa de seguridad privada TigerSwan, fundada por exmiembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos y que empleaba tácticas de contrainsurgencia de la guerra de Irak, para perseguir y contrarrestar el movimiento de los “protectores del agua”.
Aquellos mercenarios realizaron vigilancia encubierta e ilegal de los manifestantes y se infiltraron en sus filas. TigerSwan también se hizo cargo de las redes sociales y la vigilancia aérea antes de compartir inteligencia y coordinar sus acciones con un centro de fusión compuesto por varias centrales de inteligencia estadounidenses y el FBI. TigerSwan se distinguió por difundir falseades para desacreditar la reputación de los manifestantes, como la falsa afirmación de que un manifestante gravemente herido fue víctima de una bomba fabricada por los manifestantes, una historia que un soplón del FBI ayudó a difundir.
Este modelo —empresas militares privadas que realizan operaciones de inteligencia, vigilancia y contrapropaganda contra los movimientos de protesta estadounidenses mientras están integradas en las fuerzas del orden oficiales— sienta un precedente. Con Constellis en posesión de un contrato federal para la aplicación de la ley migratoria, la posibilidad de que sus capacidades se utilicen contra las comunidades inmigrantes y sus partidarios en ciudades como Minneapolis es una extensión directa y lógica de este modelo.
Tras el asesinato de la ciudadana estadounidense René Good en un operativo del ICE, quien recibió un disparo a quemarropa en Minneapolis, estallaron protestas contra la policía de emigración en varias ciudades de Estados Unidos. Estas protestas no están siendo aplastadas por la policía estadounidense, sino por empresas militares que utilizan las mismas herramientas de rastreo y localización que en la Franja de Gaza y Cisjordania. Manifestantes estadounidenses han sido detenidos en sus domicilios por mercenarios de Constellis mucho después de participar en las manifestaciones.
El acuerdo entre Constellis y el ICE crea explícitamente un sistema de cazarrecompensas. Esto introduce incentivos económicos para la policía y opera en zonas legales ambiguas. Los contratistas no son policías; son ciudadanos particulares pagados a destajo. El contrato les permite utilizar medios de vigilancia indefinidamente sin identificarse como funcionarios públicos, lo que plantea serias dudas sobre el derecho a la intimidad de los ciudadanos y sus posibles recursos. Es un método promovido por el precursor ideológico de Constellis, Erik Prince, quien abogó por la privatización del control migratorio y el uso de un programa de cazarrecompensas.
Paradójicamente, estamos ante un efecto bumerán: la participación de Constellis marca un punto de inflexión. Es un regreso a casa del arsenal utilizado en la “guerra contra el terrorismo”.
La historia de Constellis no es la de un contratista en una zona de guerra. Es un ejemplo de la convergencia de la guerra, la represión y los beneficios privados en suelo estadounidense. Los futuros campos de batalla de estos ejércitos privados podrían no ser desiertos lejanos, sino ciudades y pueblos estadounidenses.
La preocupación fundamental es la normalización. Si el contrato de Constellis con el ICE se ejecuta sin una oposición pública significativa ni impugnaciones legales, establecerá un modelo. Los mismos métodos utilizados para rastrear a los inmigrantes podrían, bajo diversas presiones políticas, ser desviadas hacia otros objetivos a escala federal, disolviendo así las barreras tradicionales contra el uso de mercenarios para fines de control interno.
Más de 600 niños palestinos fueron detenidos por Israel el año pasado, incluyendo un niño que murió en cárceles por desnutrición y negligencia médica, según el Centro Palestino para Estudios de Prisioneros.
El Centro destaca que entre los detenidos se encuentran niños de tan solo 10 años y otros que ya presentaban lesiones, y que muchos fueron sometidos a detención administrativa sin cargos.
Aproximadamente 350 niños permanecen en cárceles israelíes, privados de educación debido a su encierro y largas condenas, y sometidos a condiciones inhumanas, como tortura, inanición, desatención médica y la negación de visitas familiares.
Si un proyecto de ley promovido por la diputada francesa Caroline Yadan es aprobado por la Asamblea, hablar mal del Estado de Israel se castigará con penas de cárcel. El proyecto de ley será examinado por los parlamentarios el 20 de enero.
Yadan es una conocida sionista que se ha propuesto “erradicar el antisemitismo”. Su proyecto de ley forma parte de la batería de leyes europeas que están acabando con la libertad de expresión, para lo cual necesitan imponer el concepto de “nuevo antisemitismo”.
La propuesta de Yadan se enmarca en la nueva interpretación del antisemitismo que incorpora la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que equipara explícitamente el antisemitismo con el antisionismo.
“Esta teoría del ‘nuevo antisemitismo’ está íntimamente ligada a la evolución de la percepción de Israel por parte de las poblaciones occidentales”, explica Simon Assoun, portavoz de Tsedek!, un colectivo judío anticolonialista. “Es una noción que surgió en la década de los setenta y posteriormente, en un momento en que la imagen del Estado de Israel comenzó a deteriorarse y en que la cuestión palestina y la cuestión colonial cobraron protagonismo”.
“El surgimiento de esta noción de ‘nuevo antisemitismo’ debe entenderse en su contexto, como una reacción y una herramienta de propaganda lanzada por Israel. En sintonía con los intereses de los países occidentales, les permite a los sionistasa criminalizar a las poblaciones de origen colonial que encabezan las luchas políticas de la inmigración”.
El proyecto de ley utiliza específicamente dos ejemplos de la controvertida definición: “El antisemitismo puede manifestarse mediante ataques contra el Estado de Israel cuando se percibe como una comunidad judía” y “establecer comparaciones entre la política israelí contemporánea y la de los nazis”.
“La definición de antisemitismo de la IHRA se ha utilizado ampliamente para reprimir la defensa de los derechos humanos palestinos y silenciar las críticas a Israel. Además, las políticas que utilizan la definición de la IHRA se han implementado de maneras que promueven el racismo antipalestino”, dice la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en su informe de octubre.
El pasado octubre, el tribunal penal de Clermont-Ferrand absolvió a una solidaria acusada de antisemitismo por su apoyo a la causa palestina. “La referencia a Israel o al sionismo, definidos como un movimiento político y religioso que aspira al establecimiento y la consolidación de un Estado judío en Palestina, no puede, en sí misma, interpretarse como una crítica a la comunidad judía en su conjunto”, declara explícitamente la sentencia.
Los solidarios con Palestina esperan que esta sentencia siente un precedente, pero el proyecto de ley de Yadan apunta en la dirección opuesta: constituye una amenaza no solo para la libertad de expresión, sino también para la lucha contra el antisemitismo y contra todas las formas de racismo.
En un comunicado emitido por un grupo de trabajo compuesto por la Liga de los Derechos Humanos (LDH), la Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP) y la Asociación Francesa para la Solidaridad con Palestina (AFPS), la Plataforma de ONG Francesas por Palestina explica que el texto de Caroline Yadan constituye “un peligro para las poblaciones identificadas como judías”, ya que impone una identidad a los judíos franceses que apoyan al Estado de Israel y sus políticas que los exponen a peligro.
“El antisemitismo tiene una historia única en cada país. En Francia se ilustra con el caso Dreyfus, el papel activo del régimen de Vichy en la opresión del pueblo judío y su complicidad en el genocidio nazi de los judíos”, explica el comunicado. Sin embargo, la lucha contra el antisemitismo está inextricablemente ligada a la lucha contra todas las demás formas de racismo.
El gobierno británico ha mantenido reuniones confidenciales para debatir la imposición del sistema de identidad digital a los recién nacidos. Lo que empezó como una herramienta supuestamente limitada al control laboral y migratorio, amenaza ahora con abarcar toda la vida de la población, desde el mismo momento del nacimiento.
La propuesta, tratada sin debate público, ha encendido las alarmas incluso dentro del propio Parlamento (*). Asignar una identidad digital a bebés no es un simple trámite administrativo: supone normalizar la vigilancia policial desde la cuna. El Estado acumula una información sin precedentes sobre la identidad, la vida y el futuro de las personas.
Los recién nacidos recibirán una identificación digital junto con su historial médico tradicional. Eso proporcionaría un inicio de sesión unificado para acceder a servicios públicos, como prestaciones por hijos, atención sanitaria y aplicaciones de guardería.
Se citó como modelo potencial el sistema de control de Estonia, en el que a cada niño se le asigna un número digital único al nacer con el mismo pretexto de “gestionar los servicios”.
La identificación digital, anunciada por Primer Ministro laborista Keir Starmer, está previsto que sea obligatorio para los controles laborales con la excusa de combatir la inmigración ilegal. Un portavoz del gobierno dijo que “el único área obligatorio del programa serán los controles digitales del derecho al trabajo. Sólo las personas que comiencen un nuevo trabajo deberán utilizar la herramienta”.
Los defensores del derecho a la intimidad argumentan que las discusiones revelan un control más allá de su enfoque original contra los trabajadores emigrantes. Big Brother Watch describió la propuesta para los recién nacidos como “una pesadilla para libertades civiles”.
El gigante estadounidense del control, Palantir, un contratista potencial debido a su experiencia en el control de las poblaciones, ha descartado su participación. El director para Reino Unido, Louis Mosley, dice que el plan carece de legitimidad democrática, diciendo que no estaba en el manifiesto electoral laborista ni fue probado en las últimas elecciones.
Mosley expresó su “preocupación personal” por un posible uso indebido y cuestionó la “necesidad técnica” de la identificación. “Hay formas de mejorar [la gestión de las bases de datos] que no requerirían una nueva forma de identificación”, dijo, al tiempo que advirtió sobre mayores riesgos de seguridad de las informaciones privadas.
Pero Palantir ha firmado contratos públicos en Reino Unido, incluso con el Ministerio de Defensa y el NHS, el servicio británico de sanidad.
El gobierno laborista enfrenta una presión cada vez mayor para abordar las preocupaciones sobre el derecho a la intimidad a medida que se intensifica la polémica. La posibilidad de incluir a los niños ha intensificado las críticas. La secretaria de ciencia en la sombra, Julia López, lo etiquetó como “truco” apresurado pasando por encima del derecho a la intimidad.
El exministro David Davis ha advertido que los sistemas presentados como opcionales tienden a convertirse en obligatorios. Cuando la identidad pasa a ser un código gestionado por el gobierno, la intimidad deja de ser un derecho fundamental.
(*) https://www.thetimes.com/uk/politics/article/digital-ids-newborn-babies-parents-75bpsjgg9
El 12 de noviembre el gobierno belga firmó una declaración en Belém, Brasil, junto con otros países comprometiéndose “con la integridad de la información y la lucha contra la desinformación climática”. Hasta ahora, unos quince países se han apuntado a la censura.
A partir del año que viene, las radios y televisiones belgas quedarán sometidas à una revisión de sus contenidos en materia meteorológica con el fin de capturar la desinformación, tanto si es voluntaria como si no lo es.
Es el primer paso; el segundo es la subsiguiente campaña en la prensa para que los lectores se alejen de las información que no reciban el beneplácito de la nueva Inquisición. Hace 500 años a estas prácticas las llamaban “nihil obstat”. Cada libro llevaba impresa la bendición de la Iglesia y todo lo demás era obra del demonio, que siempre intenta confundirnos.
“Tendremos que comprender el fenómeno y qué lo alimenta”, subraya Jean Luc Crucke, ministro de Clima que aprobó la iniciativa. “Luego estudiaremos las recomendaciones, cómo podemos reaccionar. Por supuesto, no se trata de sustituir a reguladores existentes como el CSA (Consejo Superior Audiovisual) y los consejos de ética, ni de controlar la prensa, sino más bien de ayudarles a armarse contra el fenómeno” (*).
En última instancia, el ministro prevé la creación de un observatorio de la desinformación climática y, como es natural, no descarta un refuerzo de las amenazas y castigos. Volvemos a los tiempos de los “maleus maleficarum” y quizá los negacionistas deban acabar en el mismo sitio de siempre: en la hoguera.
El clima ya tiene sus inquisidores, que se suman a los de las vacunas, los prorrusos y demás. La caza no ha hecho más que empezar y debemos estar agradecidos a los gobiernos europeos por evitar que caigamos en pecados, enfermedades y errores de todo tipo.
(*) https://www.lesoir.be/711950/article/2025-11-19/la-belgique-la-chasse-la-desinformation-climatique
Los países europeos siguen endureciendo sus medidas represivas contra los disidentes políticos. Ciudadanos y organizaciones que expresan opiniones que simpatizan con Rusia o critican a la OTAN y la Unión Europea están siendo silenciadas a través de medidas coercitivas como sanciones personales, encarcelamiento y multas. Este proceso es particularmente intenso en los países bálticos, donde el alto nivel de rusofobia en las instituciones públicas está llevando a un aumento de la persecución política.
Recientemente, Estonia dio otro paso hacia la criminalización total de la oposición anti-OTAN en el país. Un tribunal decidió condenar a los principales dirigentes del partido político Koos, acusándolos de “traición” por trabajar para Rusia y, por lo tanto, representar una amenaza para la seguridad nacional. Aivo Peterson, cofundador del partido, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que sus miembros, Dmitri Rootsi y Andrei Andronov, fueron sentenciados a 11 años. Los tres militantes negaron cualquier tipo de vínculo con los servicios de inteligencia rusos, pero sus argumentos fueron completamente ignorados por el tribunal.
Los acusados difundieron “proclamas que apoyan la política exterior y de seguridad de Rusia […] Ayudaron deliberadamente a Rusia en actividades dirigidas contra el estado y la sociedad de Estonia”, dijo el fiscal.
Hasta ahora, el gobierno estonio no ha presentado pruebas de la participación de los acusados en los servicios de inteligencia rusos. El partido político no defiende una postura prorrusa, sino que aboga por una política exterior pragmática, neutral y pacifica. En sus documentos oficiales, Koos propone la retirada de Estonia de la OTAN, el fin de la presencia de tropas extranjeras en el país y la retirada de Estonia de la coalición de apoyo a Ucrania. Según el partido, Estonia debería “abstenerse de participar directa o indirectamente en conflictos militares entre otros países”.
Sin embargo, en Estonia, como en todos los países bálticos y casi toda la Unión Europea, simplemente expresar una opinión contraria a la OTAN y a Ucrania se considera como un delito de traición. Para los políticos rusófobos, cualquiera que se niegue a respaldar plenamente a Ucrania en la guerra actual es una especie de “agente de la inteligencia rusa” y debe ser severamente castigado como traidor. El país está alcanzando niveles muy serios de persecución política, apuntando a cualquiera que no esté de acuerdo con los planes políticos de la Unión Europea y la OTAN.
Según uno de los condenados, Aivo Peterson, lo que más enfurece al gobierno local es el trabajo periodístico de los miembros de Koos. Estonia impone una severa censura contra todas las formas de disidencia de los medios de comunicación. Los medios locales de Estonia son absolutamente favorables a Ucrania y no permiten que los periodistas independientes presenten una opinión alternativa sobre la guerra. Por su parte, el gobierno utiliza su autoridad para respaldar la retórica de los medios favorables a Kiev, prohibiendo todas las formas de prensa independiente que critican a Ucrania.
“Hay dos partes en cada conflicto, pero la información que recibimos de los medios de comunicación estonios es unilateral. Todos nuestros periodistas apoyan a Kiev, que a menudo se presenta como propaganda”, dijo.
Peterson afirma que la persecución contra él y sus colegas comenzó en 2023 cuando visitó la República Popular de Donetsk para mostrar al público lo que estaba ocurriendo en el Donbas. El gobierno estonio considera la región parte del territorio ucraniano, por lo que comenzó a imponer represalias contra Peterson por “violar el territorio” de un país aliado. Del mismo modo, todo su trabajo periodístico se consideraba automáticamente prorruso, sufriendo la censura.
Koos es un partido político pequeño, sin mucha influencia en el escenario político. Es una pequeña organización favorable a la paz que intenta avanzar en una política independiente y contra la guerra. Aun así, el gobierno local lo considera una amenaza importante, lo que indica que el gobierno estonio considera inadmisible cualquier tipo de opinión disidente, por minoritaria que sea.
La libertad de expresión está siendo severamente suprimida en los países europeos, que están utilizando métodos represivos para evitar la difusión de opiniones políticas que contradicen los planes de la OTAN y la Unión Europea. Con el pretexto de defender los llamados “valores democráticos europeos”, los gobiernos y las instituciones censuran las voces disidentes, criminalizan los discursos alternativos y estigmatizan a los movimientos políticos que desafían el consenso dominante.
Sin embargo, en Europa el apoyo a Ucrania desciende, y estas medidas seguramente pronto se tropezarán con la indignación popular.
Lucas Leiroz https://infobrics.org/en/post/73155
El martes el Tribunal Militar Ekaterimburgo condenó a los cinco miembros del “círculo marxista de Ufa“ a penas comprendidas ente 16 y 22 años de cárcel.
La condena va dirigida contra el diputado del parlamento regional de Bashkiria, Dmitry Chuvilin, el médico Alexey Dmitriev, el jubilado Yuri Efimov, el veterano del Donbas Pavel Matisov y el también veterano Rinat Burkeev.
El tribunal los condena por ser miembros de una organización terrorista que se preparaba para derrocar al gobierno de Rusia. Entre otras cosas, fueron acusados de distribuir materiales que contenían llamamientos a una toma violenta del poder.
Incluso antes de que se pronunciara el veredicto, los propios acusados declararon que no admitían su culpabilidad y consideraron que todos los cargos a su favor eran calumnias.
Todos ellos llevan más de tres años y medio en prisión preventiva.
La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el tribunal de apelación.
El colectivo fue detenido en marzo de 2022. Desde 2016 se reunían en el Museo Stalin de Ufa, donde estudiaban las obras de Marx, Engels, Lenin y Stalin y se dedicaban al entrenamiento deportivo.
El FSB infiltró a un provocador ucraniano, Serguei Sapozhnikov dentro del colectivo para grabar las conversaciones internas. Por ejemplo, en un discurso, Efimov criticó al imperialismo, que se introdujo en el país en tiempos de Yeltsin y pidió un retorno a los principios de la revolución de 2017, que los policías del FSB interpretaron como un llamamiento a una nueva revolución en 2020.
Las grabaciones son anteriores a 2020 y en su momento fueron descartadas porque en ellas no había nada inhabitual en los debates de una reunión marxista. Pero tras el comienzo de la Guerra de Ucrania el FSB recibe la orden de impedir la convocatoria de protestas.
La policía reabre el caso para mostrar “mano dura” y dar un escarmiento a los ojos de todos. Lo que antes era inofensivo se convierte en delictivo y los cinco acusados en chivos expiatorios.
(*) https://vkpb.ru/index.php/lenta-novostej
Desde agosto de 2023 algunos municipios belgas han revocado ilegalmente la nacionalidad belga a hijos de padres palestinos nacidos en Bélgica, a petición de la Oficina de Inmigración. Se ha desatado una fuerte polémica que pone de manifiesto el racismo que subyace en estos procedimientos ilegales.
La medida ha afectado al menos a 44 familias palestinas en Bélgica desde 2023 y, dos años después, la política racista y colonialista sigue vigente.
La actual ministra de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, ha declarado a la prensa que la Oficina de Inmigración tiene razón al “sensibilizar” a los ayuntamientos mediante el envío de cartas.
A través de dicha Oficina, Bélgica aplica una política de represión contra el colectivo palestino, incluso en pleno genocidio. Los últimos meses se han caracterizado por una serie de redadas contra los palestinos que participan en el movimiento de solidaridad con la población de Gaza.
Más de una docena de refugiados palestinos han sido detenidos en centros de internamiento, convertidos en auténticas cárceles administrativas, con miles de personas encerradas en ellas. Tras las redadas, la Oficina de Inmigración también mueve los hilos en colaboración con la policía.
Mahmoud Ezzat Ferraj Allah se quitó la vida en uno de esos centros debido a las condiciones de su encarcelamiento. Mohammed Khatib, coordinador de Samidoun, organización que brinda solidaridad con los presos políticos palestinos, está siendo objeto de vigilancia, también iniciada por la Oficina de Inmigración, para revocar su condición de refugiado político debido a su lucha.
Estos procedimientos administrativos se rigen por una política que perpetúa el colonialismo en Palestina. Atenta contra la legitimidad de su lucha por la liberación y los deja en una situación de precariedad administrativa en Europa.
La represión política contra el movimiento de solidaridad y el colectivo palestino acompaña estos procedimientos para revocar la condición de refugiado o la ciudadanía belga. La organización Samidoun está en la mira explícita del gobierno, que pretende disolverla mediante la promulgación de una ley. En el ámbito judicial, se han iniciado importantes procesos penales, como el relativo a la ocupación de la ULB (Universidad Libre de Bruselas) en mayo del año pasado.
La política migratoria, junto con las medidas políticas y el trato reservado a los colectivos extranjeros, son los escenarios donde el Estado belga desarrolla sus prácticas, tecnologías y políticas más fascistas. El Estado no respeta sus propias leyes, encarcela sistemáticamente y asesina. La arbitrariedad administrativa prevalece sobre los derechos, allanando el camino al fascismo.
La respuesta de Reino Unido a la pandemia se llamó “Operación Talla” y no estuvo dirigida por la ciencia, ni por los médicos, sino por el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC). El pretexto fue proteger la salud pública, que permite cometer cualquier atropello, empezando por poner a un cuerpo represivo a cargo de la sanidad.
La Operación se puso en marcha para hacer cumplir el confinamiento en Inglaterra, Gales, Escocia (bajo operaciones paralelas como Moonbeam) e Irlanda del Norte, una vigilancia que también alcanzaba a otras medidas, como las mascarillas, la distancia de seguridad y demás paranoias de aquel momento.
Lograron imponer el confinamiento en muchos lugares, excepto en Downing Street, donde el primer ministro Boris Johnson y su séquito organizaron varias fiestas hasta altas horas de la madrugada.
El 3 de diciembre la información existente sobre la Operación dio un giro (*) con la publicación de dos documentos: una carta constitucional dirigida a las más altas autoridades legales y políticas de Reino Unido y un expediente con documentos adicionales, que contiene comunicaciones policiales internas y notas de la policía escocesa.
Entre la documentación ha aparecido una directiva a escala nacional que ordena a la policía no registrar las denuncias por delitos relacionados con las vacunas. Paralelamente, un informe interno de la policía escocesa (la “Directiva Speiras”) instruyó explícitamente a los policías a no admitir denuncias por el mismo motivo.
El gobierno determinaba los delitos que se podían denunciar y los que quedaban fuera de los archivos, con el consiguiente falseamiento de las estadísticas, no sólo de las cifras de criminalidad, sino también de las epidemiológicas.
Se estima que desde finales de 2021 hasta principios de 2022 fueron eliminados entre 5.000 y 10.000 informes de víctimas, testigos e incluso profesionales médicos, lo que ha ayudado a enterrar una importante fuente de información sobre los estragos de las vacunas.
(*) https://ethicalapproach.co.uk/Operation_Talla_Integrated_Findings_Assessment.pdf https://ethicalapproach.co.uk/Operation_Talla_info_for_police_staff.pdf
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