La Audiencia Nacional, con el Juez Jose Luís Castro a la cabeza, está revocando beneficios penitenciarios o excarcelaciones que deberían ya haberse acordado amparándose en la «gravedad de los delitos» y en interpretaciones imaginativas de la ley.
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Nacho Saffarano
Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas.
Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento, aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica.
El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritariode los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas,de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.
Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.
Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles, principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.
Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.
Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.
Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar –al menos momentáneamente– todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos –ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres-, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/27/a-quien-le-importa-si-se-trata-solo-de-otro-preso-muerto/
Max Siegelbaum
Al menos 20 fondos de pensiones del sector público han invertido en empresas que se benefician de la política de inmigración de Trump, incluyendo California y Nueva York.
Millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses se invierten en las empresas que gestionan las prisiones privadas, involucradas en la detención de miles de migrantes en todo Estados Unidos, según una investigación.
Algunas de las inversiones más importantes, que provienen de los fondos de pensiones de trabajadores del sector público, como maestros y bomberos, provienen de Estados con políticas de “santuario”(1), como Nueva York, California y Oregón.
A escala federal, al menos 20 fondos de pensiones han invertido en Geo Group o CoreCivic, las dos mayores empresas privados de prisiones. Esas inversiones van desde grandes organizaciones como el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPers), que administra 81.000 millones de dólares en acciones, hasta organizaciones más pequeñas como la Junta de Jubilados de la Enseñanza de Nuevo México, que administra aproximadamente 2.300 millones.
Los fondos de pensiones del sector público de Estados Unidos han invertido actualmente al menos 67 millones de dólares en las dos empresas mencionadas, Geo Group y CoreCivic, según las cuentas del primer trimestre de 2019, que probablemente representan sólo una parte de la cantidad total de fondos de pensiones del sector público que han invertido en estas dos empresas.
Ambas empresas se han vuelto más atractivas para los inversores desde que Donald Trump se convirtió en presidente, estimulando políticas de inmigración más estrictas. Las empresas obtuvieron contratos por valor de cientos de millones de dólares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que recurrió a empresas privadas, ya que la policía detuvo a un número cada vez mayor de inmigrantes.
Un negocio con el dolor de los encarcelados
Aunque los activos declarados a la SEC (2) representan sólo una pequeña proporción de los 3.8 trillones de dólares invertidos en fondos de pensiones públicos, los defensores de la inmigración y algunos legisladores afirman que tienen poder simbólico y han pedido que los fondos de pensiones públicos sigan el ejemplo de algunos bancos y desinviertan.
La semana pasada, se hizo evidente que uno de los fondos de pensiones más grandes de Canadá se había deshecho silenciosamente de ambas empresas después de que el Guardian informara a finales del año pasado que la Junta de Inversiones del CPPIB (Plan de Pensiones de Canadá) tenía cerca de 8 millones de dólares en acciones de Geo Group y CoreCivic.
Según Daniel Altschuler, director de compromiso cívico e investigación de Make the Road Nueva York, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes, la desinversión en empresas carcelarias privadas envió un poderoso mensaje. “Tomar una posición envía el mensaje de que la complicidad con empresas que se aprovechan del dolor de la gente es inaceptable”, dijo Altschuler. Este es un mensaje que algunos de los principales bancos han recibido, agregó. “Como algunas ciudades y estados están vendiendo o considerando vender, los bancos lo saben”.
En marzo, JPMorgan Chase & Co. decidió dejar de financiar a las empresas privadas de prisiones. Anteriormente habían suscrito bonos y préstamos sindicados para Geo Group y CoreCivic. A principios de esta segunda semana de julio, SunTrust Bank anunció que dejaría de hacer negocios con la industria penitenciaria privada. El mes pasado, el Bank of America hizo lo mismo.
El Miami Herald informó que el banco había otorgado un préstamo de 380 millones de dólares y una línea de crédito de 75 millones de dólares a Caliburn, el operador de una instalación en Florida donde están detenidos cerca de 2.300 niños migrantes. El banco dijo que había decidido dejar de hacer negocios con las empresas de prisiones, en parte debido a “las preocupaciones de nuestros empleados y de las partes interesadas en las comunidades a las que servimos”, dijo un portavoz de Bank of America a CNN.
Las empresas de prisiones privadas han crecido con Trump
Hacia el final del segundo mandato de Barack Obama, el Departamento de Justicia (DoJ) decidió dejar de usar empresas privadas de prisiones para alojar a presos estadounidenses e inmigrantes detenidos. Las acciones de Geo Group y CoreCivic cayeron inmediatamente en más de un 30 por ciento cada una.
Pero poco después de su juramento, Trump puso fin a la política del DoJ y las acciones de ambas empresas comenzaron a subir lentamente de nuevo. Entre los años fiscales de 2015 a 2018, cuando el gobierno comenzó a intensificar su represión contra los inmigrantes, el promedio de la población diaria de inmigrantes detenidos aumentó en un 50 por ciento.
Desde el 1 de enero de 2017, Geo Group ganado adjudicaciones por valor de más de 390 millones de dólares, según datos de USA Spending, la herramienta de seguimiento de gastos del gobierno federal. CoreCivic recibió más de 228 millones de dólares durante el mismo período.
Las mayores inversiones van a Nueva York y California
Según datos de la SEC, las mayores inversiones en las dos empresas provienen del New York Teachers Retirement System (3), que tiene una inversión total de 9.5 millones de dólares, y CalPers, que tiene una inversión de 9.5 millones de dólares en estas empresas.
Otros estados con políticas pro-inmigrantes, como Oregón, Nuevo México, Colorado y Utah, tienen inversiones en ambas empresas.
La Junta Directiva del Sistema de Jubilación del Estado de la Florida declaró 3.8 millones de dólares aproximadamente en el primer trimestre de 2019. En respuesta a las preguntas, John Kuczwanski, director de comunicaciones del fondo, dijo que habían invertido más de 16 millones de dólares en ambas empresas, activa y pasivamente.
Alrededor de la mitad de los 20 fondos de pensiones respondieron a una solicitud de comentarios sobre sus activos. La mayoría de ellos dijeron que habían realizado sus inversiones siguiendo los índices creados por empresas de investigación financiera como Standard&Poors. Algunos de los activos de algunos de ellos eran gestionados por gestores externos. Algunos fondos informaron que los principios ambientales, sociales y de administración empresarial (ESG) guían las inversiones; varios fondos informaron que no tienen directrices ESG.
En un comunicado de prensa, el NYSTRS (4) declaró que sus activos en ambas empresas se mantienen “principalmente de forma pasiva en carteras que siguen un amplio índice de mercado”. El NYSTRS está comprometido a equilibrar las obligaciones fiduciarias con las preocupaciones ambientales, sociales y de gestión de inversiones. Cuando procede, y caso por caso, expresamos nuestras opiniones sobre la GSS a través de nuestro programa de votación por poder. Por ejemplo, recientemente el accionista de Geo Group propuso publicar un informe anual sobre derechos humanos. El NYSTRS votó a favor de esta propuesta”.
CalPers respondió: “La cartera de renta variable global de CalPers está compuesta por más de 10.000 empresas de todo el mundo y se gestiona en gran medida a través de una estrategia de inversión basada en índices. Para más información sobre las estrategias de inversión de CalPers, vea nuestra página de políticas…[y] nuestros principios de gobierno y sostenibilidad de CalPers”.
El Fondo de Pensiones de los Empleados del Sector Público de Oregón aumentó sus inversiones en más del 45 por ciento entre el primer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2019, de aproximadamente 1.4 millones de dólares a aproximadamente 2 millones de dólares. En cuanto al Fondo de Pensiones del Estado de Arizona, su inversión aumentó un 44 por ciento.
Las empresas carcelarias rinden más beneficios
Algunos fondos han declarado que su prioridad es maximizar los beneficios y no las preocupaciones sociales. “No somos un inversor social. Queremos obtener el mejor rendimiento mientras manejamos el riesgo”, dijo Beau Barnes, Secretario Ejecutivo Adjunto y Asesor General del Sistema de Pensiones de los Maestros de Kentucky.
Un representante del Sistema de Jubilación de Empleados de Escuelas Públicas de Pensilvania dijo que el fondo tampoco tiene principios de ESG y sólo sigue una ley estatal que les prohíbe invertir en empresas relacionadas con Sudán e Irán. “Nuestros estatutos generalmente prohíben dar prioridad a las consideraciones de inversión social sobre la maximización de los rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo”, dijo Matt Clark, del Consejo de Inversiones de Dakota del Sur.
Mientras que Geo Group ha mantenido una participación relativamente estable, la participación de CoreCivic ha aumentado de unos 30 a 19 dólares en tres años. El crecimiento medio de la inversión durante el gobierno de Trump fue del 14 por ciento.
En conjunto, estos 20 fondos del sector público administran más de 319.000 millones de dólares, de los cuales sólo el 0,02 por ciento se invierte en estas dos empresas privadas.
Peticiones de desinversión
Algunos fondos públicos de pensiones se han mostrado reacios a solicitar la desinversión. Después de una campaña ferozmente disputada dirigida por un grupo de luchadores llamados Educadores para la Justicia Migratoria, el Sistema de Retiro de Maestros del Estado de California vendió los activos de los fondos de CoreCivic y Geo Group en noviembre de 2018, que ascendían a aproximadamente 12 millones de dólares.
Hoy, los luchadores a favor de esta desinversión se centran en los CalPers. “Estamos empezando a ver el interés de los miembros de la junta”, dijo Emily Claire Goldman, fundadora y directora de Educators for Migrant Justice, una iniciativa de transparencia del ESG. La Sra. Goldman explicó que la industria de los fondos de pensiones ha comenzado a utilizar cada vez más los fondos de capital privado como vehículo de inversión. Que, según ella, “es una caja negra completa”.
CoreCivic y Geo Group aempresan que siguen las directrices del gobierno en materia de prácticas de detención y realizan inspecciones periódicas. “Las instalaciones de Geo están altamente calificadas por agencias de evaluación independientes… y proporcionan servicios de alta calidad en entornos seguros y humanos”, dijo la empresa en un comunicado.
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/11/private-prison-firms-profiting-trump-immigration-policy
(1) En la jerga de Estados Unidos califican como “santuarios” a aquellos Estados que no mantienen una represión muy estricta contra los emigrantes
(2) El SEC es el regulador bursátil, equivalente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(3) Fondo de pensiones de los maestros de Nueva York
(4) Fondo de pensiones de los maestros del Estado de Nueva York
El juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Jose Luís Castro, ha dictado una providencia notificada hoy a la defensa del preso del PCE(r) Manuel Arango, por la cual se afea a la dirección de la prisión de Herrera de la Mancha la falta de remisión de varios informes sanitarios imprescindibles para ventilar la solicitud de tercer grado por motivos de enfermedad grave.
Según Castro, que contesta así a una solicitud de la defensa por la que se exigía impulso a las actuaciones por las dilaciones que estaba sufriendo, «ha sido incesante la comunicación entre el Centro Penitenciario y este Juzgado«.
El 12 de diciembre fue requerida a la prisión diversa documentación «recibiendo informes del Centro Penitenciario el 9 de enero de 2019, los cuales, al resultar incompletos para la pronunciación en relación al recurso, se reitera requerimiento al día siguiente, 10 de enero de 2019, recibiendo despacho del CP el 15 de enero, haciendo una nueva reiteración el día 24 de enero y posteriormente otra con fecha 6 de febrero de 2019.«
Las pruebas médicas realizadas, que no han sido trasladadas a la defensa, se han podido conocer por las comunicaciones de Arango, han evidenciado que padece de hepatología crónica, úlcera duodenal, escoliosis y artrosis, entre otras dolencias.
Manuel Arango, además de preso político, es viudo de Isabel Aparicio, otra presa política comunista que falleció en 2014 víctima de la desatención sanitaria y que Arango lleva denunciando desde entonces. Parece evidente que el Estado quiere obtener un resultado parecido.