El pasado 17 de octubre, la policía autónoma vasca (Ertzaintza) detuvo a dos militantes de la organización independentista Jardun, acusadas de delitos de terrorismo y cuya instrucción ha sido encomendada al Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional). La información proporcionada hasta el momento evidencia todos los tintes de un montaje policial de lo más cutre, pero con el fin de abrir la veda a la detención masiva de militantes independentistas.
La Audiencia Nacional, con el Juez Jose Luís Castro a la cabeza, está revocando beneficios penitenciarios o excarcelaciones que deberían ya haberse acordado amparándose en la «gravedad de los delitos» y en interpretaciones imaginativas de la ley.
El control del discurso público, ese que permite convencer a la población de que hay que odiar al oprimido y amar al opresor, es el botín de guerra en la sociedad del espectáculo. Se dice que el parlamento español es un espectáculo, en palabras de Guy Debord, pero pocas veces se analiza el espectáculo que es la Audiencia Nacional.
Una red de tráfico de drogas con la que un militante islamista detenido en Sagunt serviría para costear el transporte de otros tantos combatientes a Siria para incorporarse a Al Qaeda no pudo ser juzgada esta semana en la Audiencia Provincial de Valencia ya que en el expediente de la Audiencia Nacional no están las intervenciones telefónicas.