La oferta pública ganadora del escrutinio de las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas de 2023 y 2024 no contempla el llamado sistema de «e-counting», o escaneo de papeletas, pero sí delega en INDRA la centralización de datos proporcionados por las Juntas Electorales; centralización que ha escapado siempre a cualquier auditoría.
Una red de tráfico de drogas con la que un militante islamista detenido en Sagunt serviría para costear el transporte de otros tantos combatientes a Siria para incorporarse a Al Qaeda no pudo ser juzgada esta semana en la Audiencia Provincial de Valencia ya que en el expediente de la Audiencia Nacional no están las […]
La Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, presidida por el juez talaverano Fernando Presencia, viene publicando datos bancarios relativos a evasión de capitales que tienen como protagonistas a altos cargos políticos y judiciales españoles que nadie quiere comprobar. ¿Por qué?.
El escándalo del CNI está embarrando el terreno de la llamada «confianza» de los inversores. Se trata de un indicador muy subjetivo pero relevante, porque implica hasta qué punto España como Estado es capaz de asumir sus compromisos de pago.
Es la primera vez desde el franquismo que el Gobierno introduce abiertamente, y de manera legal y oficial, la hipótesis de la «influencia» en la libertad de prensa y el derecho a la información, como forma de «contrarrestar» lo que llama «estrategias de desinformación».
El más importante y enorme de los archivos montados durante la Transición no sólo está guardado a buen recaudo en la sede central del CNI, sino que fue actualizado al menos durante los años ochenta y hoy existen sospechas de que se mantiene la alimentación de información.
El Centro Nacional de Inteligencia, a través del Centro Criptológico Nacional, ha incluido a mpr21.info entre 150 portales analizados que constituyen un riesgo para la seguridad nacional por su intencionalidad de «erosionar la credibilidad de las instituciones públicas», según un informe de su unidad de cibervigilancia, conocido como ELISA.
El asesinato de Urigoitia y toda la actuación posterior del Estado fue todo un acto al servicio del ocultamiento. Todos los involucrados siguen vivos y sin que hayan sido juzgados.