El pasado 17 de octubre, la policía autónoma vasca (Ertzaintza) detuvo a dos militantes de la organización independentista Jardun, acusadas de delitos de terrorismo y cuya instrucción ha sido encomendada al Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional). La información proporcionada hasta el momento evidencia todos los tintes de un montaje policial de lo más cutre, pero con el fin de abrir la veda a la detención masiva de militantes independentistas.
Según la nota publicada por la policía autónoma, ésta habría detenido a dos miembros de Jardun porque contaban con datos de guardias civiles destinados en el País Vasco y por una «posible localización» de material explosivo. Los dos arrestados habían sido identificados el pasado 26 de septiembre en un control policial en Eskoriatza (Guipúzcoa) cuando iban acompañados de un ciudadano irlandés. La nota oficial señalaba también que ambas personas contaban con «antecedentes relevantes».
El punto más llamativo es la incoherencia entre el momento en que la policía tuvo conocimiento de los hechos y el momento en que se practicó la detención.
Ésta no se produjo por una acción policial directa derivada de la investigación, sino semanas después, el 17 de octubre, cuando la pareja se presentó voluntariamente en la comisaría de Irún acompañada de su abogado. Es en ese momento cuando la Ertzaintza formaliza la detención.
Esta secuencia plantea una pregunta lógica: si el material intervenido el 26 de septiembre era constitutivo de un delito de terrorismo, ¿por qué no se procedió a la detención inmediata?. La explicación de que la investigación «avanzó de manera muy relevante» en las semanas siguientes no aclara por qué se permitió que los sospechosos siguieran libres teniendo en su poder, presuntamente, información tan relevante sobre objetivos y paradero de armas.
El grueso de la acusación se basa en información y datos («documentación», «información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad»), no en la posesión de armas o explosivos físicos. La información publicada por El Mundo señala que la Ertzaintza «no ha desvelado si los dos detenidos han confesado la existencia de un ‘zulo’ con armas y explosivos». La acusación de terrorismo se sustenta, por tanto, en la «posible localización» de un lugar, un indicio que, sin la confirmación del hallazgo, resulta más especulativo que fáctico.
Para mayor pátina de gravedad, se afirma que la pareja cuenta con «antecedentes relevantes», pero no se especifica de qué tipo: no se sabe si tienen antecedentes policiales, penales o antecedentes como cocineros. Es decir, es una detención contra dos militantes de una organización política, basado en especulaciones surgidas de la capacidad creativa y la imaginación de la policía. Un clásico de la Audiencia Nacional, que nunca defrauda.