Durante décadas el imperialismo ha impuesto una camisa de fuerza a muchos pueblos del mundo, incluso después de la descolonización. Con el tiempo, las presiones de las grandes potencias se han intensificado para hacer frente, tanto a los movimientos de liberación nacional como a los países liberados del yugo colonial.
Hoy es el aniversario del desastre en la mina Bois du Cazier, en Bélgica, de 1956. Sólo 13 de los 275 trabajadores que descendieron al pozo esa mañana salieron con vida. Quedaron más de 200 viudas y más de 400 niños sin padre. Los cuerpos de catorce de ellos han sido imposibles de identificar hasta la actualidad.
Cinco miembros de Acción Palestina, declarados culpables de causar daños por valor de más de 200.000 libras esterlinas a una sucursal del Banco Barclays, podrían ser condenados como “terroristas”.
Por primera vez, el ministro francés de Interior, Laurent Núñez, declaró públicamente que el reconocimiento facial está prohibido. “Esta técnica no es legal. Así que no hay razón para que lo apoye; por el contrario, lo denuncio”, dijo ante el Senado en abril.
En los países europeos la represión va de la mano del militarismo, el rearme y la política de guerra. Por eso no es de extrañar que la ONU se refiera a países, como los europeos, como si formaran parte de una de esas “repúblicas bananeras” que siempre están en los catálogos de los malos informes sobre derechos humanos.
Las crónicas periodísticas de Europa ya son lo más parecido que hay a los sucesos más truculentos y los reportajes de tribunales. La eurodiputada Rima Hassan fue detenida el 2 de abril en París acusada de algo parecido a la “apología del terrorismo” por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El crimen consistió en citar una frase del militante del Ejército Rojo japonés Kozo Okamoto, quien estaba entre los autores del bombardeo del aeropuerto de Tel Aviv el 30 de mayo de 1972: “Habla a la juventud sobre la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber”, dijo Okamoto.
Para quienes no lo sepan: el derecho legítimo a la resistencia es un principio jurídico enunciado por la Revolución Francesa. Ya ven cómo cambian los tiempos, incluso en Francia: los derechos legítimos se convierten en crímenes de “terrorismo”.
El denunciante de Hassan fue Matthias Renault, un diputado fascista (o sea, de extrema derecha, como dicen ahora). También denunciaron el ministro de Interior francés, la Organización Judía Europea y la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo.
La eurodiputada fue sometida a una vigilancia obsesiva. A principios de año la policía empezó a vigilar su móvil retroactivamente, pidieron a las empresas ferroviarias que informaran de sus viajes y a Europol y Air France que revelaran el destino de sus vuelos.
La primera audiencia del juicio se señaló para el 7 de julio, pero el tribunal aceptó la solicitud de aplazamiento de los abogados defensores, motivada por la comunicación tardía de numerosas aportaciones de las asociaciones prosionistas que forman parte civil del proceso.
Con motivo del primer señalamiento, casi 300 personas se reunieron frente al Palacio de Justicia de París en solidaridad con Hassan. En el escenario preparado para la convocatoria se destacó una pancarta con las palabras: “Defender Palestina no es un crimen”.
Muchos militantes solidarios estuvieron presentes en la sala del tribunal, incluido el dirigente de La France Insoumise, Jean Luc Melenchon.
Los sionistas presentes en el proceso han impugnado el aplazamiento del juicio. El proceso es el primero que involucra a una personalidad política acusada de “apología del terrorismo”.
El señalamiento se aplazó finalmente hasta el 19 de octubre para “garantizar que los procedimientos pudieran llevarse a cabo en un clima sereno”, según el juez presidente del Tribunal Penal de París.
Desde que fuera elegida eurodiputada en 2024, Rima Hassan se ha convertido en la “enemiga interior”. Ha sufrido con entereza un aluvión de presiones judiciales, mediáticas y políticas por ser una abierta defensora de la causa palestina.
En dos años se han iniciado 16 procedimientos judiciales enn su contra. Trece de estos casos ya han sido desestimados sin más.
No cabe lugar a engaños de ninguna clase: los países europeos apoyan a Israel y criminalizan la solidaridad con Palestina. ¿Libertad de expresión en Francia? ¿Inmunidad parlamentaria en Europa? Ya basta de estupideces; la caza ha comenzado: prorrusos, proiraniés, propalestinos…
Estados Unidos ha condenado a ocho manifestantes a un total de 450 años de cárcel por una protesta frente al centro de internamiento de emigrantes Prairieland, en Alvarado, Texas, la noche del 4 de julio del año pasado.
Las penas son más severas que cualquiera de las impuestas a los participantes en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Asaltar la sede del Congreso es mucho más barato; manifestarse frente a un centro de internamiento dispara el precio a pagar. La jerarquía de valores no deja lugar a dudas.
Benjamin Hanil Song recibió la pena más dura: un siglo entero, 100 años de cárccel, por el intento de asesinato de un policía. Maricela Rueda fue condenada a 70 años. Cameron Arnold, Savanna Batten, Zachary Evetts y Bradford Morris recibieron, cada uno, castigos de 50 años. El veredicto despoja al proceso de cualquier apariencia de proporcionalidad y deja al descubierto su verdadera naturaleza represiva.
Entre estas penas históricas figura una condena de 30 años de prisión para Daniel Sanchez-Estrada, quien ni siquiera estuvo físicamente presente en el lugar durante el incidente.
A Sanchez-Estrada no le acusaron de intento de asesinato. No le acusaron de prestar apoyo material al “terrorismo”. No estuvo presente en la protesta. Fue condenado a 30 años por transportar panfletos antifascistas después de haber finalizado el acto.
El 4 de julio del año pasado 11 personas se congregaron por la noche delante de los muros de un centro de internamiento de la policía de emigración. Algunos vestían de negro y otros llevaban fuegos artificiales. Estaban allí para hacer ruido en apoyo a los emigrantes hacinados en el interior, a la espera de ser deportados.
Los policías de emigración que se encontraban en el interior pidieron refuerzos. Dos de ellos salieron de las instalaciones, desarmados. Entonces llegó un policía de Alvarado y la situación se agravó.
Song, un antiguo reservista del Cuerpo de Marines, gritó “¡Cojed las armas!” y abrió fuego, alcanzando al policía en el cuello. Su abogado argumentó que disparó hacia el suelo tras ver al policía apuntar con su arma a un manifestante, y que la bala que alcanzó al policía probablemente rebotó. El policía fue trasladado en helicóptero al hospital y recibió el alta poco después.
Esos son los hechos resumidos. Lo que sucedió después en la sala del tribunal no tiene prácticamente nada que ver con lo ocurrido durante la protesta.
Entre las pruebas presentadas había once armas de fuego, chalecos antibalas y once botiquines de primeros auxilios que contenían torniquetes, así como una bandera con el lema “Resiste al fascismo, lucha contra la oligarquía” y panfletos que decían: “Combate el terror del ICE [policía de emigración] mediante la lucha de clases”.
La fiscalía presentó la bandera y los panfletos como pruebas. Incorporó su propia crítica política al expediente como la mejor evidencia de una conspiración criminal.
Los torniquetes merecen una explicación. Quienes los llevaban esperaban resultar heridos. Eran personas que sabían que la respuesta del Estado ante una protesta cerca del centro de internamiento probablemente sería violenta, y se habían preparado en consecuencia. Son testimonio del miedo a la represión, que está basado en una amplia experiencia del funcionamiento de la policía en Estados Unidos, sobre todo en materia de represión política.
Es la primera condena de militantes vinculados al movimiento antifascista desde que Trump aprobara el decreto que designaba al colectivo como “organización terrorista interna” en septiembre del año pasado.
El movimiento no es una organización, carece de dirección, estatutos, domicilio social o lista de afiliados. A pesar de ello fue incluida en la lista negra de “terroristas”. Posteriormente la inclusión se utilizó para endurecer las acusaciones contra quienes comparten sus principios políticos.
El FBI ha utilizado sistemáticamente el término “anarquista” de la misma manera que emplea “antifascista”. Es una etiqueta genérica para diversas protestas progresistas que, en realidad, no definen a nadie en concreto.
Pero sirve a la represión política. Se tilda de “terrorismo” a una corriente política y luego la etiqueta se aplica a cualquiera que asista a las movilizaciones, lea los mismos folletos o vista ropa del mismo color que los que están señalados como “terroristas”.
A la criminalizado de una postura política legítima le llaman “lucha el terrorismo”. En enero, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció una investigación sobre el Comité Antifascista de Screwston, en Houston, con el incidente de Prairieland como pretexto (*), a pesar de que ninguno de los acusados era de Houston ni tenía vínculo alguno con dicha organización. El cerco se estrecha. Estas condenas son un fin en sí mismas. Ellas constituyen el mensaje.
El caso de Sánchez Estrada es el que revela con mayor claridad la naturaleza del mecanismo represivo. Sánchez Estrada no estuvo presente en Prairieland el 4 de julio. Fue condenado por trasladar una caja de panfletos antifascistas tras la detención de su mujer, Maricela Rueda. Su abogado argumentó que los panfletos eran de su propiedad, estaban protegidos por la Primera Enmienda y no guardaban relación alguna con las condenas de los demás acusados en el juicio.
“En el centro de este caso reside una verdad sencilla: Sánchez movió una caja”, dijo su abogado al tribunal.
Las condenas en el caso Prairieland son una prueba de la capacidad del Estado para reprimir la lucha antifascista, transformando un derecho constitucional, los panfletos, como prueba de apoyo al “terrorismo”. El precedente ha quedado establecido: el Estado ha condenado un acto de solidaridad a 450 años de cárcel.
Al dictar sentencia contra otros acusados, el juez Reed O’Connor describió la solidaridad de los condenados como un “ataque a la democracia”. Quizá en eso consista lo que llaman “democracia”: en designar a los movimientos políticos como “organizaciones terroristas” por decreto, en condenar a un hombre a 30 años de cárcel por trasladar una caja de panfletos.
Como bien decía la declaración de Song, leída por su madre, “esto es una sanción masiva. Un castigo colectivo. Es culpabilidad por asociación. Es una injusticia”.
Los 450 años de cárcel son un aviso para navegantes: los próximos que deseen congregarse frente a un centro de internamiento para protestar deberán plantearse muy seriamente si su solidaridad vale el precio a pagar.
El centro de internamiento de Prairieland quedará reducido a polvo o sumergido bajo el agua antes de que expire la última de las condenas. Los jueces habrán muerto. Las realidades políticas que engendraron tal castigo habrán cambiado hasta volverse irreconocibles. Solo quedará la cifra… si es que los registros sobreviven.
(*) https://screwstonafc.noblogs.org/post/2026/02/18/texas-attorney-general-ken-paxton-targets-screwston-anti-fascists-for-investigation/
⟶https://www.presos.org.es/index.php/2026/07/07/usa-la-venganza-del-estado-por-una-protesta-frente-al-centro-de-internamiento-de-emigrantes-por-juanma-olarieta/
La policía antiterrorista británica detuvo al abogado estadounidense Dan Kovalik en el aeropuerto de Liverpool. El abogado es conocido por defender al expresidente colombiano Gustavo Petro ante los tribunales de Estados Unidos por las sanciones económicas que le impusieron.
Las violaciones de la libertad de expresión y de reunión han aumentado cinco puntos porcentuales, los casos de agresión violenta seis puntos y los ataques a las libertades civiles tres puntos, en particular detenciones de trabajadores y sindicalistas, denuncia la Confederación Sindical Internacional en su Índice de Derechos Mundiales de este año.
Alí, un palestino de 36 años, reside en Francia desde 2016 y lleva dos años en prisión preventiva. Las acusaciones en su contra se basan en informaciones proporcionadas por Israel, a pesar de que obtuvo el estatuto de refugiado tras abandonar Palestina.
Francia reconoce los abusos que ha sufrido, le concede protección y el estatuto de refugiado… Hasta que una mañana la policía llega a su casa con las armas en la mano y le detiene delante de tus hijos. Le acusan de “terrorismo” en base a los testimonios proporcionados por el mismo país que le empujó al exilio.