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5 años de cárcel para un policía que cobraba ilegalmente a los extranjeros

La Fiscalía de Alicante pide una pena de 5 años de prisión y una multa de 3.600 euros para un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería de la comisaría provincial de Alicante acusado de cobrar a cambio de la expedición de certificados del número de identificación de extranjeros, equivalente al DNI de los nacionales.

La misma condena, igualmente por un delito de cohecho continuado, reclama para dos gestores de la comarca de la Vega Baja que supuestamente sobornaban al policía a fin de evitar que sus clientes, ciudadanos europeos con segundas residencias en la zona de Torrevieja y la costa de Orihuela, tuvieran que viajar a España para obtener en persona los citados documentos, como exige actualmente la ley.

El juicio por estos hechos, registrados en 2011 y 2012, se ha iniciado hoy ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante. Las irregularidades fueron detectadas después de que la responsable de otra gestoría presentase una denuncia.

La legislación requiere que el extranjero solicitante de un número de identificación de extranjeros se presente en persona en comisaría, rellene un formulario y pague una tasa de 9,18 euros. Según la acusación pública, el policía, de 40 años, se concertó con dos gestores para entregarles los documentos de sus clientes extranjeros sin que cumplieran los citados requisitos a cambio de aproximadamente 50 euros por cada certificado.

De esta forma, los gestores ofrecían supuestamente a diferentes establecimientos de gestión inmobiliaria y extranjería la posibilidad de obtener certificados del número de identificación de extranjeros de forma más rápida de lo habitual. Éstos cobraban 100 euros por cada documento, de los que la mitad era para el policía encausado.

Durante el periodo referido el policía grabó en la aplicación informática Adextrra de la comisaría 2.180 certificados con normalidad, y se estima aproximadamente en 270 los número de identificación de extranjeros que grabó irregularmente.

El policía fue detenido en su puesto de trabajo el 27 de marzo de 2012. En una mochila de su propiedad localizaron dos formularios de solicitud de número de identificación de extranjeros y un folio con el número de teléfono de otra acusada. En el registro de su domicilio, ubicado en Aspe, se hallaron, escondidos en la funda de un arma, 9.550 euros procedentes, presuntamente, de las ganancias con su actividad delictiva.

Por su parte, al otro acusado se le intervino una carpeta con documentación y un sobre con tres certificados que el policía le acababa de entregar en un bar situado frente a la comisaría provincial de Alicante. También poseía documentación relativa a la obtención del número de identificación de extranjeros en su vivienda de Torrevieja.

En su declaración ante el juzgado que instruyó esta causa, el policía acusado admitió los cobros por la expedición de los documentos a extranjeros que no se personaron en la comisaría.

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La Audiencia Provincial de Madrid pierde los papeles

Los discos duros de los ordenadores del Partido Popular fueron borrados para obstruir la investigación sobre su financiación ilegal. La manipulación de los ordenadores posibilitó que, por primera vez desde que arrancó el caso Gürtel, el Partido Popular figurase como querellado en una causa criminal.
El artículo 264 del Código Penal impone penas de cárcel de seis meses a dos años a quien sin autorización borre, dañe o haga “inaccesible” datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. Ese delito es atribuible a una persona jurídica, en este caso el Partido Popular porque presentó el borrado de datos “como algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido”. Naturalmente que no guardan copia de los contenidos.
Ante esta situación las acusaciones del caso de los papeles de Bárcenas, entre ellas la Asociación Libre de Abogados, presentaron una querella contra el Partido Popular por la “destrucción u ocultación” de pruebas en octubre de 2013. Ante la denuncia, el juez Pablo Ruz hizo lo de siempre: para quitarse trabajo de enmedio la rechazó.
El asunto empezó a pasar de unas manos a otras hasta que llegó al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid al que los denunciantes le piden lo imposible: que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado del disco duro del ordendor y a los responsables del partido que destruyeron el registro de visitas, donde deberían haber quedado reflejados los encuentros de los donantes con los jefecillos del Partido Popular.
Como la titular del Juzgado de Instrucción número 32 tampoco quiere trabajar, o sea, investigar nada, los denunciantes tienen que recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid y al enviar allá los papeles, de tanto mareo resulta que los han debido tirar a la papelera, o mejor dicho, no saben ni a dónde los han tirado porque no aparecen. Ayer el Juzgado número 32 les dice a los denunciantes que «se han perdido» por el camino, aunque debería haberles dicho más bien que alguien los ha hecho desaparecer.
El caso es que 14 meses después del recurso, no hay papeles, que es lo que el Partido Popular ha dicho siempre. Ni siquiera hay discos duros, que están completamente en blanco. Todo está tan limpio porque se ha limpiado dos veces. Una limpieza detrás de otra.
En sus intentos de explicar lo inexplicable las fuentes oficiales dicen que no hay explicación, pero a nosotros se nos ocurren dos hipótesis:
a) hay mala fe, una mano negra al servicio del PP, la misma que borró los discos duros para ocultar las pruebas
b) no hay mala fe pero los tribunales son un desastre, lo cual es aún peor: ¿cómo permiten que alguien tan chapucero pueda condenar a una persona?, ¿no serán sus condenas otra chapuza?
Cuando el asunto de los GAL apuntaba a la cabeza del PSOE, ya lo dijo Felipe González: «No hay pruebas ni las habrá». Ahora Rajoy puede decir lo mismo. Funcionan exactamente igual que la mafia. Lo llaman de otra manera: Estado de Derecho.
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Los polvos del rey han salido muy caros

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amante del rey Juan Carlos, amasó una gran fortuna durante su estancia de diez años entre las sábanas de las alcobas reales españolas.
Cuando conoció al rey de España, Corinna no tenía ningún tipo de patrimonio relevante. En 2013 la hicieron abandonar España, pero no se fue con las manos vacías. Según datos en poder del gobierno, se fue con 30 millones de euros cobrados por unos «servicios» prestados, no se sabe bien si a España o a su Jefe de Estado.
Se tuvo que marchar por presiones de destacados capitalistas autóctonos a quienes debía sangrar abundantemente cada vez que querían ver al rey vestido en traje de faena. Se fue con ese dinero pero con la prohibición de volver a España.
«Nadie va a reclamar ese dinero. Nada fue ilegal; en todo caso, poco ético. Era dinero de comisiones por el AVE de Arabia Saudí, por las renovables, del fondo hispano-saudí…», publica la revista Interviú, que además añade que todos sus movimientos y «trabajos» en España los denominaba gestiones «delicadas».
Según informaciones que están en manos del gobierno, tan solo un año después de conocer al monarca fundó una empresa de consultoría internacional llamada Apollonia Associates en unos momentos en los que no tenía ningún patrimonio relevante.
Los servicios de inteligencia explicaron a la revista que se habrían abierto dos cuentas en Suiza a nombre de «Identidades Operativas» un nombre falso pero con documentación española totalmente legal. Por norma general este tipo de procedimientos se utiliza para espías encubiertos.
El dinero era destinado a dos bancos desde donde era controlado por un bróker que era el encargado de hacerle llegar el dinero a la princesa Corinna. Así el dinero no deja rastro y si un juez tratara de seguir las huellas, no encontraría nunca ningún pago a nombre de la princesa Corinna.
Hay otro problema añadido: como el rey vuelva a ligar lo llevamos crudo porque sus polvos los paga el Estado con los impuestos públicos ya que que el rey sigue siendo el rey, aunque no sepamos de qué ni de quién. ¿El rey de España, ¿el rey del polvo?
España es una monarquía bicéfala. Tenemos dos reyes y si en la Casa Real todos tienen la misma líbido, es fácil que el Palacio de la Zarzuela se llene de niños y pretendientes llamados a la suceder a la Corona.
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Varios guardias civiles condenados por tráfico de drogas en Cádiz y Ciudad Real

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un guardia civil de Ceuta a un año de prisión por formar parte de una red de tráfico de drogas. El cometido del guardia civil, natural de Melilla pero destinado en Ceuta, era preparar las lanchas donde se transportaba la droga.

La sentencia se impone por un delito cometido en 1999 en el que estaban implicadas siete personas -cuatro de ellas ceutíes- por formar una organización de tráfico de sustancias estupefacientes.

Los cabecillas de la red han sido condenados a un año y diez meses de prisión mientras que el guardia civil ha sido condenado a un año de cárcel y 600.000 euros de multa como cómplice de la red ilegal.

Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 1999 y en el transcurso de la operación los acusados desembarcaron 578 kilos de hachís en una playa de Algeciras (Cádiz), siendo detenidos por la Policía Nacional.

El guardia civil detenido preparaba los motores y las lanchas en las que se transportaba la droga desde Marruecos o Ceuta a las costas peninsulares.

La condena contra un guardia civil es la segunda que se produce esta semana cuando el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta dictó una sentencia condenatoria de un año y dos meses de prisión para otro guardia civil de Ceuta, detenido con 197 gramos de resina de hachís en su poder, por un delito contra la salud pública.

El guardia fue detenido en junio de 2010 por agentes antidroga de la Compañía de Ceuta cuando desembarcaba en la ciudad procedente de Algeciras (Cádiz) con 197 gramos de hachís en su poder, según la sentencia.

Lo mismo ha ocurrido en Ciudad Real, cuya Audiencia Provincial ha condenado a dos hombres, uno de ellos un guardia civil destinado en el cuartel de Almadén, por tráfico de drogas. La pena es de sólo dos años y medio de cárcel por la comisión de dos delitos.

El primer condenado, un civil, aceptó los hechos durante el juicio ya que le incautaron 144 gramos de cocaína, mientras que el guardia civil destinado en Almadén ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por dos delitos, el primero de complicidad en el tráfico de drogas y otro más por revelación de información relevante.

Los hechos se remontan a diciembre de 2007, cuando los vecinos de la localidad presentan varias denuncias contra un grupo de delincuentes del que formaban parte otra serie de personas que también han sido condenadas ya por estos hechos en ocasiones anteriores.

El guardia civil, al que unía su común afición a la caza con varias personas del grupo, se dedicaba a avisar al resto de las actuaciones de sus compañeros del cuerpo para evitar que fueran detenidos en la operación que se había puesto en marcha.

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Se esfuman más de 500 millones de tasas judiciales

El Ministerio de Justicia reconoce que se han esfumado más de 500 millones recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el antiguo ministro Ruiz-Gallardón en 2012. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por un diputado, el Ministerio asegura que «no dispone de información al respecto».
Agrega que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria «la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa». En este sentido explica que este organismo interviene en la gestión o recaudación del gravamen, pero queda fuera de su «ámbito competencial» cualquier otra cuestión, como puede ser dar información sobre su importe o destino.
«Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa», especifica el Ministerio de Justicia.
La pregunta parlamentaria solicitaba información sobre el destino otorgado por el Gobierno a esta recaudación. El diputado también quería saber si el Ejecutivo ha procedido a transferir el dinero a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
En otra respuesta enviada el pasado mes de noviembre, el Gobierno cifró en más de 512 millones de euros la recaudación por este gravamen, aprobado a finales de 2012 y que está a punto de ser reformado otra vez por el mismo Ministerio.
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Introducción al estudio de la impostura política

Estoy casi completamente convencido de que la mayor parte de los lectores, así como la mayor parte de esta sociedad, entiende que los políticos son «todos» unos impostores, cualquiera que sea el partido al que pertenezcan, y al referirse a «todos» piensan -sobre todo- en aquellos que están o quieren estar en las instituciones oficiales.

Sin embargo, en la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas, en Madrid, no hay una asignatura llamada «Impostura», no hay cursillos, tesis doctorales, ni manuales sobre impostura que se podrían titular algo así como «Teoría y Práctica de la Impostura Política».

Por lo tanto, con este tratado pretendo que se abra una nueva cátedra en dicha Facultad y que me inviten a pronunciar una conferencia a fin de que a mi ya dilatado currículum pueda añadir la condición de «profesor asociado» de la Universidad Complutense, ya que este manual es histórico: estoy a punto de inventar una nueva ciencia.

Naturalmente que toda ciencia tiene precedentes, que la gente modesta, como yo, tiene que poner de manifiesto porque, además, de esta manera mostramos nuestra erudición, que siempre queda muy bien. Debo consagrar, pues, este primer tomo de la nueva ciencia a esos genios que se anticiparon a mi descubrimiento. Se trata de Molière, que en 1664 estrenó su conocida comedia titulada Tartufo, cuyo subtítulo lo explica todo: Tartufo o el impostor.

La palabra «tartufo» es hija de las peores familias semánticas. Tiene sinónimos como falaz, falso, fariseo, felón (traidor), artificioso, judas, mentiroso, camaleón, desleal, truhán, capcioso, comediante, hipócrita, insidioso o jesuita. En francés hay otros muchos sinónimos de tartufo que no sabría traducir, como “escobar” o “patelin” que designan a quienes exhiben una amabilidad fingida con la que seducen a los demás para ocultar su verdaderas intenciones, que nunca son buenas.

Marx diría que la impostura es un caso de fetichismo, un desdoblamiento en el que hay dos personajes en la misma persona, el que aparece y el que hay que descubrir. En francés «tartuffe» es el nombre de la trufa, ese champiñón que hay que buscar escondido bajo la tierra. En castellano decimos que algo está “trufado” cuando resulta de la mezcla de ingredientes diversos. Se opone a la “pureza”, que nos gusta porque no tiene aditivos, colorantes, ni conservantes. Lo auténtico es lo simple.

No debe extrañar que la representación de la comedia de Molière fuera prohibida en su momento, considerándola como un ataque brutal a la religión. El arzobispo de París llegó a amenazar con la excomunión a cualquiera que la representara o escuchara. Los beatos, los devotos y los meapilas han sido siempre el prototipo del impostor.

Sin embargo, Molière no sólo se refería a la religión sino también a la política. Entonces, como ahora, muchos asimilaban los sinónimos de tartufo al de político e impostor. Pero el argumento de la comedia no es exactamente el personaje de Tartufo sino los que le rodean. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que es un impostor?, ¿por qué logran engañar a la gente?, ¿por qué suman tantos votos?

El Tartufo es lo que antes en los colegios católicos llamaban el «director espiritual». Es un guía, un dirigente o un «líder» como dicen hoy los anglosajones. El genial Molière le describe a la perfección. Las masas no siguen a un tartufo porque sea listo, o porque sea más listo que el común de las personas, a las que siempre tomamos por idiotas. No es listo, diría Molière: es un listillo, que es bastante diferente.

Como él mismo reconoció, Molière es deudor del teatro de Lope de Vega y en el Tartufo francés revive la picaresca española. El listillo es un engañabobos; se aprovecha del buen corazón de la gente corriente, de las necesidades que tienen las personas humildes y sencillas que no han entrenado su malicia.El Tartufo es, además, un payaso. Para interpretar el personaje, Molière vestía de bufón ridículo y eso no hay que perderlo de vista: lo mismo que los curas, los dirigentes políticos no son más que unos payasos de traje y corbata. No cabe duda de que hacen reir a los espectadores, pero el objetivo de Molière era claramente político e iba mucho más allá: ¿ayudaría la burla a encontrar la trufa escondida bajo la tierra?, ¿cómo lograr que el espectador se aperciba del engaño de que es objeto por parte del impostor?

En el siglo XVII el truco era dios, el paraíso, el pecado original, la virgen María y los arcángeles. En el siglo XXI el truco es Felipe VI, el estado de derecho, las elecciones, el parlamento y la constitución.

En este tratado no perderé ni un minuto en contarle al lector lo que sabe de sobra: detrás de su falsa devoción religiosa (o política), la intención oculta de Tartufo es quedarse con la herencia. Siempre el dinero. Ya lo dijo el ministro Zaplana, otro impostor de libro: él había llegado a la política para forrarse. Sólo le faltó añadir: los votantes me importan una mierda, y los que no votan ni te cuento.

Si a un bufón le quitas el maquillaje no encuentras otra cosa más que esa. En el caso de Pujol es la herencia de su padre, en el otro es una declaración complementaria a Hacienda que olvidó incluir en su momento, a veces son recalificaciones de terrenos, o tarjetas opacas, o contratos blindados, o cuentas en Ginebra, o rescates bancarios, o cursillos de formación, o la prima de riesgo, los bonos subprime, o las cláusulas suelo, o…

Como todo manual, el de la impostura (política) acaba en la economía (también política). Pero esa es una materia que corresponde a otra facultad universitaria, por lo que debo terminar mi nueva ciencia aquí mismo.

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Podemos no es un partido político sino un anuncio de televisión

El impacto mediático y, sobre todo, televisivo, de Podemos ya está llegando a las Facultades de Ciencias de  la Información. ¿Cómo es posible que una organización política alcance el rango del famoseo político a las primeras de cambio? La pregunta tiene mucha más miga científica que el bosón de Higgs y será objeto de sesudas tesis doctorales en los años venideros.
El Foro de la Nueva Comunicación ha organizado una conferencia para analizar el binomio Podemos/televisión en el que ha intervenido Bieito Rubido, el director del periódico ABC.
Para explicar este tipo de fenómenos complicados es corriente recurrir a explicaciones sencillas, como  contaba el general Charles de Gaulle en sus memorias: «Al complejo Oriente Medio viajé con ideas simples».
En su conferencia Rubido no sólo destaca la desproporcionada cobertura que Podemos tiene en los medios, sino algo aún más significativo: que la misma procede de aquellos que no son precisamente «de izquierda». Dichos medios no se limitan a exponer los actos e intervenciones de los dirigentes del nuevo partido sino que van mucho más allá y el director de ABC habla de un «apoyo sin precedentes» por parte de los medios de «la derecha» a un movimiento «de izquierdas».
Dejemos pasar ese lenguaje absurdo del director de ABC. Olvidémonos también de si en este país existe algún medio de prensa que no sea de «derechas» o, como dice Rubido, que no tenga «capital de derechas». El meollo de la cuestión es que por primera vez en la historia aquí los sectores más reaccionarios del capital están apoyando a una organización que la mayoría cree que tiene algo de progresista.
El problema no es sólo que los medios estén mostrando al minuto todos y cada uno de los pasos de la organización, sino que es un verdadero apoyo mediático y, por consiguiente, político.
Dicho apoyo, además, no procede de su victoria en las elecciones europeas de mayo del pasado año, sino que es anterior, ya que la caverna fascista de Intereconomía ya llevó a Pablo Iglesias a sus tertulias antes de aquellas elecciones.
¿Cómo es posible que los fascistas estén patrocinando a Podemos? Al hacer este tipo de preguntas alguien se enojará pensando en los feroces ataques que lanza cada día la «Brunete mediática» contra dicha organización, así como políticos de contrastado pedigrí derechista, como Esperanza Aguirre.
Los que piensan de esa manera no se dan cuenta de que en la permanente farsa política que vive España, de unas elecciones a otras, nada fortalece más que uno de esos furibundos ataques cavernarios. Es como las vacunas, que te inmunizan con unos pocos y maltrechos virus. También Podemos ha ganado protagonismo con las continuas invectivas, sean verdaderas o falsas, procedentes de la «Brunete mediática».
El famoseo político ha engordado a Podemos con una receta infalible que todo estudiante de intoxicación propagandística conoce a la perfección: «no importa que hablen mal de tí, el caso es que hablen»; dicho con otras palabras: «ladran luego cabalgamos». El famoseo político y televisivo se alimenta de sí mismo. El caso es estar en el candelero. Cada minuto de televisión se cotiza a cientos de miles de euros, a pesar de los recortes, que hasta ahí no han llegado… todavía.
Si comparamos la dedicación con la que los medios fascistas miman a Pablo Iglesias y sus compinches en comparación con otras organizaciones, como UPyD, Vox o Ciutadans, caemos en la cuenta de la desproporción existente. La presencia de Podemos en la televisión es tan abrumadora como un anuncio publicitario.
En su conferencia Rubido reconoció que en los comités de dirección de todas las cadenas de televisión se imparte la orden de que Podemos tiene que aparecer «por la mañana, a mediodía y por la tarde», y el propio director de ABC dio fe públicamente de ello. Su explicación es porque de esa manera las emisiones ganan «uno o dos puntos» de cuota de pantalla, es decir, porque cuando enchufamos la tele los telespectadores queremos ver a Pablo Iglesias, a Monedero, a Errejón, a Echenique y a sus compinches, o bien porque queremos que nos hablen de ellos, aunque sea mal, para ponerlos verdes.
Aparte de esa, hay muchas más explicaciones que convergen en la misma dirección. Por ejemplo, hay quien asegura que «la derecha» apoya a Podemos porque así divide a «la izquierda», con lo cual se refieren fundamentalmente al PSOE, o bien porque, a diferencia del PSOE, que es una organización veterana acostumbrada a lidiar con los astados del PP, los de Podemos han demostrado ser unos membrillos. No cabe duda de que también hay algo de eso y, por consiguiente, de que la reacción sabe muy bien que el fortalecimiento de Podemos en las próximas elecciones va a ser el fortalecimiento del propio PP.
Volvemos a recordar una nuestras citas favoritas, que procede de Pérez Galdós: en España la política es una conjugación del verbo comer. El gran novelista canario lo decía por el electoralismo y la naturaleza cutre de la política de cortos vuelos que aquí se ha practicado siempre. También porque para muchos -vividores- eso que llamamos «la política» es una manera de vivir y de vivir -además- bien, de enchufar al cuñado en un cargo para toda la vida y cosas parecidas.
Como la fiebre, Podemos no es una enfermedad sino el síntoma de algo de lo que nadie habla, salvo ellos mismos, y en este aspecto les damos la razón: es consecuencia de una profunda crisis política, la crisis del Estado, del régimen edificado en 1978. Los fascistas les han puesto ahí para salvarles porque, en efecto, se han creído que tienen salvación. Lo aprendieron en 1978 y vuelven a repetir el experimento: utilicemos a «la izquierda» para salvar a «la derecha».
(La concepción garbancera de «la política» a la que se refería Galdós nos obliga a utilizar este estúpido lenguaje. Pedimos perdón por ello a nuestos lectores. No se volverá a repetir)
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El PSOE se lava las manos como Pilatos

La Operación Púnica es una trama de corrupción de la que forman parte 51 políticos, concejales, funcionarios y empresarios que fueron detenidos en 2014. El saqueo de la propiedad pública alcanzó los 250 millones de euros en contratos municipales, especialmente en ayuntamientos de Madrid, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado de empresas.
La organización criminal estaba compuesta especialmente por militantes del PP. Uno de los principales implicados es Francisco Granados, antiguo dirigente del Partido de Rajoy en la Comunidad de Madrid.
Pero el dinero (negro) no conoce colores políticos, así que en el ajo también hubo algunos del PSOE que, como se ve, no estaba tan alejado del PP. Cuando la alcaldesa de Parla encontró 80 fichas de militantes del PSOE en el despacho del antiguo jefe de gabinete del alcalde, las verdaderas dimensiones de la organización criminal salieron a la luz.
Pero estamos en plena época de «lucha contra la corrupción» y las frases venden votos, por lo que tras el descubrimiento del papel de sus afiliados, el PSOE abrió una investigación interna que no ha durado mucho y parece, pues, que tampoco ha sido muy profunda: la acaban de cerrar.
La explicación es que de aquel listado que apareció en manos de los corruptos una parte correspondía a militantes que «encontraron trabajo» en la empresa que realiza el servicio de basuras en Parla.
El PSOE concluye que el manejo de esos datos no estuvo relacionado con los sobornos en los que están involucrados seis alcaldes de Madrid, el secretario del Instituto de Turismo, el antiguo alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.
Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada es Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros en contratos públicos amañados. Tras la detención de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre de la empresa Indra también apareció como una de las beneficiarias.
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En Andalucía Podemos relevará a Izquierda Unida como socio de gobierno del PSOE

La presidenta andaluza Susana Díaz ha optado por convocar elecciones autonómicas ahora porque las encuestas le dan un triunfo amplio. En voz baja los socialistas andaluces afirman que están cerca de la mayoría absoluta, pero sin llegar a ella.
La posibilidad de revalidar la presidencia cuando Podemos todavía no se ha organizado y cuando el PP está bajo mínimos, ha sido un móvil mucho más potente que la posibilidad remota de que Izquierda Unida rompiera el pacto a medio plazo, a pesar de las presiones que hubiera podido ejercer Alberto Garzón, candidato de IU a la presidencia del Gobierno y poco amigo de la coalición con el PSOE.
Las dos primeras encuestas publicadas después de la convocatoria de elecciones para el 22 de marzo no dan del todo la razón a Susana Díaz en su decisión de anticipar las elecciones andaluzas porque, aunque presagian la victoria del PSOE, no lo hacen con la rotundidad que cabría esperar a la vista de la anticipación electoral.
El sondeo de Sigma Dos publicado otorga al PSOE el 34,7 por ciento de los votos (43-45 escaños), frente al 30,2 por ciento del PP (39-42), al 15,6 por ciento de Podemos (17-19) y al 8,2 por ciento de IU (5-7).
La encuesta de Gad 3, muy semejante a la anterior, otorga al PSOE el 36,4 por ciento de los votos (43-36 diputados), frente al 32,7 por ciento del PP y al 13,5 por ciento de Podemos (15-17 diputados). También en este caso el declive del bipartidismo se confirma: si en 2012, PP y PSOE llegaban al 80,1 por ciento de los votos, ahora apenas alcanzarían el 69,1 por ciento.
Estas encuestas dibujan la posibilidad de pactos con sorpresas. La mayoría absoluta en el parlamento de 109 escaños está en 55 diputados, por lo que el PSOE no la alcanzaría ni aun reproduciendo su alianza con IU. Para establecer comparaciones, conviene recordar que el PSOE obtuvo en las elecciones autonómicas de 2012 el 39,5 por ciento de los votos, por lo que perdería ahora más de cinco puntos.
Lo mas probable es que Susana Díaz tenga que gobernar en minoría, con dos pactos posibles: el pacto PSOE-Podemos y la gran coalición PSOE-PP, un milagro por la que rezan Bonilla y sus secuaces.
Pero los milagros no existen. En circunstancias normales, la alianza PP-PSOE, aparte de resulta muy difícil de justificar para los respectivos electorados, sería letal para el PSOE. Basta recordar lo que le ha ocurrido al Pasok griego tras su alianza con Nueva Democracia.
Por lo tanto, no hay nada nuevo sino un intercambio de cromos. Más de lo mismo. Podemos va a desempeñar en Andalucía el papel de socio de gobierno que Izquierda Unida venía desempeñando hasta ahora. ¿Qué es lo que cambia?
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Quieren expulsar a un juez por redactar una constitución para Catalunya

El inquisidor Fonseca-Herrero
La Fiscalía ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que imponga al magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal la sanción disciplinaria más grave, la expulsión de la Carrera, por participar en la redacción del borrador de una Constitución catalana.
Se trata del último trámite que había pendiente para que el inquisidor del Consejo General del Poder Judicial, Jesús
Fonseca-Herrero, haga su propuesta definitiva a la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, que de ser la de expulsión deberá ser sometida a debate por el Pleno de la institución.
El inquisidor proponía como posible sanciones la suspensión de empleo y sueldo durante tres años, su salida forzosa del territorio catalán o su expulsión definitiva de la carrera por las dos infracciones muy graves de las que se le acusa.
La propuesta debe ser dada a conocer por Fonseca-Herrero antes del próximo 9 de abril, que es cuando se cumplen los seis meses que la ley fija para tramitar los expedientes sancionadores a jueces. No obstante, y una vez conocida la propuesta de la Fiscalía, las mismas fuentes aventuran que la propuesta final no tardará.
La primera de las conductas irregulares que se le atribuyen es la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes judiciales por vulneración del deber básico de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
La otra falta es la vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades.