El Ministerio de Justicia reconoce que se han esfumado más de 500 millones recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el antiguo ministro Ruiz-Gallardón en 2012. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por un diputado, el Ministerio asegura que «no dispone de información al respecto».
Agrega que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria «la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa». En este sentido explica que este organismo interviene en la gestión o recaudación del gravamen, pero queda fuera de su «ámbito competencial» cualquier otra cuestión, como puede ser dar información sobre su importe o destino.
«Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa», especifica el Ministerio de Justicia.
La pregunta parlamentaria solicitaba información sobre el destino otorgado por el Gobierno a esta recaudación. El diputado también quería saber si el Ejecutivo ha procedido a transferir el dinero a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
En otra respuesta enviada el pasado mes de noviembre, el Gobierno cifró en más de 512 millones de euros la recaudación por este gravamen, aprobado a finales de 2012 y que está a punto de ser reformado otra vez por el mismo Ministerio.