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Mercenarios del imperialismo financiaron la campaña electoral de Ciudadanos

Joan Cantarero

Empresarios vinculados a los servicios de inteligencia de EEUU financiaron el partido de Albert Rivera para convertir Ciudadanos en la marca española de la ultra conservadora “Libertas” para las elecciones europeas, cuya candidatura encabezó Miquel Durán, actual abogado del número dos de Gürtel, Pablo Crespo, y persona de confianza de Bárcenas.

Entre dos y tres millones de euros se estima que el magnate inglés de origen irlandés Declan James Ganley puso sobre la mesa para que Albert Rivera aceptase en 2008 vender su marca Ciudadanos a la operación electoral “Libertas”, diseñada y puesta en marcha por un lobby anti europeísta, compuesto en su mayoría por organizaciones de extrema derecha y ultra católicas, con el respaldo de los propietarios irlandeses de sendas empresas contratistas militares de Estados Unidos.

El objetivo oculto de esta operación Libertas liderada por Ganley y otros era persistir en su intención de acabar definitivamente con el Tratado de Lisboa desde dentro de las instituciones de la UE. De hecho las movilizaciones financiadas por su lobby contra la Constitución europea –que incluía entre otras cosas que la UE dispusiera de un Ejército Europeo común propio para tener autonomía y no depender de terceros, en clara referencia a actual formato OTAN/EEUU– dieron sus frutos en Irlanda. El voto negativo irlandés al Tratado de Lisboa dio al traste con el proyecto, dada la condición de que para que este siguiera a adelante todos los países miembros –sin excepción– debían votarla favorablemente.

Contratista militar del gobierno de Estados Unidos

Pero Declan Ganley no es un simple empresario que se hizo rico, según las crónicas, con la exportación al puerto de Rotterdam de aluminio siberiano, a través de Letonia, en 1990 tras la Caida del Muro de Berlín. No. Ganley es uno de los principales contratistas militares del Gobierno de Estados Unidos a través de su empresa Rivada Networks LLC, fundada en 2004, especialmente dedicada a suministrar redes de comunicaciones de emergencia para la comunidad de inteligencia civil y militar en cualquier situación. El socio de Ganley en Libertas es otro contratista militar de Estados Unidos. Ulick MacEvaldy, oficial en la reserva de la inteligencia militar de Irlanda tras diez años en el Ejército de su país. En la actualidad es CEO de “Omega Air”, que suministra los aviones de carga y servicios de reabastecimiento de combustible en vuelo a cazas, bombarderos y otros aviones militares o gubernamentales de Estados Unidos.

Tanto Ganley como MacEvaldy empezaron sus negocios como contratistas oficiales de los Estados Unidos bajo el Gobierno de George Bush. En la plantilla de directivos de Rivada Networks hay varios generales, almirantes, contraalmirantes, asesores económicos de la era Reagan, entre otros muchos, además de un vicepresidente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Cinco de los siete miembros fundadores de Libertas Ltd. son empleados de Rivada Networks LLC y muchos de los directores de Rivada Networks son antiguos miembros del personal militar de los EEUU. Rivada Networks suministró tecnología de comunicaciones a la Comandancia Norte del Ejército de EE.UU. así como a la Guardia Nacional en 16 estados, y tres organismos federales. Se ha esgrimido que tiene más de 200 millones en contratos de defensa en los EEUU”, señalan Josep Campabadal y Francesc Miralles coautores del libro De Ciutadans a Ciudadanos. La otra cara del neoliberalismo.

Las sospechas de que el dinero para financiar la creación de Libertas y financiar sus alianzas con partidos europeos –entre ellos Ciudadanos– en su campaña de 2009 hubiera salido de las arcas de las empresas irlandeses registradas como contratistas militares de los Estados Unidos eran más que evidentes. No obstante tales extremos serían desmentidos, precisamente, por los propios promotores de Libertas y máximos responsables de estas empresas contratistas. Tales hechos son recogidos en un cable /telegrama capturado por WikiLeaks.

Este cable confidencial […] se explica que Ganley negó reiteradamente que la creación de Libertas tuviera algo que ver con una operación electoral para movilizar a la ciudadanía europea contra el Tratado de Lisboa con el argumento de que es perjudicial para los Estados Unidos y negó también que la CIA estuviera detrás de la operación.

El cable confidencial desvelado por Wikileaks [muestra] que las facciones neo-conservadores en el Gobierno de Estados Unidos estaban financiando el Movimiento Tratado anti-Lisboa, en un intento de evitar la aparición de un Europa unida que podría desafiar el poder estadounidense.

Más adelante el cable cita de nuevo Ganley y al director ejecutivo en Libertas llamado John McGuirk, que curiosamente trabaja a tiempo completo de Rivada Networks. En este caso –como cabía esperar– dijeron no haber recibido instrucciones ni apoyo alguno de la CIA para potenciar las candidaturas de Libertas en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009:

“Ganley y McGuirk negaron estas supuestas teorías de la conspiración y subrayaron que Libertas no ha recibido ninguna financiación de Rivada Networks. Libertas niega que comparta los valores de americanos neoconservadores ya que cree en un orden internacional basado en el respeto y la cooperación entre los pueblos libres del mundo». La organización también afirma que las denuncias de financiación por la CIA son «una mentira y calumnia política», y que «Declan Ganley, Libertas, o cualquier asociado de Libertas nunca han recibido ninguna financiación, el apoyo o el contacto de cualquier tipo de la CIA o cualquier otra entidad similar».

Sin embargo, desde Ganley se niega a explicar cómo Libertas ha financiado su campaña contra el Tratado de Lisboa. Las teorías de la conspiración continúan. «McGuirk dice que Libertas no está dispuesto a publicar su lista de donantes debido a las preocupaciones de éstos que sólo conseguirán ser acosados o enfrentarse a una presión indebida de la clase política”, asegura ese cable confidencial de la Embajada de EEUU en Dublín, firmado por el entonces encargado de negocios, Robert Faucher, y dirigido al secretario de Estado y a la misión estadounidense ante la UE.

No obstante McGuirk aseguró, según Faucher, que “el 10% de la financiación de Libertas se genera mediante fuentes de Internet, mientras el 90% de la financiación proviene de individuos ricos que comparten las visiones políticas de Libertas. Libertas espera conseguir 150-200 millones de euros para las elecciones europeas, bastante por encima de las propias estimaciones de Ganley sobre los 75 millones que constituirían el mínimo necesario para montar una campaña exitosa”.

La operación Libertas-Ciudadanos

Antes de ofertar su integración en la operación Libertas el contratista militar de origen irlandés había recabado mucha información acerca de Ciudadanos, de su líder y sus finanzas, gracias a sus contactos políticos, empresariales, lobbies periodísticos vinculados al Tea Party hispano y de otra índole. De esos contactos el empresario Declan Ganley supo que el partido de Rivera tenía serias dificultades económicas, y que apenas había contado con 300.000 euros para financiar su campaña para las elecciones generales de 2008, y que los resultados electorales fueron un estrepitoso fracaso. Su candidatura al Congreso de los Diputados solo había cosechado poco más 46.000 votos. Y a Ganley le informaron también de que a Rivera le gustaba mucho el poder y el dinero, aunque sus gargantas profundas no le aclararon cuál era el orden de sus preferencias.

Con esta información, el contratista militar decidió ponerse en contacto con el presidente de Ciudadanos, con quien se reuniría poco después, a principios de marzo de 2009. En ese encuentro,  el irlandés le puso sobre la mesa que tendría dinero y mucho si sumaba su partido (Ciudadanos) a su «proyecto Libertas” para ir juntos a las elecciones europeas con organizaciones contrarias al Tratado de Lisboa –hasta 15 en ese momento– y siempre bajo el paraguas de la formación presidida por Ganley. Y Albert Rivera tardó apenas unos minutos en decir que sí, a pesar del pelaje de los que iban a ser sus futuros compañeros de viaje, como los movimientos antiabortistas y los ultra católicos más inmovilistas.

Entre ellos “La Liga de las Familias Polacas” (LPR), partido de marcada impronta católica que formó parte del Gobierno de los gemelos Kaczynski, y además debía incluir en su lista europea al dirigente de “Provida” imputado en varias causas por actos violentos Jesús Poveda. La oferta económica de Ganley para Rivera era de entre dos y tres millones de euros por aceptar. Llegado al acuerdo sólo faltaba encontrar un cabeza de lista mediático para a candidatura Libertas-Ciudadanos.

El propio Rivera reconoció en 2009 esta negociación y su aceptación: “Cuando se pone sobre la mesa esa cantidad de dinero te lo planteas. Es uno de los parámetros que hemos tenido en cuenta”, manifestó a Javier Gómez.

Aceptado el acuerdo de concurrir juntos con los euroescépticos Rivera se puso en contacto con Julio Ariza, de Intereconomía, para que le facilitara el teléfono de Miguel Durán, contertulio habitual de El Gato al Agua, ya que quería proponerle ser el cabeza de lista al Parlamento Europeo de Libertas-Ciudadanos. Y tras cenar juntos en el restaurante Príncipe y Serrano de Madrid el 25 de marzo de 2009 –perteneciente al Grupo Arturo propiedad del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández– el acuerdo quedó cerrado. Sólo restaba el encuentro entre Durán y el contratista militar irlandés Ganley.

El 14 de abril, apenas 20 días después, Miguel Durán se reunía a comer con Ganley en presencia de Albert Rivera y el director de Intereconomía Julio Ariza, que actuaron como testigos de la firma de aceptación de la candidatura con Libertas, en sendos ejemplares redactados en inglés y castellano. Más que un acuerdo electoral, todo apuntaba a un contrato empresarial. El almuerzo se celebró en un reservado del mismo restaurante ubicado en el número 240 de la calle Serrano.

Lo siguiente ya lo sabemos, la candidatura “Libertas-Ciudadanos” fracasó estrepitosamente: apenas obtuvo un 0,18% de los votos. Y al no tener representación parlamentaria tampoco se benefició de las bonificaciones económicas electorales europeas.

A tenor de la ausencia de cuentas de Ciudadanos acerca de las elecciones europeas de 2009 nada se sabe sobre adónde ha ido a parar y en qué se gastó Rivera esa millonada de los contratistas militares de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Arcadi Espada, uno de los padres de la criatura política Ciudadanos, no se anduvo por las ramas a la hora de criticar con dureza tanto el acuerdo político con Libertas como al propio Albert Rivera en un artículo publicado en El Mundo: «Esta coalición es un epitafio. Han creado un paquebote de losers [perdedores]. Una deriva grotesca que les alía con lo peor del nacionalismo europeo. Con la hez europea. Y todo por una persona [Albert Rivera] sin capacidad de análisis político ni ético».

Según otro dirigente de Ciudadanos, “estamos aquí por la ambición de un niño con cara bonita, sin ideología ninguna y capaz de casarse con quien le garantice poder y una portada”.

Este martes, durante el programa La noche en 24 horas de TVE, Albert Rivera ha asegurado que nunca ha aceptado donaciones de ninguna empresa armamentística, que siempre ha devuelto los créditos y que se paga las campañas con las cuotas de afiliados y lo que recibe de los diputados.

Fuente: http://www.publico.es/politica/contratistas-militares-eeuu-financiaron-2009.html

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El CNI roba los sumarios secretos de la Audiencia Nacional

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) infiltró a una espía como traductora en la Audiencia Nacional, para obtener información de causas judiciales que se encontraban bajo secreto de sumario.

La espía consiguió sustraer documentación sobre redes de captación de yihadistas, procedente de varias causas judiciales que estaban instruyendo los jueces.

La policía comunicó estos hechos a la Audiencia Nacional, que abrió una investigación al conocer que una de las traductoras que trabajaban en la Audiencia era en realidad un topo de los servicios secretos.

La intérprete está acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Dado que este delito queda fuera de las competencias de la Audiencia Nacional, los hechos están siendo investigados en la actualidad por un Juzgado de Instrucción de Madrid.

La policía contrató a una traductora para los policías que estaban desarrollando una investigación sobre grupos islamistas en Ceuta y Melilla. Para ello, necesitaban a una persona capaz de entender el rifeño, el dialecto de la lengua bereber que se habla la región del Rif de Marruecos y en algunas comunidades de Argelia.

La policía recurrió a la empresa Ofilingua para contratar a la intérprete, que fue informada de las normas internas de confidencialidad que debía cumplir mientras desarrollara su trabajo. Su labor se amplió luego a la traducción de conversaciones telefónicas intervenidas por orden de varios magistrados de la Audiencia Nacional, en causas abiertas sobre terrorismo internacional.

Sin embargo, el 17 de agosto de 2012 la policía detectó que la intérprete se había llevado “de forma subrepticia un pendrive o dispositivo de almacenamiento USB del ordenador en el que estaba trabajando”, según consta en la documentación oficial. Cuando la policía le exigió explicaciones a la intérprete, ésta devolvió “de forma voluntaria” el soporte informático que se había llevado.

La policía encargó un análisis forense de este dispositivo, que confirmó que en el pendrive habían sido grabados y luego borrados 17 documentos informáticos. Los especialistas consiguieron reconstruir estos archivos: se trataba de copias de las traducciones de distintas conversaciones telefónicas intervenidas con la autorización de los jueces de la Audiencia Nacional.

En concreto, la información correspondía a dos operaciones puestas en marcha contra redes yihadistas dedicadas a la propaganda y captación de células terroristas. Por tanto, se trataba de una cuestión que afectaba a la seguridad nacional y que la policía estaba investigando en colaboración con los magistrados de la Audiencia. Como medida de cautela, la traductora fue apartada de sus funciones.

Al ser informado de estos hechos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ordenó abrir una investigación ante la posibilidad de que la intérprete hubiera podido facilitar a “personas relacionadas con organizaciones o elementos terroristas” la documentación sensible sustraída.

La policía constató que la traductora no solo había sustraído los informes grabados en el citado pendrive, sino que llevaba meses llevándose de su puesto de trabajo “de manera continuada información policial reservada de forma subrepticia”.

En febrero de 2014 la intérprete “mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el CNI, al que facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos” que tenía a su disposición gracias a la labor que desarrollaba para la Audiencia Nacional.

La traductora ha sido acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por facilitar al CNI información interna de la policía, que se encontraba bajo secreto de sumario por los jueces de la Audiencia Nacional.

Dado que el delito de revelación de secretos no entra dentro de las competencias de la Audiencia, la investigación abierta ha sido asumida, desde el pasado mes de marzo, por los Juzgados de Instrucción de Madrid.

Los espías del CNI solo pueden desarrollar actividades que impliquen la intervención de comunicaciones telefónicas o la violación de un domicilio particular en territorio nacional con la autorización previa de un magistrado del Tribunal Supremo, a petición del Centro Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, en el caso denunciado por la policía, el CNI recurrió a un método más expeditivo: “captar” a una de las traductoras que trabajan en la Audiencia Nacional, para acceder a las investigaciones judiciales protegidas por el secreto del sumario. Algo que provocó la indignación del juez Andreu cuando tuvo conocimiento de los hechos.

Fuente: http://okdiario.com/investigacion/la-policia-denuncia-que-una-espia-del-cni-robo-sumarios-secretos-a-ruz-y-andreu-29380
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Influencia del narcotráfico en el origen del PP en Galicia

Rajoy en compañía de un mafioso
Martín Cúneo

En el pazo de Baión, el colectivo de madres contra la droga realizó un escrache al que era su propietario, el capo Laureano Oubiña.

Algo pasaba con sus hijos, pero por entonces no sabían mucho más. Eran los 80 en las Rías Baixas y la fariña estaba por todos lados. “Al principio pensamos que eran cosas de adolescentes, pero pronto vimos que había mucho más detrás”, cuenta Carmen Avendaño, una de las madres que supo entender que los problemas de adicción de dos de sus hijos no los podría solucionar ella sola. Carmen, que venía del mundo asociativo, interpelaba a otras madres: “Olvidaos de vuestro caso concreto, de vuestro hijo, tenemos que pensar en la sociedad, por qué llega la droga, quién la trae”.

Hace 30 años, en 1985, las denominadas madres contra la droga crea­ban la Fundación Érguete, “levántate” en gallego. En la presentación, entregaron una lista de 33 bares de Vigo donde se traficaba con droga. Tirando del hilo, no tardaron en descubrir que las complicidades llegaban mucho más arriba: tres años después entregaban a los principales partidos gallegos de la época –Alianza Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego– una lista negra con los nombres de militantes y cargos de estos tres partidos vinculados con el narcotráfico. En la segunda mitad de los años 80, no sólo la política y la policía “miraban hacia otro lado”. Los grandes capos gallegos eran “invulnerables”. Se ha­bían convertido en los “reyes de Galicia”, explica a Diagonal el periodista Nacho Carretero, autor de Fariña (Libros del K.O., 2015), en el que explora la connivencia del narco con altos cargos del PP gallego.

“El narcotráfico estuvo muy cerca de convertirse en un contrapoder, Galicia se podría haber convertido en Sicilia”, pero no se llegó tan lejos. Para el autor de esta introducción al narcotráfico gallego, el trabajo de los grupos de familiares contra el narco tuvo mucho que ver con esto. Su labor fue fundamental para dar a conocer el reciclaje de los contrabandistas en capos de la droga.

La Galicia de la posguerra y los primeros años de la Transición –especialmente las Rías Baixas y la Costa da Morte– era un campo abonado para el tráfico de todo tipo de mercancías, una zona fronteriza con Portugal abandonada por el Estado, con una “orografía ezquizofrénica”, imposible de vigilar, necesitada de todo tipo de productos y azotada en los años 80 por la reconversión de la pesca, que dejó a una parte de la flota gallega en tierra y a cientos de armadores endeudados.

“Cuando Galicia ya no necesitó elementos tan básicos como alimentos o medicinas se empezó a buscar lo rentable, y lo rentable era el tabaco”, cuenta Carretero. De este modo aparecieron estas primeras figuras, los llamados “señores do fume”, que siempre fueron “muy bien vistos porque generaban empleo para una juventud sin trabajo, traían riqueza y daban oportunidades que no daba el Estado”.

Así surgieron personajes como Celso Lorenzo, presidente del Celta de Vigo, o Vicente Otero “Terito”, amigo personal de Manuel Fraga, condecorado con la medalla de oro y brillantes de Alianza Popular (AP). También era el caso de José Ramón “Nené” Barral, alcalde de Ribadumia por AP, o de Ma­nuel ­Díaz González, alias Ligero, alcalde de A Guarda, también de AP, que se ganó su apodo por lo rápido que cruzaba la frontera con Portugal.

“En realidad –explica Carretero–, en la época del contrabando ni siquiera era una connivencia, era una red tan tupida que era difícil distinguir quién era alcalde o quién era contrabandista. Ese entramado aprobado socialmente se heredó con el narcotráfico”.

La historia del capo Sito Miñanco es la del narcotráfico gallego. Al igual que otro de los grandes, Laurea­no Oubiña, había nacido en Cambados, en las Rías Baixas, en una familia humilde de pescadores. A principios de los 80 se introdujo en las redes de contrabando de tabaco, un negocio interrumpido en 1983 por un breve paso por la cárcel de Carabanchel, en Madrid, donde coincidió con uno de los miembros del cártel de Medellín, Jorge Luis Ochoa. “Se suele decir que el narcotráfico gallego nació en Carabanchel, pero ésta es una visión un tanto romántica”, dice este periodista. Para Carretero, esta alianza internacional surgió en realidad en Suiza, en los canales de lavado de dinero, y en Panamá, donde los cárteles colombianos tenían sus tapaderas.

“En España, el contrabando de tabaco y el tráfico de drogas tenían el mismo castigo, el mismo riesgo con un margen de beneficio mucho mayor. Y en cuanto ven que funciona se convierte en una puerta de entrada casi monopólica para la cocaína en Europa”, cuenta.

Era la época dorada de los clanes. Sito Miñanco compró el club de fútbol de Cambados y en su intento de llevarlo a primera división pagaba a sus jugadores más que el Deportivo o el Celta, relata Carretero. “Miñanco tenía el perfil más de capo, tal como lo entendemos ahora, iba con sus camisas, con sus mujeres, con sus cadenas de oro”, cuenta. “Eran mini Pablo Escobares, presidían clubes de fútbol, financiaban las fiestas, pagaban a la Iglesia, eran más importantes que el alcalde, y en los desfiles de la Virgen del Carmen, el primer barco era el del narco, no el del alcalde, eran los amos”, cuenta.

“No hay un sólo partido en Galicia que no haya sido financiado por el narcotráfico”, le confesaba a Carretero un juez que prefirió mantener el anonimato. El mismo Laureano Oubi­ña recordaba a sus antiguos colegas: “Desde aquí les recuerdo a los políticos que soy el mismo que pagó sus campañas electorales”.

La mayor connivencia se dio con AP, pero no por una cuestión ideológica, sostiene Carmen Avendaño, sino porque eran los que gobernaban. “Cuando no se tienen escrúpulos y se tiene dinero, el dinero lo que busca es poder”, sentencia. Los contrabandistas –y luego los narcos– lo que buscaban era información, pero sobre todo “impunidad”, dice Carretero. “Los narcotraficantes hasta la operación Nécora campaban a sus anchas por Galicia. No es normal que Sito Miñanco fuera en un Chevrolet descapotable por las Rías Baixas o que Laureano Oubiña viviese en el pazo de Baión”, en referencia a la lujosa finca de 275 hectáreas.

Hasta tal punto llegaba el control de los clanes sobre el aparato judicial y policial gallego que una de las órdenes del juez Baltasar Garzón antes de lanzar en 1990 la operación Nécora, el primer gran golpe al narcotráfico, fue “ni una palabra a Galicia”, cuenta Carretero.

El periodista Perfecto Conde narraba una escena en el parador de Cambados en la que el debate entre la nueva y vieja guardia sobre cuánto dinero debían aportar a la campaña de los populares terminó a tiros. Pero no bastaba con financiar a AP. También había que estar dentro. Era el caso de Pedro Vioque, “el narcotraficante más peligroso que ha conocido Galicia”, abogado de Miñanco y Oubiña, presidente de la cámara de comercio de Vilagarcía y miembro de AP. O el caso de José Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove, que no pudo asumir su segundo mandato en 1991 porque estaba en Alcalá Meco condenado por narcotráfico.

Las fotos de otro de los grandes capos, Marcial Dorado, de veraneo en 1995 con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, revelan no sólo las estrechas relaciones entre política y narco, sino también la visión favorable que pervive del contrabando, dice Carretero: “Una de las explicaciones que dio Feijóo era que entonces Dorado sólo era contrabandista. Ah, bueno, entonces nada”.

Aunque tras la operación Nécora muchos de los capos fueron absueltos o consiguieron ser liberados, fue el inicio de una “guerra”, explica Carretero, que a lo largo de 15 años obligó a mutar el negocio. Antes de la operación Nécora eran grupos mafiosos “con todas las letras, con una infraestructura y una cantidad de gente muy grande y, sobre todo, una ostentación insultante”, dice.

Las organizaciones de Miñanco o Oubiña se encargaban de todo. Si había que descargar, tenían barcos y aviones. Se ocupaban de la distribución en tierra, a veces se quedaban parte de la mercancía y la distribuían ellos, tenían gente en nómina, recaderos, pilotos, conductores, almacenistas y abogados, relata Carretero.

A partir de la operación Nécora, poco a poco van cambiando de estilo, “se esconden, son discretos, intentan pasar desapercibidos, aunque el negocio sigue siendo el mismo”.

De hecho, es en los 90 y en los primeros años del siglo XXI cuando el negocio alcanza su mayores cotas. Según el testimonio de otro juez que prefiere no dar su nombre, entre 2001 y 2003 entraron por Galicia 150.000 kilos de cocaína, cerca del 85% del total consumido en Europa. Y a finales de los 90 y principios de siglo, con la caída de los capos históricos, se produce una nueva transformación: se abandonan las grandes organizaciones y los clanes se especializan en el transporte. “Ya en el siglo XXI cuando se convierten en narcotransportistas, se reducen a clanes más pequeños cuya función es más concreta. Los cárteles colombianos los subcontratan para meter la cocaína en tierra”.

Al mismo tiempo perviven clanes gallegos “a la vieja usanza”, como Los Pasteleros o Los Burros, pero que “no son comparables a esos grandes grupos mafiosos”. Sin embargo, el negocio continúa, con íntimas relaciones con las autoridades. En 2012, era detenido el excomandante del puesto de la Guardia Civil de Corcubión José Álvarez-Otero Lorenzo, como presunto jefe de una red que pretendía desembarcar 3,2 toneladas de cocaína y que tenía controlada “a toda la Guardia Civil en la Costa da Morte”, una institución con un “desastroso currículum en cuanto a contrabando y narcotrafico”, señala Carretero. Y en 2013, fueron detenidos dos guardias civiles de Pontevedra, Diego Fontán y Javier Ló­pez, que vendían información a las bandas arousanas.

Pero la pregunta más importante sigue en el aire: hasta dónde llegaba la complicidad de los altos cargos del Partido Popular. Carmen Avendaño detalla su encuentro con Manuel Fraga, donde, según relata, el expresidente de la Xunta terminó llorando. “Era muy emotivo. Creo que todos lo vimos llorar en algún momento. Él se puso la mano en la frente y yo hablé, hablé, no sé cuánto tiempo estuve hablando, desde luego mucho, y miraba para él y yo pensaba: ‘Bueno, este señor se quedó dormido’. Pues cuando terminé levantó la cabeza y sí, le caían las lágrimas”. “¿De verdad está pasando todo esto?”, preguntó.

Carretero duda que Fraga pudiera ignorar la metamorfosis de los contrabandistas en narcotraficantes. “Tarde o temprano saldrán cosas muy gordas, hay jueces con información y, sobre todo, narcotraficantes con información que si un día tiran de la manta en Galicia se sabrán cosas espectaculares”, dice Carretero.

El negocio del narcotráfico pervive en Galicia, aupado en los últimos años, dice Carretero, por los recortes en personal y medios en la lucha contra las redes de tráfico de drogas. Lo que ha cambiado es la percepción de la sociedad gallega. En esa tarea, para el autor de Fariña, los grupos de familiares fueron fundamentales. “Le echaron mucho valor, porque se enfrentaron a los narcos cara a cara en un momento en el que hacer eso era jugarse la vida. Esa sensación, esa rabia de ver que la vida de tu hijo está destrozada, y tu vecino sale en Mercedes, fue la que levantó a estas madres. Ellas no acabaron con el narcotráfico, pero fueron parte de un sector de la sociedad gallega que hizo reaccionar al Estado e hizo que por fin se hiciera algo, donde hasta entonces nadie había hecho nada”.

En 1984 se produjo la primera gran operación para acabar con el contrabando, liderada por el juez José Luis Seoane Spiegelberg y el gobernador de Pontevedra, Virginio Fuentes. Pero una filtración permitió a los principales capos huir a Portugal. Poco después, el entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, se encontró con los capos exiliados en el país vecino. “No digo que fuese por esa reunión, pero poco tiempo después los contrabandistas volvieron a Galicia, les pusieron unas multas muy salvables y quedaron libres”. No hay pruebas de que sean hechos relacionados, insiste Nacho Carretero, pero poco después este juez fue trasladado a Santander y el gobernador a Albacete.

Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/28255-amos-galicia-vinculos-entre-narco-y-la-politica.html
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Rajoy en compañía de un mafioso italiano miembro del PP
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Había una vez…

Bianchi

… un circo que alegraba, etc., que cantaban los payasos de la tele que torturaron nuestra infancia con sus machistas letras y separación de roles de género, a estos me refiero, no a los «otros», los que ustedes se imaginan, sí, esos.

Esos que ahora, para llamar la atención del personal como sea, son capaces de guardarse el sentido del ridículo -va en el guión y en el bolsillo- y montarse en un globo aerostático o ponerse a bailar en un programa de variedades (como la vicepresidenta Soraya) o ir de copiloto en un auto de rally y dar unas volteretas y salir diciendo, como el chiste del bilbaíno, «joder, oyesss, para haberme matado, menos mal que soy de Bilbao, ochesss» (Albert Rivera que, recordemos, ya empezó su campaña hace ocho años, en Catalunya, saliendo medio en bolas en los carteles electorales). O tocando -mejor dicho: «rasgueando», no exageremos, que este no es Mark Knopfler, precisamente- la guitarra en «Hormigueros» (y donde haga falta) como Pablo Iglesias o, desinhibido, con Risto Meijide, igual lo transcribo mal, que uno no suele ver estos programas. El que, de momento, no se atreve a dar la nota es el apolíneo Pedro Sánchez, pero por insípido e insustancial (los que somos guapos tenemos este defecto), aunque, ojo, fue él quien llamó al programa de telebasura de Jorge Javier, que no sé cómo se llama, el programa, digo, para decirle, en riguroso directo, que se dice, que no dejara (Jorge Javier) de votar al PsoE, que íbamos a quitar el festejo (?) del Toro de la Vega donde se martiriza de mala manera al bicho. No, alguno me dejaré en el tintero, pero no me olvido del catalán del PSC, Miquel Iceta, bailando -eso no es bailar, es hacer gimnasia- alguna canción: patético. Por no hablar, aunque este es otro rubro, pero afluente del mismo río, de los «tránsfugas» como Irene Lozano que del partido neofalangista UPyD de la egocéntrica -y otras cosas que me callo- Rosa Díez, se pasa al pesebre del PsoE como quien se cambia de camisa (lo de «cambiar de chaqueta» ya sabíamos, pero no conservabas el escaño en Las Cortes, te pirabas por un resto de vergüenza, pero no, tratando con sinvergüenzas, va a ser que no). Esta moda la puso en marcha el PCE yéndose muchos de sus diputados al PsoE (Enrique Curiel, Cristina Almeida, Rosa Aguilar e ttutti quanti), o al PP (Cristina Alberdi, el exsindicalista Fidalgo, Nicolás Redondo Terreros) o al «sursum corda». Ahora le llaman «fichajes», término prestado del «planeta fútbol» (o «furbo», que diría Villar), como el militar, al parecer cesado por «falta de confianza», o sea, por no ser lo suficientemente fascista que es lo que se pide a un militar español, que insinúa la caverna mediática, como si «Podemos» fuera un peligrosísimo partido bolchevique, en fin, esta gente a su bola y a seguir las consignas y a preguntar dónde está la taquilla para cobrar, que ha fichado en el «mercado de invierno» el inefable «Koletas». No se descartan nuevas sorpresas, permanezcan atentos, no se vayan («stay tuned, don’t go»).

¿Estaremos acaso anticuados los que decimos -igual sólo soy yo- estas cosas? ¿No sabemos ver que ahora han cambiado los tiempos y la forma de atraer votos -ah, o sea, que era eso que llaman, manda güevos, «caladero»-, el marketing, las técnicas y hasta las «afinidades electivas» que decía Goethe (aquí les he pillado en renuncio a estos «artistas», que ni saben lo que digo)? Es posible. ¿Todo vale para atraer el voto hipnotizando al ciudadano, que se dice, como un encantador de serpientes? Eso parece.

Lo que nosotros decimos, haciéndonos eco de alguna voz, es que estas abundosidades obedecen a una suerte de «farandulización» de la «política» (la política de verdad es otra cosa, y la revolución el grado máximo de la política, su máxima expresión y mayor orden que derrumba -porque solo no se cae- el desorden de la producción capitalista) donde se aparenta estar más en contacto con la calle, qué guay, qué modernos somos, eso sí, siempre que el numerito salga por televisión, que ahí está la gracia, de tenerla.

Otros, como Zygmunt Bauman, lo llamarían «política líquida», queriendo decir algo así como light, feble y deleznable, desvaído y desleído, descafeinado, vaya. Hubo, hace poco -un diputado del PNV-, que lo llamó «efebocracia» por la presencia de emergentes «políticos» jóvenes que salen en la tele (y, si no sales en la caja tonta, no eres nadie, es sabido y está comprobado). Algo de eso hay, sí, pero no es la edad, mucha o poca, lo que determina el fondo de la cuestión, esto es, ir a la raíz de las cosas, que eso es ser «radical».

En fin, los payasos de la tele antaño y estos hogaño. Voy a ver una de Joselito.

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Las elecciones las ganan los medios de comunicación

Hace uos días Rajoy se reunió en la Moncloa con sus incondicionales perros de pre(n)sa en una comida informal y relajada, con una condición inexcusable: no podían publicar nada de lo que allá se hablara.

¿Quiénes son esos incondicionales? Isabel Durán, Pérez Henares, Antonio Jiménez, Alfonso Rojo, Graciano Palomo, Juan Pablo Colmenarejo, Carmen Morodo, Carmen Tomás y Federico Quevedo.

Podemos ha hecho lo mismo. Ha reunido a sus fieles en las redacciones de los medios de comunicación para poner a punto la campaña.

Por su parte, el PSOE trata de recuperar la devoción de la mafia Prisa (El País, Cadena Ser, Cinco Días) que últimamente se había pasado a las filas del PP.

Sin la “Cadena Ser” y “El País” no se explica el triunfo de Zapatero en las elecciones de 2004, tras los atentados de Atocha, las declaraciones del gobierno de Aznar de que la responsabilidad era de ETA y las concentraciones masivas de protesta en las sedes del PP.

Era la primera vez que alguien le importaba que unos atentados fueran de factura yihadista, excluyendo a ETA de toda responsabilidad. El Grupo Prisa se encargó de ello. Cuando todas las encuestas dudaban si el PP iba a ganar las elecciones por mayoría absoluta o no, de la noche a la mañana el vencedor fue… el PSOE. Fue una jugada maestra.

Hasta el momento Pedro Sánchez no ha tenido el relieve necesario porque los periodistas “progres” necesitaban una carnaza que sólo Podemos les ha proporcionado hasta ahora.

“El País” ha estado lamiéndole el culo al PP durante toda la legislatura a cambio de anuncios institucionales. Pero se han hartado porque el Partido Popular les había prometido unos créditos blandos que no han llegado. Los necesitan para salir de la quiebra económica en la que está metido el Grupo.

Pero los mercenarios de “El País” se venden al mejor postor. Como el dinero no llega, en las últimas semanas se han pasado a hacerle la pelota a Ciudadanos, un posible caballo ganador.

Ahora el insípido de Pedro Sánchez cree que ahí tiene una baza para jugar. Pero el fascista de Juan Luis Cebrián no lo tiene claro. Quiere alguna muestra de “cariño”, compromisos, publicidad y dinero fresco de los presupuestos públicos. De momento prefieren seguir apostando por Ciudadanos, que está mejor situado en las encuestas.

El PSOE tendrá que pujar más y mejor si quiere algo de la mafia Prisa.

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La mafia Gürtel deja un reguero de sangre de 5 cadáveres

Muerto Número 1: María del Mar Rodríguez Alonso

Esposa del senador y portavoz del PP Tomás Burgos Beteta. El 20 de enero de este año se suicidó en un hotel de Bilbao.  El juez Ruz la imputó por usar de forma irregular a una empresa pantalla, MR& Asociados, administrada por ella y dedicada al negocio de la comunicación y organización de eventos. Su empresa actuó como pantalla en la celebración del Congreso de Parques y Jardines Públicos, celebrado en 2004 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para ocultar que el verdadero adjudicatario de la organización del evento era Francisco Correa. Además, emitió facturas falsas y cobró comisiones. La Fiscalía pedía para ella dos años y nueve meses de cárcel por prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

Muerto Número 2: Francisco Sánchez Arranz

Concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid), más conocido como “Paco Iberia”. Fue jefe de gabinete de presidencia de Iberia y concejal en Boadilla del Monte hasta que Arturo Panero “El Albondiguilla” le despidió en marzo de 2008. El último área que ocupó fue la Concejalía de Sanidad. Es conocida la buena relación que mantenía con el antiguo Secretario General del PP de Madrid, Francisco Granados.

El muerto guardaba 13 carpetas con todos los favores hechos a través de Pasadena Viajes a la familia Aznar y a Luis Bárcenas. El PP disfrutaba de viajes pagados, muchos de ellos por Pasadena Viajes. Los hijos de Aznar le pedían a Correa un fax para confirmar esta forma de conseguir viajar en una clase superior a la pagada.

Muerto Número 3: Francisco José Yáñez Román

Funcionario del PP desde los tiempos de Fraga, amigo de Bárcenas y padre de Iván Yáñez Velasco, el principal testaferro en todas las cuentas de Bárcenas en Suiza. Murió cuatro días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez.

En la cuenta 8401489 del Dresdner Bank de Suiza figura Mariano Rajoy como apoderado con un saldo de 22 millones de euros. En dicho banco Bárcenas tenía cuentas a nombre de la sociedad Tesedul, que utilizó para acogerse a la amnistía fiscal. Otras dos estaban a nombre de Granda Global, de las que Yáñez era beneficiario. Esta entidad, radicada en Panamá y que utilizó el testaferro de Bárcenas para desviar fondos, tenía otras dos cuentas en sendas sucursales del Banco Syz en Ginebra y Lugano.

Bárcenas le prestó a Iván Yáñez 132.000 euros en septiembre de 2012 para que se acogiera a la amnistía fiscal y regularizara los 1,3 millones de euros que obtuvo en concepto de comisiones por gestionarle sus fondos en Suiza.

Muerto Número 4: José Martínez Núñez

Constructor, padre de Maribel y José Martínez Parra, actualmente encarcelados. Conocido como “El padrino” entre la mafia del ladrillo. En 1986 promovió el desaparecido diario La Crónica de León.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León archivó las acusaciones contra una de sus empresas, Teconsa, que dirigía su hijo José Luis Martínez Parra y el ex consejero de Fomento de la Junta, José Manuel Fernández Santiago, por la adjudicación de las obras la variante de Olleros de Alba, en un caso desglosado de la trama Gürtel.

‘El padrino’ fue investigado por organizar el asesinato de José Cuiña, político contra el que se enfrentó por la adjudicación de una obra. El presunto sicario, el venezolano Rafael Wolfgang, apareció ahorcado en León en julio de 2000. Semanas antes, había escrito una carta en la que reconocía su participación en los sabotajes a Sindo Castro -su competidor más directo- y el supuesto encargo de matar a Cuiña. Fue absuelto por considerar el juez que la acusación era incongruente.

Muerto Número 5: Isidro Cuberos

Después de tres días desaparecido misteriosamente, el miércoles apareció el cadáver de Isidro Cuberos en un barranco de Mijas (Málaga).

Era la pieza clave para entender cómo había operado la mafia del PP en Andalucía. Durante más de una década, además de amigo y confidente, fue mano derecha y jefe de prensa de Javier Arenas, el antiguo secretario general del PP.

Su empresa de comunicación tenía dos sedes en Madrid que son propiedad de Bárcenas. Las utilizaban para alojar gratis en Madrid a ministros y diputados de provincias del PP y así poder quedarse con las dietas que paga el Congreso.

‘Ten cuidado con lo que haces’

El antiguo tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, también procesado en el caso Gürtel, ha padecido varias caídas. La primera fue en marzo de 2013, al poco de estallar el escándalo Bárcenas, y la segunda y más grave, en abril del mismo año, ambas a la entrada de su domicilio. Esta última le provocó un coma.

Seis meses antes el tesorero recibió amenazas en las que le decían que él ya era un hombre mayor, pero se le pedía que pensara en sus hijos y en tus nietos. “Ten cuidado con lo que haces”, le dijeron.

Hasta el juez ha muerto

El juez Antonio Pedreira, instructor durante casi tres años del caso Gürtel, también murió en agosto a los 66 años.

Pedreira asumió la instrucción del caso Gürtel el 31 de marzo de 2009, después de Garzón.

En julio de 2003 emitió su voto particular en la decisión de no admitir a trámite la querella del PSOE contra los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y otros cargos políticos y constructores por un delito continuado de cohecho en la crisis de la Asamblea de Madrid.

Más información:
Rajoy en compañía de un mafioso italiano miembro del PP

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La Guardia Civil recurre a la ayuda de Philip Morris para reprimir el contrabando

Esta mañana la Guardia Civil ha firmado un acuerdo con el monopolio estadounidense del tabaco Philip Morris que pone de manifiesto el estado de servidumbre al que ha llegado un gobierno que presume de españolismo.

La Guardia Civil se siente impotente y recurre a la ayuda de Philip Morris para cumplir con su cometido. Será el monopolio quien ponga sus medios a disposición de la Guardia Civil para la represión del contrabando de tabaco.

El acuerdo lo firmaron el falangista y director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el director general de Philip Morris, Mario Alejandro Masseroli y el director de Asuntos Corporativos de dicho monopolio, Francisco Javier Figaredo.

Los medios que la empresa estadounidense proporcionará a la Guardia Civil son cámaras acuáticas para el examen de la carga, endoscopios-videoscopios con sonda flexible inalámbrica para inspección de dobles fondos y densímetros detectores de material de contrabando con control remoto.

También dotará a los guardias civiles de sistemas de visión nocturna para patrulleras del Servicio Marítimo, así como dos furgonetas tipo escáner para bultos pequeños, que permitan su inspección.

Las unidades de la Guardia Civil especializadas en la persecución del contrabando contarán con 100 dispositivos móviles compatibles con un sistema que facilitará la autentificación y rastreo de tabaco mediante un código que aporta información relativa al producto, como fecha y hora de fabricación o el mercado al que va destinado, entre otros datos.

Pero Philip Morris no sólo pondrá los medios sino mucho más, casi todo: una “red nacional de contactos” para apoyar, en tiempo real, las investigaciones que, con motivo de inspecciones y decomisos de tabaco falso, lleve a cabo la Guardia Civil.

El Ministerio del Interior convierte a la Guardia Civil en el brazo armado de Philip Morris, ya que el monopolio también se encargará de facilitar apoyo informático, a escala internacional, de las actividades ilícitas relacionadas con toda la cadena de producción y distribución de tabaco.

Por último, a la Guardia Civil los tratan como a analfabetos porque la empresa estadounidense le va a suministrar, de forma periódica, investigaciones y estudios realizados por universidades, institutos de investigación y otras entidades especializadas, para que aprendan el funcionamiento del contrabando de tabaco a escala nacional e internacional.

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Las cloacas del Ministerio del Interior siguen saliendo a la luz

La tarea de la policía es detener a los malos, lo cual va sobre ruedas… hasta que los malos son los policías. ¿Quién vigila al vigilante?

Es lo que ha ocurrido con la llamada “mafia china” (Operación Emperador), uno de esos nombres absurdos con que les gusta aparecer a los policías en las noticias para inflar su ego menguante.

En el despliegue de la policía contra la “mafia china” ocho de los que aparecen implicados son… policías. Pero como está por medio la Audiencia Nacional se pueden imaginar lo que han hecho los jueces: hacer la vista gorda precisamente con los policías implicados.

Entre ellos está Miguel Ángel Gómez Gordo que, a pesar de aparecer relacionado con un lugarteniente de Gao Ping, el juez Fernando Andreu archivó su asunto aprovechando el mes de agosto para que no se notara mucho.

El comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, máximo responsable de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, pidió personalmente el archivo del sumario contra el policía corrupto, a pesar de que no está bajo su mando.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Además el Ministerio del Interior le ha ascendido al policía corrupto a inspector-jefe. Para que no le queden dudas a nadie.

El policía corrupto recibió más de 6.000 euros en regalos de Yong Ping, alias “Miguel el Calvo”, uno de los cabecillas de la “mafia china”. Entre los regalos había entradas para el estadio Santiago Bernabéu.

El mafioso también le cambió un billete de turista que tenía el policía para volver de un viaje a China por otro de primera clase.

El policía tiene un hermano, Andrés, que también es policía y guardaespaldas de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta del gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. Poco antes de la derrota electoral de Cospedal, reingresó en la Policía y cinco meses después le han condecorado con la Medalla al Mérito Policíal con Distintivo Rojo.

En una época de duros recortes del gasto público, la medallita le da derecho a una pensión de por vida con el 10 por ciento del sueldo.

Cuando dejó de ser guardaespaaldas de Cospedal, le destinaron a la Dirección Adjunta Operativa de la policía, donde trabaja con el comisario Carlos Santamaría Vilches del que ya hemos hablado en otra ocasión aquí:


Crónica de una confabulación policial

En la Dirección Adjunta Operativa de la policía también trabaja otro comisario, José Manuel Villarejo Pérez, célebre por múltiples y oscuros chanchullos, de los que hemos hablado aquí en varias ocasiones:

– El comisario Villarejo desata una guerra interna dentro de la policía
– El Ministerio del Interior sigue siendo una cloaca  

– A la burguesía catalana la tratan como si fueran terroristas
– Villarejo forma parte de un dispositivo secreto dirigido contra el independentismo catalán
– Villarejo: un comisario de policía pluriempleado y millonario

Eso sí: en la próxima campaña electoral todos los candidatos se llenarán la boca hablando de lucha contra la corrupción… ¿A qué corrupción se refieren?
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Denuncian a la Guardia Civil por un desguace ilegal

El departamento de medio ambiente del gobierno autónomo de Navarra tramita una denuncia pfresentada en marzo contra la Guardia Civil por un desguace ilegal en unos terrenos adjuntos al cuartel de Puente la Reina. En la denuncia se alerta de la posible contaminación de los vehículos abandonados a escasos metros de la zona donde residen los agentes.

Los vehículos que ya no pueden ser utilizados por la Guardia Civil permanecen en ese terreno durante, aproximadamente un año, a la espera de que la empresa de gestión de residuos correspondiente los retire.

Tras la denuncia, el Servicio de Calidad Ambiental pidió al Seprona, es decir, a la propia Guardia Civil, que realizase un informe para estudiar el caso.

La denuncia la presentó el observatorio contra la corrupción y a partir de ella ha comenzado la cascada de amenazas, que son otros tantos medios de presión para evitar que se produzcan más denuncias de este tipo.

La Asociación de Escala de Subcomandantes de la Guardia Civil han amenazado con poner una querella por atentar contra la imagen de uno de sus asociados, y es que, a raíz de la denuncia, en las redes sociales proliferaron comentarios que achacaban la responsabilidad del desguace al teniente del cuartel.

Según un comunicado del Observatorio, este tipo de amenazas es una forma habitual de proceder de la Guardia Civil.

Finalmente, el Gobierno de Navarra ha pedido a
la Guardia Civil que los 11 vehículos abandonados en ese cuartel pasen
de estar en una zona de tierra a otra del recinto que se encuentra
hormigonada.

Además, deberá tomar medidas adicionales de
protección, como la instalación de material absorbente para evitar que
los vehículos que se reciban puedan derramar combustible, líquido
anticongelante o aceite que pudiese contaminar el área.

El informe del Seprona dijo que no se apreciaban derrames bajo los vehículos abandonados ni ningún tipo de vertido procedente de ellos. Además señalaba que no existía riesgo de incendio provocado por los coches abandonados.

Finalmente, aseguraba también que la Guardia Civil no necesitaba una autorización ambiental para abandonar los vehículos en medio del campo.

Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. No tiene sentido que el gobierno autonómico ordene desalojar el desguace y, a su vez, concluir que no se estaba dañando el medio ambiente. Si este desguace hubiera sido descubierto en la casa de un particular “le hubieran buscado la ruina”, ha dicho el Observatorio.

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Acusan a otro coronel de la Guardia Civil de narcotráfico

La implicación de un coronel de la Guardia Civil en una trama de tráfico de hachís se ha cobrado este martes su segunda víctima. En abril fue destituido de su puesto en la Dirección General el propio coronel Francisco García Santaella, imputación por un delito de narcotráfico. Este martes corrió la misma suerte otro coronel, Francisco Ortiz Clavero, jefe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil en 2006 y 2008, años en los que García Santaella fue investigado por narcotraficante.

La jueza de Granada María Ángeles Jiménez ha citado al coronel Ortiz Clavero para que declare como imputado el próximo 19 de noviembre. La primera citación del Juzgado número 2 de Granada se remonta a junio, pero como ocurriera con el coronel García Santaella, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, no ha actuado hasta que el escándalo ha llegado a los medios de comunicación.

La magistrada está decidida a averiguar por qué el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil no informó a los jueces de la investigación realizada a García Santaella entre 2006 y 2008, a pesar de las evidencias en su contra. Y por eso ha citado a declarar como imputado a Ortiz Clavero, sospechoso de haber encubierto al coronel imputado por narcotráfico. La jueza ya interrogó, aunque como testigo, a Pascual Solís, el general del que dependía el Servicio de Asuntos Internos en aquella época.

El coronel Ortiz Clavero, que entonces era teniente coronel y estaba al frente de Asuntos Internos, se encuentra ahora en la reserva y hasta el día de ayer estaba destinado en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. La consecuencia de su destitución es que dejará de acudir a ese puesto de trabajo, sin que su sueldo se vea afectado.

La magistrada se decidió a citar al coronel Oritz Clavero una vez le fueron remitidos los informes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil que no fueron puestos en conocimiento de un juez en su momento. Uno de ellos, fechado el 1 de septiembre de 2008, detalla la investigación a la que fue sometido el coronel García Santaella y las conclusiones a las que llegó el SAI.

Las primeras informaciones sobre las presuntas irregularidades del entonces comandante llegaron de parte de los que habían sido sus subordinados en 2005 y 2006 en la Comandancia de Granada, donde Santaella ejerció de jefe de la Policía Judicial e Información. Dos subordinados suyos relataron cómo el comandante se apropió de las fuentes que ellos mantenían entre los narcotraficantes, pasando a tener un trato personal con ellos, así como otras sorprendentes decisiones como desplazarse él personalmente a los operativos y dejar a los investigadores en la base.

El informe de Asuntos Internos, de 38 páginas, revela cómo el mando fue sometido a seguimientos, las entrevistas de los investigadores del SAI con los narcos, otras con los subordinados que denunciaron a García Santaella y una somera conclusión exculpatoria de dos investigaciones patrimoniales que se le realizaron. “No se puede concluir que el hoy teniente coronel Francisco García Santaella llegara a lucrarse personalmente a través del tráfico de hachís durante el tiempo que estuvo destinado como comandante jefe de Información y Policía Judicial en la Comandancia de Granada”, concluye.

Pero a esa conclusión llega Asuntos Internos después de alcanzar otras que han despertado el recelo de la jueza. “Todo apunta a que se podría haber permitido el tráfico de drogas a narcotraficantes a cambio de que estos facilitaran información que originara la detención de otros, todo ello probablemente motivado por un exceso de celo profesional”, dicen en otro punto los agentes.

Entre los testimonios recogidos por Asuntos Internos en 2008 está el de David García, ‘Cani’, el narco que habló en clave de ‘Padrino’ durante un pinchazo telefónico previo a su detención a finales del pasado año. Ese comentario fue escuchado por los investigadores del caso, ajenos a las sospechas sobre Santaella, que no habían coincidido con él en la Comandancia de Granada, casi una década después de las primeras denuncias contra el coronel. Tras las detenciones, estos agentes interrogaron a los narcos por la identidad del ‘Padrino’ y García y otro colaborador volvieron a contar lo mismo que siete años antes habían relatado a Asuntos Internos, que organizaron varias entradas de hachís por la costa de Granada gracias a la cobertura del mando de la guardia civil y que le pagaron por ello más de 400.000 euros.

Entre otros episodios que David García ya había relatado a Asuntos Internos está el de la visita a García Santaella en el interior de la comandancia, aunque en aquel entonces ofreció aun más detalles. Según recoge el informe de Asuntos Internos, García explicó que acudió en un Volkswagen Golf con matrícula de Barcelona y que sorteó la entrada sin problemas, ya que antes había facilitado la matrícula al entonces comandante.

El dinero no fue entregado en el despacho de Santaella porque cuando le dijo que “tenía una cosa” para él, ambos abandonaron la Comandancia. “Se fueron al barrio de la Chana, donde le entregó el dinero (no sabe cuánto había, supone que entre 80.000 y 100.000 euros). El comandante le dijo que el dinero era para unos colaboradores que estaban en prisión y a los que tenían que ayudar, pagando a sus abogados”, escribieron en 2008 los agentes de Asuntos Internos tras entrevistarse con el narco.

El informe confidencial de Asuntos Internos también revela que las primeras conductas dignas de sospecha en García Santaella se remontan 25 años atrás. En 1990 y 1992, el Servicio de Información de la Comandancia de Málaga puso en conocimiento de Asuntos Internos informaciones que “establecen sospechas relativas a las supuestas relaciones del entonces capitán con personas vinculadas al narcotráfico, actuaciones irregulares en la realización de servicios facilitados por confidentes, así como un incremento patrimonial injustificado derivado de la adquisición de vehículos de importación, viviendas e inversiones en una empresa de construcciones”. Asuntos Internos añade que diversas unidades investigaron, pero ninguna de ellas pudo demostrar nada.

Otra constatación que hicieron los agentes de Asuntos Internos es que hubo una filtración y García Santaella conoció de la investigación reservada a la que estaba siendo sometido, admitiendo que pudo actuar en consecuencia. Los agentes se excusan en que recibieron las primeras denuncias cuando el comandante ya no estaba en Granada y que así se hacía muy difícil la investigación, basada en testimonios que en ocasiones eran “poco fiables”.

Más información:
El primer narcotraficante que llega a general de la Guardia Civil