Los medios siguen presentando el Caso Pujol de una manera muy interesada, como un caso de corrupción propio y singular del que fuera President de la Generalitat, quien se habría aprovechado de un cargo público para enriquecerse.
No es cierto. Ni es un caso personal, ni tiene que ver con la Generalitat. Pujol ya se había enriquecido mucho antes y sin necesidad de imponer mordidas por las contrataciones públicas.
El Caso Pujol concierne a dos elementos fundamentales, el capital financiero y el independentismo catalán, estrechamente relacionados en la figura de Pujol como elemento característico de una clase social.
Es una vieja historia cuidadosamente ocultada que empieza en 1959 bajo el franquismo con la fundación de Banca Catalana, es decir, con el intento de la burguesía catalana de disponer de un instrumento fundamental en el capital monopolista actual del que carecía hasta la fecha.
La historia de Banca Catalana comienza cuando el padre de Pujol, Florenci, junto con su hijo Jordi y otros financieros compran la Banca Dorca de Olot. El banco financió actividades catalanistas de todo tipo, incluso en 1974 el fichaje de Johann Cruyff por el Barcelona, que como es bien sabido, es mucho más que un club.
Los Pujol siempre formaron parte del Consejo de Administración del banco que, como todos los demás bancos, tenía una Caja B, un sistema de doble contabilidad con la que ocultaban determinadas operaciones, entre ellas su propio enriquecimiento personal.
Como complemento a dicha Caja B, el Consejo de Administración creó 27 sociedades instrumentales sin apenas capital social y cuyos gestores eran hombres de paja. La fuga de capitales fue continua, normalmente en forma de créditos ficticios a favor de diversas personas. Durante años, por esta vía los caciques del banco, entre ellos los Pujol, se llevararon a sus bolsillos miles millones de las antiguas pesetas.
Pero el lucro personal de los jefes del banco, por más dinero que se llevaran a sus bolsillos, no fue la causa de la crisis que estalló en el banco en 1982. Aquella crisis fue consecuencia de la crisis del capitalismo, en aquel momento una crisis de superproducción del capital financiero español.
No fue diferente de otras crisis de aquel momento, de la que Rumasa fue el caso más conocido. Pero Pujol no era Ruiz-Mateos sino el representante de una clase social a la que la transición había consentido un pedazo del pastel. Cuando quebró era el décimo grupo bancario español y el primero en Catalunya, pero ese no era el trozo que la burguesía catala pretendía.
En aquel mismo momento el PSOE llega al gobierno y se produce un hecho característico: el trozo del poder político y económico que tenía Banca Catalana era suficiente para impedir llevarles a la cárcel pero insuficiente para mantener a flote el banco, el buque insignia de la burguesía catalana.
En Madrid la prensa cavernaria presenta el asunto de una manera singular. Dice que en 1982 el Estado central salió generosamente en ayuda del banco regional, lo cual es cierto: 85.000 millones de pesetas costó la broma a las arcas públicas. Pero les falta contar el resto de la historia: los despojos de aquel negocio se los devoraron los buitres financieros, especialmente el Banco de Vizcaya, hoy BBVA. Fueron ellos los que se quedaron -una vez más- con el dinero público.
En aquella época Pujol estaba en la cúspide de su poder como President de la Generalitat. Además, la burguesía catalana sostenía en Madrid al gobierno del PSOE y eso le salvó de ir a la cárcel en aquel momento. Como es su costumbre, los jueces y fiscales hicieron el paripé:
a) los fiscales se querellaron en 1984 contra Pujol y otros 17 buitres más
b) nada menos que 33 jueces de la Audiencia firmaron en 1986 que Pujol no había cometido delito alguno
c) en 1990 los jueces liberan de cualquier clase de culpa a todos los demás consejeros
d) siguiendo órdenes de Madrid, los fiscales no recurrieron las decisiones judiciales
Lo llaman «independencia judicial». Asi se tapó todo el asunto que, en realidad, era sólo una parte del asunto.
El abogado, el juez y la cloaca
Otra parte del mismo asunto. El abogado de Pujol en aquel asunto fue Juan Piqué Vidal, que junto al juez Pacual Estevill manejaba los asuntos judiciales en Barcelona. Por un módico precio, el juez y el abogado garantizaban que los pecados de la burguesía morirían en alguno de los muchos laberintos judiciales.
El matón que ayudaba a Piqué Vidal era el capitán de la Guardia Civil Sebastián Martínez Ferraté, a quien el abogado encargaba vigilar, seguir y amenazar a los periodistas que le relacionaban con la trama corrupta del juez Estevill.
A principios de los años ochenta Piqué Vidal defendió al padre de Javier de la Rosa por la venta de terrenos inexistentes de la Zona Franca de Barcelona. El abogado sacó en el maletero de su coche a Javier de la Rosa Vázquez, cruzó la frontera a Francia y desde allá huyó a Brasil, ante la inminente condena que se le venía encima.
Durante décadas el abogado dirigió en Barcelona una red de blanqueo de capitales que servía tanto a la burguesía catalana como a un grupo de narcotraficantes maxicanos.
El abogado también garantizaba que Barcelona fuera un paraíso fiscal lo más parecido posible a Andorra. Los inspectores de Hacienda hacían la vista gorda, otro caso turbio en el que, además de Pujol, aparecieron Josep Lluís Núñez, presidente del Barcelona Club de Fútbol, Javier de la Rosa… Los mismos de siempre.
Caso Caric
En los años ochenta el brazo derecho de Pujol en la Generalitat era Macià Alavedra, a su vez estrechamente relacionado con Javier de la Rosa y Pacual Estevill.
Su principal obra como consejero de Economía de la Generalitat fue la construcción de Port Aventura, que financió gracias a Javier de la Rosa y a un aval de 1.000 millones de pesetas de la Generalitat a través de la Comisión de ayuda para la reconversión industrial de Catalunya (Caric), un organismo creado con fondos públicos para apoyar a empresas en crisis que se desvió para crear parques de atracciones como aquel.
En 1990 la fiscalía abrió una investigación por aquellos manejos de la Comisión cuyos avales cayeron en los bolsillos de empresas vinculadas a altos cargos de la Generalitat y de sus familiares.
Esta vez el paripé judicial consistió en lo siguiente: la Generalitat salvó la cara reclamando la devolución de los avales ante los tribunales cuando ya habían prescrito.
Operación Pretoria
Al tiempo que era Consejero de Economía, Macià Alavedra ostentó cargos ejecutivos en varias empresas privadas, por lo que la fiscalía formuló una querella contra él y contra otros cargos de la Generalitat que hacían lo mismo.
Por órdenes del PSOE, el Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos.
Desde Madrid la Fiscalía General del Estado torpedeó otra vez una querella dirigida contra la burguesía catalana.
Sin embargo, en 2009 la Audiencia Nacional encarceló Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, entre otros implicados en la Operación Pretoria a los que acusaron de «asociación ilícita» y otros muchos delitos que les reportaron 45 millones de euros procedentes de pelotazos urbanísticos.
Lo mismo que Pujol, Alavedra también tiene cuentas en Liechtenstein, Suiza, Andorra, las Islas Caimán, Madeira o el Estado norteamericano de Delaware. El testaferro que gestionaba sus fondos en el extranjero era Phillip McMahan Bollich, un norteamericano residente en Suiza, directivo de Banca Catalana, que actualmente reside en Andorra.
El 31 de octubre de 2009 el diario catalán La Vanguardia se quejó por la detención de Alavedra, Prenafeta y los demás chorizos de la burguesía catalana. En la Audiencia Nacional «los tratan como si fueran terroristas», escribieron. ¡Ah! Pero, ¿acaso no eran terroristas?