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El paramilitarismo sigue activo en Colombia

El paramilitarismo es un fenómeno político, económico, social y cultural arraigado en Colombia. Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo tienen vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), teóricamente desaparecidas en 2006.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, existen 27 departamentos en el país con presencia de grupos armados ilegales que son sucesores del paramilitarismo.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos también han denunciado que los paramilitares han ocupado áreas del territorio donde anteriormente operaban las FARC.

Las raíces históricas del paramilitarismo se remontan a mediados de los años sesenta. Su objetivo es político: impedir cualquier brote que tenga como objetivo la realización de un cambio sociopolítico en el país.

Los militares crearon los primeros ejércitos privados en Colombia como una manera eficaz de combatir el comunismo y el movimiento obrero y campesino.

Fueron entrenados por Estados Unidos y a lo largo de estos años han asesinado a unas 220.000 personas.

La versión apoyada por el Estado para identificar a estos grupos armados solo como Bandas de Crimen Organizado está lejos de la realidad y oculta las profundas dimensiones del paramilitarismo.

El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que las estructuras armadas actuales responden a organizaciones neoparamilitares con un vínculo directo con las estructuras antes de la desmovilización de las AUC en 2006.

Silvia Becerra, autora del libro “Organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, afirma que este fenómeno se ha reproducido en Colombia por un marco legal que lo ha favorecido, desde el decreto 3398 de 1965 que autoriza a los militares a entregar armas a los civiles.

Otro libro que desentraña la más reciente oleada de paramilitarismo en Colombia es “Guerras recicladas”, escrito por la periodista María Teresa Ronderos.

Los grupos paramilitares se han financiado, como la mayor parte de la reacción y la contrarrevolución modernas, del narcotráfrico. Alguos de esus dirigentes fueron extraditdos a Estados Unidos no por los crímenes cometidos sino acusados de tráfico de drogas.

Tras disolver las AUC, uno de sus dirigentes, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, creó el grupo criminal Águilas Negras Héroes de Castaño, además de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, el mayor grupo de narcotráfico que opera en estos momentos en Colombia.

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El FBI registra el Banco San Juan Internacional en Puerto Rico por violar el bloqueo impuesto a Venezuela

Efectivos del FBI han allanado las oficinas del Banco San Juan Internacional en Puerto Rico, por violar el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra quienes hagan negocios con Venezuela.

El portavoz del FBI Luis Rivera Santana afirmó que el allanamiento cumple con una orden judicial para identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista negra de sancionados por la Casa Blanca.

Según el portavoz, se sospecha que alguien utilizó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista.

Hasta ahora la operación no ha causado detenciones.

El director del FBI, Douglas Leff, confirmó que el procedimiento está relacionado con las sanciones al gobierno venezolano, específicamente con una lista de empresas e individuos sancionados por la Casa Blanca.

El policía aseguró que, presuntamente, se mueven fondos que el Departamento del Tesoro ha identificado como conectados con corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y terrorismo.

“En este caso es acerca de sanciones contra Venezuela y nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras encontraron la evidencia, que fue suficiente para que un juez creyera que fue suficiente para la orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”, explicó Leff.

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1.500 despidos tras las huelgas de los obreros de las maquilas del norte de México

Hasta el momento se contabilizan 1.500 despidos por la huelga de las maquiladoras de Matamoros y dos empresas han anunciado el cierre, según ha confesado el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) local, Rolando González Barrón.

Quizá lo peor no haya llegado aún porque la patronal sigue amenazando con más despidos: “Vamos a ver, y ojalá me equivoque, pero si siguen así las cosas, y no hay quien aplique la ley, nosotros veríamos despidos de 20 a 25.000 trabajadores en los próximos tres años, de seguir así, ojalá me equivoque, 1.500 gentes, y no llegamos ni a los 6 meses”, sostuvo González.

El representante de las maquilas justifica los cierres y despidos como consecuencia de que las huelgas no habían sido legales y detalló que los despidos se dieron en 17 empresas del sector automotriz, el más atacado por la huelga, así como el sector electrónico y médico.

Pero las represalias no han desalentado al movimiento obreros de Matamoros, que sigue el ejemplo de los obreros de las maquilas. En algunas empresas de comercio también han comenzado a estallar huelgas con las mismas reivindicaciones de las maquilas, es decir, un aumento salarial de 20 por ciento y un bono anual de 32.000 pesos.

La huelga de las maquilas de Matamoros, junto a la frontera oriental con Estados Unidos, puso en pie a 70.000 trabajadores en lo que ha sido calificado coo la “insurrección obrera” más importante de México de los últimos 70 años.

Comenzó a princicipios de enero y fue un rotundo éxito para los trabajadores, que lograron sus reivindicaciones y acabaron con las mafias sindicales vendidas a la patronal.

La huelga desató en varias ciudades de México una importante campaña de solidaridad con los trabajadores y la más formidable censura y manipulación de internet por parte de los grandes monopolios informáticos y cadenas de noticias.

México es el país más grande del mundo  en maquiladoras, que integran a unos tres millones de trabajadores, mujeres en su mayor parte, y generan otros siete millones más de empleos indirectos.

Aparecieron en 1965. El 90 por ciento de ellas están en la frontera con Estados Unidos, donde forman una especie de “zona franca”. No son más que gigantescas estaciones ferroviarias de carga para la exportación.

Más información:
– El movimiento obrero del norte de México rompe con las mafias sindicales y alcanza un gran éxito
– La insurrección obrera provoca la bancarrota de los sindicatos ‘blancos’ en el norte de México

– Rebelión obrera en las maquildoras de la frontera de México con Estados Unidos
– La mayor mina subterránea de México ha permanecido cerrada 11 años a causa de una huelga

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El historial de relaciones de Baltasar Garzón con la oposición venezolana y el paramilitarismo (I)

Garzón y Rajoy durante su romance en la lucha antiterrorista
Diego Herchhoren 

El diario español Publico ha difundido una información de la periodista Patricia López que parece que no ha tenido el eco y la trascendencia debida: los vínculos del ex juez Baltasar Garzón con la oposición venezolana y su papel de interlocutor para favorecer un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros.

Este dato, cuya fuente proviene según la autora del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), es otro episodio más de una agenda política que, desde hace más de una década, vincula al juez estrella con lo más negro del paramilitarismo y los grupos de oposición en Venezuela promovidos por la política exterior de EEUU en el continente. 
En el caso colombiano, Garzón es el protagonista del libro Nos matan y no es noticia, de los periodistas Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango que hace un duro examen de quien ahora aparece como apoderado de los capos venezolanos huidos a quien España da cobijo para operar contra Maduro.
En su prólogo, achacan a Garzón una «siniestra y exitosa normalización del paramilitarismo» que está representada en al menos tres actos concluyentes: cuando ha aconsejado al gobierno de Álvaro Uribe sobre la toma de medidas represivas, como la incomunicación -y en consecuencia, la tortura-, así como la flexibilidad con los miembros del paramilitarismo, a un régimen genocida que las aplica contra el movimiento popular; cuando, pagados por el Banco Santander, ha organizado encuentros de acreditación de Álvaro Uribe Vélez como demócrata, avalando su política de seguridad y derechos humanos (certificación realizada, por ejemplo, en Nueva York el 15 de diciembre de 2005 al lado de otro criminal como Henry Kissinger o de impresentables como Ernesto Zedillo de México y el ex presidente Felipe González,); y cuando ha empleado, junto con otros jueces españoles, instrucciones y consignas recibidas de organismos de inteligencia implicados en crímenes internacionales, para acusar injustamente en España a activistas por la paz y los derechos humanos vinculados con la izquierda colombiana (2008-2010), así como al Gobierno de Venezuela.

Garzón y la colaboración con el paramilitarismo en Colombia

En el año 2003 se da el pistoletazo de salida a una operación que el periodista Oriol Malló (víctima de torturas en una detención ordenada por Garzón previo a las Olimpiadas de Barcelona 92) describió en su libro El cártel español. En ella se hace un repaso a toda la historia del intervencionismo de las grandes multinacionales españolas a lo largo del Siglo XX latinoamericano, y se detiene en un episodio infame silenciado por los aduladores del ex juez.

Garzón, Kissinger, Uribe y Felipe González en 2005

Corría el inicio del s.XXI cuando Álvaro Uribe Vélez accedía a la Presidencia de Colombia con la promesa de acabar con la guerrilla. Empresas españolas interesadas en las áreas estratégicas del país latinoamericano veían con preocupación la actividad revolucionaria de las FARC y el ELN, puesto que tenían intereses contrapuestos a estas organizaciones armadas y, para asegurar la inversión, necesitaban de un fuerte compromiso estatal en acabar con ellas sea como sea.

Al año siguiente, Garzón y el ex Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza desembarcaban en Colombia para dar respaldo y asesoramiento a la iniciativa del uribismo «Proyecto de Estatuto Antiterrorista«, que establecía medidas de aislamiento de los detenidos relacionados con el conflicto colombiano y que fue muy criticado por Naciones Unidas y la OEA por atentar contra derechos civiles consagrados. No obstante, Garzón y Zaragoza insistieron en ese entonces ante los legisladores del uribismo que ese era «un proyecto de mínimos» ya que según ellos, la lucha antiterrorista debía ser «realista».  La Ley de Justicia y Paz que tanto elogió Garzón fue calificada como una «ley de impunidad» del paramilitarismo, entre otros, por Michael Fruhling, vocero de Naciones Unidas sobre el conflicto.

Paramilitares: de sicarios a vigilantes de seguridad gracias a Garzón


¿Por qué de impunidad?, porque su aplicación a la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar del país, se basaba en que sus componentes, al reconocer sus delitos, pasarían a formar parte de las empresas de seguridad que protegerían los intereses españoles formados por Gas Natural, Banco Santander o el Canal de Isabel II entre otros. Es lo que los imperialistas de los derechos humanos llaman «justicia transicional», la misma que en España sirvió para consagrar la impunidad del franquismo y que se extiende hasta hoy.

El asesoramiento de Garzón y Zaragoza en esta ley de impunidad fue tan exitoso, que en 2005 el entonces rey Juan Carlos I otorgaría personalmente a Uribe la Orden de Isabel la Católica con el fin de «premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios«. Garzón incluso llegó a criticar la extradición a EEUU de varios dirigentes del paramilitarismo por narcotráfico ya que, a su juicio, eran un «obstáculo a la paz».

Varias organizaciones firmaron en 2012 una carta abierta al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmando que «Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia.»

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La soga no negocia con el cuello

Dario Herchhoren

Hay varios autores clásicos que han escrito sobre la guerra. Uno de ellos es Clausewitz, muy citado que dice que la guerra es una continación de la política por otros medios; y hay otro llamado Von der Goltz, que dice que cuando ya tienes al enemigo acorralado, tienes que acabar con él, porque si no lo haces corres el riesgo de que se recomponga y vuelva.

La situación que se vive en Venezuela da mucho juego para que se opine de ella, y es así que estos días vemos y escuchamos a sesudos tertulianos opinando y mintiendo y retorciendo los acontecimientos. Los políticos españoles no les van en zaga, y vemos al inefable Alfonso Guerra que hace una separación entre dictaduras eficaces y otras que no lo son. Guerra nos viene a decir que la dictadura de Pinochet, fue eficaz (sic) (no se sabe para qué o para quienes, digo yo), y en cambio la dictadura de Maduro, está entre las ineficaces.

También vemos al vendedor de crecepelos Pablo Iglesias, que nos viene a decir que él ahora no está a favor de Venezuela. Justo cuando más hay que apoyarla. Sin duda Iglesias es un maestro del oportunismo político. En su momento hablaba de la «casta», y metía en ese saco al PP, al PSOE, a Ciudadanos, etc. Pero ahora ha sacado del saco al PSOE, y quiere pactar con Errejón porque no le salen las cuentas. Otra vez el oportunismo político.

Nos causa cierta hilaridad escuchar a la Unión Europea dando ultimátums a Venezuela para que convoque elecciones en ocho días. No hay precedentes en la política internacional sobre algo así. Y para que no falte de nada tenemos al senador Marco Rubio, un hispanocubanoamericano diciendo que Maduro debe elegir si quiere irse por las buenas o por las malas.

Toda una panoplia para optar.
                                                                                                                                                                                            
Pero lo que más me llama la atención es la pasividad del gobierno de Venezuela que pese a tener en su mano toda la legalidad y la legitimidad, que tiene el apoyo de las fuerzas armadas, no toma medidas ya mismo.

Esta situación nos trae a la memoria, sin forzarla, lo que se planteó en Chile en 1973 con la sublevación de Pinochet. Mientras Allende hablaba de la vía chilena al socialismo, Pinochet bombardeaba salvajemente el palacio de la Moneda. Esa vía chilena condujo a la tortura, a la muerte y a la desaparición a miles de chilenos. Debemos reflexionar sobre un hecho que es sin duda la piedra angular de todo este proceso: las instituciones burguesas, sus leyes y reglamentos, ¿son el medio para cambiar la sociedad?, ¿puede haber socialismo sin expropiar a la buguesía los medios de producción?

Esto nos debe servir de ejemplo, al igual que la respuesta del gobierno de Cuba presidido por Fidel Castro, cuando arreciaba la hostilidad del imperio contra la isla. Fue clara y rotunda: se declaró el carácter socialista de la revolución y se expropiaron las empresas yanquis sin indemnización.

¿Qué espera el gobierno de Venezuela para rodear el edificio de la Asamblea Nacional y detener al mamarracho Guaidó y a sus seguidores y someterlo a juicio por traición a la patria?, ¿Qué espera el gobieno de Venezuela para nacionalizar toda la propiedad enemiga? ¿Qué espera el gobierno de Venezuela para tomar como rehenes a los diplomáticos de los USA? Si quieren guerra tienen que tener guerra. No se negocia en esta situación cuando están intentando entregar el país a girones.

A los imperialistas jamás les importaron los derechos humanos de ningún pueblo. El único derecho que respetan es el de la propiedad (sobre todo la suya). Solo quieren apoderarse de las reservas de petróleo y gas más grandes del planeta, del oro y del coltan. No se negocia nada de esto.

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A través de Garzón, Estados Unidos y España presionan a Maduro para que se rinda al Golpe de Estado

A través del exjuez Garzón, Estados Unidos y España presionan a Maduro para que se rinda al Golpe de Estado del imperialismo en Venezuela, informa Público (*), lo cual pone de manifiesto la esencia de lo que Lenin calificó como “socialimperialismo”: el reformismo, eso que llaman “la izquierda”, no tiene una política propia; no es otra cosa que el perro de presa de su amo.

A cambio de arrojar la toalla, a Maduro le ofrecen lo que Público califica como “una salida digna”, que no es otra cosa que la traición pura y dura. Así cambia el lenguaje la posmodernidad: ahora lo digno es ser una traidor.

¿Por qué nadie le ofrece ninguna salida digna a Guaidó? Posiblemente porque la única salida del jefe golpista es la del imperialismo: llegar a la Presidencia sin pasar por la urnas.

La desestabilización está en la calle desde hace tiempo. Los bolivarianos la alentaron al no disolver la Asamblea Nacional y desde entonces cada paso que dan impulsa a la reacción. Cuando Guaidó esté a la altura de su colega Bolsonaro, los refomistas llorarán por el “auge de la ultraderecha” y dirán que es algo que cae del cielo, como si fuera un “accidente histórico” que nada tiene que ver con ellos.

Pues bien, señores reformistas del PSOE, Podemos e IU: Ustedes son tan responsables del auge del fascismo como el propio imperialismo, y esto que decimos de los “nuestros” lo hacemos extensivo a los reformistas venezolanos. Si el golpe triunfa, lo que llegue allá -que ya sabemos lo que es- no será sólo responsabilidad del imperialismo, del exterior, sino también del interior esto es, de los dirigentes bolivarianos de Caracas.

Pocas veces tendremos ocasión de ver en vivo y en directo un Golpe de Estado en el que la policía no va a buscar a los golpistas para encarcelarlos, sino al revés: les permiten convocar manifestaciones, llamar al ejército a la deserción, pronunciar arengas, confabularse con potencias extranjeras… Por muchísimo menos, en España hay varios políticos catalanes encarcelados que serán juzgados dentro de muy poco acusados de varios “delitos” por tratar de convocar una referéndum.

La intervención del antiguo juez en el golpe (a través de “un despacho de Estados Unidos”, según confiesa) pone de relieve, por si había dudas, que el reformismo juega el mismo papel en las dos orillas del Atlántico y que juega en el mismo bando. Si en 2002 fue el gobierno de Aznar quien impulsó (de la mano de Estados Unidos) el Golpe de Estado contra Chávez, ahora le toca el turno al PSOE, cuya posición es la misma: está con los golpistas y, por consiguiente, con Estados Unidos.

Es coherente con la trayectoria de Garzón desde los tiempos en que dirigía las mazmorras de la Audiencia Nacional, pasando al escaño parlamentario del PSOE y luego a los diferentes gazpachos de “la izquierda” que da muestras patentes de la más absoluta falta de dignidad.

El antiguo mamporrero de la Audiencia Nacional  no es abogado de PDVSA, como asegura Público, sino de una filial de la petrolera creada por dos
prófugos de la justicia venezolana que intentaron esconder su botín en
Andorra.

Garzón no es otra cosa que un “lobbysta” de los intereses imperialistas de España en Latinoamérica y todos los gobiernos “seudoprogres” del Cono Sur lo han aceptado como invitado de honor porque, a pesar de su verborrea antiyanqui, también ellos les abren los brazos a los imperialistas.

Los bolivarianos siempre han tratado de nadar y guardar la ropa. Sometido al bloqueo económico del imperialismo, el gobierno  de Venezuela (y sobre todo PDVSA) se ha enredado en la madeja de hilos de la clandestinidad internacional, que es donde le estaban esperando pacientemente con el cuchillo entre los dientes. Han jugado con dos barajas, pero quien reparte las cartas es el imperialismo y sus secuaces; y las tienen bien marcadas.

A partir de entonces, las policías del mundo entero, siempre siguiendo las instrucciones del imperialismo, como es natural, empezaron a perseguir a los directivos de PDVSA, no tanto a los corruptos como a los limpios precisamente, lo cual ha dado magníficos titulares a la prensa del mundo entero: los chavistas se están metiendo el dinero del petróleo en su bolsillo.

A partir de la cárcel y de las extradiciones a Estados Unidos, una vez que los doberman de la fiscalía estadounidense tienen el hueso en la mandíbula, todo es muy sencillo: empieza el chantaje mafioso típico de la fiscalía estadounidense. Si el preso no colabora con ellos, no inventa cualquier delito de los chavistas, pasará el resto de su vida encerrado.

La siempre servicial España ha jugado ese juego hasta el hartazgo. Ha detenido a directivos de PDVSA que han tenido la ingenuidad de viajar a nuestro país, les han acusado de lo divino y de lo humano, pero en lugar de enviarlos a Venezuela, los han entregado a Estados Unidos. Pregunten ahora por los motivos: si han robado a Venezuela, si son enemigos del chavismo, ¿no sería “más lógico” entregarlos a Venezuela?, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con la corrupción de PDVSA?

Ni Venezuela, ni PDVSA, ni ningún chavista han blanqueado nada, o mejor dicho, lo han blanqueado todo porque los imperialistas tienen sometido a su país está a un bloqueo económico. El dinero de Venezuela dejará de ser negro cuando ese bloqueo se levante.

(*) https://www.publico.es/politica/eeuu-espana-utilizan-exjuez-garzon-militares-petrolera-venezuela-abandonen-maduro.html

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El movimiento obrero del norte de México rompe con las mafias sindicales y alcanza un gran éxito

Juan Mendoza

Hasta el momento, el movimiento obrero iniciado en Matamoros ha logrado incrementos salariales del 20 por ciento y un bono (anual) por 32.000 pesos con 22 de las 47 maquiladoras emplazadas a huelga; en 19 casos, la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente el paro, mientras revisa otros tres expedientes; y cuatro más se discuten en la instancia federal.

Eso me hace suponer que la conquista obrera tiende a democratizar al sindicalismo fronterizo, pues según está visto sus dirigentes esquiroles han sido rebasados por sus propios representados en la revisión de contratos.

Por tanto, igual es previsible que la lucha obrera prenda la mecha para exterminar el “charrismo” en otras localidades fronterizas del estado (Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Miguel Alemán) donde, por cierto, también la industria manufacturera se rehúsa a cubrir los aumentos requeridos, bajo el pretexto de que la disposición presidencial de duplicar el sueldo mínimo, no aplica cuando ese jornal es rebasado.

Hasta donde sé, las maquiladoras asentadas en Matamoros invirtieron inicialmente 60.000 millones de dólares, en conjunto, gozando de beneficios gubernamentales, como la exención de impuestos (en los primeros años de su actividad), servicios públicos de calidad y la “garantía” de contratar mano de obra buena y barata.

¡Ah!, pero sus dividendos son mayúsculos, considerando que también, en conjunto, cada minuto, los obreros producen alrededor de 500.000 pesos que, multiplicados por hora, día, semana y mes, arrojan cifras insultantes al conglomerado que apenas percibe jornales para mal alimentarse.

Dicen los representantes de las maquiladoras que, en tan sólo 20 días de paro y manifestaciones –antes de llegar a la huelga–, las pérdidas en el sector ascendieron a ¡más de 40.000 millones de dólares!, por lo que no hay dinero para cubrir las demandas obreras.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pide comprensión y entendimiento a los patronos, aduciendo que la demanda es desmedida, “porque los maquiladores no tienen dinero para cubrirla”.

¿Usted lo cree?

Yo tampoco.

Es aquí entonces cuando surge la necesidad de que los maquiladores hagan públicos sus libros de contabilidad, para que, en base a sus estados financieros, no “maquillados”, los alzados determinen si continúan la huelga (en donde no se ha levantado) o desisten en sus demandas.

Esta lucha obrera, iniciada en Matamoros, es histórica, tomando en cuenta que en Tamaulipas hay 48 parques industriales –Nuevo León, Querétaro y la Ciudad de México, son otros puntos importantes, aun cuando son ajenos al conflicto–, de los que cinco son públicos y 43 privados.

Pero hasta hoy, sólo en algunos los jornaleros han actuado para hacer efectivo su reclamo de mejoras salariales –con, sin y a pesar de la posición de sus dirigentes “charros”–, con pleno derecho constitucional, como ya en su oportunidad lo dijo la Secretaria (federal) del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde Luján, quien viniera a Tamaulipas hace días, a mediar en el conflicto.

Cierto es que este movimiento obrero irrita a los empresarios, quienes, por desconfianza hacia las autoridades locales (de la Junta de Conciliación y Arbitraje) han recomendado trasladar estas controversias a las instancias federales.

Antes que Luisa, se instaló allá en Matamoros el subsecretario Alfredo Domínguez Marrufo, solicitando una prórroga al paro anunciado, pero falló, como consta en los anales. Por ello, también sugirió a los empresarios que se inconformaran para buscar solución en la Ciudad de México.

Hasta hoy el trance está casi solucionado, pero deja en cierto que:

1) Hay cerca de 45.000 obreros, allá en Matamoros, que ya no se dejan mangonear por sus dirigentes
2) Existe la amenaza de que se imite la asonada en otros lugares de la geografía tamaulipeca, aunque igual podría reproducirse en toda la frontera norte del país; y
3) No asoma autoridad alguna (municipal, estatal ni federal), capaz de resolver el problema

Los maquiladores por su parte, arguyen que la disposición presidencial no los obliga al aumento salarial, más allá del índice inflacionario, mientras, en el caso del mínimo, garanticen el decretado. Es decir, doblarlo, para que cada obrero perciba más/menos diariamente 179 pesos por jornal.

En su inmensa mayoría ningún trabajador actualmente gana menos en las maquiladoras.

Y esto, precisamente, generó el conflicto, por la ambigüedad del plan.

Lamentablemente algunos inversionistas han retirado sus capitales por el gasto que les representarían los aumentos.

Con todo y ser, durante décadas, los saqueadores de divisas.

Así que no hay que irse con la finta…

En Matamoros, Juan Villafuerte Morales ya perdió el control del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim) –incorporado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM)–, como se advierte al ser rebasado por sus agremiados huelguistas.

Eso mismo me lleva a suponer que ya nada tiene que hacer, fuera de renunciar al cargo, como igual deben hacerlo sus homólogos cetemistas y de otros membretes.

Y más cuando han sido cómplices de la usura que arrastra a miles de obreros a transitar en la miseria cuando ellos (y sus séquitos) han recibido millonarios cañonazos económicos para beneficio propio, aparte de jinetear y malgastar las cuotas que puntualmente cobran.

El mote de “líderes charros” se otorga a los dirigentes sindicales que de una u otra forma suelen sucumbir al “embrujo del poder” –oficial o privado–, y abandonan las justas causas de sus representados a cambio de “platos de lentejas” (o como Judas, 30  monedas), que les arrojan las autoridades en turno y/o sus patrones para traicionar a los trabajadores.

Los investigadores que más han escudriñado al respecto -tanto como los especialistas en política laboral- coinciden en que ese mote surgió allá por el año 1948 –¡hace siete décadas!–, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, cuando los trabajadores ferrocarrileros azuzados por sus dirigentes Luis Gómez Zepeda y Valentín Campa Salazar, hartos del maltrato patronal, aspiraron formar una organización independiente a la CTM –ésta ya para ese entonces corrompida por el Gobierno federal–, pero fueron traicionados por Jesús Díaz de León.

Él tenía como afición la charrería y hasta tuvo el desplante de acudir a reuniones sindicales ataviado con el traje representativo nacional, por lo que desde entonces a los dirigentes sindicales esquiroles se les ha dado en llamar “líderes charros”.

http://www.hoytamaulipas.net/notas/370415/Obreros-ganan&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp.html

Más información:
– La insurrección obrera provoca la bancarrota de los sindicatos ‘blancos’ en el norte de México
 

– Rebelión obrera en las maquildoras de la frontera de México con Estados Unidos
– La mayor mina subterránea de México ha permanecido cerrada 11 años a causa de una huelga

Nota: Las empresas maquiladoras se han tomado la revancha y han despedido a 500 huelguistas

– Los obreros ganan lucha… pero pierden el trabajo

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El PNV también apoya a los golpistas venezolanos

Ortúzar, del PNV, en compañía de Julio Borges
Llama poderosamente la atención la doble vara de medir que tiene el Partido Nacionalista Vasco (PNV), también conocido como Partido del Negocio Vasco. Si se escucha a sus dirigentes parece que son grandes defensores de la paz, acérrimos enemigos de la violencia. Pero ¿son realmente lo que se empeñan en parecer? De eso nada de nada. Y existen muchísimos ejemplos que certifican cómo su anhelo de paz varía según se muevan intereses.

La violencia que habitualmente ejerce su policía, por ejemplo (ésta trabaja por los intereses de la burguesía vasca y del Estado español, aunque la financiemos entre todos y todas), nunca la ve mal. Para la dirigencia del PNV la abertura de las cabezas y las contusiones de los cuerpos de los trabajadores y trabajadoras que reclaman una vida digna siempre es justa y proporcionada.

Así se comporta en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), que es la que gobierna. Pero podemos dar un salto en lo geográfico y llegar al otro lado del océano Atlántico; concretamente a Venezuela, donde gente de peso dentro del PNV tiene grandes intereses económicos.

Todo el mundo sabe que la oposición ultraderechista al legítimo Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro ejerce la violencia de manera brutal, un día sí otro también. Esta ha generado cientos de personas muertas (algunas de ellas por ser quemadas vivas) y grandes pérdidas económicas y materiales a la nación latinoamericana.

Y he aquí que el PNV, que siempre se ha posicionado a favor de los golpistas (apoya abiertamente a Juan Guaidó) y de los partidos políticos que han instigado y ejercido la citada destrucción en las calles de Venezuela, nunca ha condenado dicha violencia. Es más, de alguna manera hasta la ha alentado y la alienta.

Recordemos que en noviembre del pasado año, por ejemplo, Julio Borges, prófugo de la Justicia venezolana y presunto autor intelectual del intento de asesinato del presidente Maduro, además de instigador de la violencia en las calles de Caracas (las llamadas guarimbas) que, como hemos señalado, provocó tantas muertes, fue invitado a Sabin Etxea (Bilbao) para dar una conferencia y fue “paseado” por diferentes instituciones vascas de la mano de los jeltzales.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar con el con el presunto autor intelectual del intento de asesinato del presidente Maduro y prófugo de la Justicia, Julio Borges, en una reciente visita a Bilbao

Por otra parte, también se conoce la presión que los jeltzales ejercen (fundamentalmente Iñaki Anasagasti) para que Leopoldo López, golpista y responsable de 43 muertes, sea puesto libertad.

Este comportamiento del PNV choca frontalmente con su actitud en el territorio que gobierna. En Euskal Herria ya desapareció la violencia revolucionaria ejercida por ETA, la misma que el PNV condenó y combatió hasta la saciedad. Pero desaparecida ésta, al PNV le molesta incluso las pintadas que muy de vez en cuando aparecen en las paredes de algunas de sus sedes. Fíjense que insignificancia si lo comparamos con la tremenda violencia que ejercen sus aliados en Venezuela y el PNV justifica desde Euskal Herria.

Hace unos días, tras la muerte de Oier Gómez, ex preso de ETA que fue excarcelado muy a última hora por sufrir una enfermedad incurable, aparecieron unas pintadas en varias sedes del PNV (los jeltzales las llaman “actos vandálicos”). Conviene recordar que el partido que gobierna la CAV apoyó en su día la dispersión de los presos.

Como cabía esperar, éste partido condenó dichas pintadas (¿se creerán jueces para vomitar tantas condenas?) y exigieron el cese inmediato de esas acciones.

Lo hicieron a través de un comunicado, en el que decían también que “Amenazas de este tipo son siempre inaceptables, aún más en 2019, cuando la sociedad vasca ha dejado atrás, hace años ya, esta clase de manifestaciones y actitudes violentas” […] “aunque es legítimo reivindicar la democracia, los derechos de los presos y cualquier otra cuestión política”, no debe hacerse mediante “acciones tan antidemocráticas como son las pintadas en sedes de partidos”.

Obsérvese como cambia el cuento. Para el PNV las reivindicaciones en el Estado español no deben hacerse mediante “acciones tan antidemocráticas como son las pintadas en sedes de partidos”.

En cambio en Venezuela no importa que las reivindicaciones se lleven a cabo a través de múltiples asesinatos en las calles por sus defendidos guarimberos, mediante el intento de asesinato del presidente legitimo, o, simplemente, con el golpe de Estado que ésta en marcha ahora mismo en la patria de Bolívar dirigido por el imperialismo yanqui y que el PNV apoya de manera incondicional. ¡Cuánto cinismo y cuánta hipocresía la de éstos señores y éstas señoras del Partido del Negocio Vasco!

El PNV no es partido realmente pacifista. Con su inhumana actitud demuestran que la violencia sólo les molesta si se ejerce en contra de sus espurios intereses.

https://baragua.wordpress.com/2019/02/01/al-pnv-no-le-gusta-la-violencia-excepto-la-que-ejerce-su-policia-y-la-ultraderecha-venezolana/



En mayo de 2017 el joven de 21 años Orlando Figuera fue quemado vivo por la oposición venezolana porque creyeron que era chavista
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La enfermedad holandesa de Venezuela sólo se remedia con el socialismo

En Economía Política se llama “enfermedad holandesa”, “mal holandés” o “síndrome holandés” a lo que normalmente entendemos por  “morirse de éxito”, que no es otra cosa que lo que la dialéctica conoce como transformación de la cantidad en calidad.

Es lo contrario de lo que muchos suponen: los problemas de un país se multiplican cuando encuentra tesoros escondidos tales como minas o yacimientos de alguna materia prima. Los países no salen de la pobreza con la gallina de los huevos de oro. Muchos países del Tercer Mundo (pero no sólo del Tercero) han aprendido que sus riquezas obstaculizan el desarrollo económico.

Si las personas quieren dinero, los países quieren divisas, que se obtienen de un saldo favorable de la balanza de pagos, es decir, de exportar más de lo que se importa.

Un país que exporta una materia prima, como el petróleo, experimenta un gran aumento de sus reservas de divisas, lo que a su vez aumenta la cotización de la suya, algo que no es tan beneficioso como se cree normalmente. A lo largo de la historia muchos países lo han comprobado.

En la década de los sesenta Holanda descubrió grandes yacimientos de gas natural, que exportó al extranjero, lo que aumentó considerablemente su reserva de divisas. El florín, la moneda local, se apreció.

Como consecuencia de ello, el capital extranjero entró a gran escala. Paradógicamente, el pais se endeudó y la inflación llegó a ser galopante.

Las importaciones son baratas y las exportaciones muy caras. Sale más rentable comprar en el exterior. Disminuye la demanda de productos locales, se cierran empresas y aumenta el paro.

En el siglo XVI llegó a España una gran cantidad de metales preciosos procedentes del expolio de Latinoamérica y se produjo ese fenómeno. Lo mismo ocurrió en Australia a mediados del siglo XIX cuando se descubrieron minas de oro. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela con el petróleo.

La enfermedad holandesa provoca un desajuste interno entre las empresas exportadoras, como PDVSA en Venezuela, y las demás. Las primeras son mucho más rentables que las otras: emplean una parte ínfima de la fuerza de trabajo, pero aportan la mayor parte de la producción local y de las divisas.

El monocultivo es el becerro de oro, la gran tentación. Se le presta una atención que ningún otro sector económico tiene. Toda la economía de un país llega a girar en torno a una sóla mercancía, como el petróleo, e incluso a una sola empresa, como PDVSA en el caso de Venezuela.

A los venezolanos le resulta mucho más barato viajar a Colombia para comprar. Llenan los camiones y vuelven cargados con mercancías que inundan el mercado negro local.

Para frenar la especulación, el gobierno bolivariano impone precios regulados por debajo del mercado y los especuladores vacían los supermercados para dale la vuelta al flujo: venden las mercancías en Colombia. Se llama “bachaqueo” porque se ha convertido en un modo de vida para muchos venezolanos.

Es una espiral que conduce a todas las lacras características: contrabando, mercado negro, especulación, carestía… Un problema económico se tranforma en un problema político.

El precio del petróleo y, por lo tanto, los ingresos
derivados de su venta, dependen del mercado internacional, que es
fluctuante, lo que genera más efectos viciosos.

PDVSA es una empresa pública, gestionada políticamente, con todo lo que la palabra “política” significa en Latinoamérica y en Venezuela, lo cual reconduce otra vez el análisis económico al político, lo que requiere explicar el bolivarismo tanto como la corrupción que viene salpicando a PDVSA desde siempre, incluida la etapa bolivariana (y que no se ha superado).

Un Estado en el que la corrupción alcanza a empresas públicas tan significativas como PDVSA, está condenado a fallecer de muerte “natural” si antes los imperialistas y los vecinos no lo destruyen por la fuerza.

Un Estado de clase, socialista, revolucionario, es absolutamente limpio y no puede dejar de cortar cabezas hasta que la limpieza se impone. Caiga quien caiga. Una república popular no puede exigir nada a nadie, a la población, que antes no se haya impuesto a sí misma. Se llama responsabilidad política, aunque tiene también nombres más feos, como purgas, depuraciones y destituciones que son la quintaesencia de la democracia.

Ni en Venezuela ni en España la corrupción es lo que muchos suponen, sino algo peor cuando “la política” falla estrepitosamente, como ocurre. La corrupción no es economía, ni pura ni impura, es decir, no es consecuencia -para nada- de la injerencia de “la política” en un “libre mercado” que no existe.

Los países que padecen la enfermedad holandesa, como Venezuela, carecen de planes o los planes son tan malos como “la política” de donde derivan. Acaban concibiendo el petróleo como un maná. Todos sus planes son a corto plazo. En el mejor de los casos se preocupan por la distribución del botín y construyen más de un millón de viviendas para entregárselas a quienes nadie nunca les dio nada.

Con montañas de dinero en el bolsillo, los gobiernos contagiados por el mal holandés, gastan pero no invierten. Derrochan el dinero, emprenden proyectos faraónicos y el capítulo de gastos de los presupuestos públicos se dispara.

La masa de dinero fiduciario en circulación también se multiplica; aumenta la demanda pero no hay una contrapartida en la oferta. La inflación llega a ser incontrolable. Venezuela tiene uno de los índices de inflación mayores del mundo. El año pasado fue superior al 1.000 por cien.

La inflación conduce al acaparamiento y la especulación. La población vacía las tiendas y almacena mercancías en su casa, en ocasiones sólo para revenderlas luego a un precio más elevado en el mercado negro.

Sigan sumando a ello el bloqueo impuesto por el imperialismo, las sanciones económicas, el robo de las reservas de oro por el Banco de Inglaterra, la entrega de los haberes venezolanos en Estados Unidos a los golpistas… Verán que Venezuela no tiene otra salida que no sea la revolución socialista. No con la martingala del “socialismo del siglo XXI” sino con el único socialismo que existe.

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El juicio del Chapo no ha expuesto los secretos de la narcocorrupción en México

Alan Feuer
Durante un tiempo, parecía que el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se convertiría en una suerte de comisión para la verdad y la reconciliación que no solo revelaría los detalles de la vida criminal del acusado, sino también los secretos sobre la narcocorrupción en México.

Sin embargo, luego de un torrente de solicitudes de los fiscales y dictámenes por parte del juez durante las primeras tres semanas, ahora parece poco probable que se produzca una extensa revelación de casos de soborno. El jurado ya ha escuchado bastante sobre los pagos a la policía y los políticos mexicanos, pero queda mucho por saber y es probable que eso jamás suceda.

Imponer límites a la evidencia en los juicios penales es una medida común con el fin de enfocarse en los cargos específicos en contra de los acusados. No obstante, las restricciones impuestas en este caso parecen oponerse al deseo profundo que existe en México por exponer públicamente los excesos de su policía y la élite política durante la larga guerra contra el narcotráfico.

“Tenía muchas expectativas”, dijo Daniel Ortiz de Montellano Vásquez, un empleado de una casa de cambio en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero, por lo menos hasta ahora, no han cumplido con esas expectativas, comentó.

“Estamos hartos de este juego”, agregó Montellano Vásquez, y dijo que había esperado que el juicio fuera un suceso que “no dejara que la impunidad ganara”.

Quizá la restricción más importante a la evidencia ocurrió la semana pasada, cuando el juez Brian Cogan decidió que un testigo estrella de la fiscalía no podía testificar acerca de haber pagado por lo menos 6 millones de dólares en sobornos a uno de los presidentes de México. Aunque el mandatario nunca fue identificado, el juez decidió que el testimonio avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”, y que además sería una distracción del objetivo central del juicio: decidir si Guzmán es inocente o culpable.

La semana pasada, el juez emitió otros dictámenes que restringen testimonios que también involucran evidencia de posible corrupción. La naturaleza exacta de esas pruebas ha sido difícil de discernir porque los dictámenes del juez Cogan se han editado mucho.

Uno de ellos se refiere al “Testigo colaborador 1”, o CW1 en inglés, que trabajó para Guzmán de 2006 a 2014. El juez decidió que, aunque le permitirían a CW1 testificar sobre haber sobornado a funcionarios mexicanos con “cantidades de cocaína”, no le permitirían hablar sobre un soborno de 10.000 dólares que habría entregado para salir de la cárcel después de que lo arrestaron. Esa evidencia se excluyó del juicio, explicó el juez, debido a la “relación del soborno con…”, y se editó esa frase del dictamen.

Una orden aparte hablaba de un testigo identificado como “CW3”, que podrá testificar sobre haberle pagado a la policía federal mexicana para “escoltar un cargamento de drogas” y sobre darle “a un político mexicano de alto nivel un préstamo de 300.000 dólares sin intereses”, dictó el juez. Sin embargo, Cogan no le permitirá testificar sobre haber sobornado a un fiscal para que retirara un cargo criminal que enfrentaba.

Algunas de estas restricciones parecen haberse impuesto, en parte, para limitar la agresiva estrategia de defensa que los abogados de Guzmán pusieron en marcha al comienzo del juicio. En su argumento inicial, los abogados sostuvieron que la verdadera mente maestra del Cártel de Sinaloa era Ismael “el Mayo” Zambada García, exsocio de Guzmán.

En una declaración sorprendente, afirmaron que Zambada urdió durante años una gran conspiración para incriminar a Guzmán con la ayuda de agentes antidrogas “corruptos” de Estados Unidos y funcionarios mexicanos involucrados, entre ellos “el presidente y el expresidente del país”.

Aún no está claro si los abogados de Guzmán intentarán presentar evidencia sobre la corrupción de agentes de la policía estadounidense, o cómo reaccionará Cogan si lo hacen. El juez ya ha frenado esfuerzos por parte de la defensa para cuestionar a los testigos sobre el operativo “Rápido y furioso”, un controvertido programa de la policía federal en el que los funcionarios estadounidenses perdieron la pista de cientos de armas mientras investigaban una red de contrabando de armas vinculada con narcotraficantes mexicanos.

Las continuas batallas sobre la evidencia reflejan la cuestión de a quién está dirigido el juicio en realidad. Estrictamente hablando, la única audiencia que importa son los dieciocho miembros del jurado que escuchan el caso.

No obstante, el juicio ha generado un enorme interés público. Al limitar la evidencia sobre la corrupción, el juez Cogan quizá está ayudando a los fiscales a mantener al jurado enfocado en Guzmán. Sin embargo, también parece estar frustrando a la audiencia afuera de la corte, sobre todo en México.

Es difícil saber cuándo los fiscales estadounidenses tendrán otra oportunidad para analizar tan de cerca el funcionamiento interno de un gran cártel mexicano de la droga.

“Entiendo que el objetivo del juicio del Chapo es juzgar al gran capo mexicano”, dijo Bianca Salces, actriz y comediante de 45 años de Ciudad de México. Pero también es “importante para entender nuestro pasado y la historia actual, además de ofrecerle justicia y paz a un país devastado”, agregó.

Para Carlos Aguirre Ley, un ingeniero veracruzano de 40 años, el juicio es una oportunidad para exponer finalmente los vínculos entre “los narcos, el dinero y el poder” en este país, o, como lo dijo, “para que salga a la luz toda la verdad”.

Aunque el proceso podría ser doloroso, dijo, también es valioso. “Vale la pena adentrarse en las entrañas de la bestia”, comentó.

https://www.nytimes.com/es/2018/11/29/chapo-guzman-juicio-mexico-sobornos-corrupcion/