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El gobierno de Colombia promociona a oficiales del ejército involucrados en masacres de civiles

El gobierno de Colombia ha nombrado a nueve oficiales al menos del ejército para cargos de responsabilidad, a pesar de estar involucrados en asesinatos masivos de guerrilleros y civiles, según un informe de Human Rights Watch.

El informe alude a la promoción del general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como jefe del ejército y otros ocho oficiales vinculados a graves crímenes. Están implicados en lo que se conoce como el escándalo “falso positivo”, en el que las tropas mataron a varios miles de civiles durante la ofensiva militar contra la guerrilla y los contaron como rebeldes para inflar las muertes en combate y obtener recompensas.

No es la primera vez que el gobierno de Colombia hace la vista gorda ante los crímenes y la represión al promover a los oficiales del ejército. En 2017 la ONG dijo que cuatro coroneles y un general vinculados a los asesinatos extrajudiciales se encontraban en una lista de candidatos para promociones.

Los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados, en su mayoría de baja graduación, por su papel en los asesinatos “falsos positivos”, pero la mayoría de los oficiales superiores del ejército han escapado impunes.

El tribunal especial “de paz” del país también está revisando los casos. Se estableció tras la firma del “acuerdo de paz” de 2016 con las FARC para poner fin a la guerrilla de más larga duración en América Latina.

Martínez Espinel fue el segundo al mando de la Décima Brigada durante los años en que los fiscales iniciaron las investigaciones de 23 asesinatos.

Martínez Espinel certificó el pago de alrededor de 400 dólares a un confidente que proporcionó información que condujo a “excelentes resultados” en los que dos supuestos guerrilleros fueron asesinados.

Los tribunales concluyeron que los dos muertos eran Hermes Carillo, un civil indígena y Nohemi Pacheco, un adolescente de 13 años. Dos soldados y un ex paramilitar fueron condenados en 2011 por secuestrarlos en su casa, asesinarlos y poner armas en sus cuerpos para que parecieran guerrilleros muertos en combate.

https://www.foxnews.com/world/report-slams-colombia-for-promoting-officer-tied-to-slayings

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Las FARC han capitulado ante un Estado que nunca cumplirá ninguno de los compromisos firmados

Isauro Yosa

El partido FARC observa pasivamente, desde la oscura zanja del incumplimiento estatal, cómo Rodrigo Londoño y su círculo: Lozada y Alape entre otros, entierran en una tumba sin nombre 50 años de lucha del pueblo colombiano y el legado de Jacobo, Manuel, Alfonso y miles más que entregaron su vida en la lucha contra la más bárbara oligarquía de Latinoamérica.

La constitución y la ley colombianas, es decir, la voluntad escrita de ésa oligarquía nacional, los manuales de buenos modales y de diplomacia, la corrección política y doctrinas del capitalismo con rostro humano son ahora las fuentes de pensamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No ya el marxismo-leninismo, no el pensamiento bolivariano, ahora rige en este partido la biblia de la fraternidad y de la obediencia, el Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Del principio de crítica y autocrítica nada queda, no hay crítica contra el Estado y la oligarquía, como tampoco hay autocrítica respecto a lo que ya se sabe: el proceso de paz ha fracasado y fue un error entregar las armas sin que hubiese dado cumplimiento alguno del Acuerdo Final: 18% de implementación, falseamiento total a lo acordado en La Habana por la contraparte, 0.0 metros cuadrados de tierra para el campesinado y los exguerrilleros, más de 88 exrebeldes y sus familiares asesinados. ¿Qué pasará cuando a estos les deje de llegar el subsidio (menos de un mínimo) que solo cubre dos años del cual ya pasó uno?

El discurso de la reconciliación ha llegado a su límite, ha hastiado al movimiento social porque la reconciliación equivale a la conciliación. Sólo se puede construir un sujeto para la revolución creando antagonismos, no suavizándolos. La oligarquía con su Estado ha dejado claro que no tiene voluntad de ceder en nada y cuenta con plena determinación de revertir lo que está escrito. Duque no ha mostrado la más mínima intención de poner a andar la implementación y no tiene por qué hacerlo, pues no hay contraparte que lo obligue. Ha sido un proceso de paz mezquino, uno que consiste solo en la desmovilización de la guerrilla y ningún cambio real para los miserables de Colombia.

Resulta que el partido FARC es el ÚNICO partido de Colombia que se acoge plenamente a la ley de la burguesía nacional, no sólo de palabra sino también de hecho, ¡ley que ni esa burguesía cumple! Ello equivale al sometimiento absoluto de la organización a la voluntad de las clases dominantes en poder del Estado, a la sumisión del pensamiento. El partido no se piensa más allá de los límites institucionales. Cumple bien su mandato la línea hegemónica de la dirección del partido.

Cual señores feudales, rodeados del aura de la burocracia neoliberal, abrazados con la ONU, con exparamilitares y funcionarios del Estado, dirigentes del partido hicieron cumplir la voluntad de su majestad Juan Manuel Santos (ahora lo harán con Uribe 3): prohíben la protesta y la lucha de clases a sus propias bases bajo amenaza de represión estatal, censuran paros campesinos mientras hacen negocios con multinacionales en el sur del país, negocios que van en contra de los intereses de las poblaciones que durante décadas acogieron y protegieron a las FARC-EP. Recientemente hacen acuerdos electorales con el fascismo para tener un candidato único.

La fracción reformista de la dirigencia nacional del partido FARC, encabezada por sujetos que cada vez pierden mayor legitimidad interna y ganan más poder mediante su intermediación en los recursos para la reincorporación, recorre el país de foro en foro, legitimando unos acuerdos cuyo primer beneficiario de facto es el Estado y la burguesía internacional. Los excombatientes se mantienen en el partido no porque crean en él, sino porque los recursos de su reincorporación están atados a esa organización política y es ella la que nombra gente en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Cualquier opinión no autorizada puede significar quedar por fuera de la reincorporación.

Una mentira mil veces repetida se hace verdad, el credo del uribismo, hoy es usado por dirigencia hegemónica del partido FARC para engañar a su militancia. Se repite cual cántico en iglesia evangélica que las cifras de muertos y de violencia propia del conflicto armado se han reducido, de allí se deriva maliciosamente que el Acuerdo Final y su implementación es un éxito. Este argumento es falso, la única cifra de muertos que ha bajado significativamente es la de los militares estatales, considerando que van más de 88 ex guerrilleros asesinados.

Es falsa, además, porque no reconoce distinciones en el ejercicio de la violencia, asemeja la lucha popular al terrorismo de Estado y al paramilitarismo, con ello se oculta la naturaleza social y política del conflicto armado, su historia, desconociendo que hay dos grandes bloques o clases en confrontación que no son evidentemente iguales, por eso su ejercicio de la violencia tampoco es equiparable. La reducción de muertes producto del conflicto se muestra como distractor, su precio no se muestra, como no se muestra que esa violencia simplemente toma otra forma mucho más degradada, se oculta la entrega de las comunidades al terror paramilitar, la impunidad de los criminales de Estado, la aceptación de la versión oficial de la historia, los incumplimientos del Estado, etc.

El Dr. Londoño llama hoy arrepentidos a quienes mantenemos una postura crítica frente al acuerdo, habría que pedirle que cuide sus propias redes, pues en el canal de YouTube del partido de la rosa consta una conferencia de Jacobo Arenas en 1990, en que dice esto exactamente:

“Hay gente que viene al movimiento revolucionario y al año está cansada o considera que se equivocó de vehículo y entonces pide que lo releven de esa tarea, pide que le cambien de frente de trabajo o simplemente plantea que él quiere irse para su casa, donde su mamá y su papá, cosas de esas, y otros a los 5 años, y otros a los 10 y otros a los 20, y otros a los 25 aun cuando se percaten de que ese es un grave error, pero su condición de clase no les permite que prolonguen su vida en un proceso revolucionario que puede que asuma muchos años, porque ellos no se casan con el proceso revolucionario, no hacen el compromiso con el proceso, sino como que hacen el compromiso de llegar al poder y cuanto antes mejor”.

Los verdaderos revolucionarios no hacemos ese tipo de compromiso, los verdaderos revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo. Por eso los otros se cansan de la lucha y con relativa facilidad caen envueltos en la promesas del gobierno, que puede que los vuelvan gobierno y después los sacan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les son útiles. Si asume el gobierno un compromiso para cambiar el medio ambiente de la vida económica, de la vida social, de las expresiones culturales de la nación colombiana, y en ese entorno nuevo, en ese medio ambiente distinto, entonces encaramos el problema del movimiento armado.

Cuando hay plenas libertades democráticas, si para todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, desocupación, violencia, terror, hay educación para los hijos de todo el mundo por qué no desmovilizamos la guerrilla. Porque se ha cumplido la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde un principio Ese planteamiento no lo entendieron los que están hoy negociando con el gobierno y les dieron dádivas y además se cansaron de la lucha revolucionaria porque no tenían en su consciencia una elaboración ideológica de lo que significa el compromiso del revolucionario .

Son los arrepentidos a que se refería Jacobo Arenas, los que nunca construyeron una verdadera conciencia, los que hoy agachan la cabeza ante los medios, a los que les da penita lo que hicieron por 50 años. Nada le molesta hoy más a la dirigencia de la FARC que los llamen por su nombre de guerra, les molesta porque se avergüenzan de su historia. ¿Qué pensaría Jacobo Arenas al ver que se desmovilizó una guerrilla a cambio de nada, de unos puestos en el Gobierno?

Jesús Santrich ha mantenido una posición limpia, honesta frente a lo que hoy son unos acuerdos fallidos, tuvo el carácter para denunciar el incumplimiento deliberado y prevenir al ELN, fue el único capaz de observar con verdadero criterio objetivo los errores del proceso de paz y por eso está preso. A los hoy todopoderosos integrantes de la dirección nacional del partido FARC les incomodaba mucho una voz que hiciera ver lo evidente, por eso se hizo necesario deshacerse de él inmediatamente (útil sería la DEA), curiosamente fue el ciego el que más vio.

A Iván Márquez le espera el mismo destino, hoy lo pretenden reducido, según Sandra Ramírez sus opiniones son personales y no expresan el sentir de la mayoría de exguerrilleros, algo improbable para quien conoce el estado del partido. Lo que se sabe con certeza es que las posturas políticas de la dirección dominante del partido encarnan bien las preocupaciones de la oligarquía y el Estado colombiano. Algún día sabremos por qué Juan Manuel y Enrique Santos se sintieron más cómodos llevando a Timochenko a La Habana para agilizar el diálogo, al parecer con Iván Márquez como jefe negociador no les resultaba posible alcanzar sus fines.

El argumento de moda en el partido FARC es que ahora tenemos más aliados que los que teníamos en la guerra, vale la pena preguntarle doctor Londoño, ¿qué entiende por aliados y a quién considera como tales, a la ONU acaso, o a los empresarios que algo dan para la reincorporación? Pero más importante es preguntarle: ¿qué costo tienen esos aliados, acaso no es otro que el de renunciar a cualquier proyecto de cambio, renunciar a transformar el orden, serían igualmente aliados si la FARC hubiera tomado alguna acción política en ése sentido?

¿Ha parado la oligarquía de usar todas las formas de lucha contra el pueblo, se ha roto con la estigmatización y los medios de guerra propagandística para llegar a la batalla de ideas? Es una tesis cuestionable, cuando se siguen lanzando sobre la población por la contraparte mentiras nuevas y viejas que profundizan representaciones sociales negativas sobre las FARC, por ejemplo, la supuesta acumulación de tierras por la guerrilla, su condición de guerrilla millonaria o las fantasías sobre las violaciones masivas. Esa guerra mediática se encuentra casi intacta, no es posible afirmar que los acuerdos de paz hayan contribuido a democratizar la sociedad en este sentido.

Para evidenciar lo anterior es bueno tomar un ejemplo. Muchos exguerrilleros se han quejado del monumento hecho con sus armas por la artista Doris Salcedo, el monumento es brillante porque refleja la realidad de lo que fue el acuerdo: pisotear a las FARC-EP. La obra sirve como un piso para que la oligarquía, el lumpen de las ciudades y funcionarios de organismos internacionales vayan a tomarse fotos, celebren su victoria y tal vez dejen algún centavo para la implementación del proceso de paz. ¿Y las palabras oficiales del partido al respecto? Seguramente las de felicitación a la artista. Como prístino detalle, hubo un ritual de sanación por el cual las víctimas martillaron las láminas de metal que salieron de las armas fundidas de las FARC-EP, creyeron que martillaban las armas de sus victimarios, pero fueron las armas de las FARC-EP las únicas que se fundieron, como consecuencia lógica, la guerrilla es la victimaria en el conflicto y el Estado y los paramilitares las víctimas. Primero se pisotea una historia y luego se implanta otra a martillazos.

Por otro lado, nos enseña con sus reproches y llamados de atención el señor Londoño que de la noche a la mañana los exguerrilleros han tomado la decisión individual, libre y autónoma de volverse delincuentes, así, introduce la tesis útil a los intereses estatales de que el Acuerdo es excepcional en su letra e implementación, que no existen incumplimientos, que lo que hubo fue un generoso regalo de la oligarquía a la guerrilla, de modo que cualquiera que disienta de la realidad objetiva del Acuerdo Final se convierte, necesariamente, en un disidente narcotizado. Como los exguerrilleros disfrutan hoy de las mejores condiciones de vida posible, no tienen ningún motivo válido para retirarse del proceso en pro de sobrevivir a la pobreza.

Todo esto equivale a reemplazar el pensamiento histórico de las FARC-EP con el idealismo, liberal burgués: si según el máximo líder de la FARC, cada militante es responsable de su situación, pues su realidad es producto de su voluntad y no de la historia y la sociedad colombiana ¿qué diferencia hay entre esto y el pensamiento digno de cualquier centro de ideas neoliberales?

Se ha introducido la tesis de que existen trabas burocráticas a la implementación, según las cuales el partido de la rosa rosada se ha enredado ante su inexperiencia en los trámites estatales, de lo que se deduce que la implementación de los acuerdos tiene problemas técnicos, no políticos, haciendo creer que el Estado colombiano no tiene la capacidad de cumplir los acuerdos, pero que una vez se superen (por alguna razón mágica) las barreras administrativas, las mieles del acuerdo van a fluir a plenitud. Esta tesis sirve en esencia para ocultar una incómoda verdad: no existe tal cosa como una traba burocrática, existe la voluntad y las acciones concretas dirigidas tanto a no cumplir el acuerdo como reversarlo por parte del Estado.

Irónicamente, después de 50 años, no fue la oligarquía colombiana ni fueron los gringos los que acabaron con las FARC-EP, sino gente de adentro. Pero las mareas cambian y no se echa por tierra la dignidad de un pueblo y su legado tan impunemente. El pueblo colombiano es contradictorio, más sumiso que rebelde, pero como todos los pueblos tiene su punto de quiebre y allá hay que ir.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252829

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Haití: detenidos varios mercenarios contratados para aplastar el levantamiento popular

El domingo, un grupo de 8 personas, entre ellas 5 ciudadanos estadounidenses, fueron detenidos en Haití, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Bocchit Edmond.

El jefe de la policía haitiana, Michel-Ange Gédéon, dijo a la CNN que los detenidos estaban en posesión de armas automáticas, pistolas, teléfonos satelitales y drones. Fueron detenidos dentro de vehículos sospechosos que no llevaban matrícula.

Según la CNN, el grupo había sido detenido por conspiración, aunque el ministro de Asuntos Exteriores no quiso confirmarlo.

El 14 de febrero el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos que no viajaran a Haití. También ordenó a todo el personal estadounidense, así como a sus familias, que abandonaran el país.

El Proyecto Haiti Info informa que los detenidos forman parte de un equipo de mercenarios reclutados por el presidente haitiano Moise Jovenel para trabajar con la USGPN (Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional) para poner fin a las protestas.

El 12 de febrero se fugaron 78 presos de la prisión de Aquin, al sur de Haití, mientras la policía estaba ocupada en reprimir una manifestación cercana.

Haití vive una revuelta popular. El ejército y la policía están desbordados, hay fugas masivas de las prisiones, motines y disturbios, mientras las fuerzas represivas han empezado ya a asesinar manifestantes, superando ya la quincena de muertes.

El pueblo en Haití fue el primero en liberarse del colonialismo y ha resistido a todas las formas de subyugación: a los franceses, a los estadounidenses y a la dictadura de Duvalier. Es un país en revuelta permanente desde los tiempos de la esclavitud.

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Los capitalistas de las maquilas recurren al Presidente de México para frenar la ola de huelgas

La patronal Index, que representa a los capitalistas de las maquiladoras, pide al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para frenar la ola de huelgas que sacude a México.

Index ha publicado anuncios publicitarios en periódicos a página completa y ha lanzado una campaña a través de Twitter después de que los trabajadores de 45 maquiladoras de Tamaulipas hayan conquistado un aumento salarial del 20 por ciento y un bono de 32.000 pesos.

La campaña es un medio de presión de la patronal en el que culpan de la ola de huelgas a López Obrador por haber duplicado el salario mínimo. Durante su campaña, López Obrador se comprometió, además a mejorar las condiciones de los trabajadores y su representación en los sindicatos.

López Obrador tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre, y lo que no dicen los capitalistas es que se están beneficiando de las deducciones fiscales que el nuevo Presidente ha decretado en favor de las empresas fronterizas.

Los trabajadores mexicanos han tomado la iniciativa. En Matamoros más de 20 fábricas siguen en huelga, aunque ahora los paros se han extendido por varios estados y ya no alcanzan sólo a las maquiladoras. Los maestros de Michoacán han bloqueado las vías ferroviarias durante una huelga.

La semana pasada la multinacional Fisher Dynamics envió “porros” (matones rompehuelgas del sindicato) para disolver los piquetes de huelga por la mañana, pero por la tarde ya había cedido a las reivindicaciones.

El 12 de febrero los obreros de Tridonex, en Matamoros, cerraron por completo los portones de acceso a la fábrica y no pudo entrar nadie (*). Dos días después realizaron una marcha junto con sus compañeros de Schumex y Adient en la que visitaron cada maquiladora en huelga en Matamoros para protestar por la represión y mostrarles su apoyo de clase.

Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo, con unos 500 trabajadores, también está en huelga.

Ayer la policía tuvo que intervenir en Matamoros para desalojar a los trabajadores de la fábrica Bright Finishing que mantenían bloqueados los accesos de entrada.

El Wall Street Journal advirtió la semana pasada de que las huelgas de Matamoros son las mayores que ha visto México en casi 30 años, lo que calificó como “un indicador temprano del resurgimiento de las reivindicaciones laborales en México”.

El portavoz de los monopolios estadounidenses certifica que las huelgas han acabado con los viejos sindicatos oficiales. Por ello el gobierno mexicano está promoviendo una nueva legislación laboral para fabricar sindicatos “independientes”, capaces de representar a “una mayoría de los trabajadores” a fin de prevenir levantamientos obreros espontáneos o “salvajes” como los de Matamoros.

El diario añade que es una exigencia del gobierno de Trump para que México pueda formar parte del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Algunos sindicatos “independientes”, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), forman parte de ese plan, que recuerda mucho a la transición española, cuando los imperialistas se volcaron en financiar sindicatos domesticados como UGT, USO o ELA-STV.

(*) https://www.elmanana.com/escala-el-conflicto-obrero-en-maquila-impiden-manifestantes-acceso-a-empresa-maquiladora-paro-laboral-salario-minimo-bloqueo/4750688

Después de desalojar a los trabajadores de la fábrica Bright Finishing,
la policia mexicana ocupó ayer los accesos de entrada
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El levantamiento popular en Haití es consecuencia de la agresión imperialista contra Venzuela

Por séptimo día consecutivo, reina el caos en Haití, mientras que las masas continúan levantándose por todo el país para derrocar al presidente Jovenel Moise por su corrupción, arrogancia, falsas promesas y mentiras descaradas.Pero la crisis no se resolverá sólo con la marcha de Moises, que parece inminente. La revolución actual muestra todos los signos de un movimiento tan profundo e irresistible como el de hace 33 años, contra el dictador playboy Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, cuyo vuelo el 7 de febrero de 1986 a un exilio dorado en Francia a bordo de un avión de carga C-130 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, después de dos meses de rebelión, marcó el comienzo de cinco años de disturbios populares.

A pesar de la represión salvaje, las masacres, las elecciones amañadas y los tres golpes de Estado, el levantamiento condujo a la notable revolución política del 16 de diciembre de 1990, cuando el teólogo de la liberación y antiimperialista Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente masivamente y luego declaró la “segunda independencia” de Haití en su juramento del 7 de febrero de 1991.

En un momento en que los sandinistas nicaragüenses y la Unión Soviética acababan de ser derrotados, el pueblo haitiano derrotó las maniobras electorales de Washington por primera vez en América Latina desde la victoria de Salvador Allende en Chile dos décadas antes. El ejemplo de Haití inspiró a un joven oficial del ejército venezolano, Hugo Chávez, a adoptar la misma táctica, inaugurando una “marea roja” de revoluciones políticas a través de elecciones en toda Sudamérica.

De la misma manera que Washington había fomentado un golpe de Estado contra Aristide el 30 de septiembre de 1991, se organizó otro golpe de Estado similar contra Chávez el 11 de abril de 2002, pero este último fue frustrado dos días después por el pueblo venezolano y las tropas del ejército.

A pesar de esta victoria, Chávez comprendió que la revolución política de 1998 en Venezuela que lo llevó al poder no podía sobrevivir por sí sola, que Washington usaría sus vastos mecanismos de subversión y poder económico para agotar su plan. Comprendió que su revolución tenía que tender puentes y dar ejemplo a sus vecinos latinoamericanos, que también estaban bajo el yugo del Tío Sam.

Así, al utilizar la inmensa riqueza petrolera de Venezuela, Chávez inició un experimento de solidaridad sin precedentes al traer capital a otros países. Se trata de la Alianza Petrocaribe, que fue lanzada en 2005 y que finalmente se expandió a 17 países del Caribe y América Central. Esta alianza proporcionó productos petroleros a bajo costo y fabulosas condiciones de crédito a sus países miembros, lanzándoles una cuerda de salvamento económico, ya que el petróleo se vendía a 100 dólares el barril.

Entre 1990 y 2006 Washington castigó al pueblo haitiano con dos golpes de Estado (1991, 2004) y dos ocupaciones militares extranjeras -gestionadas por la ONU- por haber elegido a Aristide dos veces (en 1990 y 2000). En 2006 el pueblo haitiano había logrado alcanzar una especie de empate, al elegir como presidente a René Préval (un aliado de Aristide en sus inicios).

En su primer día en el cargo, el 14 de mayo de 2006, Préval firmó el acuerdo de Petrocaribe, lo que molestó mucho a Washington. Después de dos años de lucha, Préval finalmente logró acceder al petróleo y al crédito venezolano, pero Washington hizo lo necesario para castigarlo también. Después del terremoto del 12 de enero de 2010, el Pentágono, el Departamento de Estado y Bill Clinton, junto con algunos subalternos de la élite haitiana, prácticamente tomaron el control del gobierno haitiano, y durante el proceso electoral que tuvo lugar entre noviembre de 2010 y marzo de 2011, destituyeron al candidato presidencial de Préval, Jude Célestin, y presentaron al suyo, Michel Martelly.

Entre 2011 y 2016, el grupo Martelly siguió desviando, despilfarrando y perdiendo la mayor parte del capital, conocida como el “Fondo del Petróleo”, que había mantenido a Haití a flote desde su creación en 2008.

Martelly también utilizó el dinero para ayudar a su protegido, Jovenel Moise, a hacerse con el poder el 7 de febrero de 2017. Desafortunadamente para Moise (que llegó al poder justo después de Trump), pronto se convertiría en uno de los daños colaterales de la escalada de la guerra de Washington contra Venezuela.

Trump intensificó inmediatamente las hostilidades contra la República Bolivariana, imponiendo severas sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Haití ya estaba atrasado en sus pagos a Venezuela, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron imposible (o les dieron una excusa de oro para no hacerlo) cumplir con sus facturas de petróleo en Patrocaribe, y el acuerdo de Petrocaribe con Haití realmente terminó en octubre de 2017.

La vida en Haití, que ya era extremadamente difícil, se volvió insostenible. Ahora que se cerró el grifo del crudo venezolano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) -agente del trabajo sucio de Washington- le dijo a Jovenel que tenía que subir el precio del gas, lo que intentó hacer el 6 de julio de 2018. El resultado fue una explosión popular que duró 3 días y anunció la revuelta de hoy.

Más o menos al mismo tiempo, un movimiento de masas comenzó a plantear la pregunta de qué había pasado con los 4.000 millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos que Haití había recibido en la década anterior. Una multitud cada vez mayor de manifestantes preguntó: “¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?” El Fondo PetroCaribe debía financiar hospitales, escuelas, carreteras y otros proyectos sociales, pero la población no ha visto casi nada. Dos investigaciones del Senado en 2017 confirmaron que la mayoría de los fondos habían sido despilfarrados.

La gota que colmó el vaso fue la traición de Jovenel Moise contra los venezolanos cuando su solidaridad había sido ejemplar. El 10 de enero de 2019, durante una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Haití votó a favor de una moción apoyada por Washington para declarar a Nicolás Maduro “ilegítimo”, a pesar de haber obtenido más de dos tercios de los votos en las elecciones de mayo de 2018.

Los haitianos ya estaban furiosos por la corrupción generalizada, hambrientos a causa del aumento de la inflación y el desempleo, y frustrados por años de falsas promesas, violencia y humillación militar extranjera. Pero esta traición espectacularmente cínica de Jovenel y sus amigos, que intentaban obtener la ayuda de Washington para salvarlos de una situación que los ponía cada vez más en peligro, fue la gota que colmó el vaso.

Sorprendido y aturdido por la falta de perspectivas (y sus propias disputas internas), Washington está ahora horrorizado por el previsible colapso del pútrido edificio político y económico que ha construido en Haití en los últimos 28 años, desde el primer Golpe de Estado contra Aristide en 1991 hasta el último “golpe electoral” que llevó a Jovenel al poder en 2017.

La embajada de Estados Unidos está tratando febrilmente de desarrollar una solución de último recurso, con la ayuda de la ONU, la OEA, Brasil, Colombia y la élite haitiana. Pero los resultados no serán más sostenibles que a finales de los años ochenta.

Es irónico que quizás sea la solidaridad de Venezuela la que ha pospuesto el huracán político que ahora sacude a Haití durante diez años. También es justo que la agresión norteamericana contra la revolución bolivariana en Venezuela haya creado una avalancha de consecuencias imprevistas y una reacción violenta, alimentada por la profunda gratitud del pueblo haitiano por la ayuda prestada por Venezuela; cabe recordar que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han repetido a menudo que Petrocaribe se creó “para pagar la deuda histórica de Venezuela con el pueblo haitiano”.

Kim Ives https://haitiliberte.com/haitis-unfolding-revolution-is-directly-linked-to-venezuelas/

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Tres días de disturbios en 21 ciudades de Brasil contra el gobierno fascista de Bolsonaro

Jair Bolsonaro tuvo su primer desafío como Presidente a comienzos de enero y nada menos que en una de las cuestiones que enarboló como bandera electoral: la seguridad en las ciudades. Ceará, con nueve millones de habitantes, puso tempranamente a prueba su pericia para manejar una crisis durante tres días de ataques en distintas zonas de este estado del norte de Brasil.

Los episodios de violencia se desencadenaron  después de que el gobernador anunciara una reforma de la administración de las prisiones de ese estado.

Los medios informaron de ataques a edificios públicos y privados, comisarías, agencias bancarias y autobuses. Unos 300 miembros de la Fuerza Nacional aterrizaron en Ceará por orden del ministro de Justicia, Sergio Moro, para aplastar el levantamiento en un lapso de 30 días.

Los incidentes se concentraron primero en Fortaleza y la periferia pero luego se extendieron hacia el interior. Al menos 21 ciudades fueron escenario de hechos violentos. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social, los disturbios ocasionaron un muerto y tres heridos. Cincuenta personas fueron detenidas.

La crisis de Ceará representó un doble dilema para Bolsonaro. De un lado, puso a prueba su programa de gobierno. El presidente pidió más atribuciones y protección judicial para la policía. Por otra parte, el estado está gobernado por Camilo Sobreira de Santana, que pertenece al Partido de los Trabajadores, la fuerza demonizada por los fascistras en el Gobierno. En estas circunstancias, el capitán retirado aseguró que “jamás haremos oposición al pueblo de cualquier estado. El pueblo de Ceará nos necesita en este momento”.

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Estados Unidos intensifica la presión contra Venezuela con un despliegue militar en el Mar Caribe

La Marina Real británica se encuentra apostada en la isla de Curaçao, a 80 kilómetros de las costas de Venezuela.

Entre el 6 y el 10 de febrero Estados Unidos ha realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el Aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas.

Las movilizaciones de tropas se iniciaron en instalaciones militares estadounidenses desde las cuales operan unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería de Marina que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países.

Hace apenas unas semanas el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, visitó Colombia, Brasil y Curaçao, territorios fronterizos con Venezuela, donde se han instalado o se instalarán puestos de recepción de ayuda humanitaria.

Además, el diario Washington Examiner asegura que Trump desplegará tropas en aguas de Colombia antes del 23 de febrero, fecha prevista por la oposición venezolana para la entrada de la “ayuda humanitaria”(*).

Estados Unidos ha desplegado dos de sus portaaviones hacia puertos estratégicos desde donde podrían alcanzar las aguas caribeñas en una semana.

Los buques de la Armada de los Estados Unidos que operan actualmente desde su puerto de origen en San Diego, en el Pacífico oriental, se encuentran a 5 – 7 días de navegación de aguas colombianas ubicadas a poco más de 400 millas de la frontera con Venezuela, dentro del rango de fácil alcance de la artillería aérea, dice el periódico.

Entre los navíos preparados están el portaaviones USS Theodore Roosevelt y el navío de desembarco anfibio USS Boxer, que lleva a bordo la 11 Unidad Expedicionaria de Marines, una de las siete con las que cuenta el ejército de Estados Unidos. Esta unidad de marines tiene aproximadamente 2.000 hombres (un batallón de infantería) y cuenta, entre otros equipamientos, con un pelotón de tanques, helicópteros de ataque y transporte, y el apoyo de aviones de combate (Cazas Harrier y/o F-35).

“El propósito expreso de una MEU es ofrecer una rápida capacidad de despliegue militar… exactamente el tipo de unidad militar que encajaría en misiones de defensa de intereses colombianos y estadounidense a lo largo de la frontera con Venezuela”, afirma el periódico.

“Por si fuera poco, el portaaviones USS Abraham Lincoln está ‘casualmente’ en las costas de Florida ejecutando ejercicios militares de rutina, pero podría ser llamado en caso de necesidad y trasladarse al puerto de Cartagena en cuestión de días”, señala el artículo.

Ante el fracaso de la oposición por movilizar a las guarimbas en las calles, el imerialismo parece dispuesto a tomar las riendas de la desestabilización. Como en Siria, los segundones no son capaces de ir más allá y las figuras deben saltar al campo desde el banquillo.

(*) https://www.washingtonexaminer.com/opinion/american-military-power-is-quietly-massing-near-venezuela

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Conspiración contra Venezuela: la gestación de un Golpe de Estado entre bastidores

Según los participantes en las negociaciones, la coalición de gobiernos latinoamericanos que se sumó rápidamente a Estados Unidos para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se reunió después de semanas de diplomacia secreta, incluyendo mensajes filtrados a los militantes y un viaje de alto riesgo al extranjero por parte del dirigente de la oposición que disputa el poder a Nicolás Maduro.

Según su aliado, el ex alcalde de Caracas en el exilio Antonio Ledezma, a mediados de diciembre, Guaidó viajó en secreto a Washington, Colombia y luego a Brasil para informar a los funcionarios de la estrategia de manifestaciones masivas de la oposición, coincidiendo con la ceremonia de investidura de Maduro para su segundo mandato el 10 de enero, a pesar de la amplia condena internacional.

Para salir de Venezuela, tuvo que cruzar en secreto la arriesgada frontera con Colombia para evitar a los funcionarios de inmigración que, a veces acosan a los representantes de la oposición en el aeropuerto y les impiden viajar al extranjero, dijo otro dirigente antigubernamental, que habló de forma anónima.

Crear consenso dentro de la fragmentada coalición antigubernamental fue una dura batalla. Durante años, la oposición ha estado dividida por el ego, la estrategia y la represión del gobierno, lo que ha llevado a varios dirigentes importantes al exilio y hace que los encuentros directos sean imposibles. Otras personalidades en Venezuela estaban bajo la estrecha vigilancia de los servicios de inteligencia, y todos tenían miedo de alertar al gobierno.

Las largas sesiones de escritura de mensajes SMS cifrados se convertieron en norma, dijo el dirigente de la oposición. Un funcionario estadounidense dijo que se han utilizado intermediarios para enviar mensajes al mentor político y opositor de Guaido, Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, tras un fallido intento de levantamiento masivo contra Maduro en 2014. El funcionario estadounidense habló anónimamente por razones de seguridad.

A pesar de que Guaidó aseguró que se declararía presidente interino en el mitin del 23 de enero, coincidiendo con el aniversario del Golpe de Estado de 1958 que puso fin a la dictadura militar venezolana, el suspense duró hasta horas antes de su anuncio, según un diplomático latinoamericano del Grupo de Lima que pidió el anonimato porque no se le permite hablar con los medios de comunicación. Algunas facciones moderadas han sido abandonadas o querían un planteamiento más moderado, temiendo que un movimiento audaz pudiera llevar a la oposición a un nuevo fracaso. Al final, estas diferencias se resolvieron internamente, sin discordia pública.

“Esta es la primera vez en al menos cinco años que la oposición ha demostrado su capacidad para converger de manera constructiva”, dijo un veterano funcionario canadiense hablando en forma anónima porque no se le permitió hacer declaraciones públicas.

La decisión de comprometer a Maduro directamente sólo fue posible gracias al fuerte apoyo del gobierno de Trump, que encabeza un coro predominantemente conservador de gobiernos latinoamericanos que inmediatamente reconocieron a Guaidó.

Esta no ha sido una hazaña fácil, comparable sólo recientemente a la forma en que el hemisferio en 1994 se unió a Jean Bertrand Aristide para devolverlo al poder en Haití después de su desalojo por un Golpe de Estado, dada la desconfianza de América Latina hacia Estados Unidos, como resultado de las intervenciones militares estadounidenses en la región durante la Guerra Fría. Igualmente impresionante es que el plan ha recibido el apoyo de ambos partidos y dos de los demócratas más influyentes del Senado, Dick Durbin y Bob Menéndez, quienes elogiaron el plan.

El momento decisivo fue el comentario del presidente Donald Trump en agosto de 2017, en las gradas de su club de golf de Nueva Jersey, de que una “opción militar” estaba sobre la mesa para hacer frente a la crisis venezolana.

En las semanas siguientes, el Sr. Trump condenó enérgicamente a Maduro en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, así como a sus discretos asistentes de prensa y a algunos dirigentes latinoamericanos por la invasión militar del país.

Como resultado, los países de la región se dieron cuenta de que tenían un socio en Estados Unidos que estaba listo para afrontar una crisis que había durado años, pero que los gobiernos estadounidenses anteriores habían decidido minimizar debido a sus limitadas implicaciones para la seguridad nacional, dijo Fernando Cutz, ex asesor principal del presidente Barack Obama y Trump sobre la seguridad nacional en América Latina.

Para algunos, particularmente para México, que está renegociando el TLCAN [Tratado de Libre Comercio], tomar una postura más agresiva es también una oportunidad para ejercer influencia en las relaciones bilaterales con el gobierno de Trump.

“Trump es personalmente responsable de muchos de estos problemas”, dijo Cutz, quien ahora trabaja para el Grupo Cohen, una firma consultora con sede en Washington. “En todos los intercambios que ha tenido con dirigentees latinoamericanos desde que llegó al poder, habla de Venezuela. Forzó un montón de manos”

El 4 de enero, un día antes de la toma de posesión del Sr. Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, los ministros de Relaciones Exteriores de 13 países del Grupo de Lima, que no incluye a Estados Unidos, declararon que no reconocerían el segundo mandato de Maduro.

Esto provocó un gran revuelo en la Casa Blanca para asegurar que no se quedara atrás, dijo un ex funcionario y miembro del personal del Congreso de Estados Unidos que estaba en estrecho contacto con el Consejo de Seguridad Nacional. Ambos hablaron en forma anónima porque no se les permitió discutir la estrategia del Gobierno.

Canadá, miembro del Grupo de Lima, desempeñó un papel clave entre bastidores, y su Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, se reunió con el Sr. Guaidó el día anterior a la ceremonia de inauguración de Maduro para ofrecer el apoyo de su gobierno si se enfrentaba al dirigente socialista, dijo el representante canadiense. Colombia, que comparte frontera con Venezuela y ha recibido a más de 2 millones de migrantes que huyen del caos económico, así como Perú y el nuevo presidente de la extrema derecha brasileña Jair Bolsonaro, también han estado activos.

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Una lucha obrera valiente en el norte de México

Adamina Márquez

En Matamoros nadie hablaba de otra cosa. En las humildes casas de los obreros se asegura que la huelga es legal y que nadie se va a echar para atrás, que los patrones pueden pagar lo que se les pide y más, que los delegados del sindicato ni siquiera los han ido a visitar desde que colocaron las banderas rojinegras en las 45 maquiladoras de esta ciudad fronteriza. Es verdad, aquí todo se mueve en contra de los intereses obreros: dueños de las fábricas, administrativos de las mismas (incluido “el de recursos humanos”), el líder sindical y el sindicato en su conjunto, desde la secretaria hasta los delegados en cada una de las fábricas; los medios de comunicación, las autoridades estatales, municipales y hasta el Gobierno federal.

“Por qué nos dejábamos, por qué, sí, mira, Felipa, cómo nos tratan”, dice compungida a su amiga, María del Carmen García. Ella es obrera desde hace 38 años en Candados Universales de México S.A. de C.V.; en todos esos años, no había vivido nunca un levantamiento obrero como el que hoy se realiza en Matamoros.

Felipa Rojas Alejos, la amiga de María del Carmen, tiene más de 50 años. Hasta hace dos semanas, antes de que estallara la huelga, laboraba en la fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y equipo de comunicación inalámbrico para la empresa Contec, aunque su recibo dice que trabaja para Edemsa (“creo que por evasión fiscal”, aclara).

Ella ha sido despedida y recontratada en dos ocasiones. Ahora, luego de que instara a sus compañeras a la huelga, no sabe cuál es su estatus legal: ¿está despedida porque la huelga no es legal?, ¿la pueden correr? Si la corren, ¿tiene derecho a la indemnización al cien por ciento? Como a Felipa, éstas y decenas de interrogantes más, quitan el sueño a los cerca de 40.000 trabajadores que desde el viernes 25 de enero se alzaron en huelga en Matamoros. A pesar del miedo y de la desinformación que impera en el movimiento, se mantienen altivos y repelen cualquier intento de intimidación.

“Pues con temor y todo, dijimos, ‘dame la bandera’ y todas nos salimos. La supervisora estaba superenojada, parecía un monstruo. Nos decía que nos iba a mandar a golpear, que nos iba a correr, que iba a traer a la policía porque lo que estábamos haciendo no era legal. No sé de dónde ni cómo, pero agarramos valor y pusimos las banderas”, dice María del Carmen, mientras relata cómo fue que en su centro de trabajo se armaron de valor y enfrentaron a sus directivos, acción que nunca, en 38 años de obrera, había pensado hacer. Pero lo hicieron.

Revive el movimiento obrero mexicano

Desde los años ochenta, Tamaulipas no había vivido un movimiento obrero como el que hoy se ve en las calles de Matamoros. Esta entidad es una de las que mayor cantidad de maquilas e industria manufacturera concentra en el país, al menos 242 empresas (algunas no están cuantificadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas) de los sectores automotriz, autopartes, electrónico, químico, petroquímico, tecnologías de la información, aeroespacial y médico. En éstas laboran 234.244 personas, quienes producen el 57,7 por ciento del valor total producido en la entidad, es decir, 234.445 millones de pesos (mdp) aproximadamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este sector produce más de la mitad de la riqueza estatal, pero el obrero manufacturero de Tamaulipas recibe apenas un salario de 200 pesos diarios en promedio; la jornada suma 48 horas, la necesidad es mucha y el salario muy bajo. Sin embargo, los movimientos obreros no son una constante en Matamoros ni en Tamaulipas ni en cualquier otro estado de la República. Matamoros es el reflejo de la situación de toda la clase obrera mexicana: o se aguantan o los despiden.

Eso fue lo que pasó a finales de diciembre de 2018. Los cerca de 40.000 trabajadores de las 45 empresas pertenecientes al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria de la Maquiladora (SJOIIM) –el más grande de la ciudad– escucharon de voz de su líder, Juan Villafuerte Morales, que no recibirían el pago del bono anual por culpa del Presidente de la República; éste había prometido un aumento salarial que las empresas no podían costear; les informó que no recibirían bono pero sí un aumento salarial, aunque no especificó de cuánto.

Los obreros no supieron cómo reaccionar. “La verdad es que no conocemos de leyes, somos ignorantes. Sabemos que el sindicato brinda asesorías, pero son los días de descanso, imagínese, trabajamos 48 horas, seis días a la semana, llega el día de descanso y lo que menos queremos es ir al sindicato; lo que queremos es descansar; además hay que hacer el quehacer y atender las cosas de la casa”, explica Felipa Rojas Alejos. Por eso, cuando un personaje externo se acercó para asegurarles que sus derechos salariales estaban siendo violados, según la Ley del Trabajo, los obreros matamorenses se adhirieron a esta consigna: “pago de 32.000 pesos por concepto de bono y aumento salarial del 20 por ciento”.

Todo empezó el pasado cinco de enero. En Facebook comenzó a circular un vídeo en el que se veía a una mujer de expresión adusta exigiendo al Presidente que hiciera valer su compromiso de campaña y se aumentara al 100 por ciento el salario mínimo en las fábricas maquiladoras de la frontera. El vídeo circuló rápidamente en los teléfonos celulares de los obreros, quienes investigaron el nombre de la mujer. Se trataba de Susana Prieto Terrazas, abogada originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Yo tenía conocimiento del porcentaje del aumento, pensé que éste se acumulaba en un año y eso era lo que representaba el bono, porque a las empresas no les convenía que ese porcentaje se diera al tabulador, no les convenía, sobre todo porque iba aumentar lo que pagan en las horas extraordinarias de trabajo. Pero empezó el rumor muy fuerte de los 32.000 pesos que desconocíamos. Nos hace falta mucha cultura para saber leer, saber entender las palabras. Pero, desde hace dos semanas, gracias a la licenciada Susana Prieto Terrazas, logramos entender muchas cosas”, asegura Laura, obrera en Parker Industrial, en donde cerca de mil trabajadores producen anillos de plástico.

Trabajadores

“Cada año recibíamos un bono anual de 3.500 a 4.000 pesos, dependiendo del rango que tuviera el trabajador y de la empresa, pero Juan Villafuerte nos dijo en diciembre del año pasado, que este año no nos iban a dar nada, por eso decidimos hablar con la abogada y le pedimos que viniera, que nos ayudara”, explica José Gándara, obrero en Decofinmex S.A. de C.V.

Ya con los ánimos caldeados, al menos 5.000 obreros de las 45 maquilas pertenecientes al SJOIIM se organizaron y, el sábado 12 de enero, realizaron una manifestación afuera de las oficinas del Sindicato para enfrentar a su líder. Pero éste se mantuvo en su posición, este año no habría bono. Días después, para cuando la abogada de Ciudad Juárez llegó a Matamoros, la inconformidad ya se había extendido entre la mayoría de los 40.000 trabajadores afiliados al SJOIIM.

Con ella a la cabeza, pidieron a Juan Villafuerte y más tarde a la Junta de Conciliación y Arbitraje una copia del contrato colectivo, de donde dedujeron que a los obreros les correspondía un bono equivalente a 32.000 pesos, además del aumento salarial del 100 por ciento. A través de redes sociales, la información se esparció en toda la ciudad fronteriza; los obreros de otras maquiladoras (incluso de otros sindicatos) se unieron al movimiento.

El 22 de enero, cerca de 5.000 obreros se manifestaron en la plaza principal, en el centro de Matamoros. Los encabezaba esta mujer de mediana estatura, rolliza y de expresión adusta. Desde ahí se llamó al paro laboral, varios obreros invitaron a sus compañeros a abandonar las fábricas. Tres días después, el 25 de enero, a las dos de la tarde, la huelga era ya un hecho. Los trabajadores colocaron banderas rojinegras a la entrada de las fábricas y no permitieron la entrada a nadie.

“Es una cláusula la que estamos reclamando, la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo que dice que cada vez que el gobierno incremente de manera oficial el salario mínimo, lo que resulte en pesos se aumentará a cada uno de los tabuladores de los trabajadores. Esta cláusula permite que pidamos 88.77 pesos por 365 días del año, es el bono, el mismo que se ha venido pagando desde hace 15 años, pero que ahora resulta en un bono de 32.401 pesos”, explica Triso González, trabajador de la empresa Lineage Power Matamoros S.A. de C.V.

Lo cierto es que los trabajadores no conocen sus contratos de trabajo. Firman el documento porque tienen la necesidad de hacerlo, pero la mayoría no lee lo que firma. Solo se informa de cuánto le van a pagar, cuántas horas tendrá que laborar y cuál será su horario de trabajo. No más. Así lo asegura el señor Juan –no quiso dar su apellido–, quien en su larga vida como obrero solo ha participado en dos paros laborales, uno a sus 20 años y otro, hoy, cuando casi va a cumplir 60. Los contratos laborales –dice– solamente los conocen el sindicato y las empresas. “Tú solo firmas, la verdad es que no leemos, en general, no sabemos lo que estamos firmando, uno lo que quiere es trabajar, ¿verdad?”.

No les quedó más que confiar en la palabra de la experta entre todos ellos, Susana Prieto Terrazas, y no se arrepienten. Ella les habló del bono y de cómo debían calcularlo, ellos le creyeron; les dijo que era desmesurado pedir el 100 por ciento de aumento salarial porque los patrones nunca lo aceptarían, así que los obreros redujeron la demanda a solo 20 por ciento de aumento. Desde entonces, en Matamoros todos llaman a esta jornada obrera como la lucha por el 32-20.

Contubernio entre sindicato y gobierno

Once años después de la tragedia en las minas de Pasta de Conchos, Coahuila, no se había vuelto a ver en México un movimiento obrero tan grande como el que hoy se vive en Tamaulipas; pero los medios nacionales apenas lo trataron en sus páginas; los locales hicieron como si nada pasara. Fueron las redes sociales y algunos medios electrónicos quienes le hicieron eco a la información. Trabajadores del mundo mostraron su apoyo a este levantamiento obrero, mandaron mensajes solidarios y de apoyo, entre ellos los obreros de Italia, quienes enviaron una fotografía en la que se observa a un grupo de trabajadores frente a una imagen de Carlos Marx, el ideólogo de los trabajadores del mundo. Ellos sostienen una cartulina en la que se lee el mensaje: “Solidaridad con los trabajadores de las maquiladoras”.

El mismo día que estalló la huelga, el viernes 25, en la ciudad de México, cerca de 50 personas se manifestaron frente a Palacio Nacional para reclamar la atención del Presidente de México frente a esta problemática. Pero la respuesta del Gobierno de la República no llegó. Dos días después de estallada la huelga, se le atribuyó al senador Ricardo Monreal Ávila una llamada telefónica que los obreros catalogaron de traición a la clase trabajadora; la madrugada del 27 de enero, la guardia de obreros que resguardaba las instalaciones de la Empresa Autoliv –una de las 45 en paro–, fueron sorprendidos por un convoy de patrullas de la Policía Estatal, con los elementos de seguridad iba el líder del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales, y el abogado de éste, quienes informaron a los trabajadores que se tenían que quitar de la entrada y retirar las banderas de huelga por instrucción del senador Ricardo Monreal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la huelga no era legal.

Pero los obreros no se retiraron. Llamaron a su representante, Susana Prieto; cuando ésta llegó, ya venía hablando por teléfono, supuestamente con el senador Monreal. En el vídeo que Susana Prieto transmitió a través de Facebook, la voz del otro lado de la línea exige que se termine el paro; ella le informa que ha puesto el altavoz y que está presente la prensa y denuncia a Juan Villafuerte, líder sindical y a su abogado de la CTM de haber intentado romper la huelga todo el día.

El vídeo de la llamada se ha viralizado en redes sociales, algunos medios locales y nacionales lo hicieron público en sus páginas. La respuesta del senador llegó 24 horas después, el domingo 28. Mediante un vídeo que circuló en sus redes sociales, Ricardo Monreal negó su participación en la anterior llamada: “No hemos intervenido de manera alguna en esta situación laboral que está en este momento ocurriendo en Tamaulipas”.

Lo cierto es que ésta no fue la primera treta del Sindicato y de las diferentes instancias de gobierno para tratar de romper la huelga. Varios delegados del SJOIIM, incluido su líder, y los administradores de las empresas, han intentado persuadir de deversas formas a los obreros para que desistan. La intentona que más revuelo causó tuvo lugar el 28 de enero en Candados Universales De México S.A. de CV. En esta pequeña empresa laboran solo 80 personas, en su mayoría mujeres.

En huelga

Dos días antes, la gerente de la empresa había estado marcando y mandando mensajes a las obreras para que se presentaran a trabajar el lunes a primera hora. A las que se encontraban afuera de las instalaciones haciendo guardia, las amenazó con llevar a la policía para desalojarlas, pues les aseguró que estaban incurriendo en una ilegalidad.

María del Carmen García se encontraba ese día haciendo guardia. “Nos dijo que éramos unas ignorantes, que no sabíamos nada, que tendríamos que regresar a trabajar porque lo que estábamos haciendo no era legal. Dijo que si no lo hacíamos nos mandaría a golpear y se rió en nuestra cara. Hasta la delegada (del sindicato) nos hizo una jugada. Nos hizo que tapáramos las entradas de la fábrica, que pusiéramos mantas. Al rato llegaron hartas patrullas de Fuerza Tamaulipas porque según nos estábamos robando las cosas. La delegada venía con ellos”.

Pero el lunes 28, desde las cinco de la mañana, las 80 mujeres, reforzadas por 200 obreros de otras maquilas, se amarraron, brazo con brazo, para proteger la entrada. “Aquí no pasa nadie, estamos en huelga”, repetía un hombre de mediana edad, obrero de Dura, una de las empresas vecinas. Al poco rato llegaron las patrullas, los policías aseguraron que no venían a amedrentar, que solo estaban cuidando el orden. Una hora después se presentaron el gerente y otros cuatro administrativos de la empresa, pero solo uno de ellos hablaba español. Los demás se comunicaban en inglés. Venían perfumados, con los zapatos boleados y gruesos abrigos. No se acercaban a los obreros, charlaban entre ellos mientras esperaban.

Una hora después regresaron las patrullas; la mujer se acercó para intercambiar palabras con los policías, que tomaron fotos y se retiraron. Pasaron algunos minutos antes de que una persona con carpetas y hojas sueltas se presentara como Ramiro Castillo Guerrero, supuesto abogado del SJOIIM, asegurando a los obreros que su huelga tenía el respaldo del Sindicato y que no se fueran a mover, que todo era legal, pero no muestra documentación ni nada.

Otra hora después, a la entrada de Candados Universales, se presentaron dos analistas de la Secretaría del Trabajo estatal. Uno de ellos dijo llamarse Braulio Sánchez Lozano y exhortó a los obreros a regresar a sus labores. “La junta local se ha declarado incompetente para llevar el caso de Candados Universales por ser del sector automotriz. Al declararse incompetente, el caso se remite a una instancia federal y será ésta la que diga, la que acuerde y dé el permiso para el estallamiento de la huelga. Por lo pronto, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas se declara incompetente y por lo tanto los trabajadores deben reanudar sus actividades dentro de la empresa”.

Policías

Esto mismo sucedió en 10 plantas productoras más: Olso International, Dura de México (plantas II, III y IV), Autoliv México East, Decofinmex, Productos Electromecánicos Bac, Candados Universales de México (plantas I y II) y Aotiv Contract Services Tamaulipas, quienes fueron confirmados por la Secretaría del Trabajo de la no procedencia de su huelga y de que el caso había sido turnado a una instancia federal de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero los obreros no lo creyeron aferrándose al hecho de que, hasta el cierre de esta edición, 30 de las 45 plantas maquiladoras que estallaron en huelga el 25 de enero, habían aceptado ya el aumento del 20 por ciento de salario y el pago de los 32.000 pesos por concepto de bono.

Ante las dudas, el temor y las diversas intentonas de romper la huelga, una obrera de Parker Industrial aseguró: “Yo me siento orgullosa. porque fuimos valientes, resistimos más de dos semanas, pasamos hambre, lluvia, frío (…) nos llamaron ignorantes, revoltosos, cuando realmente luchamos por nuestros derechos. Muy pocos fuimos los valientes, no importa, si con esto vamos a beneficiar a todos los obreros que no nos apoyaron por ignorancia o por miedo, no importa. Esos miedos los tuvimos nosotros también, pero pensamos, si ya nos subimos a este barco, no nos vamos a bajar”.

Entrevistado vía telefónica por un conocido diario nacional, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang, aseguró que 15 maquiladoras saldrán del país tras las huelgas en Matamoros. “Desafortunadamente, con esta crisis laboral, se van del país 15 empresas del sector automotriz, ya lo han venido anunciando y han pedido la autorización de hacerlo público. Esto representa cerca de 30.000 empleos. Lo que más nos preocupa es el estado de indefensión legal para que el gobierno intervenga”, afirmó.

Hasta el momento, ninguno de los tres niveles de gobierno se ha pronunciado ante el hecho, a pesar de ello, los obreros continúan su lucha. Tienen miedo, sí, pero el triunfo en 30 plantas que ya aceptaron la demanda del 32-20 les da seguridad de que van a ganar tarde o temprano.

http://www.cronicadechihuahua.com/La-valiente-lucha-obrera-en,56482.html

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La ola de huelgas obreras se extiende por las fábricas de México

La victoria de la ola de huelgas de 70.000 trabajadores de 45 maquiladoras en Matamoros, en el norte de México, se ha extendido a los trabajadores de otras empresas. Según los datos del gobierno, durante la última semana 15.000 obreros más han lanzado huelgas espontaneas o “salvajes” en rebelión contra las empresas y los sindicatos amarillos.

Los paros actuales incluyen trabajadores de los sectores eléctrico, supermercados, textil, alimentación y recogida de basura, entre otros. Al mismo tiempo, hay llamamientos para que los trabajadores en las 45 fábricas originales vuelvan a huelga para defender a los 1.500 obreros que han sido despedidos como represalia por la huelga.

El Estado y las empresas siguen amenazando a los obreros con marcharse de Matamoros, dejando a 20.000 trabajadores sin empleo.

Ayer los obreros afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (Sitpme) iniciaron una huelga en 30 empresas.

Los trabajadores de las maquiladoras Candados Universales y Kearffort, las últimas dos empresas en aceptar la exigencia del Sjoiim, cedieron a las reivindicaciones de sus trabajadores: 20 por ciento de aumento salarial y 32.000 pesos de un bono anual, lo que los obreros califican como 20/32.

A unos 500 conductores de la planta de Coca-Cola en Matamoros, la segunda embotelladora más grande que tiene la marca en América Latina, se les obliga a trabajar horas extras gratis y se les cobra por las botellas que se rompen en el transporte. “Acabamos restando, no sumando dinero aquí”, dicen los obreros.

En la embotelladora Coca-Cola así como en las cadenas de distribución comercial Soriana, Smart y Chedraui, la lucha de los trabajadores continúa. Los trabajadores de cinco sucursales de Soriana comenzaron paros escalonados en demanda de un aumento de 20 por ciento y el pago de horas extras.

En Chedraui, la cuarta cadena de supermercados más grande de México, la huelga de los 200 trabajadores de dos de las plantas ha finalizado porque les devolvieron el bono de asistencia que la empresa les habían eliminado.

En tanto, Smart despidió a 90 trabajadores que el lunes comenzaron la huelga. Cinco refirieron no haber recibido su liquidación. Los disconformes habían denunciado que la empresa les subió el sueldo a 176 pesos, pero eliminó tres bonos, por lo que sus percepciones en lugar de mejorar disminuyeron este año.