El informe alude a la promoción del general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como jefe del ejército y otros ocho oficiales vinculados a graves crímenes. Están implicados en lo que se conoce como el escándalo “falso positivo”, en el que las tropas mataron a varios miles de civiles durante la ofensiva militar contra la guerrilla y los contaron como rebeldes para inflar las muertes en combate y obtener recompensas.
No es la primera vez que el gobierno de Colombia hace la vista gorda ante los crímenes y la represión al promover a los oficiales del ejército. En 2017 la ONG dijo que cuatro coroneles y un general vinculados a los asesinatos extrajudiciales se encontraban en una lista de candidatos para promociones.
Los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados, en su mayoría de baja graduación, por su papel en los asesinatos “falsos positivos”, pero la mayoría de los oficiales superiores del ejército han escapado impunes.
El tribunal especial “de paz” del país también está revisando los casos. Se estableció tras la firma del “acuerdo de paz” de 2016 con las FARC para poner fin a la guerrilla de más larga duración en América Latina.
Martínez Espinel fue el segundo al mando de la Décima Brigada durante los años en que los fiscales iniciaron las investigaciones de 23 asesinatos.
Martínez Espinel certificó el pago de alrededor de 400 dólares a un confidente que proporcionó información que condujo a “excelentes resultados” en los que dos supuestos guerrilleros fueron asesinados.
Los tribunales concluyeron que los dos muertos eran Hermes Carillo, un civil indígena y Nohemi Pacheco, un adolescente de 13 años. Dos soldados y un ex paramilitar fueron condenados en 2011 por secuestrarlos en su casa, asesinarlos y poner armas en sus cuerpos para que parecieran guerrilleros muertos en combate.
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