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Los intereses de Washington en Venezuela están vinculados al saqueo del petróleo

En Venezuela los intereses de Washington están vinculados al petróleo y la política golpista de la Casa Blanca hacia su gobierno cambiaría si las petroleras estadounidenses pudieran acceder a los pozos de crudo del país latinoamericano, ha admitido John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump en una entrevista con la cadena Fox.

“Estamos conversando con las principales empresas estadounidenses ahora», añadió Bolton, quien confirmó que su objetivo es que esas empresas “produzcan el petróleo en Venezuela” porque “sería bueno para el pueblo de Venezuela y el pueblo de Estados Unidos”.

Una semana después de esas declaraciones, Bolton anunció la imposición de sanciones contra la petrolera pública venezolana PDVSA, medidas restrictivas que comprenden la congelación de unos 7.000 millones de dólares en activos de esa empresa venezolana.

Bolton repitió también los argumentos de la defensa de la democracia y los derechos humanos, e insistió en que si Maduro es derrocado, eso implicaría un “gran avance” para crear “oportunidades de negocio” en la región.

Las declaraciones de Bolton no son una sorpresa. El propio presidente estadounidense ha afirmado anteriormente la importancia de los recursos naturales de otros países para Estados Unidos.

“Estoy interesado en Libia si tomamos el petróleo. Si no tomamos el petróleo, no hay interés”, dijo Trump en 2012, cuando aún no era presidente, un mes después de la intervención de la OTAN que destruyó el país norteafricano. Asimismo, declaró en esa oportunidad que se podría “ayudar” al Estado libio si a cambio entregaba la mitad de su crudo.

Para apoderarse de petróleo, la Casa Blanca ha blindado a los golpistas. Bolton ha amenazado con represalias si el gobierno de Maduro trama algo contra Guaidó, que es intocable por orden de Washington.

“Cualquier acto de violencia e intimidación contra el dirigente democrático de Venezuela, Juan Guaidó, representaría un grave asalto a la legalidad y estará seguido de una respuesta significativa”, ha dicho Bolton.

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Lo que Venezuela necesita es que alguien de un puñetazo encima de la mesa

El lenguaje del gobierno venezolano no tiene nada que ver ni con el de Estados Unidos ni con el de ese gallinero que ejerce de oposición antichavista.

Si cometiéramos el error de atenernos a las palabras, parecería que la víctima del golpe de la semana pasada es Estados Unidos o el gallinero. Ellos son los únicos que hablan alto y claro.

No se han cortado ni un pelo amenazando a Maduro al más puro estilo chulesco. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, ha afirmado que Maduro
“tiene que decidir de qué manera va a abandonar el poder, por las buenas
o por las malas”.

Lo mismo dicen los matones del Pentágono: “Se va como Noriega o como Marcos”, ha advertido el jefe del Comando Sur, en referencia a Ferdinand Marcos, al que en 1986 destituyeron del gobierno de Filipinas a golpe de disturbios y manifestaciones.

Por parte del gobierno no se ha producido ninguna de las reacciones que cabría esperar de quienes han tratado de ser desalojados por la fuerza. Les han calificado tantas veces de “represores” que no reprimen nada. Es otro golpe que les va a salir gratis a los golpistas.

Maduro ha llamado a Trump a “rectificar” su política hacia Venezuela, que es como decirle a un perro que deje de morder.

El gobierno venezolano capitula frente a los golpistas. “Estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo, para el acuerdo”, ha propuesto Maduro, lo cual sólo puede envalentonar a los sicarios de Estados Unidos.

El lenguaje de la oposición en Venezuela es el mismo que utilizan los fascistas en España. Cuando tienen la sartén por el mango, no se puede hablar de violencia; pero cuando van perdiendo no hablan de otra cosa que de violencia precisamente.

En España los fascistas tienen claro que se hicieron con el poder tras una guerra civil y desde hace 80 años les dicen a sus oponentes: “si quieres sacarme de mi sitio tienes que hacer lo mismo”.

Pero una guerra civil es algo muy malo, terrible. Nadie quiere una guerra civil y entonces es mejor que todo quede tal y como está, es decir, aguantando el fascismo, el paro, la falta de vivienda, el artículo 155…

En Venezuela todos (“los unos y los otros”) hablan del mismo plan: convocar nuevas elecciones, un mantra que se repetirá hasta que las gane el bando políticamente correcto, es decir, hasta que Maduro y los suyos salgan del gobierno.

Los chavistas tienen sellado su destino. El imperialismo ya ha expulsado a Correa en Ecuador, a Cristina Fernández en Argentina, a Lula en Brasil… En Latinoamérica el reformismo no tiene la más mínima cabida. Estados Unidos sólo quiere aliados incondicionales en su patio trasero, marionetas dóciles.

Lo que los bolivarianos han construido a lo largo de estos años se va a derribar en cuanto la chusma golpista tome las riendas del Estado y entonces llegará lo realmente interesante: ¿qué harán todos esos que han estado alimentando las esperanzas y las ilusiones de millones de venezolanos?, ¿pedir que se vuelvan a convocar elecciones?

Hace ya bastante tiempo que Venezuela necesita que alguien de un puñetazo encima de la mesa… Bueno, lo de la mesa es negociable; quizá el golpe hay que dirigirlo a otro lugar.

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El golpista Guaidó preparó el Golpe de Estado en Venezuela en un viaje secreto a Estados Unidos, Colombia y Brasil

Guaidó, cabeza de la oposición golpista
El golpista Juan Guaidó, Presidente del Parlamento venezolano, preparó el Golpe de Estado en un viaje secreto que realizó en diciembre del año pasado a Estados Unidos, Colombia y Brasil y con el apoyo personal de Trump, asegura la agencia estadounidense de noticias Associated Press en un informe publicado el sábado (*).

Guaidó se autoproclamó el miércoles pasado como “Presidente interino de Venezuela” y el reconocimiento diplomático que le dieron casi de inmediato Estados Unidos y varios de sus sicarios latinoamericanos fue acordado en esa gira y mediante semanas de diálogos secretos.

“Se utilizaron, entre otras cosas, largas sesiones de mensajes de texto cifrados”, ha dicho un diputado opositor venezolano, mientras que un funcionario estadounidense ha agregado que también se emplearon intermediarios para enviar mensajes a Leopoldo López, cabecilla opositor actualmente encarcelado por instigar una ola de violencia en la que murieron decenas de personas.

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, actualmente en busca y captura por la policía, ha señalado que la gira de Guaidó tenía como meta informar de la estrategia de la oposición venezolana de organizar protestas coincidiendo con la proclamación presidencial de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero, quien fue reelegido en los comiscios del año pasado con más de 6 millones de votos, el 68 por ciento del censo, una cifra que constituye un récord histórico.

“Para no atraer la atención de los funcionarios de migración, Guaidó salió de Venezuela por tierra hacia Colombia”, ha confirmado un dirigente de la oposición antichavista.

El intento de llevar a cabo un Golpe de Estado contra Maduro, con la participación de algunos países de la región, ha sido posible debido al apoyo directo que ha brindado el gobierno de Trump a la oposición venezolana, asegura Associated Press.

“Trump personalmente ha desatado buena parte” del Golpe de Estado, admite Fernando Cutz, exasesor de Seguridad Nacional en América Latina tanto en la época de Obama como en la de Trump. Cutz evoca la retórica amenazante empleada por Trump contra Venezuela, que en diferentes ocasiones, ha barajado la posibilidad de recurrir a la opción militar para hacer frente al gobierno de Maduro, como lo hizo en un discurso dado ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del año pasado.

Las amenazas de Trump “sobre una eventual invasión militar al país sudamericano, convenció a los dirigentes de la región de que Trump, a diferencia de gobiernos anteriores, estaba dispuesto a actuar”, ha asegurado Cutz.

(*) https://apnews.com/d548c6a958ee4a1fb8479b242ddb82fd

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Un carnicero asume la dirección del Golpe de Estado contra Maduro en Venezuela

El Golpe de Estado contra Venezuela ya tiene un jefe, Elliott Abrams, un veterano de las intervenciones del imperialismo en Centroamérica en los ochenta.Lejos de rectificar, con el nombramiento de Abrams, Trump intensifica su política golpista hacia el gobierno de Venezuela.

Abrams es un viejo perro de la Guerra Fría que trabajó para el senador demócrata Scoop Jackson contra la URSS, aunque luego cambió de bando; se pasó a los republicanos y tuvo su primer puesto político relevante tras la llegada de Reagan al poder.Entonces desempeñó un papel central en la política imperialista en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, por el cual fue acusado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional de encubrir las atrocidades cometidas por los terroristas apoyados por Estados Unidos.

Participó en el escándalo “Iran-Contra”, junto con sus colaboradores Otto Reich, John Negroponte y Oliver North, durante la presidencia de Reagan. Fue condenado por ocultar información al Congreso sobre la ayuda a la contra, pero Bush le indultó.

Abrams presionó a los gobiernos vecino de Nicaragua para que apoyaran la presencia de los contras en su territorio. En 1986 viajó a Costa Rica para amenazar a su presidente, Óscar Arias, con cortarle la ayuda económica si impedía que los contras utilizaran una pista de aterrizaje en la localidad costarricense de Santa Helena.

Nicaragua llevó la injerencia imperialista al Tribunal Internacional de Justicia, que falló a su favor. Washington en un principio rechazó la decisión del Tribunal, pero terminó por aceptarla.

La matanza de El Mozote fue uno de los episodios más dramáticos de la guerra civil salvadoreña. Un batallón del ejército entrenado por militares estadounidenses asesinó a 800 civiles en diciembre de 1981. Semanas después, aparecieron las primeras noticias sobre la masacre en la prensa norteamericana. Abrams afirmó a una Comisión del Senado que se trataba de propaganda comunista y de incidentes manipulados por la guerrilla. Era su respuesta más habitual ante cualquier información sobre crímenes en Centroamérica.

En 2001, durante el gobierno de Bush, fue nombrado Ayudante Especial del Presidente y Director para Democracia, Derechos humanos, y Operaciones Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional.

Junto con Otto Reich, a año siguiente Abrams planificó el Golpe de Estado contra Chávez, quien fue secuestrado mientras el cabecilla de la oposición, Pedro Carmona, ocupaba la presidencia interinamente.

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La insurrección obrera provoca la bancarrota de los sindicatos ‘blancos’ en el norte de México

Fernando Acuña Piñeiro

¿Qué hay atrás de la insurrección obrera en Matamoros, donde los viejos mecanismos del charrismo (*) y los sindicatos blancos favorecedores del amasiato entre empresarios y las cúpulas cetemistas (**) está en plena crisis? Se ha roto el tradicional control. ¿Hay nuevas reglas del juego?

Una ley aprobada, en septiembre del 2018, por la Cámara Alta del senado, parece ser la guillotina que marca el final de la monarquía de la corrupción laboral. Mejor dicho, de los cochupos entre líderes sindicales y empresarios maquiladores, en la frontera tamaulipeca.

Lo que ocurre actualmente en el conflicto obrero-patronal de Matamoros, es apenas la punta del iceberg, de un proceso irreversible, generado desde la propia Organización Internacional del Trabajo, misma que mediante el llamado Convenio 98, abre la puerta a la formación de sindicatos independientes que luchen por mejores salarios, ante la sobre explotación de los trabajadores de la maquila, a nivel global.

La nueva ley que cambia las reglas del juego en el tablero del capitalismo mexicano, fue aprobada por la nueva mayoría morenista de la LXIV legislatura, el pasado 20 de septiembre, apenas poco más de dos semanas de haber iniciado sesiones, provocando de inmediato la airada reacción de los organismos patronales en el país. Especialmente del Consejo Coordinador Empresarial.

Sin embargo, la vuelta de tuerca, mediante la cual, se estaría cerrando la puerta a los arreglos a trasmano, o por abajo del agua entre los lideres sindicales, no es un asunto que surge del obradorismo. Es más bien un instrumento legal de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), que busca poner freno a la competencia económica de países como Vietnam, cuyo alto nivel de desarrollo se da a costa de pagarle, sueldos miserables a sus obreros.

El mencionado Convenio 98, respiraba desde hace casi siete décadas, en la categoría del ya merito, y se traduce como un Convenio de Sindicalización y Negociación colectiva, encaminada a dotar a los trabajadores de protección legal. Todo ello ante los actos injustos y discriminatorios, especialmente por parte de los gremios cetemistas acostumbrados a sacar buenas tajadas económicas, a cambio de defender a las empresas y arrumbar los intereses obreros.

Hablamos ni más ni menos que de un instrumento legal, que liquida a los sindicatos blancos, y prohíbe tajantemente los llamados contratos de protección, mediante los cuales, los liderazgos sindicales firmaban convenios con los empresarios, para favorecer sus intereses, a cambio de sobornos, o como se dice coloquialmente, jugosas “mordidas”.

Otro de los compromisos de los países firmantes del Convenio 98 de la OIT, es el que ordena a sus respectivos gobiernos a garantizar la efectiva aplicación de las leyes laborales. Pero sin intervenir en la vida interna de los sindicatos.

Tal vez por ello, en su conferencia mañanera de ayer miércoles, y ante pregunta expresa, (sobre el caso Matamoros), el Presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que no le compete a su administración, meterse en la vida sindical, pero informó que se buscará, en el caso concreto, llegar al acuerdo y a la conciliación.

Suceda lo que suceda en el desenlace del tema obrero patronal de Matamoros, las cosas ya no serán las mismas. El cacicazgo cetemista de Juan Villafuerte Morales, está en declive, y bastaría la más leve intervención de las autoridades federales competentes, para que se destapara la cloaca de los cientos de millones obtenidos por la dirigencia cetemista, en sus pactos de complicidad con las empresas. Las masas obreras han rebasado los viejos esquemas del control sindical, y se han lanzado contra el desgastado cacicazgo de Villafuerte.

Todo lo anterior, a cambio de dejar hacer y dejas pasar, los bajos salarios y demás abusos contra los obreros. El sindicalismo blanco, ha sido colocado en el cadalso, por el movimiento proletario en el norte de Tamaulipas. Habrá que ver como evoluciona y concluye el conflicto, y cuales serán sus repercusiones.

Para concluir, no es ocioso analizar el factor de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal panista, cuya titular María Estela Chavira, llegó a dicho puesto por la vía del amiguismo y de las cuotas de poder, pero sin tener la más mínima noción sobre las relaciones obrero-patronales y su marco normativo correspondiente. Es una improvisada, comentan especialistas en el tema.

Esta es una de las causas, por las cuales la actual Secretaria del Trabajo, no ha intervenido, y se empeña en alegar que dicho conflicto no le corresponde. Se dice que, ella y sus funcionarios, muchos de ellos recomendados reynosenses, que solo llegaron a la Secretaría del Trabajo, para holgazanear, no saben que hacer, pues carecen de preparación en la materia.

Actualmente, la combinación de la inexperiencia e incapacidad de la Secretaría del Trabajo que preside María Estela Chavira, con la soberbia y oídos sordos de la dirigencia cetemista en Matamoros, a cargo de Juan Villafuerte, mantiene en vilo la industria maquiladora matamorense.

Desde ayer circularon versiones en el sentido de que, se le habría caído la candidatura a la diputación local a Arturo Soto, después de que, presuntamente trae un abultado expediente que lo volvería vulnerable ante el gobierno federal y sus adversarios  de MORENA. El plan B de Palacio, se dijo, podría ser el empresario que trabaja en la COMAPA, Miguel Mansur, aunque esto aun no se ha confirmado.

De ser ciertos los rumores, el Subsecretario de Finanzas tendría el hombro de su antigua protectora Margarita Zavala para llorar, y al mismo tiempo alejarse del PAN, para reagruparse en el nuevo partido LIBRE, franquicia política del matrimonio calderonista. A propósito, habrá que ver, si Soto reconoce que fue el matrimonio ex presidencial, quien lo sacó de su pobreza económica, para ponerlo en las aduanas, de donde emergió ya como un nuevo rico.

http://www.hoytamaulipas.net/notas/369780/Matamoros-y-el-derrumbe-de-los-sindicatos-blancos.html
(*) El
charrismo es un término que apareció en México a finales de los años
cuarenta del siglo pasado para aludir a una especie de corporativismo o
connivencia entre el gobierno, las empresas y los sindicatos.

El 21 de julio de 1948 el Secretario de Hacienda, Ramón Beteta canceló la paridad del peso con respecto al dólar, lo que provocó una fuerte devaluación del peso mexicano. Los dirigentes sindicales más importantes convocaron una huelga general, además de movilizaciones y una manifestación de protesta, en el Distrito Federal contra la política económica del gobierno.

Nunca se llevó a cabo. El 28 de septiembre Jesús Díaz de León, alias “El Charro”, con el apoyo del gobierno presentó ante la fiscalía una denuncia contra los dirigentes sindicales acusándolos de desfalco. Fueron inmediatamente detenidos y sometidos a un “juicio” plagado de irregularidades.

Los sindicatos relataron lo que había ocurrido y destituyeron al “Charro”. A su vez, éste asalta con cientos de policías los locales sindicales y el gobierno ordena la detención de los dirigentes sindcales. Así se inició la subordinación de los sindicatos mexicanos al gobierno y al capital.

(**) En
México se llama “cetemista” a lo relativo al sindicato CTM
(Confederación de Trabajadores de México), una mafia sindical podrida hasta la
médula.

Más información:
– Rebelión obrera en las maquildoras de la frontera de México con Estados Unidos
– La mayor mina subterránea de México ha permanecido cerrada 11 años a causa de una huelga

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Venezuela: ¿cuándo empezarán los bolivarianos a dar golpes de Estado en lugar de recibirlos?

Juan Manuel Olarieta

Después de 1945 en todo el mundo el imperialismo (Estados Unidos, sus universidades, su prensa) ha reducido el lenguaje político al mínimo: si hay o no hay democracia. Un lenguaje mínimo es expresión de un pensamiento mínimo, es decir, muy fácil de inculcar en amplias masas de la población. Pero además de fácil, también se aprende rápido; no requiere matices engorrosos.

Su efecto es reduccionista: un lenguaje mínimo empobrece absolutamente la capacidad de argumentar y de discutir políticamente.

El minimalismo político es aún mucho más contundente, alcanzando lo cutre, cuando el discurso se polariza en torno al dilema de democracia o dictadura. A partir de que un país o gobierno no es una democracia, como Corea del norte, se producen varios daños colaterales.

El primero es que una dictadura se convierte en un país que no interesa nada a nadie. Aunque todo lo demás lo haga bien, el mundo le desprecia porque no es democrático. En la actualidad eso es lo único fundamental e importante, mucho más que alimentar a la población, que tenga vivienda, educación, sanidad… Es más, muchos de los gobiernos etiquetados como dictaduras se caracterizan por preocuparse de asuntos que no tienen que ver con la democracia.

Segundo, de una dictadura es posible decir cualquier imbecilidad y no quedar mal. Un tertuliano, por ejemplo, no parece gilipollas, sino todo lo contrario, cuado habla mal de dictaduras, como Corea del norte, Siria, Irán o Venezuela. Los que parecen imbéciles son los demás que defienden a países o gobiernos indefendibles.

Tercero, las imbecilidades sobre las dictaduras y los dictadores proliferan, incluso se hacen chistes (“¿Por qué no te callas”) y el país y el gobierno se convierte en un tópico del que todos pueden hablar sin saber nada.

Cuarto, desde 1945 todos presumimos de demócratas, casi nadie propone ni defiende a ninguna dictadura. “¿Dictadura? ¡Ni la del proletariado!”, decía el PCE en la transición.

A partir del simplismo, hay que seguir simplificando todavía más. Para dar o quitar la etiqueta democrática a un país o gobierno es suficiente con un único motivo: tiene que haber más de un partido, los partidos tienen que alternar entre ellos y el alterne depende de elecciones.

La falta de alternancia es sospechosa. Si los que están duran mucho en el cargo lo más probable es que no sea porque lo hagan bien sino porque no hay democracia.

Lo que haga tal o cual partido una vez que ha ganado las elecciones no es culpa del partido sino de que la gente es gilipollas, elige mal, toma decisiones equivocadas. Si en 1982 el PSOE sacó diez millones de votos prometiendo no meter a España en la OTAN, la culpa del ingreso no es del PSOE sino de esos diez millones que les votaron. ¿Acaso no sabían que les iban a engañar?

Pero el PSOE lo hizo todo bien, limpiamente, impecable, con elecciones y reféréndum. Tampoco importa que luego nadie respetara las condiciones del referéndum, es decir, que el PSOE se burlara de los millones de votantes que aceptaron el ingreso (y ya no digamos los que votaron en contra).

Por lo tanto, para evitar engaños, no basta con las elecciones sino que, además, deben ser “limpias”. Por ejemplo, si el gobierno mete a sus oponentes políticos en la cárcel, como hace España, por ejemplo, las elecciones no son “limpias”.

Por lo tanto, ¿por qué España pasa la prueba del algodón y otros países no son democráticos, aunque tengan elecciones? Porque son los demás los que te aprueban o te suspenden, como en el instituto. De ahí que, cuando un gobierno está bajo sospecha, los imperialistas mandan “observadores internacionales”, lo cual es otra diferencia importante: en una dictadura uno se avala a sí mismo; en una democracia quienes te avalan son los demás.

La “comunidad internacional” no envía observadores a España, por ejemplo, para calibrar la calidad de unas elecciones y comprobar si los candidatos pueden hacer campaña libremente (si hay libertad de expresion) o, por el contrario, si los han metido en la cárcel. Cuando en unas elecciones hay observadores hablamos de la segunda división de la democracia; tenemos sospechas, dudas…

Por eso los miran con lupa y no les permiten cosas que son corrientes en la primera división. Eso permite discriminar y normalizar lo anormal: exactamente lo mismo que convierte a España en una democracia, a cualquier otro país sospechoso lo convierte en dictadura.

La gente cutre y gregaria no va más allá; no se preocupa de exquisiteces del tipo: veamos quiénes son esos observadores, ¿serán neutrales?, ¿quién los envía?, ¿con qué propósito?, ¿quién les paga sus gastos?, ¿qué manual de limpieza electoral manejan?

Si alguien observa a los observadores pone en tela de juicio a la “comunidad internacional”, a organismos y personas de los que nadie puede dudar porque son la quintaesencia, la primera división de la democracia, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la OEA, la OSCE, Zapatero, Jimmy Carter…

Ahora bien, con Venezuela se puede hacer una excepción que los cutres pasan por alto. El gobierno bolivariano ha ganado más elecciones que muchos otros del mundo y de la historia reciente pero, además, también ha superado más golpes de Estado que ninguno, por lo que yo me pregunto lo siguiente: ¿cuándo veré un golpe de Estado de los bolivarianos?, ¿cuándo meterán a la cárcel a esa chusma de criminales golpistas con una cadena perpetua no revisable?

Los bolivarianos están acomplejados por algo que “los otros”, que son sus enemigos precisamente, no van a hacer nunca, como lo vienen demostrando desde siempre: no les van a conceder la etiqueta de la democracia, como tampoco se la van a conceder a Corea del norte. En este mundo el que reparte las medallas es el general, no la tropa de línea. Los jefes dicen lo que es y lo que no es, y los demás a callarse la boca.

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Rebelión obrera en las maquildoras de la frontera de México con Estados Unidos

Nada bien le cayó a los empresarios maquiladores de la frontera norte de México el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de incrementar un 100 por cien más los salarios mínimos de la zona fronteriza, mucho menos la reacción de los trabajadores ante el retiro de bonos a cambio de ese aumento.

A esos empresarios mezquinos acostumbrados a pagar apenas unos pesos más arriba del salario mínimo, en cantidades de 120, 130 ó 140 pesos diarios tuvieron que incrementar a regañadientes a 176.72 pesos diarios (el nuevo salario mínimo de la zona) pero a cambio redujeron o eliminaron arbitrariamente prestaciones que formaban parte de sus salarios.

Los bonos de puntualidad y de productividad, vales de despensa y fondos de ahorro desaparecieron de la noche a la mañana de sus contratos colectivos con la complicidad de sus dirigentes sindicales, bajo el argumento que ninguna ley los obliga a mantener tales prestaciones.

Los empresarios maquiladores, descubrieron que eliminando (robando) prestaciones a los obreros y ajustándose al nuevo salario mínimo general podían pagar menos IVA y menos impuesto sobre la renta, y además de quedar como benefactores ¡negocio redondo!

Ellos dijeron: nosotros estamos cumpliendo con la ley mexicana, ¡que nos revisen!

Trabajadores de la maquila, en su mayoría mujeres, han acudido a diversas autoridades laborales para denunciar el atraco patronal, pero se han dado cuenta que aquellos gozan de impunidad de altos niveles. Nadie se atreve a inspeccionarlos porque de inmediato chantajean con cambiarse de ciudad. Las autoridades de la zona dicen: no los podemos presionar (mucho) porque lo importante es mantener las fuentes de trabajo (aunque despojen a los trabajadores).

Lo que preocupó no solo a los maquiladores del norte, sino a todos los empresarios del país, fue la respuesta que tuvieron cerca de 20.000 trabajadores de la maquila, que no aceptaron se les arrebataran sus bonos ni que se violaran sus contratos colectivos que obligan a otorgar un bono equivalente a un año de la diferencia del incremento del salario mínimo general que representan 32.251 pesos, el 40 por ciento en moneda nacional.

Sin que nadie se lo esperará pararon labores, sin emplazamiento a huelga, trabajadores de 45 de las 110 empresas maquiladoras. Fue un hecho sin precedentes que hizo se prendieran focos rojos y empresarios de la zona hicieron un llamado de alerta a las autoridades laborales para que intervinieran de inmediato.

Juan Villafuerte líder del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, afiliado a la CTM, que agrupa a 30.000 trabajadores, acostumbrado a vivir de la complicidad patronal, simplemente fue rebasado por sus agremiados.

Ellos (los obreros) reclaman el cumplimiento de la cláusula 47 de sus contratos colectivos para que los salarios contractuales se incrementen en la misma proporción que los salarios mínimos que ahora se pactó en 16,21 por cien, esta dice:

«A efecto de que los salarios tabulados conserven la diferencias salariales pactadas la empresa conviene con el Sindicato de incrementar dichos salarios tabulados en aquellas ocasiones en que se decrete el salario de emergencia o bien sean decretados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con el fin de que se conserven las diferencias salariales pactadas entre las diferentes categorías tabuladas y no permitir por ningún motivo que los salarios de los trabajadores continúen perdiendo su poder adquisitivo».

El líder obrero dice que él no es culpable de que se incumpla esa cláusula, porque las empresas no están obligadas a incrementar el mismo porcentaje del aumento de los mínimos al resto de los salarios. Dice que recibió una carta del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (cosa que nadie le cree) en el que avala, según él, que no se puede obligar a los patrones a otorgar ese 16,21 por cien, porque ese porcentaje aplica únicamente a los salarios mínimos generales o profesionales, no así a los contractuales. Que esa cláusula 47 no es obligatoria para los patrones para incrementar en ese porcentaje

Ante la rebelión obrera, que llegó a paralizar durante cinco días esa zona fabril los empresarios han empezado con los despidos por doquier y poner en la lista negra a los obreros y mucho más obreras, que solo defienden sus derechos y clausulas pactadas con anterioridad. Les han prometido que si desisten de sus demandas de aumento de salarios tomaran esas faltas como «permisos de trabajo».

Lo real del caso es que los incrementos en los salarios mínimos generales en un 100 por cien más no ha beneficiado al resto de los trabajadores de la zona fronteriza. Sus salarios siguen siendo de miseria y los precios tienen aumentos galopantes que no se reflejan en el raquítico incremento del 5 por cien a los salarios que se pretende darles. Los obreros de la maquila quieren que se les otorgue un 20 por cien al menos y un bono de 32.000 251 pesos 40 por cien en moneda nacional.

Los que han protestado se han enfrentado a una estructura institucional que no los auxilia, sino que avala la represión en contra de ellos. Tienen la esperanza que las autoridades federales del trabajo intervengan y pongan en su lugar a estos patrones que solo se aprovechan del pago miserable de salarios. Por lo pronto la inconformidad crece en la zona fronteriza.

https://lasillarota.com/opinion/columnas/rebelion-obrera-en-las-maquiladoras/267517

 
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La CIA y Newsweek: crímenes, mentiras y cortinas de humo

Orlando Letelier
El 21 de septiembre de 1976 una bomba dirigida por control remoto que viajaba en el vehículo del diplomático chileno Orlando Letelier explotó mientras circulaba por el centro de Washington.

Junto al diplomático falleció también su asistente estadounidense Ronni Moffit.

Hasta el más inepto podía sospechar que un atentado en el centro de Washington sólo puede ser un trabajo “interno” de cualquiera de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del “modus operandi”. En otras palabras, el atentado fue obra de la CIA. Hoy lo llamarían “de falsa bandera”.

Entonces la CIA estaba dirigida por Bush padre, recién fallecido, y ahora la sede central de la central en Langley lleva su nombre, lo que pone de manifiesto la naturaleza criminal de ambos: de la Bush y de la CIA.

El vicepresidente de los matones de Langley no era otro que Vernon Walters, recién cumplida su misión en España.

Los asesinos borran unas pistas y fabrican otras, naturalmente falsas, que es lo que hizo entonces la CIA: fabricó un informe falso en el que exoneraba del crimen a la dictadura pinochetista, se lo envió al FBI y, naturalmente, a la prensa, en este caso a la revista Newsweek, desde donde comenzó a circular por todo el mundo como versión oficial, rigurosa y seria. Lo demás era asunto de los conspiranoicos de siempre.

No hará falta decir que exonerar a la dictadura chilena era como exonerarse a sí misma en todos y cada uno de los crimenes que se cometieron, dentro y fuera de Chile.

El dato es importante porque el crimen formaba parte de la Operación Cóndor, una campaña internacional dirigida al exterminio de cualquier clase de oposición a la dictadura militar.

Pasaron 24 años hasa que en un informe dirigido al Congreso el 18 de septiembre de 2000, la CIA reconoció oficialmente por primera vez que quien ordenó el atentado terrorista fue el jefe de la DINA Manuel Contreras.

Lo que el informe callaba era que, a su vez, Contreras no era otra cosa que un agente a sueldo de la propia central de espionaje. En consecuencia, quien ordenó el atentado fue la propia CIA, por si cabían dudas, lo que es tanto como calificar de asesino a Bush y a Walters.

En su informe la CIA añadía que la central estaba al corriente del papel desempeñado por el gobierno chileno en el crimen de Washington y en los demás asesinatos cometidos por la Junta militar.

Newsweek publicó su fraude el 11 de octubre de 1976, asegurando que “la policía secreta chilena no estaba involucrada” en el asesinato de Letelier. “La agencia [CIA] llegó a esta decisión porque la bomba era demasiado burda para ser obra de expertos y porque el asesinato, que ocurrió mientras los dirigentes chilenos cortejaban el apoyo estadounidense, sólo podía perjudicar al régimen de Santiago”.

La CIA y la prensa actuaron, como hacen ahora, de manera sincronizada y con esa falta absoluta de escrúpulos a la que nos tienen acostumbrados. Después del asesinato de Letelier y Moffitt, Bush prometió la plena cooperación de la CIA para encontrar a los asesinos. Pero en su lugar, lo que hizo fue crear pistas falsas, cotinas de humo e intoxicar al mundo entero con mentiras.

Newsweek no fue el tonto útil del crimen y el engaño subsiguiente. En 1988 el gran periodista Robert Parry, ya fallecido, descubrió que la CIA había sido informada por su embajador en Paraguay de que Michael Townley, el ejecutor material del asesinato, se disponía a entrar en Estados Unidos con un pasaporte falso suministrado por la DINA. La revista no quiso publicar el artículo de Parry porque 12 años después dejaba al descubierto su complicidad con el engaño de la CIA.

Por si no fuera suficiente, en lugar de autocriticarse, la revista cargó contra Parry, al que acusaron de “difamar a Bush”, que es tanto como difamar al Jack El Destripador.

Más información:
– El asesinato de Letelier es el primer acto de terrorismo internacional cometido en Washington
– España: el paraíso perfecto para todos los criminales latinoamericanos 

– Operación Cóndor: cuando la burguesía transforma en tópico la verdad histórica
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La orden de ‘gatillo fácil’ puede resultar contraproducente para Bolsonaro y su banda de matones

Si Bolsonaro y sus mentores creían que lo tenían fácil, ya empiezan a comprobar que no va a ser así, ni mucho menos. 500 mercenarios de la Guardia Nacional se han desplegado en Fortaleza, en el estado de Ceará, al noreste del país, donde el gobierno se confiesa abrumado tras una semana en la que se han producido más de 160 ataques.

Han aparecido incendiados autobuses, furgonetas de correos y vehículos. Las comisarías de policía, los edificios gubernamentales y los bancos han atacados con cócteles Molotov y explosivos. Ayer volaron una central telefónica, dejando 12 ciudades sin servicio de telefonía móvil. Otros explosivos dañaron un viaducto de la autopista y un puente.

Brasil puede quedar atrapado por una espiral de represión y reacción, con grupos armdos que ya han dejado claras sus intenciones. Quizá sea eso lo que andaban buscan los fascistas. Necesitan una provocación para que el ejército imponga el estado de excepción y los francotiradores empiecen a disparen a matar.

En Río de Janeiro han entrenado a 120 francotiradores, que acompañan a la policía de la ciudad a las favelas cercanas para disparar contra todo el que se mueve. En 2017 policía brasileña ya mató a 5.000 personas, un promedio de 14 diarios.

Los francotiradores operan por parejas, un pistolero y un vigilante, que filman las ejecuciones en vídeo. Los dos policías alternan sus papeles.

Para justificar los crímenes, las fuentes oficiales dicen que bandas de narcotraficantes rivales han unido sus fuerzas para llevar a cabo más de 160 ataques en represalia por la decisión de poner fin a la práctica de separar a las diferentes facciones del narcotráfico en las cárceles brasileñas.

Ya hay 148 detenidos acusados con los ataques, mientras que al menos 20 prisioneros sospechosos de ordenarlos han sido trasladados de prisiones estatales a prisiones federales, donde el gobierno brasileño promete que no cederá en su determinación de luchar contra la actividad de los grupos armdos.

“Podríamos ver este tipo de salvajismo en Río de Janeiro, en la televisión. Las cosas estaban bastante tranquilas aquí”, en Fortaleza, dice Carlos Robério, copropietario de un minibús después de ver a un grupo de jóvenes en circuito cerrado de televisión rociando gasolina en uno de sus kioskos antes de prenderle fuego.

Roberio dice que ante este colapso de la civilización se ha armado. “Es un caos total aquí, y me siento como alguien que está en medio del océano sin una pequeña balsa salvavidas”.

Bolsonaro ha prometido flexibilizar las leyes sobre la tenencia de armas, para facilitar que los adultos mayores de 25 años puedan ser autorizados sin antecedentes penales. Permitir que las personas “valientes” posean armas, disuadirá a los delincuentes, al mismo tiempo que reducirá la tasa de homicidios de Brasil, que se sitúa en casi 64.000 asesinatos el año pasado.

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‘Si somos los primeros en ser atacados, debemos ser los primeros en reaccionar’

Recién llegado al cargo el 1 de enero, Bolsonaro ha apoyado la supresión del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Cultura de Brasil, que ya no será una prioridad. Las tareas del Ministerio de Trabajo se dividirán entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia. La política cultural será responsabilidad del Departamento de Ciudadanía.

También ha suprimido el aumento automático del salario mínimo brasileño, introducido por Lula en 2007. El 1 de enero Bolsonaro firmó un decreto que fija el salario mínimo para 2019 en 233 euros, que es inferior a lo que el Parlamento había previsto cuando se votó el presupuesto.

El gobierno también está preparando nuevas reformas que desregulan la legislación laboral, ya iniciadas bajo la presidencia de Temer, que sustituyó a Dilma Roussef tras su destitución en 2016, y una reforma del sistema de pensiones. También se anuncia la privatización total de Eletrobras, la empresa eléctrica nacional.

El primer ministro Onyx Lorenzoni ha indicado que quiere una “limpieza” ideológica de la administración pública para ahuyentar a todo el personal sospechoso de estar demasiado cerca de la izquierda. Según él, se trata de “despetar” Brasil, una expresión que procede de las siglas PT, el partido de Lula.

Esta depuración no se aplica a los políticos reaccionarios involucrados en casos de corrupción, a pesar de que Bolsonaro llegó al poder gracias a la ola contra la corrupción lanzada en 2014. Se acusa al propio Primer Ministro de haber recibido en dos ocasiones financiación ilegal para sus campañas electorales de la multinacional agroalimentaria JBS, una de las empresas más implicadas en los escándalos de corrupción. Pero Bolsonaro le ha confirmdo al frente de un gobierno que no ha tenido tantos militares desde el fin de la dictadura.

Bolsonaro también ha comenzado a atacar directamente a las poblaciones indígenas y los derechos de los trabajadores. Ha transferido la jurisdicción sobre las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, que antes era competencia de la Fundación Nacional Indígena (Funai). Esta institución fue la encargada de cartografiar y proteger las tierras tradicionalmente habitadas y utilizadas por las comunidades indígenas, que suman 900.000 personas.

Sometidas a una protección especial, estas tierras no podían ser ocupadas por la agroindustria o deforestadas, ni tampoco se podían excavar minas. Por lo tanto, la transferencia de competencias al Ministerio de Agricultura representa una amenaza directa para los pueblos indígenas.

La nueva Ministra de Agricultura, Tereza Cristina (una de las dos únicas mujeres en el gobierno), es una firme defensora de los intereses de los agronegocios. Era la dirigente de un grupo de grandes terratenientes (“ruralistas”) en el Parlamento brasileño, que había apoyado la candidatura de Bolsonaro.

No se espera, pues, ninguna nueva demarcación de tierras indígenas durante esta legislatura.

El derecho a la tierra de los pueblos indígenas brasileños está garantizado por la Constitución de 1988, que fue aprobada tras el fin de la dictadura militar. “Si somos los primeros en ser atacados, debemos ser los primeros en reaccionar. Si hemos resistido hasta ahora, no vanos a retroceder ahora”, dijo Sonia Guajajara, una militante indígena brasileña que se postuló en octubre para la vicepresidencia del partido de izquierda PSOL.

Finalmente, Bolsonaro ha declarado que liberalizará el porte de armas por simple decreto, sin pasar por el Parlamento. Fue una de sus promesas de campaña. El país ya tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo y es también uno de los lugares donde hay más defensores de los derechos humanos y ecologistas asesinados: 63.880 homicidios se cometieron en Brasil en 2017, es decir, 175 diarios.