Ayer el gobierno británico nacionalizó la empresa siderúrgica British Steel, propiedad del grupo chino Jingye. La empresa es “una piedra angular del poder industrial británico”, dijo el primer ministro Keir Starmer, anunciando una de las últimas decisiones de su mandato, que termina hoy.
Las cuantiosas pérdidas sufridas por el ejército de Kiev en la guerra están obligando a sus padrinos occidentales a reclutar y financiar un número cada vez mayor de mercenarios. A falta de voluntarios, la OTAN busca carne de cañón por los cuatro rincones del mundo, sobre todo en América Latina.
Estados Unidos está presionando a otros países para que se retiren del Tribunal Penal Internacional, lo que supone una nueva escalada en la estrategia de aislamiento del gobierno de Trump. Quiere seguir cometiendo crímenes de todo tipo con impunidad, y lo que es peor: en silencio.
Las sanciones son así de oportunistas: solo afectan a lo que les conviene a los sancionadores y entre esos asuntos no está la estación espacial internacional. La cooperación entre Estados Unidos y Rusia sigue en el espacio, a pesar de los pesares… aunque los países occidentales no quieren airear demasiado el asunto. Prefieren parecer enfadados.
Tres grifos estratégicos se cierran en rápida sucesión en un mercado que nadie es capaz abastecer, excepto China. El 10 de julio el Ministerio de Comercio prohibió temporalmente las exportaciones de helio, con efecto inmediato. El decreto no especifica motivos ni exenciones, por lo que se aplica a todos los destinos, sin distinción.
El lunes las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y el Mando África de Estados Unidos (Africom) formalizaron la creación de un nuevo centro militar en Tan-Tan, en el sur de Marruecos. El anuncio fue confirmado por Africom en un comunicado de prensa.
Al más puro estilo mafioso, Trump exige el reembolso de los países del Golfo por la protección brindada por el ejército estadounidense contra los ataques iraníes. Desde el despacho oval, el presidente nombró a Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait como beneficiarios de su “protección”.
“Estamos protegiendo una parte muy rica del mundo, estamos gastando dinero, por eso nos van a reembolsar esta protección”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas en la Casa Blanca.
El chantaje se produce después de meses de exposición directa de los países del Golfo a las represalias iraníes. Desde finales de febrero, Bahrein, sede de la Quinta Flota estadounidense, y Kuwait, que alberga la base aérea Ali Al Salem, han sido atacados repetidamente con misiles balísticos y drones contra intereses estadounidenses en su territorio.
Según un recuento transmitido por la agencia Anadolu, Irán atacó siete países árabes con más de 6.400 misiles y drones en el espacio de 41 días en la primavera.
Qatar no se salvó: fragmentos de misiles balísticos interceptados sobre Doha hirieron a varios civiles, entre ellos un niño, y un ciudadano qatarí perdió la vida durante una operación de búsqueda y rescate en el mar.
Emiratos Árabes Unidos también vieron sus sistemas de defensa bajo el fuego iraní, mientras que Jordania interceptó varias oleadas de misiles dirigidos a su territorio.
Los analistas del instituto estadounidense Jinsa estiman que los países del Golfo habían agotado gran parte de sus recursos reservas de interceptores Patriot: Kuwait y Emiratos utilizaron alrededor del 75 por cien de los suyos y Bahrein hasta el 87 por cien.
El padrino Trump ya mencionó un mecanismo económico vinculado al Estrecho de Ormuz, mediante el cual Estados Unidos se declararía “guardián” del paso marítimo a cambio de una comisión del 20 por cien sobre los cargamentos que transiten por la ruta. El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo rechazó y afirmó en las redes sociales que Irán sigue siendo el verdadero garante del Estrecho y, como tal, se le debe pagar por el servicio.
Trump también consideró que Washington no tenía necesidad de los aliados del Golfo, afirmando tener reservas de petróleo mayores que las de cualquier otro país. Sin embargo, calificó la relación de muy eficaz, sin detallar por el momento las modalidades concretas del reembolso solicitado a las capitales afectadas.
Trump ha llamado al primer ministro irakí, Ali Al Zaidi, a Washington para una reunión o, más bien, para recordarle sus obligaciones: en 2003 invadieron Irak -entre otras cosas- para que el gobierno de Bagdad no dejara campar a sus anchas a las fuerzas proiraníes. Su papel es el mismo que el del gobierno de Beirut hacia Hazbollah.
La renovada escalada militar entre Estados Unidos e Irán ha puesto al gobierno de Bagdad entre la espada y la pared. Irak vuelve a 1979, cuando la revolución en el país vecino le obligó a Saddam Hussein a relizar el trabajo sucio: iniciar una guerra contra ellos. El tiro salió por la culata y ahora el problema se ha duplicado: además de los iraníes están los proiraníes.
Zaidi llegó ayer a Washington para su primera visita internacional desde que asumió el cargo, un viaje de una semana durante el cual se reunirá con Trump, dirigentes estadounidenses y representantes de empresas petroleras multinacionales.
El primer ministro es un empresario que llegó al gobierno este año con la bendición de Estados Unidos, después de que Trump vetara a otro candidato que no era de su gusto. Prometió impulsar la economía de Irak y desarmar a los movimientos proiraníes, que durante la guerra iniciada en febrero atacaron las instalaciones estadounidenses.
En un artículo de opinión en el Washington Post antes de su visita, Zaidi escribió que encabeza “un gobierno comprometido a garantizar que el Estado posea el monopolio legítimo sobre el uso de la fuerza”. Su gobierno ha dado a los movimientos armados, que Washington designa como organizaciones terroristas, hasta el 30 de septiembre para desarmarse, coincidiendo con el final de la misión de la coalición imperialista que invadió el país en 2003 y aún no se ha marchado, excepto España, que en marzo retiró sus tropas.
Un político irakí dijo que aunque el gobierno actual adopte un camino más amistoso hacia Estados Unidos, priorizando la economía, eso “no significa que Irak se esté volviendo contra Irán”. Irak “debe mantener el equilibrio entre sus aliados”, añadió.
La semana pasada, las ciudades sagradas de Irak, los santuarios de los chiítas, organizaron una procesión fúnebre masiva por el difunto dirigente supremo de Irán, Ali Jamenei, asesinado en la agresión de febrero contra Teherán.
El gobierno irakí cree que mantener el monopolio de las armas es una necesidad para atraer inversiones. En su artículo de opinión, Zaidi decía que la postura de Irak es diferente de las alineaciones y conflictos regionales. Ellos han “elegido el camino del desarrollo económico”. Queda por saber si sus amos les dejan.
En una muestra de apoyo, Estados Unidos ha reanudado los envíos en efectivo de los ingresos petroleros de Irak, que desde 2003 se han manejado desde el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. No hace falta de decir que, como en todas las agresiones imperialistas, en 2003 el ejército de Estados Unidos empezó por apoderarse del dinero.
Washington había suspendido los pagos a principios de este año para presionar a Bagdad para que desarmara a los movimientos armados proiraníes. Mientras algunos grupos armados prometieron cooperar con Zaidi, otros se mantendrán firmes en su negativa a desarmarse.
Desde 2003 los movimientos proiraníes de Irak han visto aumentar su influencia política y económica, y han pedido durante mucho tiempo la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas dentro de la coalición imperialista. Durante la guerra de Oriente Medio, intervinieron en apoyo de Teherán, atacando instalaciones estadounidenses en Irak más de 600 veces.
Lo más probable es que algunas organizaciones no se desarmen mientras haya una guerra de agresión en la región. La semana pasada, la Resistencia Islámica de Irak, una alianza de diversas organizaciones armadas que defienden a Irán, dijo que se oponía a la visita de Zaidi a Washington.
Las organizaciones dijeron que fortalecerán sus fuerzas y advirtieron contra reemplazar la ocupación militar por una forma aún más peligrosa de ocupación económica.
En fin, lo mismo que en Líbano, en Irak no podrán desarmar a las milicias proiraníes sin desatar una guerra civil.
No bastan las sanciones ni la censura. El 2 de julio una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea criminalizó, de hecho, la difusión de los contenidos del canal ruso RT, independientemente de la veracidad o no del mensaje.
En Europa se han acabado los derechos y libertades políticas fundamentales; comienza la criminalización de los disidentes. Es la confesión de un fracaso político: las dificultades de la intoxicación mediática europea para transmitir sus mensajes sin contrapartidas. Si no basta con la zanahoria, llega el momento de dar palos. Hace seis años Rafel Poch escribió un artículo asegurando que el secreto del éxito de RT estaba en el fracaso de los demás medios europeos.
La sentencia prohíbe que “los operadores transmitan, permitan, faciliten o contribuyan a la transmisión de cualquier contenido por parte de las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados” por las sanciones de Bruselas.
El Tribunal no se da por enterado ni del derecho a la libertad de expresión, ni de que las sanciones impuestas a Rusia son ilegales.
El planteamiento radica en la interpretación del término “operador”. La propia sentencia recuerda que en la normativa europea relativa a la palabra “operador” el adjetivo “económico” no está asociado: en esencia, cualquier persona que, de cualquier forma, difunda los contenidos de la cadena rusa RT, puede ser considerado como un “operador” y ser acusado como tal.
Hasta ahora, las sanciones se habían dirigido sustancialmente hacia grandes medios y emisoras, mientras que hoy pasamos a una guerra contra la libertad de información, incluso cuando la hacen ciudadanos comunes. No importa si la actividad se lleva a cabo sin fines de lucro y ni siquiera importa si la información de RT la confirman todos los periódicos del mundo: el que comparte su contenido, está violando la ley.
Esa Europa que se considera a sí misma como la cuna de la democracia y los derechos, ha decidido crear un aparato represivo que infunde temor. El derecho a indagar libremente se transforma en una obligación de saber solo lo que quiere publicitar la propaganda de guerra e Bruselas.
La base de una crítica libre, es decir, la posibilidad de extraer información de varias fuentes para formarse una opinión propia sobre un acontecimiento, se convierte en una cuestión de seguridad, que se resuelve arrojando al “disidente” a la cárcel. Es la misma fórmula que se ha vuelto común en varios países europeos, especialmente en relación con la solidaridad hacia el pueblo palestino.
Las penas de prisión pueden oscilar entre un mínimo de tres meses y un máximo de cinco años de prisión. Una medida política ilegal y arbitraria, como las sanciones, empieza a modelar el derecho penal de todo un continente.
El objetivo declarado es siempre no quedar en ridículo. Cuando Ursula von der Layen diga que los rusos extraen los chips de las lavadoras para colocárselos a los tanques, hay que darle un voto de confianza. Será verdad, cueste lo que cueste.
El problema -obviamente- no es la manoseada “desinformación”, sino que no tenga su origen en Bruselas. Ya sólo valen las fuentes oficiales.
Bangladesh y China establecieron relaciones diplomáticas en 1975 y desde entonces, en cincuenta años, solo han publicado dos comunicados conjuntos. El primero fue en 1975 y el segundo en 2005. El mes pasado, después de la visita del primer ministro bengalí, Tarique Rahman, a China, publicaron el tercero.