El mundo de las ONG en zonas de guerra hay que analizarlo siempre con lupa, al igual que ocurre con la cooperación al desarrollo. Costa Gavras, en su película Estado de Sitio, narraba el diálogo que mantenían en la Embajada de Estados Unidos el cónsul de aquél país con periodistas uruguayos, interesados por el secuestro por la organización Tupamaros de un “agregado de agricultura” de ese país, cuyo secuestro era inexplicable y que reflejaba la maldad del terrorismo.
Los grandes medios españoles están haciendo un sigiloso tránsito hacia el otrora llamado “negacionismo”. Las principales cabeceras, que llenaron sus publicaciones de llamamientos a la vacunación masiva contra el “covid-19” asegurando la eficacia de las inoculaciones, ahora publican justo lo contrario.
Entre las aplicaciones de fotos que desnudan digitalmente a las mujeres o que vienen incorporadas como funciones en las aplicaciones más populares, se incluyen mensajes sexualizados que muestran a figuras humanoides creadas bajo inteligencia artificial e imágenes manipuladas, utilizando mujeres y niñas como cebo comercial.
La manera en que la Unión Europea ha financiado tradicionalmente sus «rescates» y «ayudas» siempre han quedado condicionados a reformas estructurales que han conllevado políticas de austeridad, recortes y privatizaciones, y una especial obcecación por la recaudación impositiva. Ninguno de los partidos con aspiraciones para las próximas elecciones generales ha hecho mención a lo que se viene tras el 23-J.
El que fuera señalado por Wikileaks como confidente en el gobierno argentino de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, ha sido ungido candidato a presidente de la nación absorbiendo tanto a la estructura del viejo partido justicialista, pero también al kirchnerismo. Era el nombre que habían elegido los principales actores económicos norteamericanos desde hacía tiempo.
La provincia de Jujuy se encuentra ubicada junto a la frontera argentina con Bolivia, en el llamado Noroeste Argentino (NOA), territorio donde casi el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Su gobernador es Gerardo Morales, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical y de perfil derecho, con buena sintonía entre los principales grupos económicos del país.
La narrativa de la transición alimentaria forma parte ya de todas las administraciones públicas españolas bajo el logo de la llamada Agenda 2030. Los grandes agronegocios y las ONG’s subvencionadas se posicionan como salvadores de la humanidad debido a sus muy promocionados planes de agricultura inteligente y producción «sostenible».
En esta narrativa, no hay espacio para ninguna mención del tipo de relaciones de poder que han dado forma al sistema alimentario prevaleciente y muchos de los problemas actuales. Y es en ese contexto en el que se han tomado las decisiones más escandalosas de las últimas semanas, tanto en materia ganadera como agrícola.
Desde el ingreso de España en la Unión Europea, la matriz económica del Estado fue modificada drásticamente. Los monopolios estatales administrados por el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) fueron vendidos al mejor postor, y el Estado mismo apadrinó una transición económica que orientaba al país hacia el sector servicios y la producción de alimentos.
La transición alimentaria se enmarca siempre en el lenguaje de la emergencia climática, la sostenibilidad o la «seguridad de los consumidores», donde los eslabones más débiles no son, como habitualmente se cree, las explotaciones «ecológicas», ya que éstas tienen un mercado consumidor con un alto poder adquisitivo.
La parte perjudicada de esta transición son los productores que proveen a las grandes cadenas, consumidores a su vez de los pesticidas y los piensos que se agregan a la alimentación de la gran mayoría. Elementos que por supuesto están fuera del debate sobre la sostenibilidad.
Después de 1945, la agroindustria corporativa, en gran medida respaldada por Estados Unidos, la Fundación Rockefeller e instituciones financieras, ha estado promoviendo e instituyendo un sistema de agricultura y ganadería industrial dependiente de productos químicos. Las comunidades rurales, los sistemas ecológicos, el medio ambiente, la salud humana y los sistemas locales de cultivo de alimentos han sido devastados en el proceso.
Empresas como Bayer o Syngenta trabajan en España codo con codo con colegios de veterinarios, organismos públicos agroalimentarios y consejerías, donde son elevadas a auténticas «eminencias» en lo que a seguridad alimentaria se refiere. No hay actuación «preventiva» en materia ganadera o agroalimentaria donde no haya una de estas empresas detrás. Por ejemplo esto ocurre con la tuberculosis bovina, cuya vacunación está prohibida y donde existen varios grupos de intereses partidarios de la derogación de esta norma, ya que llevan años desarrollando vacunas para esta enfermedad.
El problema agrícola y ganadero en España está floreciendo por sus aspectos más visibles: sacrificio de reses, restricciones a la producción o limitaciones al uso de acuíferos, pero no más allá. No se discuten los pesticidas, los «venenos» para plantas o los piensos compuestos, ni mucho menos a los titiriteros que hay tras el escenario de la «transición alimentaria».
La «transición alimentaria» implica profundizar la dependencia de agricultores y ganaderos en una economía explotadora, controlada por corporaciones, que extrae riqueza y satisface las necesidades del mercado de corporaciones globales y fondos de capital riesgo, protegidas por el Estado. Si no hay una ruptura total y radical con estas corporaciones, los agricultores se verán reducidos a empleados de estas grandes empresas, y lo que es peor, asumirán todos los riesgos.
La oferta pública ganadora del escrutinio de las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas de 2023 y 2024 no contempla el llamado sistema de «e-counting», o escaneo de papeletas, pero sí delega en INDRA la centralización de datos proporcionados por las Juntas Electorales; centralización que ha escapado siempre a cualquier auditoría.
En agosto de 2005, el huracán Katrina desoló el interior de Estados Unidos provocando más de 1300 víctimas y una migración de centenares de miles de personas. El llamado «tercer mundo» ingresó en los Estados Unidos, y para el diario Wall Street Journal, esto era una «ventana de oportunidades» para reformar drásticamente el sistema de protección social en las zonas afectadas, donde empresas de primera línea podrían hacer grandes negocios con la gestión de determinados servicios públicos.
Empresas españolas y fondos buitre han bajado el pulgar a España y están detrás de los litigios instados ante el Comité de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI), que han derivado en los procesos de embargo contra bienes españoles en el exterior por valores millonarios. Deutsche Bank, HSBC, BNP o el fondo soberano de Abu Dhabi, Masdar, entre los implicados.