La Organización Mundial de la Salud, que desde enero de 2020 ha recibido 782 millones de dólares en subvenciones de la Fundación Bill y Melinda Gates, es una agencia de las Naciones Unidas financiada por corporaciones y presionada por grupos de presión sin jurisdicción legal sobre los territorios de sus 194 estados miembros, sobre los que actúa teóricamente con carácter consultivo, pero eso va a cambiar pronto.
Los grandes medios españoles están haciendo un sigiloso tránsito hacia el otrora llamado “negacionismo”. Las principales cabeceras, que llenaron sus publicaciones de llamamientos a la vacunación masiva contra el “covid-19” asegurando la eficacia de las inoculaciones, ahora publican justo lo contrario.
España ingresó en la modernidad del consumo de antidepresivos en la década de 1980, pero es a partir del año 2000 que comienza su edad de oro, cuando empiezan a ser dispensados por el Sistema Nacional de Salud de manera generalizada.
El Servicio de Estadísticas del Estado Federal de Rusia (Rosstat) publicó recientemente las cifras de mortalidad materna para 2021. 482 mujeres embarazadas murieron en Rusia el año pasado, frente a 161 en 2020, un aumento de 11,2 a 34,5 por cada 100 mil nacidos vivos. El 90% de las muertes registradas en 2021 se debieron a causas no relacionadas directamente con el embarazo.
Desde que empezó este festival de virus y vacunas, los medios no hacen más que hablar de “expertos” a los que nunca citan con nombre y apellidos, y de una comunidad científica que como tal es un vago concepto porque su naturaleza es la de científicos dispersos cuya relación entre sí y la eficacia de sus estudios están basados en la total independencia entre unos y otros.
Desde que 21 de sus funcionarios fueran acusados de violación en la República Democrática del Congo, la OMS trabaja en un plan de acción para evitar que la situación se repita. En los próximos días se debería ultimar una estrategia de tolerancia cero.
Hoy la OMS ha informado que destinará 6,5 millones de euros a implantar un sistema de detección, sanción y prevención de las violaciones en el marco de las misiones de sus funcionarios. El fondo se utilizará para contratar y enviar investigadores y otros expertos a 10 países con un perfil de alto riesgo, a saber, Yemen, República Centroafricana, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Venezuela, Somalia, Congo y Nigeria.
Esta medida se tomó después de que una comisión de investigación independiente revelara la implicación de 21 funcionarios de la organización en violaciones en el Congo. Los crímenes, que afectron a 70 mujeres y niños, se produjeron en Ituri y Kivu del Norte durante la epidemia de Ébola que azotó al país entre 2018 y 2020.
Los funcionarios de la OMS vacunaban a las víctimas a cambio de someterse a la violación.
Acusada de “negligencia individual” y de “fallos estructurales”, la OMS reaccionó despidiendo a 6 funcionarios implicados en los crímenes y abriendo una investigación.
El secretario general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió disculpas a las víctimas y prometió severas sanciones. Presionado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros donantes, acaba de desvelar su plan, que se modificará y ultimará en los próximos días, y que implica un cambio de cultura y el refuerzo de las responsabilidades de la dirección y el personal.
Supondrá “reformar la cultura, las estructuras y los sistemas de la OMS para crear una cultura en la que la explotación y los abusos sexuales no tengan cabida, en la que no exista la impunidad y en la que haya tolerancia cero para la inacción”.
De manera inmediata, la OMS ha enviado un especialista en prevención de violaciones a Beni, en Congo, donde hace unos días reapareció un brote de Ébola.
Además de la OMS, varias ONG y conocidas organizaciones “humanitarias” han sido acusadas de violaciones en el Tercer Mundo.
Más información:
— Violaciones por vacunas: 53 países exigen responsabilidades a la OMS
— 70 mujeres congoleñas han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de vacunas contra el Ébola
— El negocio humanitario de las ONG: colonialismo y violación de las mujeres y los niños del Tercer Mundo
Cuba rechazó un convenio con Covax, la institución a través de la que se distribuyen vacunas a los países más pobres. Para este organismo, Cuba sería un país propicio para un convenio económico a cambio de vacunas, propuesta que rechazó el gobierno de Díaz-Canel.
La Organización Mundial de la Salud ha cambiado la definición de “inmunidad colectiva”, eliminando el consenso anterior al COVID-19 de que se podría lograr permitiendo que un virus se propague a través de una población, y modificando el concepto por otro en que la inmunidad colectiva proviene únicamente de las vacunas.