La Junta Sectorial de magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial adoptó la pasada semana un acuerdo por el que se orienta a los Juzgados de Instrucción de la Comunidad Autónoma a que accedan a las peticiones de desalojo inmediato de viviendas ocupadas que insten bancos o fondos buitre, algo que la ley no contempla salvo en casos tasados.
A pesar de los grandilocuentes titulares y lo rimbobante de su descripción, los decretos del gobierno del PSOE y Podemos no han suspendido los desahucios, ya que sólo se han suspendido en contados supuestos, que además quedarán a valoración del cuerpo de jueces y fiscales.
Es en el municipio de Fuentenovilla, donde Vicente ocupó una vivienda abandonada de la urbanización Monte Rebollo, cuya empresa gestora está pendiente de juicio por delito de estafa. La SAREB rescató las deudas que ésta tenía con varias entidades financieras, e insta el desahucio de este jubilado por un delito de usurpación.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprado la campaña de intoxicación de la banca respecto a la ocupación de viviendas. Bastará con que la Policía redacte un breve atestado para que el desalojo mediante la patada en la puerta sea legal.
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, propuso a principios de mes la creación en la región de una fiscalía ‘antiokupación’, a pesar de no ser ésta una competencia de la Comunidad Autónoma, así como crear la figura de los «desahucios en caliente», un eufemismo para denominar los desalojos policiales a golpe de porra.
Hernando formuló esta propuesta durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el marco de un «debate general» sobre la ocupación de viviendas en Castilla-La Mancha, a propuesta de Ciudadanos. Según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, son entidades financieras las más afectadas, lo que parece indicar las prioridades de estas medidas.
El titular de Fomento, con competencias en materia de vivienda, quiere importar el «modelo balear» implementado en el verano de 2019. Se trata de una instrucción emitida por el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, que autoriza a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin intervención judicial.
Es decir, que si los agentes intervinientes, y a su entero juicio y sin control alguno, entienden que hay un «delito flagrante» de ocupación, están legalmente amparados para abrir la puerta y expulsar a los residentes, lleven allí el tiempo que sea y aunque hayan constituido su vivienda habitual. Incluso los pueden detener. Si bien no se oficializó en el resto de comunidades autónomas, hay varios casos constatados de actuaciones policiales en ese sentido en la región. De la redacción de la circular se desprende que si la familia afectada por un desalojo de este tipo no tiene conocimiento de sus derechos, se expone a ser detenida y desalojada de inmediato.
Lo que hizo Barceló es simplemente una torsión interpretativa de los artículos del Código Penal que tipifican las variables de la ocupación de viviendas vacías, ya sea allanamiento de morada (ocupación de viviendas habitadas) o usurpación (ocupación de vivienda no habitada).
Esta actuación de la fiscalía balear, que Castilla-La Mancha quiere importar, nace a consecuencia de un cambio interpretativo introducido por la Audiencia Provincial de Palma, que desde septiembre de 2018 venía absolviendo a familias denunciadas por bancos, al entender que en esos casos no hay delito de «usurpación» propiamente dicho, ya que los bancos no tienen la posesión efectiva de la vivienda, remitiendo a las entidades al inicio de acciones civiles, y no penales.
Dicho sea de otro modo, el fiscal de Baleares salió al paso de un reclamo de las entidades financieras, que vienen exigiendo a la Administración que ésta actúe como empresa de seguridad privada de sus viviendas vacías y agilice los desahucios.
El gobierno de Castilla-La Mancha aboga así para que aumente «en muchos más años» la prescripción de la usurpación y «endurecer las penas», para equipararlas [sic] a otros delitos como trata de personas o pertenencia a organización criminal, así como facultar a la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local a en la vivienda ocupada y desalojarla sin mayor límite ni control judicial.
En otras palabras, no hará falta control de la actividad policial. Serán los propios policías los que terminarán ejerciendo de jueces.