En apenas cinco meses, la provincia de Guadalajara se ha convertido en un escenario recurrente de la peor de las tragedias: las que ocurren mientras se trabaja. Lo que se ha informado como casos aislados se ha transformado en una auténtica catarata de muertes y accidentes graves sin que se hayan purgado responsabilidades.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la región, que suprime las dos únicas pruebas intelectuales de acceso a este Cuerpo, y establece una cuota obligatoria para militares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha comunicado que su departamento ha suprimido el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), porque el Ingreso Mínimo Vital» es una prestación, «mucho más ventajosa para las personas y las familias».
Según la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), la Guardia Civil difundió fotos de un rescate a dos montañeros como si hubieran sido los rescatistas. En otras ocasiones, han llegado a robar fotografías a los agentes medioambientales, tapando su logotipo, y colocando el de la Guardia Civil.
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, propuso a principios de mes la creación en la región de una fiscalía ‘antiokupación’, a pesar de no ser ésta una competencia de la Comunidad Autónoma, así como crear la figura de los «desahucios en caliente», un eufemismo para denominar los desalojos policiales a golpe de porra.
Hernando formuló esta propuesta durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el marco de un «debate general» sobre la ocupación de viviendas en Castilla-La Mancha, a propuesta de Ciudadanos. Según los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, son entidades financieras las más afectadas, lo que parece indicar las prioridades de estas medidas.
El titular de Fomento, con competencias en materia de vivienda, quiere importar el «modelo balear» implementado en el verano de 2019. Se trata de una instrucción emitida por el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, que autoriza a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin intervención judicial.
Es decir, que si los agentes intervinientes, y a su entero juicio y sin control alguno, entienden que hay un «delito flagrante» de ocupación, están legalmente amparados para abrir la puerta y expulsar a los residentes, lleven allí el tiempo que sea y aunque hayan constituido su vivienda habitual. Incluso los pueden detener. Si bien no se oficializó en el resto de comunidades autónomas, hay varios casos constatados de actuaciones policiales en ese sentido en la región. De la redacción de la circular se desprende que si la familia afectada por un desalojo de este tipo no tiene conocimiento de sus derechos, se expone a ser detenida y desalojada de inmediato.
Lo que hizo Barceló es simplemente una torsión interpretativa de los artículos del Código Penal que tipifican las variables de la ocupación de viviendas vacías, ya sea allanamiento de morada (ocupación de viviendas habitadas) o usurpación (ocupación de vivienda no habitada).
Esta actuación de la fiscalía balear, que Castilla-La Mancha quiere importar, nace a consecuencia de un cambio interpretativo introducido por la Audiencia Provincial de Palma, que desde septiembre de 2018 venía absolviendo a familias denunciadas por bancos, al entender que en esos casos no hay delito de «usurpación» propiamente dicho, ya que los bancos no tienen la posesión efectiva de la vivienda, remitiendo a las entidades al inicio de acciones civiles, y no penales.
Dicho sea de otro modo, el fiscal de Baleares salió al paso de un reclamo de las entidades financieras, que vienen exigiendo a la Administración que ésta actúe como empresa de seguridad privada de sus viviendas vacías y agilice los desahucios.
El gobierno de Castilla-La Mancha aboga así para que aumente «en muchos más años» la prescripción de la usurpación y «endurecer las penas», para equipararlas [sic] a otros delitos como trata de personas o pertenencia a organización criminal, así como facultar a la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local a en la vivienda ocupada y desalojarla sin mayor límite ni control judicial.
En otras palabras, no hará falta control de la actividad policial. Serán los propios policías los que terminarán ejerciendo de jueces.