Los Estados contemporáneos, como Jano, tienen dos caras. Una para exponerla en las facultades de derecho y la televisión, rodeada de derechos, libertades, garantías y demás parafernalia. La otra opera de puertas adentro como guerra sucia, terrorismo de Estado, cloacas y redes criminales paralelas, a veces llamada GAL y a veces “policía patriótica”.
Como dijo Felipe González, el “Estado de Derecho” se defiende en las cloacas, que operan con múltiples caras. Por ejemplo, en Gladio una rama del terrorismo de Estado se llamó Logia P2 y era un escondite masónico en el que era posible encontrar a espías, fascistas y mercenarios de la OTAN, sin que sea posible diferenciar a unos de otros. El saldo es el de cientos de personas asesinadas a lo argo de los años.
En Francia ha aparecido otra la logia masónica, llamada Athanor, que operaba exactamente igual, como una policía paralela encargada de cometer asesinatos.
El 30 de marzo comenzó un juicio en París contra 22 acusados de la red criminal, que salió a la luz en 2020 tras una denuncia. Un vecino observó un coche aparcado ilegalmente con dos hombres encapuchados y con guantes en su interior. La policía intervino y descubrió un revólver.
Durante su interrogatorio, ambos afirmaron que su objetivo era una mujer de 54 años a la que acusaban de tener vínculos con el Mosad. Se trataba de Marie Helene Dini, presidenta de una academia de “coaching”. Uno de sus rivales había encargado la operación por 70.000 euros.
Uno de los detenidos era un cabo de la DGSE, el espionaje francés en el exterior. No obstante, la versión oficial es la típica en estos casos: no se trataba exactamente de la DGSE sino de “manzanas podridas” y “casos aislados”. Como es característico, el director del organismo encargado de la información, Bernard Emié, no sabía nada de la red criminal. “Me enteré por la prensa”, ha dicho en el juicio.
Tras rastrear la cadena de mando, la policía descubrió una banda organizada dirigida por un antiguo periodista reconvertido en director de una empresa de seguridad privada que vendía una amplia gama de servicios ilegales: intimidación, violencia, incendios e incluso asesinatos.
La investigación ha destapado 26 delitos graves y 86 delitos menores con diversas motivaciones: disputas financieras, venganzas personales y rivalidades profesionales. El caso más sonado es el asesinato del piloto de carreras Laurent Pasquali en 2018, un crimen encargado por una pareja con la que mantenía una disputa financiera.
Está previsto que el juicio se prolongue hasta el mes de julio, lo que da una idea de su envergadura.