Desde la última década del pasado siglo, la proliferación de estas empresas militares privadas, habitualmente conocidas como contratistas, ha tenido un aumento exponencial. Si bien muchas potencias las poseen, es en Estados Unidos donde se registra el mayor crecimiento. Entre otras pueden mencionarse: Academi (la más grande del mundo, anteriormente llamada Blackwater nombre que debió cambiar por cuestiones de imagen al haber sido denunciada por tremendos excesos en las operaciones en que participó, “una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, según dijera uno de sus fundadores), DynCorp, Aegis Defense Services, G4S, CACI , Titan Corp, Triple Canopy, Unity Resources Group, Defion International. La gran mayoría de ellas son de origen estadounidense, pero el fenómeno se expandió por todo el mundo. Incluso Rusia, retornando al sistema capitalista, también presenta estos contratistas.
Varios son los motivos que explican este impresionante crecimiento: por un lado, el fabuloso negocio que representan. En la actualidad estos ejércitos privados mueven más de 100.000 millones de dólares al año. Como dice el epígrafe de Scahill: “La guerra es un negocio y el negocio ha ido muy bien”.
Las guerras de Irak y Afganistán, formalmente desplegadas por coaliciones multinacionales, pero en verdad lideradas por las fuerzas armadas de Estados Unidos, marcaron el uso abierto de ejércitos privados (mercenarios), pagados con dineros federales por Washington. Para inicios del 2008 había en Irak más contratistas privados (se calculan 190.000) que tropas regulares del ejército. Según un informe del Congreso de ese país, en la guerra del Golfo Pérsico se pagaron 85.000 millones de dólares en el período 2003-2007, lo cual representa el 20 por ciento de todo lo desembolsado por Estados Unidos en esa contienda.
Otro gran motivo que fundamenta este crecimiento es de orden político: resentida aún del síndrome de Vietnam (con alrededor de 60.000 muertos), la clase dirigente estadounidense y su administración federal prefieren ocultar el número de bajas en sus aventuras bélicas. Los contratistas, al no ser soldados regulares de sus fuerzas armadas, pasan más desapercibidos para la opinión pública.
Existe otro motivo más, no muy explícito, pero de gran peso: los mercenarios, por no ser miembros de una fuerza regular sino personal “independiente”, no están sujetos a regulaciones internacionales que norman las guerras, como las Convenciones de Ginebra. Si bien Estados Unidos firmó esos tratados, no los ratificó, por lo que no se somete a ellos. De esa cuenta, los ejércitos privados están en un cierto limbo legal, lo cual les excluye del Derecho Internacional. Así, las tropelías y excesos que puedan cometer (y que de hecho cometen) quedan relativamente fuera de toda normativa. Ejemplos al respecto hay numerosos. La tristemente célebre empresa Blackwater, ahora rebautizada Academi para borrar su anterior mala imagen, está asociada a los peores crímenes de guerra, pero pese a ello, el gobierno federal de Estados Unidos sigue asignándole millonarios contratos. La corrupción y la impunidad, como se ve, no son patrimonio de los atrasados países del Sur. (A título complementario: Donald Trump insiste enfermizamente en la construcción del muro en la frontera con México ¡porque está ligado a empresas constructoras!).
Las empresas contratistas militares se especializan en todo tipo de servicios que tengan que ver con una avanzada bélica; se encargan de aspectos logísticos y aprovisionamiento de la tropa, de telecomunicaciones, tareas de enlace, vigilancia, adiestramiento de combatientes y, por supuesto, de combate abierto (las torturas o acciones oscuras no se declaran, pero también las hacen, como fue el caso de la famosa cárcel de Abu Ghraib, en Irak, o las operaciones encubiertas para provocar a Venezuela realizadas desde territorio colombiano, donde participan paramilitares de difusa procedencia). En lo tocante a lucha frontal, la experiencia de numerosas intervenciones en distintos puntos del globo muestra que efectivamente tienen una gran capacidad operativa, pues actúan al lado de las fuerzas regulares, en muchos casos con vehículos blindados, helicópteros artillados y armamento de asalto de alta tecnología.
El personal que contratan está dado, en general, por ex miembros de ejércitos con alta capacitación y experiencia de combate; muchas veces son comandos especializados, soldados de élite (a tal punto, que muchos cuerpos de estas unidades regulares de lujo se han visto afectados, dado que sus integrantes prefieren la paga de una empresa privada a la recibida en su puesto estatal). Un mercenario en algunas de estas contratistas puede llegar a cobrar 1.000 dólares diarios. El negocio de la muerte paga bien, sin dudas. ¡Eso es el capitalismo!
Dentro de las fronteras estadounidenses, después de la fiebre paranoica desatada con la caída de las Torres Gemelas en el 2001, proliferaron estas empresas privadas ofreciendo seguridad. De ahí que hoy es común ver a contratistas custodiando puertos, aeropuertos, cárceles y centrales nucleares. Salvando las distancias, sucede lo mismo que en un pobre paisucho atrasado como Guatemala; allí, ante la proliferación fabulosa de agencias de seguridad privada (¡que no pagan 1.000 dólares diarios a sus agentes contratados!), es aleccionador lo dicho por un ex pandillero: “No soy sociólogo ni politólogo, pero me doy cuenta que hay una relación entre un chavo marero al que le dan la orden de cobrarle extorsión a todas las tiendas de una comunidad y el diputado que tiene una agencia de seguridad, y al día siguiente está ofreciendo sus servicios”.
El negocio de la guerra, o si se quiere, el negocio de la violencia que se alimenta del miedo de la gente da muy buenas ganancias. Palabras altisonantes como libertad, democracia, derechos humanos y otras preciosuras por el estilo, quedan perforadas por los disparos. “Donde hay balas sobran las palabras”, rezaba una pinta callejera en algún arrabal latinoamericano. Lamentablemente, es cierto.
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