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Mes: octubre 2021 (página 3 de 13)

Austria confinará de manera forzosa a quienes no se vacunen

El viernes el canciller austrico, Alexander Schallenberg, y el ministro de Sanidad, Wolfgang Mückstein, anunciaron nuevas restricciones sanitarias, que se impondrán en cinco niveles.

No habrá un nuevo confinamiento a escala general para toda la población, como en otoño del año pasado, pero sí medidas más estrictas para las personas no vacunadas. Schallenberg, del Partido Popular Austriaco, lo explicó con una falsedad característica: “Debe quedar claro para todas las personas no vacunadas que no sólo son responsables de su propia salud, sino también de la de sus semejantes. El sistema sanitario está sobrecargado, porque todavía hay demasiados indecisos y procrastinadores que no quieren vacunarse”.

A partir del nivel tres, cuando la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supere el 20 por ciento (400 camas), la prueba de antígenos pierde su validez en toda Austria. Eso significa que sólo podrán viajar a cualquier lugar las personas que se hayan vacunado, las que se hayan recuperado o las que tengan la prueba PCR en vigor. La novedad desde el viernes es que esta medida entra en vigor inmediatamente, cuando se supera el valor límite.

La cuarta fase del plan entrará en vigor cuando la tasa de ocupación sea del 25 por ciento o se ocupen 500 camas de cuidados intensivos. Las personas no vacunadas tendrán prohibida la entrada a restaurantes, hoteles, eventos, instituciones culturales, instalaciones de ocio o eventos deportivos. Esto también se aplica si se presenta una prueba negativa, ya sea una prueba de antígeno o una PCR.

La quinta etapa comienza cuando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos supere las 600 camas (o el 30 por ciento). Esta etapa conlleva “restricciones de salida” para los no vacunados y el confinamiento conocido de las fases anteriores de la pandemia. No se permitirán salidas en su vida privada a los que no se vacunen, salvo en casos excepcionales. Sólo se les permite ir a hacer la compra a la tienda o de camino al trabajo.

Los niveles de alerta dependen, pues, de las camas existentes en los hospitales. Basta que los recortes presupuestarios amplíen o reduzcan dicho número, para que los recalcitrantes queden en arresto domiciliario, como los delincuentes.

—https://www.derstandard.at/story/2000130664530/stufen-der-pandemie-welche-schritte-zur-bekaempfung-gesetzt-werden

Se cumplen 50 años de la aparición del periódico italiano ‘Il Manifesto’

Se han cumplido 50 años de la aparición del periódico Il Manifesto, que durante los años setenta tuvo mucha acogida en Europa entre los vástagos de Mayo del 68. El periódico del Partido Comunista Italiano, Unità, fundado por Gramsci, desapareció, lo mismo que dicho Partido, mientras Il Manifesto aún languidece tras sucesivas reconversiones ideológicas.

El nacimiento del periódico fue consecuencia de la degeneración revisionista del PCI, un proceso de larga duración que se gesta en la posguerra mundial y que a partir de finales de los sesenta gesta en su mismo seno una colección de organizaciones que aparecen con la misma rapidez con la que desaparecen.

También fue consecuencia de la reconstrucción del Estado italiano en la posguerra, estrechamente sometido al imperalismo estadounidense y, en consecuencia, un campo abonado para los manejos de la CIA, lo que es ostensible en dos fenómenos típicamente italianos, los neofascistas y la mafia, que explican su debilidad interna.

Los fundadores de Il Manifesto fueron saliendo del PCI a partir de finales de los sesenta y jamás lograron soltar el lastre ideológico que arrastraban, que en Italia fue muy fuerte por la personalidad de Gramsci y una cierta interpretación de su obra, cultivada con esmero por el PCI y, en especial por Togliatti, su secretario general, para justificar sus posicionales claudicantes.

Eran los tiempos de la “alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura” que Il Manifesto ejemplificaba muy bien. El periódico representaba a un cierto “marxismo sofisticado”, puramente intelectual, característico de Europa, que tiene la pretensión de exponer la enésima interpretación del capitalismo y sus lacerantes consecuencias. Luigi Pintor, Rossana Rossanda y sus primeros exponentes estuvieron muy lejos del subtítulo de “quotidiano comunista” y, de hecho, al final han acabado en los tópicos de la izquierda domesticada y posmoderna de hoy: ambientalismo, ideología de género…

Una publicación así se presta a soldar los pedazos de quienes se lanzaron a la práctica, por ejemplo armada, y luego se arrepintieron para volver a la enésima interpretación del capitalismo. El papel y la tinta reciclaron a quienes habían participado en la guerrilla urbana y luego necesitaban explicar que nunca debieron emprender aquel camino.

No obstante, hay que señalar uno de los grandes méritos de Il Manifesto al denunciar los juicios farsa contra miembros de las Brigadas Rojas y otras organizaciones armadas, cuando el periódico se separó manifiestamente de la cloaca del PCI, verdadero sostén del Estado italiano en los momentos más duros de los “años de plomo”.

Il Manifesto nunca admitió las acusaciones del PCI contra las Brigadas Rojas y sus supuestas connivencias con los servicios secretos, la CIA o los neofascistas, muy parecidas a las que también se oyeron en España contra ciertas organizaciones armadas, es decir, que ese tipo de acusaciones tienen el mismo origen: el Caballo de Troya reformista.

Tampoco admitió nunca los montajes de jueces, como Pietro Calogero, sostenidos por el PCI (“el partido de los jueces”) y exportados después al “todo es ETA” de la Audiencia Nacional. Allí se llamó “teorema Calogero” y pretendió demostrar que organizaciones como Autonomia Operaia y otras eran lo mismo que las Brigadas Rojas, o uno de sus tentáculos.

En 1984 el montaje del PCI y Calogero se desplomó y el periódico tituló en su primera plana “Sentencia fascista el 7 de abril”. Nada menos que 55 acusados condenados “a siglos de prisión por la palabra de un asesino a sueldo” salieron a la calle cuando un tribunal volvió a revisar el montaje.

Pero la represión ya había cumplido su función intimidatoria. Los acusados habían pasado varios años en la cárcel y el castigo sirvió de escarmiento: nada de lucha armada y nada de contemplaciones hacia quienes empuñan las armas.

En España la transición no hubiera sido posible sin el PCE y en Italia estaba ocurriendo algo parecido. En los momentos difíciles la burguesía siempre recurre a los reformistas y no duda en romper su propia legalidad: estado de emergencia, montajes judiciales, intoxicación mediática…

Suecia prohíbe definitivamente la aplicación de la vacuna de Moderna a los menores de 31 años

Suecia prohíbe definitivamente la aplicación de la vacuna de Moderna a los menores de 31 años. Hasta ahora la suspensión de dicha vacuna era temporal y debía terminar el 1 de diciembre.

Finlandia, Islandia y Dinamarca han adoptado medidas similares. Noruega aconseja a los hombres menores de 30 años que no se vacunen con Moderna.

La prohibición sigue a la que ya se impuso hace meses a la vacuna de AstraZeneca por sus graves efectos adversos.

Durante meses la vacuna de Moderna ha estado bajo escrutinio debido a los datos que muestran que los hombres jóvenes que la reciben tienen un mayor riesgo de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, y pericarditis, una inflamación del saco que rodea el corazón.

El Instituto sueco de Salud Pública dijo que los datos no publicados que relacionan la vacuna Moderna con los dos problemas de salud significan que existe “un mayor riesgo de efectos secundarios como la inflamación del músculo cardíaco o del pericardio”.

Sin embargo, los datos no se han hecho públicos.

En respuesta a las preocupaciones sobre la vacuna de Pfizer, en su declaración de concesión de la aprobación, la FDA había dicho que “los datos demuestran un aumento de los riesgos, en particular dentro de los siete días de la segunda dosis”.

“El riesgo observado es mayor en los hombres menores de 40 años que en las mujeres y los hombres mayores. El riesgo observado es mayor en los varones de entre 12 y 17 años”, dijo la FDA.

La agencia señaló que “algunos individuos requieren apoyo de cuidados intensivos” y que aún no se dispone de información a largo plazo sobre los riesgos.

—https://www.dailymail.co.uk/health/article-10116783/Sweden-extends-pause-Modernas-COVID-19-vaccine-young-people-30.html

Réquiem por la muerte de un criminal de guerra: el general Colin Powell

Hace unos días murió Colin Powell, el secretario de Estado que en 2003 engañó al mundo entero con las armas de destrucción masiva en poder de Saddam Hussein. Powell, general del ejército, falleció como consecuencia de las vacunas contra el coronavirus que le fueron administradas una semanas antes.

Era un conocido criminal de guerra que inició su ascenso militar en la Guerra de Vietnam en 1963 con el grado de capitán. Lo mismo que hoy en Siria, entonces el ejército estadounidense no estaba en Vietnam de manera oficial, así que Powell fingía ser asesor del ejército sudvietnamita.

El destacamento que capitaneaba Powell quemó las aldeas del valle de A Shau en una política conocida de “tierra quemada”. Algunos asesores estadounidenses calificaron de brutal y contraproducente esta estrategia aplicada en Vietnam, mientras que Powell la defendió, incluso en las memorias que publicó en 1995: “Mi viaje por América”.

Powell regresó a Vietnam en 1968 con el grado de comandante de Estado Mayor adscrito a la División Americal. Esta vez la ocupación militar estdounidensee ya era oficial, sin tapujos. La División Americal es la 23 de Infantería, conocida por la masacre de My Lai, en la que fueron torturados, violados y asesinados 500 civiles vetnamitas.

A finales de 1968 Powell fue ascendido al cargo de G3, es decir, jefe de operaciones de la división, saltando por encima de otro oficiales que tenían preferencia.

Un joven especialista de cuarta clase, Tom Glen, que servía en un pelotón de morteros, le escribió una carta al general Creighton Abrams, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Acusó a la División Americal de brutalidad sistemática hacia los civiles. La carta cayó encima de la mesa de Powell (1).

“La actitud del soldado medio hacia el pueblo vietnamita y el trato que recibe es, con demasiada frecuencia, una negación total de todo lo que nuestro país intenta conseguir en el campo de las relaciones humanas”, escribió Glen. “Lejos de contentarse con referirse a los vietnamitas como ‘sucios amarillos’ o ‘descuidados’ tanto en los hechos como en los pensamientos, demasiados soldados estadounidenses parecen ignorar su propia humanidad; y con esta actitud infligen humillaciones, tanto psicológicas como físicas, a los ciudadanos vietnamitas que sólo pueden tener un efecto debilitador en los esfuerzos por unir al pueblo en la lealtad al gobierno de Saigón, especialmente cuando tales actos se llevan a cabo a nivel de unidad y adquieren así la apariencia de una política aprobada”.

Los vietnamitas huían de los estadounidenses, relataba Glen, que “por gusto, disparan indiscriminadamente a los hogares vietnamitas y, sin provocación ni causa, disparan a la propia gente”. Los sospechosos de ser del Vietcong eran tratados con crueldad gratuita. “Llevados por emociones exacerbadas que delatan un odio repugnante, y armados con un vocabulario consistente en ‘Tú, vietcong’, los soldados ‘interrogan’ rutinariamente por medio de la tortura, que fue presentada como un hábito particular del enemigo. Las palizas violentas y la tortura con la punta de un cuchillo son formas habituales de interrogar a los prisioneros o de convencer a un sospechoso de que es, efectivamente, un vietcong”.

“Sería realmente terrible tener que creer que un soldado estadounidense que alberga tal intolerancia racial y desprecio por la justicia y los sentimientos humanos es un prototipo de todo el carácter nacional estadounidense; sin embargo, la presencia de tales soldados da credibilidad a tales creencias… Lo que se ha descrito aquí lo he visto no sólo en mi propia unidad, sino en otras con las que hemos trabajado, y me temo que esto es general. Si este es realmente el caso, es un problema que no puede pasarse por alto, pero que quizás pueda erradicarse con una aplicación más firme de los códigos del MACV (Mando de Asistencia Militar de Vietnam) y de los Convenios de Ginebra”.

La denuncia de Glen no era nueva. Otros militares también protestaron contra el trato que recibían los civiles como enemigos. La masacre de My Lai fue sólo una parte del comportamiento violento que se había convertido en rutina en la División Americal.

Powell se encargó de guardar la denuncia de Glen un el cajón, sin abrir ninguna investigación. El 13 de diciembre de 1968 redactó una respuesta. No reconoció que hubiera habido ningún tipo de delito. Afirmó que a los soldados estadounidenses en Vietnam se les había enseñado a tratar a los vietnamitas con cortesía y respeto. Las tropas americanas también habían recibido un curso de una hora sobre cómo tratar a los prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra, señalaba Powell. “Puede haber casos aislados de maltrato a civiles y prisioneros de guerra”, escribió. Pero “eso no refleja en absoluto la actitud general de la División”.

En la nota Powell criticaba a Glen por no haberse quejado antes y haber sido más específico en su carta. Como buen lacayo, escrbió exactamente de lo que sus superiores querían leer. “En refutación directa de la imagen” que mostraba Glen, decía Powell, “está el hecho de que las relaciones entre los soldados estadounidenses y el pueblo vietnamita son excelentes”.

Fue necesario que un soldado de infantería, Ron Ridenhour, destapara la matanza de My Lai para reconstruir la verdad sobre las atrocidades cometidas por el ejército estadounidense en Vietnam. De vuelta a Estados Unidos, Ridenhour entrevistó a los colegas que habían participado en la masacre y redactó un informe, que remitió al Inspector General del Ejército.

Fue entonces cuando se celebraron los consejos de guerra contra los oficiales y soldados implicados en la matanza. Pero Powell había cumplido con su papel encubridor, lo que propició su ascenso en el escalafón militar. Powell siempre alegó que desconocía la masacre de My Lai porque fue anterior a su llegada a la División Americal.

En cuanto a La carta de Glen, desapareció de los archivos, aunque fue desenterrada unos años después por los periodistas británicos Michael Bilton y Kevin Sims para su libro “Four Hours in My Lai”.

En sus memorias, Powell no menciona que tapó la denuncia de Glen, e incluso incluye una justificación de la brutalidad de las tropas estadounidense contra la población. En un pasaje escalofriante, describe la práctica habitual de asesinar a civiles vietnamitas desarmados:

“Recuerdo una expresión que utilizábamos en el campo […] Si un helicóptero veía a un campesino en pijama negro que parecía un poco sospechoso, un posible MAM (2), el piloto giraba y disparaba delante de él. Si se movía, su movimiento se consideraba una prueba de intención hostil, y el siguiente asalto no era frente a él, sino sobre él. ¿Brutal? Tal vez sí. Pero un competente comandante de batallón con el que había servido en Gelnhausen [Alemania Occidental], el teniente coronel Walter Pritchard, fue asesinado por un francotirador enemigo mientras observaba a los MAM (2) desde un helicóptero. Y Pritchard era sólo uno de los muchos. La naturaleza del combate, matar o morir, tiende a embotar la percepción del bien y el mal”.

Los “combates” a los que se refiere Powell consisten en acribillar a civiles desarmados o, en otras palabras, son crímenes de guerra.

(*) https://consortiumnews.com/2018/03/17/behind-colin-powells-legend-my-lai/
(**) MAM: jerga militar estadounidense para nombrar a los civiles adultos o en edad militar, que se asimilan a guerrilleros camuflados

Más información:
— La masacre de My Lai: símbolo de los crímenes imperalistas en Vietnam
— 50 años de la gran matanza de Estados Unidos en My Lai durante la Guerra de Vietnam
— My Lai

Una base militar de Estados Unidos en Siria queda bloqueada por la guerra electrónica

La base militar de Estados Unidos en Al-Tanf, en la encrucijada de Siria con Irak y Jordania, ha quedado bloqueada por un dispositivo de guerra electrónica.

Las provocaciones de Estados Unidos contra los militares rusos y sirios, así como la agresión contra las formaciones iraníes y pro-iraníes en el territorio de la República Árabe, han dado lugar al bloqueo de dicha base militar.

En la zona de la base están interferidas casi todas las estaciones de radar, los sistemas de defensa aérea, las comunicaciones por satélite y el sistema de posicionamiento por GPS.

A juzgar por la zona afectada por esta interferencia, se trata de un sistema de guerra electrónica bastante potente. El radio de la “zona muerta” es de unos 120-150 kilómetros y afecta no sólo al territorio de Siria, sino también a los de las vecinas Jordania e Irak.

En la zona se han interrupido las comunicaciones móviles y por satélite. Al mismo tiempo, las instalaciones de GPS y una serie de sistemas electrónicos directamente relacionados con el intercambio de información con los satélites, no funcionan.

Así lo demuestra, entre otras cosas, la imposibilidad de rastrear aeronaves que sobrevuelan la zona.

El uso de contramedidas electrónicas crea obstáculos muy serios para Estados Unidos y varios otros países en el uso de drones y cazas F-35, que necesariamente deben mantener la comunicación con varias naves espaciales.

Desde la base de Al-Tanf el ejército de Estados Unidos dirige la actividad de las organizaciones yihadists que operan en Siria e Irak.

En Italia el coronavirus ha matado mucho menos que una simple gripe

En Italia el coronavirus ha matado mucho menos que una simple gripe, según el último informe oficial del ISS (Instituto Superior de Sanidad) sobre la mortalidad por covid que no se actualizaba desde julio.

El diario Il Tempo ha analizado las estadísticas de mortalidad publicadas por el INS (1). Los datos ponen de manifiesto la diferencia entre la “muerte por covid“ y la “muerte con covid”. La mayoría de las muertes ocurridas durante los dos últimos años de restricciones y privaciones se debieron principalmente al estado previo de los pacientes tuvierean o no tuvieran covid.

Sólo el 2,9 por cien de las muertes registradas desde finales de febrero de 2020 se cree que se deben al covid-19. De las 130.468 muertes registradas por las estadísticas oficiales en el momento de la elaboración del nuevo informe, sólo 3.783 se deberían al poder del propio virus.

Todos los demás italianos que murieron tenían entre una y cinco enfermedades que, según el SSI, les dejaban pocas esperanzas. Incluso el 67,7 por cien habría tenido más de tres enfermedades contemporáneas juntas, y el 18 por ciento al menos dos juntas.

El 65,8 por ciento de los italianos fallecidos tras infectarse con covid tenían la presión arterial alta. El 23,5 por ciento también sufría demencia, el 29,3 por ciento añadía la diabetes a sus dolencias, el 24,8 por ciento también tenía fibrilación auricular. El 17,4 por ciento ya tenía los pulmones afectados. El 16,3 por ciento había tenido cáncer en los últimos 5 años. El 15,7 por ciento padecía insuficiencia cardíaca. Más de uno de cada diez era obeso. Más de uno de cada diez había sufrido un ictus, y otros, aunque en menor proporción, tenían problemas hepáticos graves, diálisis y enfermedades autoinmunes.

Como la incidencia del covid en el total de fallecidos es inferior al 3 por ciento, “no se explica el alarmismo que ha llevado a una determinada línea política a impulsar con tanta insistencia la vacuna y las restricciones consideradas como prerrogativa para salir de la emergencia sanitaria”, comenta el diario Il Giornale d’Italia (2).

Las cifras no justifican el confinamiento, ni las restricciones, ni la campaña de vacunación, ni la obligatoriedad del pasaporte sanitario.

El ISS no había publicado ninguna actualización desde julio y los últimos acontecimientos sugieren el motivo. Justificar casi 24 meses de restricciones y un impulso draconiano hacia la exigencia de vacunas con un 2,9 por ciento es vergonzoso, dice el periódico.

“Es precisamente en el alarmismo sobre las muertes, y no sólo sobre los contagios, en lo que se han basado las autoridades para tomar decisiones que, en ocasiones, han llevado a la privación de la libertad individual”, añade. Muchas de ellas siguen vigentes hoy en día.

“Si la situación parece así menos alarmante de lo que a veces se describe, ¿cómo se pueden justificar las restricciones aún vigentes?”, se pregunta el periódico. “Para decirlo como Shakespeare, en muchos casos, en detrimento de la libertad de muchos, y contando con el destino (aunque trágico) de unos pocos, se ha hecho mucho ruido y pocas nueces”.

Como venimos diciendo aquí desde el comienzo de la pandemia, los toques de queda y las restricciones no se justifican con ningún dato sanitario. Son medidas políticas, económicas y sociales exclusivamente.

(1) https://www.iltempo.it/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/
(2) https://www.ilgiornaleditalia.it/news/salute/302848/covid-l-ultimo-rapporto-dell-iss-fa-luce-sui-discutibili-allarmismi-i-morti-di-covid-sono-una-minoranza.html

Fascistas, negacionistas y antivacunas

Recientemente en Francia se produjo un acontecimiento que marca los ejes políticos sobre los que se ha construido la pandemia desde el primer minuto. El Partido Socialista presentó un proyecto de ley en el Senado para imponer la vacunación obligatoria en el país galo. Sólo votaron a favor sus propios senadores, por lo que el proyecto no fue aprobado… afortunadamente.

Los reformistas han sido la columna vertebral de las medidas de represión política que han venido adoptando las potencias capitalistas en sus propios países y en el mundo entero. Tras ellos han desfilado la corte de colectivos y medios políticos, sindicales y sociales que alardean de ser alternativos, antisistema e incluso “revolucionarios”, lo cual significa que estos últimos no son más que el brazo largo de los anteriores, es decir, que carecen de una política propia.

No obstante, a medida que con el tiempo los agujeros de la pandemia van saliendo a la luz, dichos colectivos se callan la boca, esperando que todo pase y quede convenientemente enterrado. Otros empiezan a asomar la oreja. Por ejemplo, el sindicato de enfermería SATSE coloca carteles en los hospitales donde se puede leer que para vacunar es necesaria la prescripción médica.

Lo dicen ahora, cuando ya han vacunado al 85 por ciento de los adultos, suponemos que sin la correspondiente prescripción médica, es decir, de manera ilegal, por lo que se mantiene el mismo tono desde el primer estado de alarma, que también fue ilegal.

Es la gran paradoja. Vivimos en un país donde las instituciones públicas se llenan la boca con el respeto a la ley… excepto cuando la ley no le interesa a nadie. En tal caso, no pasa nada. Da lo mismo y seguimos adelante con restricciones, mascarillas y vacunas. “Hicimos lo que teníamos que hacer”, dicen.

Nadie ha exigido responsabilidades al gobierno que impuso a toda la población una medida ilegal, ni a los gobiernos autonómicos, ni a los partidos que votaron a favor de las restricciones, porque llevamos un año y medio escuchando un único mensaje uniforme, sin fisuras por parte de nadie y eso siempre da una sensación de impunidad, de que “todo vale”, lo legal y lo ilegal.

Si al SATSE se le ha ocurrido ahora colocar un cartel disonante es porque le ven las orejas al lobo: en la medida en que las vacunas se están convirtiendo en una carnicería, con consecuencias lesivas que se prolongarán a lo largo del tiempo, van a aparecer cada vez más exigencias de responsabilidades por parte de las víctimas de la vacunación, que van a alcanzar a todos, empezando por los más inmediatos: los médicos y el personal sanitario.

La historia no olvida este tipo de responsabilidades, por más que, como en el caso de la colza, transcurran 40 años. Del mismo modo, en lo sucesivo y durante décadas, todas y cada una de las medidas políticas y sanitarias serán juzgadas muy severamente en todos los terrenos: político, médico y científico. Con ellas serán juzgados los colectivos y los medios que las han amparado o que se han callado.

Que a nadie le quepa ninguna duda: la mierda va a seguir saliendo, el torrente será cada vez mayor y dará lugar a enconadas controversias que van a dejar malparados, no sólo a los autores, sino también a los cómplices y encubridores, como se dice en el lenguaje jurídico, que afectará muy especialmente a los reformistas y a quienes les hacen el juego con una empalagosa retórica seudorrevolucionaria.

Como ocurrió durante la transición, la demagogia de la izquierda domesticada ha querido esconder sus propias responsabilidades atribuyendo etiquetas políticas a las diversas corrientes críticas hacia la pandemia, las restricciones o las vacunas, especialmente la de que no hay alternativa al mensaje dominante… excepto que se trata de la “extrema derecha” o que le hacen el juego.

Es justamente al revés: desde el gobierno, el reformismo ha pretendido arrojar a los críticos a los brazos de la reacción. El cambio de signo se ha producido cuando se han dado cuenta de que hay muchos más críticos de los que suponían y que en el futuro el número va a seguir aumentando.

A pesar de una campaña feroz de desprecio, el movimiento crítico con la pandemia no ha hecho más que crecer y acabará organizándose, por encima de su carácter heterogéneo porque, en efecto, la primera mentira empezó cuando le atribuyeron una naturaleza compacta de la que carece. Tanto desde el punto de vista político, como científico y médico, los críticos son una amalgama.

Pero es verdad, y a nadie le puede caber ninguna duda de que hay muchos reaccionarios y fascistas dentro de ese movimiento que intentan pescar en río revuelto, sobre todo aprovechando un gobierno, como el actual, del PSOE y Podemos. Es un terreno intimidante. Muchos empiezan a intuir que algo huele mal, pero no quieren ser tachados de “negacionistas” y se guardan sus reservas para que sean otros los que den la cara.

Hasta ahora la oposición a la pandemia ha sido diversa porque su origen es doctrinal y hay decenas de corrientes en materia de salud pública que llevan décadas estudiando este tipo de fenómenos, naturalmente silenciadas, cuando no aborrecidas.

El panorama cambiará en cuanto se formen colectivos de afectados por las vacunas, es decir, cuando ya no haya ningún remedio, salvo el de protestar, el de que indemnicen a las víctimas y atiendan sus lesiones, porque una vacunación indiscriminada de las proporciones que estamos conociendo, además de cadáveres, va a crear una sociedad de enfermos, de personas dependientes, necesitadas de un fármaco que les cure el daño que les ha causado el anterior.

Cuando ese momento llegue, el escenario se llenará de plañideras que se subirán al carro de los damnificados y sujetarán una pancarta en la calle. Entonces no podrán decir que son fascistas, negacionistas o antivacunas. Pero habrá que recordarles que no hicieron nada cuando podían hacerlo y que deben tomar nota para las sucesivas pandemias que nos aguardan.

La OMS trabaja en un programa de tolerancia cero contra las violaciones cometidas por sus funcionarios

Desde que 21 de sus funcionarios fueran acusados de violación en la República Democrática del Congo, la OMS trabaja en un plan de acción para evitar que la situación se repita. En los próximos días se debería ultimar una estrategia de tolerancia cero.

Hoy la OMS ha informado que destinará 6,5 millones de euros a implantar un sistema de detección, sanción y prevención de las violaciones en el marco de las misiones de sus funcionarios. El fondo se utilizará para contratar y enviar investigadores y otros expertos a 10 países con un perfil de alto riesgo, a saber, Yemen, República Centroafricana, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Venezuela, Somalia, Congo y Nigeria.

Esta medida se tomó después de que una comisión de investigación independiente revelara la implicación de 21 funcionarios de la organización en violaciones en el Congo. Los crímenes, que afectron a 70 mujeres y niños, se produjeron en Ituri y Kivu del Norte durante la epidemia de Ébola que azotó al país entre 2018 y 2020.

Los funcionarios de la OMS vacunaban a las víctimas a cambio de someterse a la violación.

Acusada de “negligencia individual” y de “fallos estructurales”, la OMS reaccionó despidiendo a 6 funcionarios implicados en los crímenes y abriendo una investigación.

El secretario general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió disculpas a las víctimas y prometió severas sanciones. Presionado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros donantes, acaba de desvelar su plan, que se modificará y ultimará en los próximos días, y que implica un cambio de cultura y el refuerzo de las responsabilidades de la dirección y el personal.

Supondrá “reformar la cultura, las estructuras y los sistemas de la OMS para crear una cultura en la que la explotación y los abusos sexuales no tengan cabida, en la que no exista la impunidad y en la que haya tolerancia cero para la inacción”.

De manera inmediata, la OMS ha enviado un especialista en prevención de violaciones a Beni, en Congo, donde hace unos días reapareció un brote de Ébola.

Además de la OMS, varias ONG y conocidas organizaciones “humanitarias” han sido acusadas de violaciones en el Tercer Mundo.

Más información:
— Violaciones por vacunas: 53 países exigen responsabilidades a la OMS
— 70 mujeres congoleñas han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de vacunas contra el Ébola

— El negocio humanitario de las ONG: colonialismo y violación de las mujeres y los niños del Tercer Mundo

 

Un 8,5 por ciento de los contenedores del transporte marítimo siguen bloqueados en los puertos del mundo

La interrupción de la cadena de suministros mundiales causada por los cofinamientos ha dado paso a una elevada inflación, cuyos efectos se sienten con mayor intensidad en los países en desarrollo. Para el Banco Mundial, el sector marítimo desempeña un papel importante en esta crisis.

Alrededor del 8,5 por ciento de los contenedores utilizados para envíos marítimos están atascados en varios puertos del mundo debido a la pandemia de Covid-19, informa el Banco Mundial.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el presidente del Banco, David Malpass, reveló la relación entre este fenómeno y el aumento de los precios de los alimentos posterior a los bloqueos marítimos impuestos desde marzo del año pasado.

“El 8,5 por ciento de los contenedores marítimos del mundo están atascados en varios puertos del mundo, lo que supone el doble de lo estimado por el Banco en enero de 2021. La situación ha afectado a las cadenas de suministro y ha provocado un aumento de los precios de los productos básicos, especialmente de los alimentos”.

El Banco Mundial está trabajando para reducir el número de estos contenedores atascados en los puertos, pero “llevará tiempo que esto se rectifique”.

En la economía real, la inmovilización de contenedores genera costes portuarios adicionales que inflan el coste de las mercancías para los cargadores, que se ven obligados a repercutirlos en los consumidores finales.

El impacto del bloqueo de los contenedores en el coste del transporte marítimo es tal que actualmente para enviar un contenedor de China a Ghana, el cargador tiene que gastar 13.000 dólares, mientras que en agosto de 2020 podría gastar 2.000 dólares por el mismo envío. Esto representa un aumento del 550 por ciento.

El péndulo de la fuerza oscila a favor de los trabajadores estadounidenses

Poco antes de la medianoche del miércoles 13 de octubre, los trabajadores de producción de una planta de John Deere, que fabrica equipos agrícolas desde tractores hasta cosechadoras, en Waterloo, Iowa, comenzaron a cerrar la planta apagando los hornos de fundición. La planta ya estaba prácticamente vacía, ya que Deere había pedido a los trabajadores nocturnos que se quedaran en casa. Tres días antes, los miembros del sindicato United Auto Workers (UAW), reunidos en Iowa, Illinois y Kansas, habían votado abrumadoramente para rechazar una propuesta de convenio colectivo que incluía aumentos por debajo de la inflación y la eliminación de las pensiones para todos los nuevos trabajadores. El rechazo sorprendió tanto a la dirección del sindicato como a la empresa; incluso algunos de los trabajadores que habían votado en contra de la huelga y la habían acordado se sorprendieron de que tuviera lugar. En Deere, los 10.000 trabajadores que abandonaron el trabajo están en huelga por primera vez en 35 años. “Acabo de confirmar que Waterloo ha colocado sus piquetes”, dijo un trabajador antes de que comenzara la huelga. “La mierda está a punto de ser real”.

Se unen a los 2.000 trabajadores de hospitales en huelga en Buffalo (Nueva York), a los 1.400 trabajadores de producción de Kellogg’s en cuatro estados, a los 450 trabajadores del acero en Huntington (Virginia Occidental) y a los 2.000 trabajadores de telecomunicaciones en California que abandonaron el trabajo durante un día, todos ellos desde el 1 de octubre. Un millar de mineros del carbón en Alabama, 700 enfermeras en Massachusetts, 400 trabajadores de una planta de whisky en Kentucky y 200 conductores de autobús en Reno, Nevada, ya estaban en huelga, por no mencionar las huelgas recientemente realizadas por 2.000 carpinteros en Washington, 600 trabajadores de Frito-Lay, una empresa de alimentación que es propiedad de PepsiCo, en Kansas, y 1.000 trabajadores de Nabisco, fabricante de dulces, propiedad de la multinacional Mondelez International, con sede en Chicago, en cinco plantas del país.

Decenas de miles de trabajadores están a la espera, con 37.000 trabajadores sanitarios de Kaiser, atención médica, en Oregón, California y Hawai que han votado a favor de la huelga o están a punto de hacerlo, y varios grandes sindicatos de trabajadores universitarios que también están a punto de ir a la huelga. Más de 60.000 trabajadores del cine y la televisión estaban dispuestos a ir a la huelga, ya que el 90 por ciento de los miembros de la Alianza Internacional de trabajadores de Escenarios Teatrales votaron en un 98 por ciento a favor de la huelga, antes de que se alcanzara un acuerdo provisional el sábado 16 de octubre. La votación sobre la ratificación del acuerdo tendrá lugar en las próximas semanas.

Esta oleada de huelgas no se parece en nada a la de los años 40, cuando uno de cada diez trabajadores de Estados Unidos se ponía en huelga en un año. Pero tampoco es el parón sindical de la década de 2010, cuando las grandes huelgas en el sector privado se redujeron a cero. Hoy en día, los trabajadores son cada vez más militantes -en el sentido de que no quieren aceptar malas condiciones de empleo-, pero no están especialmente organizados. Con la afiliación sindical en su punto más bajo, los sindicatos pueden inspirar un movimiento, pero no son la única fuente de acción. Lo que estamos viendo hoy es un movimiento huelguístico que empieza a levantarse desde un mínimo de décadas, ya que el trabajador “esencial”, una nueva categoría de trabajador nacida de la pandemia de coronavirus, desafía a la dirección a estar a la altura de esa calificación.

Horas extras, agotamiento e inflación

Los trabajadores no son los únicos que toman nota de este posible cambio en el equilibrio de poder. Esta semana, los analistas de Wall Street también dieron la voz de alarma sobre la cotización de Deere. Un analista revisó su previsión a la baja en un 25 por ciento. En una sección de un informe confidencial titulada “El péndulo del poder ha oscilado”, el analista escribió: “Los trabajadores, además de querer concesiones de Deere en un nuevo contrato laboral de seis años, también pueden estar vinculando estas negociaciones a su deseo de cambiar la forma en que se elige a la dirección nacional de la UAW y a un activismo más amplio a nivel nacional (e incluso internacional) al ver que su poder crece en el ajustado mercado laboral”. El informe de este analista de Wall Street a los inversores indica que la clase propietaria está pendiente de lo que ocurre en la UAW.

El pequeño empresario desolado que no consigue atraer a los trabajadores ha sido uno de los protagonistas favoritos de los medios de comunicación en el esfuerzo del gobierno por “reconstruir mejor”, en parte para cubrir al director general de Deere, John C. May, que figura en la lista de directores generales de la revista Fortune 100 que disfrutan del mismo mercado laboral de bajos salarios.

Pero el actual mercado de trabajo, que es un problema desde el punto de vista de los empresarios, refleja una imagen a los ojos de los trabajadores que nunca han abandonado el lugar de trabajo: los trabajadores “esenciales”, “de primera línea” y “héroes”. En el lugar de trabajo, los trabajadores de todos los sectores, desde el transporte público hasta la atención sanitaria, pasando por la logística o la fabricación de alimentos, se enfrentan a la escasez de personal. El resultado son las horas extras forzadas y el agotamiento. En mataderos, residencias de ancianos y otros innumerables lugares de trabajo, la pandemia ha dado una nueva intensidad al “paisaje” de los riesgos laborales. En 2020 el cuidador se convirtió en el trabajo más peligroso de Estados Unidos.

Los trabajadores también sienten el efecto de la inflación en la cesta de la compra. El aumento del 1 por ciento propuesto por Kaiser (además de la introducción de un recorte salarial medio del 26 por ciento para todos los nuevos trabajadores) se convierte en un recorte salarial ante la inflación del 5 por ciento en los bienes de consumo. El aumento de 15 céntimos por hora que los trabajadores de la construcción, organizados en la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, están obteniendo en Orlando (Florida) está muy por debajo del aumento del coste de la vida. La propuesta de Kellogg prevé una reducción del ajuste por el coste de la vida de los salarios. Esto solía ser un elemento central de la negociación colectiva en las industrias básicas. Nunca recuperó su lugar para los trabajadores de los tres grandes fabricantes de automóviles tras la crisis financiera y las quiebras de 2008. En el centro de varias de estas huelgas -Deere, Kellog’s y Kaiser- estaba la rebelión contra la introducción en la década de 1980 de contratos de “dos niveles” que ofrecían peores condiciones a los nuevos trabajadores. Como dijo Trevor Bidelman, presidente de la rama 3G del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Panadería, Confitería, Tabaco y Molinos de Cereales y dirigente de la huelga en Kellog’s: “El futuro no está en venta”.

En el caso de Deere, los trabajadores son muy conscientes de los beneficios récord de la empresa y no les conmueve lo que supone un aumento salarial de un dólar por hora para la mayoría de ellos. Hace tiempo que los miembros se han autoorganizado en un grupo de Facebook llamado “Post 97”, es decir, trabajadores contratados después de 1997, cuyos salarios, “beneficios”, seguro médico en particular, y pensiones son peores. El contrato actual para la mayoría de los trabajadores “post-97” representaría un aumento de sólo 6 centavos de dólar sobre lo que ganaban los trabajadores “pre-97” hace 10 años. La propuesta de la empresa de reducir las pensiones de todos los nuevos contratados -creando una plantilla “post-21”- se enfrenta a una oposición moral acorde con el nuevo contexto económico, lo que ha llevado a muchos trabajadores a plantear una reivindicación central en la huelga: “¡No al tercer nivel! (tercer nivel de trabajadores).

Los trabajadores de John Deere están enfadados por las informaciones de los medios de comunicación que repetían lo que decía la empresa: que ganarían entre 60 y 70.000 dólares al año. Uno de ellos, que lleva más de diez años allí, muestra su nómina de 2020: menos de 40.000 dólares.

Las huelgas están a la orden del día

Pero un mercado laboral ajustado también supone un apalancamiento para los trabajadores. Al saber que son más difíciles de sustituir, los trabajadores individuales son más propensos a decir que no a sus jefes. En la actualidad, los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo al ritmo más alto de las últimas décadas, una de las medidas más precisas de su “poder” en el mercado laboral como individuos. Cuando los trabajadores están organizados colectivamente en sindicatos, la rigidez de los mercados laborales hace que haya una mayor disposición a enfrentarse a los empresarios en lo que respecta a las condiciones de empleo, en lugar de limitarse a buscar un contrato mejor en otro lugar. En otras palabras, las mismas fuerzas que hacen que el trabajo sea intolerable para muchos -sin suficientes trabajadores y con demasiado trabajo- están preparando al mismo tiempo a los trabajadores para luchar.

El fin de una movilización nacional (relacionada con la pandemia) también tiende a liberar las presiones acumuladas en el lugar de trabajo. Los trabajadores que soportan una reducción salarial o unas condiciones de trabajo estresantes durante una emergencia esperan que algo cambie después. Como ha observado recientemente Harold Meyerson, en los años 1919 y 1945-1946, es decir, al final de las guerras mundiales, hubo oleadas de huelgas masivas. En el ciclo 1945-1946, en el que más del 10 por ciento de los trabajadores fueron a la huelga, se produjeron acontecimientos que podrían calificarse de huelgas generales en Stamford (Connecticut), Lancaster (Pensilvania), Rochester (Nueva York), Pittsburgh (Pensilvania) y Oakland (California).

La válvula de activación que puede estar abriéndose permite el inicio de una expansión de la actividad sindical prepandémica. La generación anterior a la crisis de 2008 se caracterizó por el estancamiento salarial a largo plazo y la disminución de la participación del trabajo en la renta nacional. La recuperación de las recesiones de los años ochenta, noventa y 2000 ha sido más larga que en años anteriores. Un gran número de trabajadores sigue atrapado en el subempleo permanente o en la inactividad. Estas tendencias culminaron en la Gran Recesión (que comenzó en 2007) y su agonizantemente larga recuperación. Pero el desempleo finalmente cayó por debajo del 4 por ciento en 2018, y tanto ese año como el siguiente se produjo un notable aumento de la actividad huelguística -incluida una oleada masiva de huelgas de profesores-, ya que los “mercados laborales” finalmente se recuperaron de la devastación de la crisis financiera de 2008; los salarios de los profesores, sin embargo, no.

En cuanto a la actividad huelguística, la actual oleada en el sector privado está retomando el camino donde lo dejaron los profesores, tras un interludio de relativa inacción en el momento álgido de la pandemia. En 2020, además, los profesores fueron el primer grupo importante de trabajadores que se negó a aceptar las condiciones impuestas por la patronal para la reapertura del centro de trabajo. Es difícil imaginar a los profesores resistiendo la vuelta al trabajo en condiciones peligrosas tanto como lo hicieron sin la ola nacional de huelgas de profesores militantes de los dos años anteriores. Esta resistencia se ha extendido por toda la economía, tanto de forma organizada como individual.

Hoy en día, la resistencia económica de los trabajadores -ya sea a través de huelgas organizadas o mediante el rechazo de trabajos peligrosos, mal pagados y poco atractivos- está en la agenda política. Muchas de las iniciativas sociopolíticas contenidas en la propuesta presupuestaria de los demócratas, de 3,5 billones de dólares, perseguirían los mismos objetivos que las acciones de los trabajadores, pero en el ámbito de la política social. Las subvenciones propuestas para la asistencia sanitaria a domicilio y el cuidado de los niños, el crédito fiscal por hijos, la ampliación de Medicaid, seguro médico para personas de bajos ingresos, y las inversiones en vivienda y energía verde apoyarían indirectamente la posición de los trabajadores en el “mercado laboral”. El gobierno federal reforzaría la posición negociadora de los trabajadores, ya sea aumentando la demanda de mano de obra o aliviando algunas de las caricaturescas presiones sociales que han obligado a los trabajadores a aceptar las condiciones que les ofrecen los empresarios. Cuando el senador Joe Manchin advierte del peligro de convertirse en una “sociedad de derechos”, está argumentando contra el cambio de poder en el mercado laboral que tales medidas políticas contribuyen a garantizar.

La estabilidad política necesita sindicatos bien domesticados

La mayor interacción entre los conflictos industriales y políticos marca una ruptura con la historia reciente. Durante la mayor parte de la última generación, incluso las acciones industriales militantes a menudo tenían poco significado político explícito. Una huelga importante como la de UPS en 1997 o la de Verizon en 2016 se tradujo en ganancias para los trabajadores, pero estos acontecimientos siguieron siendo cuestiones económicas. Los políticos pueden sentirse obligados a comentarlos -como hizo el ex presidente Bill Clinton en la huelga de UPS-, pero estos conflictos no plantearon ni resolvieron ninguna cuestión política más amplia sobre las relaciones de poder de clase.

En los últimos años, varios demócratas de la corriente principal han llegado a aceptar lo que solía ser un argumento de la izquierda: que el aumento de la desigualdad social y la disminución de la seguridad económica de la clase trabajadora son la causa última de la desestabilización de la democracia estadounidense y deben ser abordados de frente. La posición declarada del gobierno de Biden es que “la disminución de la densidad sindical ha… debilitado nuestra democracia”.

Cuando los trabajadores organizados son más fuertes, el descontento generalizado adopta una forma más coordinada. Con mayores niveles de sindicalización, la combatividad de los trabajadores organizados genera una presión concentrada en las empresas objetivo y desencadena la discordia en la patronal. Algunos empresarios comienzan a agitarse y tratan de aplacar a los trabajadores aceptando reformas sociales progresistas, mientras que otros insisten en mantener su posición. Los que están atrapados en el medio -como algunos trabajadores de Deere- pueden sentir una gran simpatía por los huelguistas mientras se ven obligados a trabajar durante la huelga a pesar de la grave falta de competencias laborales.

En la actualidad, el bajo nivel de organización de los trabajadores -el reducido tamaño de la mano de obra sindicalizada en comparación con una masa enfadada pero dispersa- hace más difícil crear una disidencia con tintes políticos entre la patronal. En los piquetes y en el Capitolio se pone a prueba la capacidad política de un pequeño movimiento obrero. Cuantos más logros concretos consigan los trabajadores en uno u otro ámbito, más verán los beneficios de la unidad los millones de trabajadores no sindicados.

El presidente Joe Biden se presenta como el campeón de los trabajadores y trabajadoras, aspirando a ser “el presidente más pro-sindical que jamás se haya visto”. Días antes de lanzar su campaña presidencial (utilizando un salón sindical de Pittsburgh como escenario), Biden apareció en el piquete de una de las principales huelgas de 2019, frente a la cadena de supermercados Stop & Shop. Recientemente, ante empresas con dificultades para contratar personal, el presidente dijo: “Págueles más”.

Pero cuando se le pidió que tomara partido, mantuvo la neutralidad oficial, citando su secretario de prensa “razones legales” no especificadas. El viernes 15 de octubre, al ser preguntado por la huelga de John Deere, dijo, obviamente: “Tienen derecho a la huelga. Tienen derecho a exigir salarios más altos… No voy a entrar en negociaciones”.

El gobierno ha permitido que expiren disposiciones clave en favor de los trabajadores en la legislación de rescate, como los subsidios para COBRA, que proporciona ayuda condicional para los planes de salud, que son particularmente cruciales para los trabajadores en huelga cuyos empresarios han cortado el seguro de salud. Los trabajadores de Allegheny Technologies Inc, miembros del sindicato United Steelworkers, que han estado en huelga durante cinco meses este año, pudieron beneficiarse del plan COBRA subvencionado por el gobierno federal. Los miembros de la UAW actualmente en huelga en John Deere, cuya empresa planea eliminar su seguro médico para el 27 de octubre, no se beneficiarán. Sin embargo, podrían beneficiarse de otras subvenciones, incluidos los planes de Obamacare fuertemente subvencionados, aunque esto implicaría un cambio de plan de salud y, potencialmente, de red médica.

En última instancia, tras estas huelgas, se plantea la cuestión de si se puede obligar a los trabajadores de Estados Unidos a volver a las condiciones sancionadoras del mercado laboral de la pandemia y de las décadas anteriores a la pandemia, condiciones que hicieron que los efectos de la pandemia fueran tan brutales en los lugares de trabajo, inseguros y desiguales. ¿Se conformarán los trabajadores no sindicados con salarios bajos y condiciones inseguras? ¿Seguirán los trabajadores sindicalizados ratificando contratos de dos niveles con crecientes concesiones a los empresarios? Cuando el trabajador “vuelva” a trabajar, ¿a qué tipo de economía volverá?

Jonah Furman y Gabriel Winant https://theintercept.com/2021/10/17/john-deere-strike-labor-market

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