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‘Nuestro hermano, García Caparrós, fue asesinado por la policía durante la transición’

García Caparrós, asesinado por la policía en 1977
El 4 de diciembre de 1977 miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades de Andalucía para reclamar su estatuto de autonomía. En Málaga las fuerzas policiales cargaron contra los manifestantes para impedir que se colgara la bandera andaluza en el edificio de la Diputación. En dichos incidentes, Manuel José García Caparrós, un joven de 19 años, militante de CCOO fue disparado. 40 años después su familia sigue tratando de descubrir quién fue el responsable tanto directo como político en aquellas cargas. Sus hermanas no se cansan de pedir información en el Congreso de los Diputados.

“Nuestro hermano se cruzó en una de aquellas balas y murió camino del hospital, ayudado por gente buena y un pueblo de Málaga, y toda Andalucía, que lloró la muerte de un sencillo y humilde trabajador de 19 años. Nuestro hermano fue así asesinado por la violencia policial”, señala una carta enviada a todos los grupos parlamentarios por Dolores y Purificación García Caparrós, hermanas del asesinado. “Exigimos que se abra de nuevo el caso de nuestro hermano y de aquellas muertes por violencia policial que se han dado en nuestra tierra y en otras tierras también”, añaden.

La familia “nos pide que no lo olvidemos, que ya es hora de acabar con el pacto de silencio”, apunta la diputada malagueña Eva García Sempere, aunque no aclara qué se refiere con eso del “pacto de silencio”. ¿Quién ha pactado el silencio?, ¿qué organizaciones?, ¿cuándo  se firmó ese pacto?

Los documentos cuyo contenido se desconocen son el informe elaborado por la comisión de investigación parlamentaria -denominada entonces Comisión de Encuesta- y tres días de las sesiones parlamentarias sobre este asunto. “No se suele contestar por qué no lo proporcionan, sino que te dicen que es lo que hay publicado y disponible. Lo que queremos es cuando se hicieron las entrevistas a las personas implicadas. Es lo interesante, no sabemos a quién se entrevistó ni qué se dijo”, señala la diputada.

“Queremos que haya una reparación, que se investigue qué pasó con mi hermano. Aquel 4 de diciembre alguien tuvo que dar la orden para que la policía disparara. No con balas de gomas sino con balas de las que matan. Por desgracia le tocó a él. Queremos que haya justicia y que esto salga a la luz”, explicó Purificación el viernes en el Congreso.

Su hermana recuerda que lo único que les dijeron aquel día que tienen grabado en la memoria es que García Caparrós había muerto por un accidente de coche. “A mi padre, cuando fue al hospital, le dijeron que había muerto por ese accidente y no le permitían reconocer el cadáver”, afirma. Hasta última hora, y tras mucha insistencia, el padre no pudo ver a su hijo comprobando que no había signos de accidente sino de disparos.

“De la investigación y los documentos que hay a nosotras nunca nos han dado una respuesta y jamás nos han dicho nada. Cuando se han ido a pedir siempre han estado perdidos o no existían. Estamos a 40 años exactamente como en el primer minuto, después de 40 años ya es hora de qué sepamos qué pasó aquel día”, insiste una de las hermanas. Dolores, por su parte, señala que fue mucho lo que se sufrió aquel día. “Se llevaron la vida de nuestros padres y también la nuestra”, afirma. “40 años mirando para otro lado creo que ya no es de justicia”, afirma.

Según Dolores, el caso de su hermano estuvo silenciado por completo casi 20 años. Hasta que no pasaron dos décadas la gente no empezó a preguntar. Para tapar el crimen y acallar las bocas, en 2013 le nombraron “hijo predilecto de Andalucía”. Una verdadera tomadura de pelo.

En IU empiezan a decir ahora que durante la transición existió mucha impunidad: “Como ocurre con el caso Caparrós, había un encubrimiento de todo el aparato del Estado para que no se resolvieran” los crímenes. Lo que no dicen es que durante 40 años ellos han sido responsables de dicha impunidad.

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13 aniversario del 11-M: los atentados de Atocha fueron obra de la OTAN

Esta mañana el portavoz de la Asociación 11-M ha manifestado que los atentados de Madrid de 2004 fueron un “gran fracaso policial”. Lo manifestó Eulogio Paz, sucesor de Pilar Manjón al frente de la asociación, en el acto que ha tenido lugar en la estación de Atocha para recordar a las víctimas de la masacre del 11-M, de la cual se cumplen trece años.

La matanza de Atocha, en la que fueron asesinados casi 200 trabajadores, no fue obra ni de yihadistas ni de ETA, sino de los servicios secretos de la OTAN. Sólo pudieron ser obra de una organización de tipo militar capaz de movilizar grandes recursos.

El contexto en el que se produjeron es clave. Estaban a punto de celebrarse unas elecciones inminentes en las que se debatía si el PP ganaría con mayoría absoluta o no, pero sorprendentemente ganó el PSOE después de un montaje rocambolesco.

Exactamente lo mismo estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde también había elecciones y en donde los sondeos daban como vencedor a Kerry frente a Bush por 10 puntos; pero ganó Bush.

En aquel momento España participaba en la campaña de la OTAN contra Irak como consecuencia de unas armas de destrucción masiva que jamás aparecieron.

En plena jornada de reflexión, el día antes de las elecciones se produjeron manifestaciones y graves altercados en sedes del Partido Popular, especialmente en la Sede de la Calle Génova en Madrid, en una oscura campaña de desestabilización de las que luego se vieron varias por el mundo, supuestamente convocadas “espontáneamente” por mensajes de móviles.

Las 10 bombas fueron activadas por control remoto a través de sistemas de radiocomunicación, en vez de ser programadas de antemano mediante la función despertador de los teléfonos móviles, como afirma la versión oficial.

Los tres trenes estallaron mientras se encontraban parados en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia; el cuarto tren estalló fuera de Atocha, mientras esperaba la salida del primer tren. Los terroristas querían que las bombas estallaran dentro de las estaciones. Pero es extremadamente difícil obtener ese resultado mediante la simple programación previa de la hora de la explosión.

En la explicación que proporcionó al juez de instrucción, el jefe de los expertos en desactivación de bombas de Madrid menciona incluso el explosivo de uso militar C4. La policía había interceptado ese tipo de explosivo en manos de los agentes estadounidenses que trataban de introducirlo discretamente en la cumbre del G8 de junio de 2007.

Según el antiguo miembro de la inteligencia militar estadounidense Eric H. May, “la manera más simple de hacer un atentado bajo bandera falsa consiste en organizar un ejercicio militar que simule exactamente el atentado que se quiere cometer”. Al igual que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los del 7 de julio de 2005 en Londres, los atentados de Atocha coincidieron con un simulacro de ataque terrorista. Desde el día 4 de marzo hasta el día 10 del mismo mes de 2004, la OTAN estuvo realizando su ejercicio anual de gestión de crisis, llamado CMX 2004. Al día siguiente estallaron las bombas de verdad.

El escenario trazado aquel año por la OTAN era precisamente un gran ataque terrorista de Al-Qaeda en países occidentales. En España, participaron en el ejercicio la presidencia del gobierno, el ministerio de Defensa y el CNI, pero no se sabe si el ejercicio incluyó la realización de maniobras en la capital española ya que los datos sobre dichas maniobras son confidenciales.

En una de las pocas menciones de aquel simulacro aparecidas en la prensa, el diario español El Mundo escribía lo siguiente: “La similitud del ejemplo diseñado por la OTAN con lo sucedido en Madrid es escalofriante y ha impresionado a los diplomáticos, militares y servicios de inteligencia que participaron en el simulacro apenas horas antes”.

Dos días antes de los atentados, el 9 de marzo de 2004, aterrizó en el aeropuerto de Palma uno de los aviones clandestinos de la CIA, que despegó precipitadamente al día siguiente, el 12 de marzo. Era un Boeing 737, el más grande de todos los aviones utilizado en los vuelos secretos, el principal avión citado en el informe del Consejo de Europa de 2006.

A fecha de hoy lo único cierto sobre los atentados de Atocha es que estuvieron llenos de mentiras, de ocultación de pruebas y de presentación de otras falsas, algo que sólo está al alcance de una gigantesca organización criminal, tan grande como la OTAN.

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El papel de la mujer soviética en la Segunda Guerra Mundial


Mujeres soldado del 2º Batallón de la Muerte, en Moscú, 1917
 
Dos mujeres combatientes del Ejército Rojo


Mujeres combatientes con la ametralladora ligera Degtyaryov en la defensa de
Leningrado

 Mujeres artilleras en el puente de
Crimea, en la defensa de Moscú, 1941
Mujeres artilleras protegen la realización de los
trabajos agrícolas en una granja colectiva

Enfermera del Ejército Rojo en primera línea socorriendo a un herido
La tanquista Aleksandra Samusenko, en la Batalla de Kursk, 1943 
La francotiradora Evdokia Motina, condecorada, 1943
Academia de francotiradoras del Ejército Rojo, 1943-44
Marina Raskova, dirigente del 587 Ala de Combate y promotora del regimiento
aéreo femenino (‘Las Brujas de la Noche’)
Mujeres piloto del 586 Ala de Combate de la Defensa Aérea

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José Pio Tamayo, pionero del marxismo en Venezuela

José Pío Tamayo
Germán Saltrón Negretti

Fundador del Partido Comunista Cubano y pionero en divulgar el marxismo en Venezuela. El 4 de marzo de 1898, se cumplieron 119 años de su nacimiento, en el Tocuyo Estado Lara,  murió en la ciudad de Barquisimeto a los 37 años, luego de permanecer 7 años en prisión, durante la dictadura criminal y nefasta del General Juan Vicente Gómez. Emigra obligado en 1926, por causa de sus actividades conspiradoras contra el gobierno de Juan Vicente Gómez. Se traslada a Puerto Rico y luego a Nueva York, donde conspira con los opositores al general Gómez. Partió a La Habana, Cuba y participa en la fundación del Partido Comunista. Posteriormente, con algunos de los venezolanos antigomecistas participó activamente en la Liga Antiimperialista de las Américas, colaborando en la publicación El Libertador.

Es detenido en Panamá en 1925, por dirigir una huelga de inquilinos, siendo expulsado del país.  Logra regresar a su país el 1926, al conseguir una amnistía de Francisco Baptista Galindo, quien era Secretario de la Presidencia. En Caracas se incorpora como colaborador en la revista Élite y en el diario Mundial. Participa de la Semana del Estudiante de 1928. En el acto inaugural Pío Tamayo lee en el Teatro Municipal, un poema suyo titulado Homenaje y demanda del Indio, cuyo contenido fue calificado por Juan Vicente Gómez de conspirador, le cuesta la cárcel en la Rotunda y luego en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, junto con varios jóvenes estudiantes que participaron en la jornada. En prisión fundó «La Carpa Roja», un espacio para la formación política, el estudio y el debate donde les dicta clases de marxismo a los estudiantes.

Lo recuerda Fernando Key Sánchez, que en las bóvedas del Castillo Libertador de Puerto Cabello, entre de abril y noviembre de 1929, recibieron las primeras lecciones de marxismo dictadas por Pio Tamayo. En mayo de 1929, fue aprobada una reforma constitucional, la cual prohibió la propaganda comunista en todo el territorio nacional y a su vez, declarando «traidor a la Patria a todo aquel que practicara esa doctrina». Por presiones políticas de la sociedad venezolana, muchos jóvenes fueron liberados y enviados al exilio. Pio Tamayo permanece en prisión donde contrae tuberculosis, y en diciembre de 1934, le otorgan la libertad por su gravedad. Muere el 5 de octubre de 1935 en Barquisimeto.

Recuerdo que varios ilustres larenses, entre ellos Frank Ortiz, Yeo Cruz, Ramón Querales, Janette García Yépez, Pedro Rodríguez Rojas, entre otros, se reunieron en la sede de la Biblioteca Pío Tamayo, para crear una Cátedra que rescatara el pensamiento del luchador tocuyano, divulgar su obra y solicitar que sus restos ingresarán al panteón nacional. Dirigieron una carta al presidente Chávez. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en homenaje José Pio Tamayo el 15 de agosto de 2010 por unanimidad.

El diputado Fernando Soto Rojas leyó el acuerdo. Trascurrido seis años esperamos una respuesta positiva. Pio Tamayo es pionero del socialismo y líder de la generación del 28. Recuerdo que 1931, en la clandestinidad fue fundado el Partido Comunista de Venezuela y espero que también sea recordado para siempre, junto con el Presidente Hugo Chávez Frías como los promotores del Socialismo venezolano.

http://www.alainet.org/es/articulo/183937
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Martín Villa: de gobernador ‘radicalmente falangista’ de Barcelona a ministro de la ‘democracia’

Martín Villa: un fascista reconvertido
Pau Casanellas

En 1984, después de haber abandonado cualquier responsabilidad política, Rodolfo Martín Villa dejaba escrito en sus memorias que, poco antes de morir, el mismo Franco no percibía como necesaria la continuidad de las instituciones del régimen franquista, consciente de los grandes cambios que se producirían en España una vez él ya no estuviera. La atribución de la frase al dictador -absolutamente grotesca-, así como el sesgado relato de sus memorias, servían a Martín Villa para legitimar la propia trayectoria política durante el franquismo como una preparación de la transición y, a la vez, darle un sentido de continuidad con los cargos que ocupó en los primeros años de democracia parlamentaria.

Además de ser paradigmático de una operación de maquillaje muy común entre quienes tuvieron alguna cuota de poder -y alguna responsabilidad en el ejercicio de la represión- durante los últimos años del régimen, el caso de Martín Villa resulta especialmente cercano, ya que, durante el último año y medio de vida de Franco, Barcelona sufrió como gobernador civil (cargo que, como máxima autoridad gubernamental en la provincia, tenía bajo su responsabilidad la aplicación de la política de orden público) […]


Cuando, en mayo de 1974, Rodolfo Martín Villa llegó a Barcelona como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento (responsabilidades que eran ejercidas por la misma persona), ya hacía años que había dejado en el armario la camisa azul, pero no las ideas falangistas.

Su entrada a las estructuras del partido único del régimen se había producido -como era trayectoria natural de las generaciones de dirigentes franquistas que ya no habían hecho la guerra- a través del Frente de Juventudes, donde se integró muy joven para hacer olvidar la militancia izquierdista del padre. Con todo, esta elección temprana, en la que en alguna medida había podido influir la necesidad, pronto se convirtió en un compromiso convencido. Así lo demuestra su carrera política posterior, tanto dentro del Sindicato Español Estudiantil (el SEU, sindicato único estudiantil), del que fue jefe de Madrid y, después, jefe nacional (1962 a 1964), como de la Organización Sindical Española (el OSE, el sindicato vertical del régimen).

Sobre la etapa del SEU, a la que pertenecen las conocidas imágenes de Martín Villa con la camisa azul falangista, él mismo decía en 1971, en una entrevista: “Mi formación en el SEU y sus instituciones hace que me considere, cualquiera sea ​​la consideración legal que se otorgue a la Falange, como un hombre radicalmente falangista, con el orgullo de quien atribuye a la Falange lo que es más positivo y avanzado del Régimen nacido el 18 de julio”.

Teniendo presentes estas palabras, se entiende perfectamente que en aquellos mismos años no tuviera ningún inconveniente en ser fotografiado -como se puede comprobar en más de una entrevista- junto al retrato de José Antonio Primo de Rivera que tenía colgado tanto en el despacho como en el domicilio familiar.

Tras el paso por el SEU, José Solís le apadrinó dentro del sindicato vertical, en el marco del cual ejerció varios cargos. Entre ellos, el de delegado provincial de Sindicatos de Barcelona (1965-1966) -su primer aterrizaje en la provincia- y, más adelante, el de secretario general de la OSE (1969/73). No era poca, pues, la experiencia política que Martín Villa había acumulado con 39 años, cuando fue destinado por segunda vez en Barcelona.

La muerte en atentado de Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 propició que Carlos Arias Navarro asumiera la presidencia del gobierno. El nuevo jefe del consejo de ministros -cargo que Franco había ostentado hasta junio de 1973, momento del nombramiento de Carrero- pronto hizo público un programa etiquetado de “aperturista”, pero que en realidad tenía mucho de continuismo y poco voluntad de reforma (y nada, por supuesto, de pretensiones de cambio de régimen).

Martín Villa, el último de los diversos gobernadores civiles que designó el nuevo gobierno en los primeros meses de mandato, tenía que ser, pues, el hombre de la “apertura” en Barcelona. Y así ha sido a menudo caracterizado su mandato: como una etapa de relajación de los rígidos criterios imperantes en materia informativa y cultural.

Ciertamente, en consonancia con la línea impuesta desde Madrid, el gobernador promovió un mayor acceso a la información, pero de manera limitada y sólo en algunos ámbitos. En materias consideradas sensibles, como las noticias sobre la enfermedad de Franco o sobre el entonces príncipe Juan Carlos, Martín Villa ordenó una constante vigilancia y rigor. Asimismo, las publicaciones clandestinas sufrieron siempre un estricto control.

Una víctima especialmente representativa de este clima fue el periodista Josep Maria Huertas Claveria, sentenciado en agosto de 1975 a dos años de prisión -de los que finalmente cumplió ocho meses- por injurias al ejército, en un consejo de guerra en que el Gobierno Civil no ahorró informaciones para complementar la instrucción. En el ámbito cultural, a pesar de la autorización de algunos recitales de cantautores identificados con el antifranquismo -como el de Raimon en el Palacio de Deportes de Barcelona el 30 de octubre de 1975-, las autoridades provinciales mantuvieron actualizada una lista de artistas vetados, entre los que se encontraban, entre otros, Paco Ibáñez, Lluís Llach, Serrat o Jaume Sisa. Hubo una cierta “apertura”, pero muy limitada.

Respecto a la oposición, la política de Martín Villa apenas se diferenció de la tendencia general de endurecimiento de la represión, en un contexto de deslegitimación creciente del régimen y proliferación de luchas en todos los ámbitos. Fruto de esta situación, en reuniones internas del gobernador civil con altos cargos policiales incluso se previó, en caso de graves alteraciones del orden público, la militarización de determinados servicios públicos (como el metro), de sectores estratégicos (agua, gas, electricidad) o de la producción de alimentos básicos (como el pan), lo que evidencia la inquietud de las autoridades ante la eventualidcd de tener que afrontar situaciones de gran ingobernabilidad.

Un episodio concreto puede servir para ejemplificar el carácter de Martín Villa en este terreno. La noche del 30 de abril de 1975, dos personas fueron tiroteadas por la policía en Santa Coloma mientras repartían propaganda convocando a movilizarse durante el Primero de Mayo.


En protesta, cuatro asociaciones de vecinos de la ciudad enviaron un escrito al gobernador, el cual, en respuesta, les hizo llegar una carta en la que esgrimía el “derecho de autodefensa que asiste un miembro de las Fuerzas de Orden Público”. Curiosa autodefensa, convendría añadir, la que se ejerce a tiros frente al reparto de octavillas.

Pero si algo hay que denunciar especialmente del mandato de Martín Villa como gobernador civil de Barcelona, ​​es el auge que se produjo era las agresiones y atentados ultrafranquistas, especialmente a partir de la primavera de 1975. El entonces subjefe provincial del Movimiento, Antonio Casas Ferrer, ha sido acusado de haber ejercido no sólo de interlocutor, sino también de protector y animador de estos comandos. De lo que no cabe duda es que, más que “incontrolados”, eran simples marionetas de las autoridades: como revelaba un documento policial de noviembre de 1977 referido precisamente en la zona de Barcelona, las actividades de estos grupos eran controladas por la Jefatura Superior de Policía, que los tenía identificados a casi todos y que controlaba las actividades -específicos el informe- en un 80%.

Antes de vestirse -como hicieron tantos otros- la camisa de demócrata, Martín Villa aún ocuparía importantes responsabilidades políticas. Primero, dentro del gobierno formado inmediatamente después de la muerte de Franco -en la que Arias Navarro se mantuvo a la presidencia-, como ministro de Relaciones Sindicales. Luego, en el ejecutivo formado en julio de 1976 por Adolfo Suárez, como ministro de la Gobernación.


La victoria de la UCD en las elecciones de junio de 1977 permitió que se mantuviera prácticamente dos años más en el cargo, bajo la denominación de ministro del Interior. La continuidad en la violencia policial y, sobre todo, en cuanto a la “guerra sucia”, hacen pensar que, como mínimo, desde el ministerio no hubo ninguna voluntad de poner fin a este tipo de prácticas.

De hecho, poco antes de los comicios que sellarían definitivamente el fin de la dictadura, en sus últimas decisiones como integrante de un gobierno que no había sido refrendado por las urnas, Martín Villa situó dos hombres especialmente identificados con la represión en lugares clave del organigrama policial: José Sainz como subdirector general de Seguridad y Roberto Conesa como comisario general de Investigación.


Igualmente, para que no quedaran dudas de su apoyo a determinadas figuras, condecoró a dos de los máximos exponentes de las brutalidades del franquismo: por un lado, el mismo superagente Conesa, y, por otro, el policía Antonio González Pacheco, Billy Niño (medalla de oro y de plata, respectivamente, al mérito policial). Se trataba del último gesto de soberbia de un franquista -y falangista- convencido, reciclado en demócrata sólo por la fuerza de los acontecimientos.
Fuente: https://directa.cat/martin-villa-aquell-governador-radicalment-falangista-de-barcelona
 
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El criminal Franco acumuló una fortuna de 400 millones con su entramado corrupto

Juan Miguel Baquero
El dictador filtró para sí parte de las donaciones “a la causa nacional” en plena guerra civil y revendió 600 toneladas de café donado por Brasil a España en 1939. El general golpista tenía en agosto de 1940 una fortuna cercana a los 400 millones de euros y el “holding empresarial” de El Pardo acumuló sueldos, comisiones, regalos y gratificaciones para amasar su riqueza.

Franco era un corrupto que ejecutó mordidas desde la guerra civil. Un opresor que aflojó las cuentas públicas de España y estableció un entramado que desaguaba riqueza en su figura omnímoda. “Nuestra Cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”, dijo el dictador en un discurso (Lugo, 1942). Es el lado oscuro, e ilegal, de una fortuna que engordó en plena dictadura al calor de la corrupción sistémica del régimen franquista.

El perfil latrocínico del militar arranca a lo grande: se hizo con casi 400 millones de euros tras la “cruzada” contra la República. Queda en pañales la trama Gürtel y las cuentas en Suiza de Francisco Correa (18,6 millones) o Luis Bárcenas (47). Francisco Franco (El Ferrol, 4 de diciembre de 1892 – Madrid, 20 de noviembre de 1975) disfrutó cuatro décadas como Jefe de Estado para acumular donaciones, sueldos, regalos y comisiones.

Franco no perdió el tiempo. Arañó dinero recibido por los golpistas en pleno conflicto armado y revendió toneladas de café donadas por Brasil. A lo largo de su vida recibió innumerables “regalos”, caso del Pazo de Meirás o un todoterreno agasajo de Adolf Hitler. Todo era posible bajo su manto omnipotente. Como lo era la gratificación mensual de 10.000 pesetas que recibía de la compañía Telefónica.

“Franco se consideraba el Estado, España. Necesitaba dinero y se apropió de él”, cuenta el historiador Ángel Viñas. A cuatro décadas de la muerte del dictador, el autor publica el libro La otra cara del caudillo (Crítica, 2015), una obra que da “un paso más en el continuo proceso de desmitificación de Franco”.

Tenía un plan y robó, para cumplirlo, una idea al propio Hitler: el Führerprinzip o mandato dictatorial como “fuente de Derecho”. Usaba “leyes reservadas” y ocultas al Boletín Oficial del Estado, disposiciones secretas que explotó “desde los años de la guerra civil hasta 1957”. Una “curiosa y desconocida costumbre de Franco” que solo conocían “aquellos privilegiados que se ocuparon de llevarlas a la práctica”, describe Viñas.

Por ahí filtró a su interés parte de las donaciones “a la causa nacional”. Las mordidas al apoyo económico a la rebelión militar contra la República inauguran en octubre del 36 la cuenta corrupta que vive un episodio de oro al final de la guerra con las 600 toneladas de café entregado por el dictador brasileño Getúlio Vargas. “Un regalo al Estado español” que Franco pasó a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes dependiente del Ministerio de Industria y Comercio “y cobró por adelantado su importe”, 7,5 millones de pesetas, que serían hoy unos 85,6 millones de euros.

Con una nómina en 1935 de 2.493 pesetas y de 50.000 como Jefe de Estado, la riqueza del militar llegó en agosto del año 40 a 34,3 millones de pesetas. Un capital “acumulado en diversas cuentas corrientes” que suponen cerca de 388 millones de euros. “Todo ‘ganado’ en cuatro años. No está mal para empezar”, subraya Viñas.

“Sin embargo, ha perdurado la convicción de que Franco era un hombre honesto y austero”, declara el hispanista Paul Preston. El dictador, “y su mujer”, recibían “regalos de varios tipos, desde medallas de oro a fincas y hasta automóviles de lujo”, enumera como “la punta de un iceberg colosal” que arranca en “su acceso particular a las suscripciones que se hicieron para sufragar el coste del esfuerzo bélico de los rebeldes militares”.

“La idea convencional del Franco sin afán de lucro ya no se sostiene”, aclara Preston. En su afán recaudatorio, el general golpista trazó negocios secretos y oscuros manejos de testaferros familiares. Era el “holding empresarial” forjado desde “la corte de El Pardo”, según desveló en Los Franco S.A. o Ricos por la guerra de España el periodista Mariano Sánchez Soler. Un patrimonio difícil de digerir a base de simples sueldos públicos.

El oficio continuó en plena dictadura. Franco “modificó su comportamiento” y había empresas que, “agradecidas por autorizaciones concedidas”, traspasaban “acciones gratuitamente”. El dictador, así, percibía “dividendos”, mordidas, porcentajes por negocios revueltos entre consejos de ministros y de administración. “La corrupción estaba en el ADN de la dictadura”, dice Viñas.

La imagen corrupta del general rebelde toma huella documental con la apertura a investigadores –año 2010– de los “papeles conservados” en la Fundación Nacional Francisco Franco. “Es claro que Régimen de Franco institucionalizó el pillaje a través de los castigos a los derrotados que algo tenían”, continúa Paul Preston. El soporte legal, la Ley de Responsabilidades Políticas, era “en esencia un mecanismo para justificar la expropiación masiva de los vencidos”.

La corrupción servía como pauta de control y la afición cinegética del general golpista, como oficina ambulante: “importantes sumas de dinero cambiaron de manos mientras los aspirantes a los favores de Franco promocionaban cacerías a fin de conseguir acceso a la fuente de patronazgo”, dice el hispanista.

“No se sabe mucho más” de lo publicado hasta ahora, confirma el historiador Francisco Espinosa. “Aquí no se conservan los archivos de los presidentes ni mucho menos de los dictadores”. Porque el enriquecimiento ilícito no quedó en el autócrata. El contubernio ilícito envolvía al régimen y derramó siempre sobre la oligarquía franquista, desde 1936 hasta la Transición.

Franco, corruptor y corrupto, cosió a la clase dirigente en la confusión premeditada entre lo público y lo privado. Y ése carácter sistémico brotaba en cualquier aspecto de la vida, con el estraperlo como gran ejemplo cotidiano: el comercio prohibido con artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento. Amén del tráfico de penicilina en el ámbito sanitario, el “trabajo esclavo” como inagotable fuente de recursos e incluso la “necesidad de recomendaciones para salvar la vida”, enumera el historiador José Luis Gutiérrez Molina.

El dictador lideraba la patria convertido en una suerte de gestor avanzado de puertas giratorias. Corrupción y desarrollo se dieron la mano para amasar patrimonios y consolidar el capitalismo español. Familias del régimen, cuenta Sánchez Soler, pobladas de “empresarios de fortuna, falangistas de clase media, funcionarios oportunistas, latifundistas de gatillo fácil, altos cargos a la búsqueda de multinacionales… unidos a la caza del dinero y entrenados en la autarquía de la posguerra para enriquecerse con el desarrollismo a partir de 1959”. Concluye Viñas: “si Franco se benefició personalmente de la victoria parece sensato que no pensara mal de quienes también lo hacían” bajo la tenaz sombra del franquismo.


Fuente: http://desmemoria.eldiario.es/fortuna-franco/
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¡Que viene el lobo!

En 1953 el franquismo publicó un decreto contra las “alimañas”, o sea, contra especies animales, aves y reptiles que hoy consideramos como merecedoras de protección, organizando en cada provincia una “junta de extinción” para exterminarlas. En sus 29 años de funcionamiento las Juntas mataron oficialmente a 4 millones de “alimañas”, entre ellas lobos, pero también zorros, águilas, linces, osos o búhos.

“Hay que exterminar al lobo”, titulaba en 1974 el diario fascista “Pueblo” porque -según decía- una loba había matado a dos niños en una aldea de Ourense. Aquel suceso desató el pánico. Los aldeanos llegaron a fabricar jaulas para resguardar a sus hijos de los depredadores mientras ellos se iban a trabajar al campo. Fue el último de una serie de episodios de histeria colectiva contra el lobo en Europa.

El exterminio fascista del lobo fue uno de sus tantos exterminios fallidos. Sólo cinco años después, en 1979, el Convenio de Berna, firmado por 47 países europeos, prohibió las matanzas de lobos. Hasta entonces se remuneraban las matanzas de este depredador; a partir de entonces lo que se remunera son las matanzas de ganado que los lobos llevan a cabo.

Aquella década del siglo pasado marca, pues, una frontera en la leyenda de las relaciones entre los hombres y los lobos. Entonces al lobo se le tenía por erradicado de Europa. Parecía el fin de un problema (porque el lobo era considerado así, como un problema).

Pero la desaparición de los lobos tiene orígenes mucho más remotos, que hay que buscar en la expansión del capitalismo en el campo. En Inglaterra fue exterminado a principios del siglo XVI, en Escocia en 1684 y en Irlanda en 1710. La explicación es más económica que biológica porque los ecosistemas también muestran una cierta dependencia del modo de producción. El exterminio de los lobos proporcionó al Reino Unido e Irlanda una ventaja competitiva en la cría de ganado ovino. Menos lobos suponían más ovejas y, por lo tanto, más lana.

Además, la necesidad de madera redujo drásticamente las zonas forestales, por lo que al lobo le quedaron muy pocos hábitats para subsistir. El animal lo tenía todo en contra. Competía con los cazadores y se le consideraba como una plaga porque, lo mismo que los perros, podía transmitir la rabia.

Finalmente, la escasez de herbívoros silvestres obligó a los lobos a nutrirse del ganado doméstico, otro motivo de competencia que estimuló aún más su exterminio. Su cabeza disecada es un trofeo “de guerra” que aún sigue adornando muchas viviendas. No obstante, las batidas (“monterías”) de lobos son un caso extraño en la historia porque desde el siglo XVI la caza estaba restrigida a la nobleza. Eran la única forma de caza autorizada a los pobres.

A medida que durante la desamortización los montes se privatizaron a comienzos del siglo XIX, sobre ellos se crearon los primeros cotos de caza, propiedades en manos de la aristocracia. Las “alimañas” depredaban las poblaciones de interés cinegético (conejos, perdices, liebres, codornices, etc.) y el Estado se puso al servicio de su clase, la de los propietarios de cotos privados, autorizando la caza de alimañas para favorecer la otra caza. El Estado ponía el dinero público al servicio de los intereses estrictamente privados de ganaderos y propietarios de cotos.

Es más, ellos eran los miembros que formaban parte de las “juntas de extinción”. A mediados del siglo XIX el lobo había desaparecido de la mayor parte de Europa occidental. En Suiza, el último fue abatido en 1872. Por aquella misma época desapareció también de Bélgica y Alemania, después de haberse refugiado en los bosques de las regiones de las Ardenas y Renania.

En Francia el exterminio fue sistemático. El último fue tiroteado en 1937, aunque con cierta regularidad solían aparecer ejemplares muertos.

El depredador se mantuvo en aquellos países en los que el feudalismo perduró durante más tiempo, en Europa central, oriental y en el sur, donde el desarrollo industrial fue más débil o más tardío. En esas regiones los lobos se mantuvieron hasta el siglo XX, aunque las poblaciones decrecieron de manera ostensible.

La Ley de Caza de 1879 fomentó el envenenamiento masivo de los municipios durante días. Para evitar intoxicaciones accidentales se daban a conocer a los vecinos a través de bandos municipales. En el siglo siguiente la estricnina se hizo famosa en las zonas rurales.

Los lobos fueron perseguidos por los alimañeros, que se ganaban la vida “limpiando” los montes de lobos con lazos, cepos, trampas, jaulas y veneno. Eran una especie de “cazarrecompensas”, un oficio rural que se prolongó hasta bien entrada ya la década de los setenta del siglo pasado.

La Ley de Caza de 1970 siguió con la costumbre ancestral de subvencionar las matanzas de lobos. En las zonas rurales, que eran la mayor parte de la península, también había muchos aficionados que paliaban el hambre y la miseria con matanzas de todo tipo de animales y aves silvestres. El precio variaba en razón de la pieza. El lince se pagaba a 4 pesetas, mientras que el lobo estaba mucho mejor remunerado: entre 700 pesetas el macho y 1.000 pesetas la hembra.

En España, que había tenido las más importantes manadas de lobos, sobrevivieron unos 500 ejemplares. El último censo fiable, que data de 1988, estimó una población de entre 1.500 y 2.000 ejemplares arrinconados en las sierras del noroeste, principalmente en Zamora y León.

Pero el lobo ha vuelto como consecuencia de varios factores económicos. Los seres humanos han abandonado los montes y campos. La agricultura y la ganadería están en retroceso y el bosque se está recuperando. Gracias a ello las poblaciones de lobos se están incrementando a un ritmo del 17 por ciento anual.

Vienen del este de Europa a través de Polonia y se establecen en los países más industrializados como Alemania, Holanda o Francia. En diciembre de 2012, se descubrió una manada con cachorros procedentes de Europa del este a unos veinte kilómetros al sur de Berlín.

En Francia en noviembre de 1992 se observó por primera vez el regreso de los lobos a los Alpes. Eran ejemplares procedentes de una población italiana originaria de Génova, Florencia y Bolonia. Las manadas están repartidas en 29 regiones diferentes del país galo.

El lobo ha vuelto, además, como un problema político. En primer lugar, porque el Convenio de Berna no lo considera como una especie en vías de expansión, sino de extinción, y prohíbe las matanzas. En segundo lugar, a los ganaderos se les indemniza por las pérdidas de ganado que los lobos causan. La Generalitat de Cataluña paga 95 euros por un cordero de menos de un año y 2.150 euros por una vaca adulta. En algunos países también se habilitan fondos para la adquisición de mastines y el tendido de cercados eléctricos.

Un siglo después de su desaparición se han vuelto a ver lobos en Cataluña. Proceden de los Abruzzos italianos y se han empezado a asentar en el Pirineo, después de haber atravesado los Alpes en una emigración que ha durado dos décadas. En 2011 se acercaron a 40 kilómetros del centro de Barcelona. El número de cabezas de ganado que han matado se aproxima al centenar.

Los lobos constituyen un peligro para las ovejas, cabras, jabalíes, ciervos y venados. En las zonas afectadas por su regreso, para proteger a su cabaña los ganaderos tienen que tomar medidas que tenían olvidadas, porque desde hace décadas ni cercan el ganado por las noches, ni utilizan mastines para su cuidado.

El retorno ha reavivado las tensiones con los ganaderos, que algunos sitios han vuelto a las matanzas. En Europa han causado la muerte de 5.848 cabezas de ganado. En Castilla y León los lobos mataron en 2007 a 1.296 reses y al año siguiente a 2.859. El año pasado [2012] su depredación costó casi 12 millones de euros en ayudas públicas y compensación de pérdidas.

Por el contrario, el lobo no representa ningún peligro para los seres humanos. Huye ante su presencia. Sin embargo, inspiran un miedo ancestral que está presente en los relatos fantásticos de terror, como el del “hombre-lobo” o el lobo feroz del cuento de Caperucita Roja.

El año pasado [2012] el diario “La Opinión” de Coruña (24 de marzo) dejaba constancia de la reaparición de los lobos en los montes de Galicia, a los que calificaban como “no autóctonos”. Algunos aldeanos decían haber visto sueltas de lobos criados por el hombre. El reportaje también ponía de manifiesto el clima de miedo. Según los vecinos, los nuevos lobos se comportan de manera diferente a los que había hace años, por lo que en algunas aldeas los denominan “lobos mixtos”. Los lobos autóctonos, “genuinamente gallegos”, se han criado en el monte, en libertad, no son tan agresivos hacia los perros de caza ni hacia las personas y es muy raro que se acercaran a una zona poblada. Por el contrario, los lobos avistados en los últimos años se acercan a menos de 200 metros de las casas y a los contenedores en busca de comida.

En mayo del año pasado [2012] la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara informó de que los lobos habían reaparecido en la provincia, registrando tres ataques en la zona de Atienza, en los que mataron a más de diez ovejas. Luego, en octubre “El País” saludaba el retorno de los lobos a la sierra de Guadarrama, a 100 kilómetros de Madrid, y los calificaba como “ibéricos”. Los lobos, decía el periódico, habían llegado para quedarse.

Antes la frontera del lobo llegaba al río Duero; ahora está en Madrid. Es una especie en vías de expansión, por lo que volverán los alimañeros. En Asturias ya han vuelto a autorizar la caza del lobo en el parque de Picos de Europa.

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Los ataques fascistas contra las librerías durante la transición

¡ Muera la inteligencia !
A lo largo de la transición las librerías de las ciudades españolas fueron testigo de una escalada de agresiones sin precedentes por parte de grupos fascistas apoyados por los aparatos represivos del Estado, dentro de una «estrategia de la tesión» destinada a sembrar el pánico y paralizar el movimiento de masas.

El 6 de mayo de 1976 el diario El País titulaba una noticia: «Un centenar de atentados a librerías españolas». Unos días más tarde titulaba otra: «Una librería asaltada cada dos semanas». Nada menos que 33 establecimientos habían sido destrozados en los últimos dieciseis meses después de la muerte de Franco. La prensa de la época hablaba de «ola», «espiral» o «escalada» y el período que se extiende desde la muerte de Franco fue calificado como una «etapa negra» para los libreros. Las cifras utilizadas ascienden a 200 establecimientos afectados.

Algunas librerías son objeto de ataques en varias ocasiones, así como de intimidaciones de diverso grado, convirtiéndose en víctimas múltiples. La librería Tres i Quatre de Valencia ostenta un récord: el número de ataques fascistas más alto de Europa. A finales de 1976 había sufrido siete atentados. Otra librería, Pórtico, de Zaragoza, era veterana en agresiones: tuvo su primer ataque en 1946 y tres décadas después acumulaba ya cinco en pocos meses. La dos librerías Antonio Machado, tanto la de Sevilla como la de Madrid, también fueron atacadas en muchas ocasiones por los fascistas.

La librería Rafael Alberti de Madrid padeció cinco ataques. A finales de abril de 1976 provocó la cólera de los fascistas tras organizar un acto en el que el cantaor Manuel Gerena firmó sus obras. Primero les enviaron un anónimo: «Lo de Manuel Gerena ha colmado nuestra paciencia. Pronto os visitaremos». Ese primer anónimo se saldó con dos atentados el 30 de abril y el 8 de junio, que destruyeron completamente la librería siete meses después. En el primero utilizaron piedras para romper las lunas, que luego sustituyeron por un bloque de hormigón traido de alguna obra cercana, dada la ineficacia de las piedras. El bloque de hormigón, ante la resistencia de las lunas, tampoco fue eficaz, por lo que utilizaron las pistolas. Se identificaron cinco disparos que consiguieron perforar una de las cinco láminas de las lunas. Luego utilizaron una barra puntiaguda y un martillo. La finalidad era hacer un agujero para introducir una carga explosiva.

La librería fue víctima de dos atentados más. El 9 de julio los fascistas pintaron las paredes de la librería con varias cruces gamadas y una amenaza: «Volveremos». Finalmente estuvieron a punto de perforar con un punzón la luna antibalas. 


Tras nuevas amenazas de muerte contra el propietario el 14 de octubre y el 6 de noviembre, la librería fue objeto de un incendio. Para ello introdujeron gasolina bajo la puerta y prendieron fuego después.

Los ataques violentos sólo eran la punta de un iceberg. Además las librerías, revistas y periódicos debían hacer frente a los controles de la censura y a los riesgos de secuestros y de multas que la todavía vigente Ley de Prensa de 1966 albergaba.

Durante la transición los libreros fueron amenazados  permanentemente. Los fascistas les intimidaron y llenaron sus escaparates de pintadas. La amenaza iba a menudo acompañada de pintadas y el cóctel molotov era avalado por la presencia de cruces gamadas.

Los fascistas justificaban sus crímenes por la presencia en todas las librerías españolas de autores marxistas y progresistas en detrimento de los títulos de los escritores reaccionarios como Menéndez Pelayo, Maeztu, José Antonio y Onésimo Redondo.

En noviembre de 1971 se produjo el primero de los ataques, dirigido contra la librería «Cinc d’Oros» de Barcelona. En esta ocasión varios cócteles Molotov contra los escaparates del establecimiento provocaron un incendio ocasionando la destrucción de libros pero también de una reproducción del «Guernica» de Picasso.

En febrero de 1972 un segundo ataque esta vez contra la librería «Antonio Machado» de Madrid ocasionó el destrozo de las lunas de los escaparates y una serie de pintadas insultantes.

A partir de mayo de 1973 las acciones violentas comenzaron a extenderse a otros centros de interés relacionados con la cultura como revistas, editoriales y distribuidoras. Así, «El Ciervo» (1973), «Nova Terra» (1973), y «Enlace» (3 de julio de 1974) respectivamente, fueron objeto de incendios con consecuencias cada vez mayores.

En la madrugada del 14 de octubre de 1975 explotó una bomba en la sede de la editorial Ruedo Ibérico de París. El atentado no constituía un acto aislado contra editoriales en Francia ya que otras empresas habían sufrido la misma suerte: la editorial vasca de Hendaya Mugalde en dos ocasiones, en abril y mayo; la librería «Naparra» en Biarritz, y en París, las Ediciones Ebro.

Tras la muerte de Franco, 1976 fue el año el más intenso en acciones terroristas. De mayo a diciembre se produjeron 55 atentados a librerías, frente a 25 durante los meses de enero a junio del año 1977. Se trataba del envío de anónimos, amenazas verbales, llamadas telefónicas anunciando estallidos de artefactos, incendios provocados, ráfagas de metralleta, lanzamiento de botes de tinta y colocación de cargas explosivas, cuando no utilizan los excrementos para embadurnar los escaparates de las librerías.

El alcance de los ataques a las libdrerías queda claro en el siguiente telegrama de 1976, firmado por 27 librerías madrileñas y dirigido a los libreros afectados: «Frente actual escalada violencia extrema derecha, que alcanza a todos los pueblos de la Península, enviamos mensaje solidaridad y hacemos constar indignación ante impunidad de los hechos».

Es otra de las constantes que aparece siempre en el terror fascista de la transición: la impunidad de los criminales. La policía se cruza de brazos y los periódicos se limitan a utilizar términos tales como «unos desconocidos» o «incontrolados».

Sólo hubo una detención, que correspondió al incendio de la ya mencionada librería «Rafael Alberti» de Madrid. Sus autores fueron José Alberto García, Alfonso Moreno, Ricardo Manteca y Francisco José Alemany. Eran los mismos que el 5 de noviembre de 1971 destruyeron la galería de arte Theo, comprendidas una serie de litografías de Pablo Picasso. Aunque la prensa reveló entonces la identidad de los fascistas, en ningún momento establecieron sus vínculos con los servicios de información del franquismo, de la Guardia Civil, del Estado Mayor y de la Presidencia del Gobierno. Sus autores eran agentes de la policía de Madrid: Francisco José Alemany había sido informador de la policía en la universidad y Ricardo Manteca era un asalariado de la Dirección General de Seguridad. La ultraderecha siempre estuvo muy bien controlada.

La impunidad estuvo rodeada de una constelación absurda de siglas que fueron otras tantas cortinas de humo. En cuatro ocasiones la autoría la reivindica un supuesto «Comando Adolfo Hitler». Otra referencia que aparece con cierta frecuencia en los artículos de opinión es la de los Guerrilleros de Cristo Rey y las siglas GAS pertenecientes a los Grupos de Acción Sindical.

Las compañías de seguros se negaron a pagar los destrozos provocados y a cubrir el coste de las reparaciones por el carácter extraordinario de los daños, por lo que la indemnización recaía en el Consorcio de Reasegurados, compañía estatal dependiente del Ministerio de Hacienda que cobraba el 15 por ciento correspondiente a las primas de los seguros normales.


Ahora bien, para que tales indemnizaciones fueran acordadas era necesario un certificado de la policía como prueba del carácter político de los actos violentos cometidos. La condición previa al pago era que los culpables hubieran sido detenidos y condenados por un juez, lo cual no existió nunca tras alguno de los cientos de atentados.

Los ataques a las librerías nunca han cesado. En 1980 los fascistas volvieron a atacar la librería La Oveja Negra en el barrio de Quintana, en Madrid, que ya había sido atacada cuatro años antes. Unos quince o veinte fascistas armados con bates de béisbol y cadenas profirieron gritos de «¡Viva Cristo Rey!» y otros similares, arrojando una papelera a su interior y rompiendo las lunas. Uno de los cristales rotos hirió en la mano a una de las trabajadoras.

En 2005 se produjo otro ataque en Madrid cuando varias decenas de fascistas irrumpieron en la librería Crisol para reventar el acto de presentación del libro «Historia de las dos Españas», agrediendo violentamente a los asistentes y destrozando el local.

A los asistentes los fascistas les metieron panfletos en la boca, además de zarandear e intentar agredirles, entre gritos de “asesinos”, “genocidas”, patadas por doquier, y destrozos de las estanterías repletas de libros.

Uno de los atacantes era un sargento en activo del Ejército de Tierra. Todos ellos eran miembros de Falange Española.

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La gran batalla de As Encrobas de 1977

Henrique Mariño

Usted no sólo está viendo un paraguas entre tricornios. Tampoco una mujer en mandilón que se bate en duelo con los capotes de la Guardia Civil. Agudice la vista y desgrane la foto de Xosé Castro. Quizá advierta los cañones de los mosquetones y los cetmes, pero tampoco se trata de eso. Es la tierra que se rebela contra el expolio, que tanto puede adquirir la forma de una excavadora ciclópea, como de un encorbatado señor con maletín. Son todas las gallegas —es decir, todas las mujeres del mundo— defendiendo a su matria. Hay otras Galicias posibles, pero también están en esta. Ahora ya puede girar la vista y observar el coro: “A terra é nosa, e non de Fenosa”. Un grito plural, declinado en femenino.

As Encrobas, 1977. Mil almas que viven del campo, ajenas a la crisis del petróleo: la OPEP cierra el grifo y Occidente tiembla al observar cómo se encarece el crudo. Franco, que había anegado valles y pueblos con sus embalses, concede créditos y exenciones fiscales a las empresas que inviertan en el sector minero. Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. —Fenosa, la eléctrica de Pedro Barrié de la Maza, propietario del Banco Pastor y adepto al régimen— echa la garra a una explotación de caolín que también escondía lignito pardo. La dictadura ha allanado el terreno a la eléctrica, que exprime las aguas de embalses como el de Belesar para obtener su preciado jugo. O sea, la luz, que paradójicamente aún no ilumina algunas aldeas afectadas por el desarrollismo inhumano.

Los ríos y la tierra son víctimas del hurto energético. Hágase la luz para que otras geografías, foráneas y lejos del alcance de la vista, puedan industrializarse. Galicia, ubre. Una tierra ordeñada día y noche para que otros beban su leche. Fenosa quiere el carbón del valle de As Encrobas y paga novecientos millones al concesionario de la mina para hacerse con el tesoro oculto. El franquismo engrasa su maquinaria para saciar al capital: aprueba un decreto de utilidad pública, declara el lugar de interés preferente y brinda a Lignitos de Meirama (Limeisa, filial de la eléctrica) la expropiación forzosa por la vía de urgencia. Las cifras son apabullantes: el yacimiento y la central térmica ocuparán novecientas hectáreas, de las que se extraerán cien millones de toneladas de lignito durante veinticinco años.

“¿Cómo se pudo hacer tanto daño para obtener un beneficio que se acabó tan pronto?”, se pregunta Maricarmen Rodríguez cuarenta años después. Cierra los ojos y sigue teniendo dieciséis, vive en la aldea de A Quintán y los suyos miman la tierra para que, a cambio del abono, les dé su fruto. Así ha sido siempre, y así sea para los siglos de los siglos. La ganadería y la agricultura ocupan los días de los vecinos, cuyo jornal se completa con las nóminas de algunos afortunados que trabajan fuera, en sectores como la construcción, o con las remesas de la emigración en Suiza. En esos casos, las mujeres suplen la ausencia de sus hombres: el hogar, los niños, los abuelos, las leiras, los animales, la vida. Cuando una se va, llega otra. Todo gira, sin más fricción que la muerte. Una existencia, como dicen ahora, sostenible.

Maricarmen abre los ojos. En su carné figura que tiene 56 años y se apellida Rodríguez, aunque para todos es Maricarmen de Hilario da Quintán. Hilario es la casa. Quintán es el lugar. Cuando un gallego habla de una casa, no se refiere a cuatro muros coronados por un tejado, sino a quienes viven dentro —del bisabuelo al nieto— y pastan fuera. La finca que pisan las bestias también es la casa, como casa son las vacas, seres tan sagrados aquí como en la India. Todas tienen nombre, sujeto a modas. Paloma, Rubia o Linda se llevan la palma. Hay quien las trata de igual a igual y, para ello, las humaniza desde la pila bautismal: Elvira, Anacleta, Renata… El santoral pop se ha ido introduciendo con el paso del tiempo en los establos, donde ahora hay Chenoas, Beyoncés y Shakiras. También encarnan la retranca o la subversión de sus dueños, pues los prados son compartidos por Leonores y Prestiges, Letizias y Nunca Máis.

Precisamente, la lucha de Maricarmen y los suyos es un precedente de las protestas populares contra el chapapote y, más recientemente, contra las preferentes. La unión y la solidaridad entre iguales hicieron la fuerza frente a la injusticia. Sin embargo, hay diferencias insalvables: los vecinos de As Encrobas defendieron lo suyo cuando el fantasma de Franco todavía aleteaba y las fuerzas de seguridad del Estado se empleaban con saña. Años antes, hubieran sido sometidos por los culatazos de los picoletos, pero supieron aprovechar las grietas de un sistema que se resquebrajaba para colar sus reivindicaciones, que no eran otras que permanecer allí donde habían habitado sus muertos. O, en su defecto, ser trasladados a un lugar de la región que gozase de las bondades de una tierra fértil, un idioma familiar y, aunque parezca mentira, un clima similar. Si el 70% de un ser humano es agua, el 70% de un gallego es lluvia.

La empresa, en cambio, ofreció por los terrenos expropiados una cantidad irrisoria —entre 50.000 y 80.000 pesetas por ferrado—, que fue rechazada. El cura y el alcalde de Cerceda —municipio enclavado entre A Coruña y Santiago, al que pertenece la parroquia de As Encrobas— trataron de mediar con los vecinos, pero su postura sólo beneficiaba a Limeisa y a los propietarios que vivían fuera y arrendaban las tierras a los lugareños. Los responsables de la empresa y los altos cargos de la Administración pensaban que aquello era pan comido, si bien los afectados se organizaron, montaron una comisión, comenzaron a reunirse tras la misa de los domingos y recabaron apoyos más allá de los marcos de sus fincas. La propuesta de irse con la aldea a otra parte —una exigencia, al margen de la compensación económica, reconocida por la jurisprudencia de la ley de expropiaciones— no era más que un ardid legal para obligar a negociar a Limeisa, cuyos directivos pensaban que podían comprarlos por un fajo de billetes. De hecho, la posibilidad de ser dispersados por varias comarcas de la provincia de A  Coruña fue declinada, pues la condición era trasladar a toda la comunidad a un mismo emplazamiento.

Ahora que está en boga el común, la tribu, la sororidad o lo hiperlocal, no deja de sorprender la petición de los encrobenses allá por 1977: “Para nosotros, el traslado tiene que ser de toda la población, es decir, de la comunidad […] Esto es lo que nosotros valoramos: el aspecto humano, social o comunitario, nuestras costumbres, nuestra forma de ayudarnos unos a otros en la época de cosecha y de la siembra, nuestras tradiciones, nuestros amigos e incluso nuestros muertos”, rezaba un comunicado publicado en la prensa. Nada que ver, lógicamente, con el tópico del gallego indeciso, desconfiado, individualista y seguro de puertas adentro.

O sea, pedían trasladar las casas. No los edificios, sino las gentes que los habitaban, su cultura, su idioma, sus vecinos y hasta la helada que humedecía sus botas. Si la casa es una unidad familiar con sus propiedades, la aldea es la suma de casas. Y todas las aldeas juntas conformaban una parroquia, As Encrobas, que corría el peligro de ser engullida por la corta. Entonces, había casi 250 familias, distribuidas en treinta aldeas. De aquellas 1.150 personas, sólo cuatrocientas siguen viviendo allí en la actualidad, si bien 350 están concentradas en dos aldeas. Eso significa que el resto es un páramo y que algunos lugares, como A Lousa, Burís y Gontón, fueron tragados por la mina. Hasta la iglesia de esta última aldea, construida en el siglo XII y reformada en 1720, tuvo que ser trasladada a Pontoxo después de que comenzase a agrietarse. Con ella, también se fue el cementerio.

Francisca Moar resistió en Gontón hasta hace cinco años, cuando se mudó al municipio limítrofe de Carral. Roza los ochenta y está viuda. “¡Y pensar que una parroquia tan buena como ésta se quedó sin gente ninguna…! ¡Porque aquí no había ni con quien hablar!”, comenta esta encrobesa mientras rememora las reuniones que mantenían no sólo en el atrio de la iglesia, sino también en el templo nocturno La Juventud. Así había bautizado su sala de fiestas Manuel Silveira, un aguerrido paisano y líder vecinal apodado Manolo O Costiñán. “Me murió el marido y me quedé sola con los hijos. Luego me quitaron hasta el agua, y no creas que se lamentaron de mí. Sentí una tristeza muy grande y vertí muchas lágrimas”, confiesa Francisca, a quien no le quedó otra que dejar atrás Gontón. “Hubo gente que murió de pena, porque eran personas muy mayores y no querían salir de aquí. Los jóvenes pronto hacen amistades en otras partes, pero los ancianos están siempre en casa y no conocen a nadie. Esa extrañeza la terminas pagando, porque la sangre se pudre con el disgusto”.

Antes de la diáspora, hubo guerra. Para hacer efectiva la expropiación, un representante de la empresa y otro del Estado —Jesús Hervada, ingeniero jefe de la sección de minas de la delegación coruñesa de Industria— tenían que poner un pie sobre el terreno. El primer intento, en mayo de 1976, fue aplazado después de las muestras de adhesión de la sociedad gallega y de su reflejo en la prensa. El segundo, en septiembre, se tradujo en unas conversaciones en las que intermediaron tanto el alcalde como un sargento de la Guardia Civil. En noviembre, diez agentes emplearon la fuerza para acceder al monte vecinal de Pau Rañón, pero el tercer intento resultó infructuoso, por lo que pidieron refuerzos al cuartel de A Coruña. El comandante al mando, tras dialogar con los afectados, desistió de su objetivo. Finalmente, en febrero de 1977, el despliegue policial desbordó a los parroquianos, pertrechados con hoces, varas y paraguas: frente a ellos, ochenta guardias civiles con capote, tricornio y fusiles de asalto, a los que habría que sumar otros tantos agentes de paisano pertenecientes a la brigadilla, o sea, al Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC).

Casi uno por vecino, si bien las fuerzas y las armas eran asimétricas. Además, los campesinos fueron desprovistos de sus aperos de labranza y los picoletos —llegados de los cuarteles de Ordes, Carral, Santiago, A Coruña y Santiago— sólo permitieron acceder al terreno a los propietarios. Desde primera hora de la mañana, los caminos habían sido tomados y los vecinos tuvieron que acceder monte a través para burlar el cordón policial. “Cerramos las puertas de casa y salimos todas hacia Pau Rañón, acompañadas por los hombres que no trabajaban fuera, por lo que muchos de ellos eran mayores. ¡Gente de edad, vaya por dios, que debía pararse cuando subía la cuesta para tomar aliento!”, recuerda Francisca. “Íbamos a pelearnos con gigantes y pasamos muchas calamidades”. A las diez y cuarto se produjo la primera carga. Las metralletas avanzan y las mujeres contienen la embestida. A sus espaldas, empujan los varones. “Mi padre tenía muchos años y llevaba un bastón, pero un guardia le dio una patada y ya nunca apareció. A él le dieron con un fusil en la espalda y lo tiraron al suelo y a mí, después de hacerme lo mismo, me arrastraron fuera del monte. También nos ponían en el pecho los cañones, que me provocaron marcas que tardaron en desaparecer. Yo sólo he visto la guerra en la televisión, pero aquello fue peor”.

Francisca afirma que las mujeres iban delante porque los hombres tenían más fuerza para empujarlas y hacer presión. Hay quien lo ha interpretado como una estrategia para que los agentes se emplearan con menos contundencia, aunque Maricarmen matiza que no fue premeditado, sino producto del aprendizaje. “Observamos lo que había pasado previamente y vimos que era más efectivo. Si un guardia civil tiene enfrente a un hombre, lo tumba de un culatazo. Para evitar reacciones violentas, nosotras fuimos primero, porque la cuestión era sobreponerse a sus embestidas y evitar que los detuvieran. Pero no fuimos escudos humanos, simplemente funcionaba mejor con nosotras al frente”, señala. Media hora después —cuando las agujas del reloj rondan las diez de una mañana desapacible de niebla, frío y lluvia— llega la segunda acometida y los labradores alzan sus paraguas y palos. Alguna anciana cae desfallecida, dos hombres son detenidos, los cetmes se repliegan. Es una danza macabra, adelante y atrás, que se va cobrando víctimas de uno de los bandos. A mediodía, un coche evacúa a un anciano inconsciente que sangra por la boca y Moncho Valcárcel, que desde entonces sería conocido como el cura de As Encrobas, es detenido. Según un testigo, el sacerdote de la parroquia de Sésamo e icono de la lucha campesina recibió una paliza tras golpear a un guardia civil al que le tiró el tricornio.

El periodista Manuel Rivas, que cubre el conflicto para la revista Teima, escribe: “La resistencia es fortísima: Disparen si quieren, disparen… Un hombre abre los brazos y se pone de espaldas”. Manolo de Hilario, el hermano de Maricarmen, también es arrestado. “Como cualquier cuerpo de seguridad, actuaba con contundencia. Digamos que llevaban a cabo su trabajo, y lo hacían bien. Después de horas peleando cuerpo a cuerpo, siempre había alguno que te pisaba, te empujaba o te pegaba con el arma. Las fuerzas estaban muy descompensadas y muchas veces nos contuvieron con rudeza”, explica la entonces vecina de Quintán, que se refiere a aquel 15 de febrero como “la gran batalla”. Rivas toma nota de las quejas de los vecinos: “Dicen que esto es para el desarrollo del país, pero ¿nosotros quiénes somos?, ¿qué desarrollo es éste? Otra vez el rico se va a hacer más rico y para el pobre… palos”. Otro tira de ironía: “Decían que la Guardia Civil está para detener a los ladrones, y resulta que ahora colaboran en esto, que es un auténtico robo de los ricos que ya son ricos a los que no tienen nada”. A la hora de comer no se come, aunque algunos guardias civiles han llevado bocadillos, señala el enviado de Teima, quien fija el final de la contienda cuando ya han dado las cinco de la tarde. Los vecinos no han cedido en ningún momento, por lo que los agentes, para doblegarlos, los han ido deteniendo uno a uno. “Por favor, recordad As Encrobas cuando veáis el interruptor de una bombilla, cuando os cobren los recibos de la luz”, pide Manuel Rivas al final de su reportaje.

Cuarenta vecinos son introducidos en un bus. Carmen de Xende, fallecida esta semana, trataba de animar a las detenidas. “Bueno, pues tampoco está tan mal. Nos sacan del monte, nos dejan cerca de casa y vamos a cuidar al ganado”. Sin embargo, el autocar no tomó el camino hacia sus hogares, sino hacia A Coruña. “Cuando pasó de largo, se nos cayó una nube encima y nos quedamos mudas”, recuerda Maricarmen, quien permaneció toda la noche en el patio del cuartel de Lonzas. “Los hombres fueron detenidos y algunos pasaron a disposición judicial, pero a nosotras no llegaron a filiarnos”. Como habían hecho en el monte horas antes, allí también tuvieron que encender fogatas para espantar el frío. La jornada no había terminado en tragedia de milagro:


– ¿Qué portan? —le preguntó el comandante a un secreta, según un testigo.
– Nada, comandante, sólo paraguas y bastones.
– Orden de descargar las armas.

“Menos mal que era una persona formada que había llegado de Madrid, porque si fuese uno de los jefes de los cuarteles de Ordes o Carral, que eran más brutos, habría muertos y heridos”, cree Xosé Castro Pepucho, el autor de las fotografías publicadas en La Voz de Galicia que inmortalizaron a las encrobenses. “El valor de las mujeres, a la vanguardia de la protesta, provocó la reacción de la ciudadanía. Si los hombres protagonizaran las fotos, no tendrían tanta repercusión, pero eran mujeres rebelándose contra la Guardia Civil en una época que para el cuerpo armado seguía siendo la dictadura. Es una historia femenina, porque ellos estaban en un segundo plano. Impidieron que se pisase el terreno y fueron las artífices de su defensa, enfrentándose con valentía a los agentes”.

Lo habían advertido un día antes, cuando cincuenta vecinas entregaron un comunicado, reproducido por El Ideal Gallego, al gobernador civil de A Coruña: “Como madres, esposas, hijas y hermanas, llamamos la atención de V.E. para que trate de evitar lo que puede ser una vergüenza para todos, de lo que nosotras no nos sentiríamos orgullosas, pero sí nos sentimos orgullosas de defender lo nuestro, con uñas y dientes, como lo defendieron nuestros hombres hasta ahora, evitando que los de Encrobas estuviéramos sin trabajo y comiendo de aquellas cuatro perras que nos daban”. Su lucha fue un ejemplo, según la profesora universitaria Nieves Herrero Pérez, autora de As Encrobas. Unha memoria expropiada (Novo Século), de “la capacidad de las mujeres de asumir y llevar a cabo tareas asignadas en exclusiva a los hombres”.

El reportero gráfico cree que son fotos irrepetibles, no sólo por el hecho en sí, sino también por la cercanía. “Tuve suerte de que no me golpeasen, porque estaba en medio del lío, entre las mujeres y la guardia civil, levantando el brazo y presionando el disparador”. Castro plasmó en imágenes otras protestas de la época, aunque asegura que la presencia de un fotógrafo no era bien vista ni por los manifestantes, ni por las fuerzas de seguridad. Las tomadas en As Encrobas amplificarían el eco de la causa, que pasó a la historia de las revueltas agrarias y supuso uno de los hitos del nacionalismo gallego, junto a Xove y Baldaio. Tanto Comisións Labregas como la Unión do Povo Galego (UPG) y la ANPG —embrión de lo que sería el Bloque— prestaron su músculo político, organizativo y propagandístico para conseguir, en el segundo caso, paralizar la construcción de una central nuclear y, en el tercero, poner fin a la extracción ilegal de áridos en la marisma ubicada en el municipio de Carballo. Pepucho estuvo en la marcha celebrada en mayo de 1976 en la capital de Bergantiños, que coincidió con el primer intento de ocupación de Pau Rañón, aunque no pudo captar una imagen que él todavía conserva en su retina. Prefirió proteger al reportero que lo acompañaba —Xosé Luis Vilela, hoy director de La Voz de Galicia— cuando estaba a punto de ser golpeado con un fusil por un guardia civil. “En vez de pensar en la cámara, grité: ¡Es periodista, es periodista! Él no resultó herido, pero yo perdí la foto de mi vida”.

La expropiación se ha consumado, pero las imágenes ponen en entredicho los modos de la empresa y la Administración, que se ven forzadas a sentarse a una mesa de negociación en el Gobierno Civil. “El movimiento estaba siendo capaz de erosionar o poner en duda la legitimidad de las autoridades públicas para ejercer el monopolio de la fuerza”, afirma el historiador Daniel Lanero en el artículo Comunidad rural, conflicto socioambiental y organizaciones políticas en la Galicia de la transición. El caso de As Encrobas, publicado en la revista HALAC. Porque, como subraya el autor, ya no era una protesta vecinal, sino un movimiento al que se habían sumado asociaciones, sindicatos, trabajadores, estudiantes y partidos de toda Galicia. La lista es ingente, pero va desde facultades hasta empleados del Banco Pastor, propietario de la mina. El arzobispo de Santiago, Ángel Suquía, recibió a la comisión y se solidarizó con la causa (“hago mío vuestro problema”), un apoyo que se extendió a decenas de curas. Los obreros que construían la central térmica se declararon en huelga y la llama prendió en institutos y centros de enseñanza. Así, Emilio Suárez, un adolescente que estudiaba en la Universidad Laboral de A Coruña, se convirtió en otro de los símbolos de la lucha tras fallecer electrocutado cuando colgaba una pancarta en solidaridad con As Encrobas. “El chico no tenía culpa de nada y murió por nosotros. Sentimos una pena grandísima y durante el funeral que le ofrecimos no paramos de llorar”, recuerda Francisca. Las manifestaciones que se sucedían en las ciudades eran reflejadas en la prensa, aunque la gran batalla trascendió las fronteras gallegas y sus imágenes llegaron a emitirse en televisiones extranjeras. Era un paso adelante, pero aún quedaban muchos que dar.

Las conversaciones se prolongan durante meses, hasta que en julio de 1977 se alcanza un acuerdo, que sería en parte incumplido. “Las mujeres no formaron parte de la comisión porque entonces era impensable que ellas fueran a negociar en el Gobierno Civil”, explica Emi Candal, cuya familia paterna vivía en A Lousa, donde todavía hoy quedan un puñado de casas aisladas entre la central térmica y el almacén de carbón. Sus propietarios siguen sufriendo los ruidos y el polvillo que desprende el lignito, sin que les ofrezcan una solución. “Además, ellas también quedaron excluidas de los empleos que Limeisa ofreció a los vecinos, algo incuestionable entonces porque no se les pasaba por la cabeza su papel como posibles trabajadoras”, añade Candal. “Incluso había debates en las casas sobre la función que debían desempeñar en la lucha y, a veces, iban a defender la tierra sin el consentimiento de los hombres. Tenían arranque, capacidad de decisión y mucho genio”, recuerda la también ayudante de producción del documental A ceo aberto, que le ha dado voz a las protagonistas. Mujeres que dejaban a sus hijos en la escuela unitaria y se echaban al monte, hasta que llegaba la hora de recogerlos y les decían a los guardias civiles: “Tenéis que dejarme marchar porque debo ir a buscar a los niños, o queréis que se queden solos a la salida del colegio”.

Sin embargo, no sólo las mujeres quedaron excluidas de los cuatrocientos puestos de trabajo que ofreció la empresa, sino también los hombres que se habían significado en la protesta. Es el caso del marido y los hijos de Francisca, que sería absuelta tras ser acusada de retener a trabajadores de Limeisa para exigir que se cumpliese lo acordado: “Nos cogieron tirria”. Maricarmen, sin perspectivas laborales, aprobó una oposición y emigró primero a Mallorca y luego a Madrid, hasta que pudo regresar a Coruña dieciséis años después, donde reside y trabaja como funcionaria. “Nos castigaron a unos cuantos y mi familia fue vetada por el director de la central, por lo que nos tuvimos que buscar la vida fuera. Fue un regalito envenenado del señor Francisco Rosado Aznar, quien decía que la comisión le había robado mucho dinero a Fenosa y no nos merecíamos trabajar en la mina. Es fue el pago que nos dieron por un compromiso con la parroquia que alguna gente nunca apreció”.

Xosé Bocixa, vecino de la desaparecida aldea de Gontón, tenía nueve años cuando estalló el conflicto, aunque con el paso del tiempo quiso hacer memoria. “No entendía muy bien lo que pasaba, hasta que de mayor fui consciente de lo sucedido. Entonces me planteé grabar un documental a modo de terapia para curarme de todo aquello”, explica el director de A ceo aberto, quien ya había criticado el expolio de su tierra al frente de Zënzar, una banda de rock de combate en la que ejerce como letrista y cantante. “Jugaron con la dignidad de las personas y decidí contar mi historia y mi verdad. Pese a las traiciones y miedos de algunos vecinos, siempre he pensado que la culpa fue del capital y del poder político que lo permitió”. Quedan fuera de su documental y de estas líneas un rosario de anécdotas que sólo conocen sus protagonistas, algunas de ellas tragicómicas. “La empresa enviaba emisarios para que visitasen a los parroquianos cuando caía la noche. Se presentaban ante sus casas portando maletines, con el objetivo de fomentar la desunión y desarmarnos”, explica Bocixa. Los líderes de la protesta contraatacaban disfrazándose con pelucas y barbas postizas. Aprovechando la falta de luz, llamaban a las puertas y tanteaban a los paisanos, quienes a veces respondían que ya habían pasado por allí otros señores. “A los periodistas también les llamaba la atención que Cesáreo Pena llevase a las reuniones en el Gobierno Civil un misterioso maletín. En realidad, escondía un transistor para que el abogado, que esperaba en un coche en el exterior, pudiese escuchar las conversaciones”.

Él ya ha fallecido, pero los miembros de la comisión que todavía viven, Manolo de Hilario y Antonio Bestilleiro, estarán presentes en la marcha de la memoria que recordará este domingo la lucha que tuvo lugar hace cuarenta años. También estarán Pepucho, Rivas, Francisca, Emi y las vecinas de As Encrobas, provistas de hoces, azadas y paraguas. “La mina se agotó hace años y ahora tienen que importar el carbón. ¡Todo la riqueza de una tierra echada a perder para conseguir tan poco! Porque el destrozo no se llevó a cabo para lograr un bien común y perdurable, sino para explotar un yacimiento con fecha de caducidad”, reflexiona Maricarmen, que vio cómo algunas personas —que habían dejado el valle por la ladera— fueron expropiadas por segunda vez. “Es como encender una cerilla, observar el chispazo, verla arder y nada más. ¿Mereció la pena romper una comunidad y estragar un valle para obtener a cambio tan poco?”, se pregunta. “Es cierto que la empresa dio trabajo y pagas, pero los empleados se jubilan y los mayores se mueren. Así, treinta años después, sus hijos, nietos y bisnietos no tienen nada. Ni tierra ni propiedades, cuando antes esa misma tierra había dado de comer generación tras generación”. La herida de la tierra ha sido cauterizada con el agua que cubre el hueco de la corta, convertida en un lago artificial. “Nosotras, en cambio, tenemos heridas que nunca se cerrarán”.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/conflicto-encrobas-lucha-mujeres.html

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El gobierno del PSOE colaboró con la dictadura militar argentina

¿Cuántas personas puede torturar, violar y asesinar un régimen cívico-militar en aproximadamente siete años? La dictadura argentina demostró que podía hacerlo con 30.000 almas. Lo consiguió a fuerza de tirar gente viva al mar, humillar sexualmente a mujeres y hombres o fusilar a jóvenes indefensos con un disparo en la nuca. Eso sí, después de obligarles a cavar su propia tumba. A comienzos de 1983, los gobiernos europeos eran plenamente conscientes de esas atrocidades. Pese a ello, hubo un presidente que permitió que se llegaran a acuerdos diplomáticos con los golpistas de Buenos Aires. Su nombre: Felipe González.

El gobierno que encabezó el socialista sevillano intercambió apoyos con la dictadura argentina en distintos organismos internacionales. Siguiendo la misma lógica que había aplicado su antecesor Adolfo Suárez, González no tuvo ningún reparo a la hora de recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para conseguir sillones en diferentes entidades. Las continuas denuncias que llegaban desde la embajada española en Buenos Aires no afectaron a este capítulo de las relaciones entre La Moncloa y la Casa Rosada, ocupada desde el 24 de marzo de 1976 por uno de los regímenes más sanguinarios que la historia de América Latina recuerde.

“Bien se puede hablar de denegación de justicia en Argentina y de demolición de los derechos humanos básicos de los detenidos y desaparecidos”, escribió el cónsul español en Buenos Aires, Mariano Vidal Tornes, en un informe catalogado como “secreto” que fue redactado el 28 de enero de 1983, casi dos meses después de que González asumiera como presidente en Madrid. “La justicia argentina, como en todos los regímenes dictatoriales, no es independiente: el nombramiento, promoción, fijación de haberes y hasta la misma seguridad física de los jueces, depende del Poder Ejecutivo que condiciona evidentemente la actuación de los mismos, que llegan por esta vía a altas cuotas de corrupción”, destacaba el funcionario.

En realidad, el entonces presidente González no necesitaba leer esos informes para confirmar lo que ya era una dramática evidencia: la dictadura había cometido atroces crímenes contra la población civil. Antes de acceder a La Moncloa, el líder del PSOE había apoyado distintos manifiestos en defensa de las libertades en Argentina. Cuando llegó a la Presidencia, prometió a las víctimas de origen español que seguiría dándoles su total apoyo, ahora desde el ámbito institucional.

“Ustedes saben que el Gobierno se ha solidarizado en todo momento con las familias de las víctimas de estos secuestros y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar al total esclarecimiento de los hechos. Tengan la seguridad de que seguiremos luchando en el mismo sentido, porque para los socialistas la defensa de los derechos humanos, ya sean individuales o colectivos, supone un objetivo universal”, respondió González a la presidenta de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina, Carmen Vidal de Fernández, en una carta fechada el 27 de abril de 1983.

Un día antes, el Ministerio de Exteriores español había hecho llegar una carta a la embajada argentina en Madrid, aunque no precisamente para reclamar por los desaparecidos. Según consta en un documento obtenido por este periódico, el gobierno solicitó a la dictadura de ese país que respaldase la nominación española a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La respuesta del régimen argentino llegaría tres meses después: el 22 de julio de 1983, la embajada del país sudamericano informó que sus diplomáticos apoyarían la postulación española, aunque no le resultaría gratuito: a cambio, Madrid tendría que apoyar “la candidatura argentina para el mismo cargo”.

El gobierno del PSOE volvería a pactar respaldos diplomáticos con la dictadura argentina en al menos otras cinco ocasiones. De nada valieron los continuos informes que llegaban desde la embajada en Buenos Aires, advirtiendo sobre la decisión del moribundo régimen -el 10 de diciembre de 1983 entregaría el poder al presidente Raúl Alfonsín, elegido en las urnas- de ocultar la información relativa a los cerca de 30.000 desaparecidos, incluyendo los alrededor de 700 de origen español.

Mientras la Junta Militar daba los últimos pasos para garantizar la impunidad de los asesinos y torturadores, el Ejecutivo liderado por González alcanzaba nuevos pactos en organismos internacionales. El 23 de abril de 1983 –cuatro días antes de que González le escribiese a la presidenta de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina- el ministerio de Exteriores había solicitado el voto favorable de la dictadura para acceder “a uno de los puestos del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Meteorología” (OMM) de cara a las elecciones que se iban a realizar en ese organismo al mes siguiente en Ginebra.

Según consta en el correspondiente documento, el candidato era Pedro González-Haba González, quien por entonces se desempeñaba como director del Instituto Español de Meteorología. “El gobierno español apreciará en alto grado el apoyo que ese gobierno conceda a dicha candidatura”, subrayaba la nota de Exteriores. Algunas semanas después, González-Haba conseguía acceder a ese cargo con el apoyo de 90 de los 146 países integrantes de la OMM.

España también recurrió a la dictadura argentina para postularse como sede del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sin embargo, la puesta en marcha de ese centro estaría repleta de dificultades y no se concretaría hasta 1987. Finalmente, la ciudad elegida para albergar sus instalaciones fue Trieste (Italia).

Del mismo modo, la diplomacia argentina también recurrió al gobierno de González para tratar de conquistar asientos en entidades internacionales. Para entonces, la Junta Militar sufría un amplio descrédito a nivel mundial, por lo que carecía de los suficientes aliados para lavar su imagen. Así y todo, las autoridades españolas –tal como ya había ocurrido durante el periodo de Suárez en La Moncloa- se mostraron extremadamente receptivas ante cada pedido de respaldo que se formulaba desde Buenos Aires.

Siguiendo la lógica del apoyo mutuo, el 23 de agosto de 1983 la dictadura se dirigió al ministerio de Exteriores español para hacerle saber que estaba dispuesta a canjear votos. En una nota identificada con el número 422, la embajada argentina ofrecía “el apoyo solicitado para la candidatura española en Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) en el entendimiento de que el Gobierno español apoye la candidatura argentina para ocupar la vacante en la Junta de Desarrollo Industrial durante la XXXVIII Asamblea de la ONU”.

Una semana después, el ministro de Exteriores en el gobierno del PSOE, Fernando Morán, recibía una nota de su embajador en Argentina, Manuel Alabart. En ese cable cifrado, el diplomático daba detalles sobre la reunión que había mantenido ese mismo día con el presidente del Tribunal de las Fuerzas Armadas de ese país, el brigadier Augusto Jorge Hughes. “Ha señalado que la Ley de Pacificación es imprescindible y que la totalidad de las Fuerzas Armadas, monolíticamente, se sienten solidarias con lo actuado en la guerra antisubversión”, relataba el embajador. La impunidad ya estaba consagrada.

Fuente: http://www.publico.es/espana/gobierno-felipe-gonzalez-oculto-pactos.html