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Guerra Sucia y doctrina militar contrainsurgente en Colombia

Pablo Nariño

El Estado colombiano ha hecho de la violencia un instrumento de acumulación de capital y el principal soporte para ello ha sido la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que desde la segunda mitad del siglo XX ha sido adecuada, ejecutada y actualizada con asesoramiento de Estados Unidos.

Que entre los objetivos de enseñanza en los cursos del ejército esté el de deshumanizar a sus participantes, expresa la aplicación de la DSN y evidencia una de sus facetas, y que las Águilas Negras, estén “compuestas por funcionarios armados del Estado”, confirma que al igual que en el pasado el M.A.S, la Triple A, o Los Magníficos; Las Águilas Negras, hacen parte de la estrategia paramilitar y de operaciones encubiertas de los organismos de seguridad del Estado.

Bajo la excusa de preservar la patria, mantener el “orden interno” y la integridad del Estado en Colombia se ha propendido por convertir a las Fuerzas Armadas en un sector autónomo dentro del Estado, a partir de “ocupaciones” parciales de éste, mientras se involucra a la población en el “esfuerzo” de la guerra contrainsurgente.

En 1992 el entonces ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, hacía un llamado al sector privado a establecer “estructuras de seguridad” y recomendaba: “Los jefes militares y policiales de cada región tendrán que estar pendientes para regular el funcionamiento de estas organizaciones y ajustarlas a las leyes vigentes”.

¿Y quién es el enemigo en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional? Partidos políticos de oposición, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales, de DDHH, etc., contra estos sectores es que históricamente se ha dirigido la acción represiva del Estado, a través de la fuerza pública y los paramilitares.

Existen manuales militares donde se divide en dos componentes a las fuerzas subversivas: “población civil insurgente y grupo armado”, por eso los paros, huelgas, marchas, reuniones y movilizaciones han sido asumidos en Colombia como acciones políticas de la “población civil insurgente”, y prohibidas de facto, mientras la eliminación física de los activistas se ejecuta como actos de patriotismo.

Hay que agregar que para esta doctrina también “los indiferentes e indecisos forman parte del adversario, al que prestan apoyo por el solo hecho de dejarlo prosperar”, advertía en un escrito el exministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes.

Después del 11 de septiembre del 2001, el Estado colombiano adecuó la DSN a las condiciones de la globalización; el “nuevo enemigo narcoterrorista”, debía ser neutralizado con guerras de carácter multinacional bajo la conducción estratégica de Estados Unidos, tal y como sucedió con la alianza política y militar en el Plan Colombia, y la articulación interna de Ejército, Policía y Sistema Judicial.

Con el fin de recobrar el buen nombre de las instituciones militares en esta nueva etapa, se continuó con la separación de tareas entre militares y organismos paramilitares, Estados Unidos no estableció relaciones directas con instituciones militares, sino a través del régimen político, lo que facilitó que los planes bélicos fueran presentados como propuestas sociales en las que las fuerzas militares se someten a decisiones políticas, mientras que a Estados Unidos les permitió evadir su responsabilidad en la violación a los derechos humanos tras su aplicación.

Fue en ese contexto que la estrategia de “seguridad democrática” proporcionó facultades de policía judicial a los militares, en casos donde “no hay autoridad judicial ordinaria, como zonas remotas o de combate”, lo que incrementó los casos de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la fuerza pública.

Simultáneamente se aplicaron políticas que involucraron a la población civil, como las redes de informantes o las “zonas de rehabilitación y distención”, lo que demostró la vitalidad del decreto 3398 de 1965, propio de la DSN donde se autoriza al gobierno nacional a utilizar a la población civil “en actividades con las cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”.

Hoy el escenario parece estar casi dispuesto; un nuevo Plan Colombia, con la misma comparsa de lucha contra las drogas y el terrorismo. La imposición en pleno desarrollo de una “Supercorte”, que supone la unificación de los seis tribunales existentes, incluyendo la JEP; pero que lo que persigue es fabricar una “Infracorte”, y no unificar sino anexionar los tribunales al ejecutivo. Todo ello para interrumpir el enorme flujo de investigaciones contra los ejecutores de la DSN y recuperar nuevamente el control del aparato judicial.

Ligado a lo anterior, el subterfugio de la “paz con legalidad”, en línea con los fundamentos de la Doctrina de Seguridad Nacional, no pasa por la justicia social, sino por la seguridad ciudadana, y esgrime una pretendida disposición del Estado a concederle a la guerrilla espacios en el sistema político si se retracta de su proyecto revolucionario.

Para el Estado colombiano la DSN, y la amenaza del enemigo interno, (oposición política), cobran hoy más actualidad que nunca, porque como lo afirmara en la década del 80 Orlando Zafra Galvis coronel relacionado con la estructuración de la “Triple A”, “la guerrilla es apenas un apéndice de la subversión, y tiene una importancia menor de la que generalmente se le atribuye”.

El ascenso de Nicacio Martínez investigado por más de 283 ejecuciones extrajudiciales en La Guajira y Cesar entre 2004 – 2006, el ultraje al pueblo colombiano con la designación del ministro de Defensa Guillermo Botero para asumir funciones presidenciales, y el desafío por parte del gobierno y de su partido a los organismos internacionales, no denotan un simple desdén por los sangrientos efectos de la siempre renovada Doctrina de Seguridad Nacional, sino que son notificaciones que revelan la disposición política a la continuidad de su aplicación, y al perfeccionamiento de sus métodos.

https://www.las2orillas.co/doctrina-militar-y-guerra-sucia/

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48 años desde la matanza de 120 estudiantes mexicanos por parte de los ‘Halcones’ entrenados por la CIA

Hoy se cumplen 48 años de aquel trágico jueves de Corpus Christi, el 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar entrenado por la CIA y conocido como “Los Halcones” reprimió violentamente una manifestación pacífica de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional en apoyo de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la cual había sufrido un revés antidemocrático por parte de las autoridades de su estado.

El 30 de mayo de ese año, el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto.

Los estudiantes capitalinos, pese a ello, decidieron manifestarse, aun cuando las demandas no eran claras.

Se pedían desde 500 millas de mar territorial hasta efectividad en la apertura democrática prometida por Echeverría. Era, además, una oportunidad para que el gobierno mostrara que no sería represor como el anterior. En los días previos a la manifestación, muchos agentes policiacos comenzaron a patrullar los alrededores del Casco de Santo Tomás

El 10 de junio de 1971 alrededor de las 17 horas salió la marcha estudiantil. Las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Asimismo, también había tanques antimotines a lo largo de Av. Melchor Ocampo (hoy Circuito Interior) junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del Colegio Militar y transportes de granaderos en un enorme contingente policíaco en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme.

Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la C.I.A., conocido como “Los Halcones”, los cuales vinieron en camiones y camionetas grises y transportes de granaderos, atacó brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros después de que los granaderos abrieran sus filas.

Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, por lo que en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los Halcones agredieron a los manifestantes una vez más, esta vez, no sólo con sus garrotes, sino con armas de fuego de alto calibre.

Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino porque no tenía órdenes de hacerlo y permaneció como espectadora permitiendo la masacre.

El tiroteo se prolongó por varios minutos, durante los cuales algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde.

Los heridos fueron llevados al Hospital Rubén Leñero, pero fue inútil, pues los Halcones llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes aún en el quirófano, además de intimidar a los internos y al personal médico. El número de muertos fue cercano a 120, entre ellos un muchacho de catorce años: Jorge Callejas Contreras.

Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente, Luis Echeverría, anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables.

Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera Halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros.

Pasó una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar aceptara que los había, pero no los involucró en la masacre.

El alto número de periodistas agredidos y de evidencia gráfica de los sucesos logró que la prensa contradijera la versión oficial del gobierno y aceptara la existencia del grupo. Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él.

Así y todo, durante años, Martínez Domínguez recibió el apodo popular de “Don Halconazo” (ya que formalmente se le conocía como Don Alfonso), en alusión a la Matanza del Jueves de Corpus.

El terrible saldo de la manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también propició que se radicalizaran otros más, quienes más tarde formarían parte de las organizaciones guerrilleras urbanas.

Los estudiantes en 1971 demandaban especialmente: la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara un 12 por ciento del PIB, así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social; Educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana; estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno.

Estas y otras expresiones de la oposición empezarían a canalizarse años después a través de la Reforma Política de 1977, impulsada por José López Portillo desde las entrañas del régimen.

¿Quiénes eran los Halcones?

En 1966 el entonces secretario de gobernación Luis Echeverría manda al Departamento del Distrito Federal al coronel Manuel Díaz Escobar. Éste crea al grupo paramilitar con el objetivo de “reprimir cualquier manifestación de todo movimiento que criticara al gobierno”. Estos eran pagados por el gobierno y encabezados por el regente capitalino.

El grupo estaba formado por militares, pandilleros, jóvenes provenientes de clubes deportivos y “porros” universitarios (*). Estos últimos vieron crecer sus filas tras el “halconazo”. La primera vez que entraron en acción fue el 2 de octubre de 1969, a un año de la matanza de Tlatelolco.

Algunos de los principales mandos de Los Halcones surgieron de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, entre ellos, Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz, los cuales entrenaban sus hombres en los llanos de las colonias San Juan de Aragón y Cuchilla del Tesoro, en la delegación Gustavo A. Madero.

Los “halcones” fueron un grupo de más de ochocientos golpeadores y karatekas al mando del militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, “El Maestro”, entonces Subdirector de Servicios Generales del DDF, que durante los dos años anteriores a la tragedia, recibió instrucción de box, judo, karate y bojun-su.

Antes del 10 de junio, los “halcones” habían reventado mítines en el IPN y la Preparatoria Popular, y tras la represión del jueves de Corpus Cristi, desmantelaron su campo de entrenamiento de San Juan de Aragón, se concentraron en el Palacio de los Deportes y fueron pagados y disueltos con la consigna de realizar acciones terroristas y asaltos para distraer a la opinión pública.

Díaz Escobar, su jefe, renunció a su cargo de subdirector en el DDF después de la matanza, fue comisionado a la embajada mexicana en Santiago de Chile y el 1 de junio de 1979, fue ascendido por el presidente José López Portillo a general de brigada diplomado del estado mayor.

Jack B. Kubisch, jefe de misión adjunto de la embajada de Estados Unidos en México, señaló en un cable diplomático el 17 de junio de 1971 que los Halcones “son un grupo represivo oficialmente financiado, organizado, entrenado y armado, cuyo propósito principal desde su fundación en septiembre de 1968 ha sido el control de los estudiantes de izquierda y antigobierno”. Kubisch también aclara que la existencia y funciones de los Halcones era bien conocida entre los principales oficiales políticos y de justicia en el gobierno mexicano.

El 18 de junio de 1971, 11 días después de la Masacre de Corpus Christi, Díaz Escobar negó la existencia del grupo durante una declaración ministerial con personal de la Procuraduría General de la República. En dicha comparecencia, Díaz Escobar mencionó que en julio de 1970 se creó “un personal de vigilancia para el cuidado y mantenimiento de instalaciones especiales, como el Metro que se iba a inaugurar, numerosas bombas de agua [y] plantas de tratamiento de aguas negras”, pero que con el cambio de administración (ocurrido el 1 de diciembre de 1970), ese grupo fue dado de baja. Sin embargo, la existencia de los Halcones fue confirmada en años posteriores por confesión de sus antiguos integrantes; muchos de ellos, aprehendidos por delinquir.

Reclutados entre el lumpen

De acuerdo con un informe del Buró de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos, los Halcones era reclutados entre estudiantes en edad universitaria por personas relacionadas con oficiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes gozaban de la confianza personal del presidente Luis Echeverría. A los reclutas se les otorgaba educación universitaria, pago en dinero y la promesa de un futuro brillante en el PRI. Eran entrenados por personal del Ejército y se les proporcionaban armas y equipamiento por un valor cercano a los 200.000 dólares, incluyendo carabinas 100 M-1. Se seleccionaban jóvenes de escasos recursos, “gente resentida, sujetos que pudieran realizar acciones violentas, incurriendo en el asesinato sin remordimientos, ni cuestionamientos de ninguna especie”:

Ser lumpen era otro elemento común entre ellos y, probablemente, considerado para su reclutamiento ya que el sueldo ofrecido resultaba una excelente opción laboral para jóvenes desarraigados, sin instrucción, pobres y resentidos, cuya preparación militar era la única forma de insertarse dentro de la economía formal, por lo que las gratificaciones eran bien recibidas entre ellos y una manera de comprar el silencio de estos sujetos respecto de los actos.

Haber formado parte de la Brigada de Fusileros Paracaidistas era visto como un buen antecedente para pertenecer a los Halcones. Según la declaración de Rafael Delgado a la DFS, ex integrante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y miembro de los Halcones, la convocatoria para ingresar al grupo se hacía de boca a boca. El grupo se nutría de personas que había formado parte del Ejército, pero habían solicitado su baja o habían sido expulsados por mala conducta. A nivel de tropa, no se aceptaban miembros en activo.

Entre los criterios de selección, se valoraba “el entrenamiento físico que tuvieran, la disciplina castrense, el manejo de artes marciales, la edad, la obediencia ciega, la carencia de principios éticos.” Se pedía que los integrantes del grupo gozaran de buena salud; aptitudes para el entrenamiento intensivo en técnicas marciales como karate, judo, kendo y boxeo; debían ser capaces de realizar acrobacias y carreras de resistencia, así como ser aptos en tiro con armas automáticas, manejo de armas blancas y prácticas de sabotaje.

En algunos casos, sus integrantes eran contratados como parte de oficinas ajenas a las actividades que desempeñaban. Tal fue el caso de Mario Romero Ramirez, alias “El Fish”, quien fue empleado del secretario particular del coronel Corona del Rosa a principios de 1967. Romero Ramírez ayudó al gobierno mexicano durante las movilizaciones de estudiantes de 1968 con labores de infiltración y como golpeador. Durante su existencia, los Halcones formaron parte de la nómina del Departamento del Distrito Federal a través del Departamento de Limpia.

Entrenamiento en el extranjero

A inicios de la administración de Echeverría, el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Óscar Rabasa, se reunión con el embajador de Estados Unidos, Robert McBride, para hacerle llegar una petición del mandatario mexicano. Echeverría solicitaba a Washington si estaría dispuesto a preparar un programa de entrenamiento policial para un grupo de fuerzas de seguridad mexicano. De acuerdo con un cable diplomático fechado al 6 de enero de 1971, el subsecretario de Relaciones Exteriores, José S. Gallastegui, y el coronel Manuel Díaz Escobar dijeron que los integrantes de este grupo estaban particularmente interesados en aprender “control de multitudes, lidiar con manifestaciones estudiantiles y disturbios, [así como] entrenar en tácticas de defensa física y combate cuerpo a cuerpo.”

Díaz Escobar describió al grupo que asistiría al entrenamiento como “cuatro o cinco” jóvenes oficiales del Ejército, de veintitantos años; tres serían estudiantes universitarios entre 18-19 años (posibles fuentes del gobierno mexicano en las organizaciones estudiantiles, según apuntes de la embajada); y 8-10 serían jóvenes de veinte años entrenados para “puestos importantes (posibles reclutas para la policía o futuros subjefes de los Halcones). De acuerdo a la Embajada, el grupo operaría completamente fuera del departamento de Policía del Distrito Federal y, por sus edades, estos individuos serían usados para liderar y entrenar a los Halcones.

La conexión entre Díaz Escobar y los Halcones preocupó a la embajada, que creía que los oficiales entrenados podrían regresar a México para “desempeñar algún rol en los Halcones, lidiando duramente y quizá incluso fuera de la ley con líderes estudiantiles y protestas.” En un telegrama fechado al 8 de enero de 1971, el Departamento de Estado de EE.UU., expresó sus dudas por las tácticas “políticamente impopulares” que los entrenados podrían usar en México.

Pese a los señalamientos de la embajada, se acordó el entrenamiento. El 8 de marzo de 1971, un grupo de cinco hombres –incluido el hijo del coronel Díaz Escobar, Manuel Díaz Escobar Celorio– partieron rumbo a Washington, con una fecha de regreso programada al 9 de julio.

El 14 de enero de 1972, un integrante de la organización declaró a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que Díaz Escobar había seleccionado a 40 mandos para ser capacitados en Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Las personas elegidas eran exmilitares, especialmente antiguos integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas como Víctor Manuel Flores Reyes, Rafael Delgado Reyes, Sergio San Martín Arrieta, Mario Efraín Ponce Sibaja y Candelario Madera Paz. Leopoldo Muñiz, ex integrante de los Halcones, confirmó que fue enviado, junto con otros 40 elementos, a ser capacitado en el extranjero. El 5 de febrero de 1971 salieron grupos de 10 elementos a recibir entrenamiento en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón.

Infiltración de grupos estudiantiles

Los miembros de los Halcones eran seleccionados por su edad. Debían tener entre 18 y 25 años, de modo que pudieran mezclarse con los estudiantes universitarios.

En los pasillos universitarios, en las agrupaciones, en las movilizaciones, en los comités de huelga, su presencia debía pasar inadvertida. Debían poder informarse e informar de las actividades y formas de lucha de las diferentes escuelas y poder identificar a los estudiantes.

Sus técnicas de infiltración les permitían contar con credenciales de alumnos regulares para poder circular libremente en los planteles, marchas y reuniones de los estudiantes. Durante finales de los años 1960 y principios de los 1970, los Halcones se hicieron pasar por estudiantes de educación media, media superior y superior.

Los Halcones se infiltraban en el movimiento estudiantil, presentándose como activistas que incitaban a la violencia y los actos vandálicos, con lo que hacían parecer a todos los estudiantes como delincuentes potenciales. Nutrían el clima de incertidumbre y miedo al interior de las instituciones educativas y provocaban la fractura entre las escuelas. Al promover el vandalismo, se buscaba la aprobación social para la represión por parte de la fuerza policial y el Ejército.

Muchas versiones concuerdan en que durante la noche llegaron hasta el hospital Rubén Leñero para ejecutar a los universitarios y politécnicos heridos. No se tienen cifras exactas del número de muertos que provocaron los Halcones en la Masacre del Jueves de Corpus, pero las estimaciones dicen que son de más de 120 estudiantes.

Cobijado por la protección del ejército que hacia guardia a los alrededores de Palacio Nacional, Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Cosa que nunca pasó. No hubo un solo consignado ante las autoridades por los asesinatos.

Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad y que renunciaría más tarde, y Julio Sánchez Vargas, Procurador General, negaron la existencia de los Halcones y aseguraron que el ataque fue producido por “grupos extremistas de estudiantes” que atacaron a sus compañeros.

https://almomento.mx/a-48-anos-del-halconazo/

(*) En México llaman “porros” a los matones que proliferan en las universidades, organizados por los rectores para atacar e intimidar a los estudiantes progresistas.

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La Brigada Blanca: instrumento de tortura y represión del gobierno durante la guerra sucia mexicana

El gobierno de México anunció el rescate de varios espacios, en edificios públicos, donde se cometieron sistemáticamente actos de tortura durante la llamada “Guerra Sucia”, que comenzó a finales de los años 60 y continuó durante la década de los 70 en todo el país.

Con una página web en donde se encuentran archivos, fotografías y documentos, informes históricos, entrevistas e investigaciones recientes sobre casos de tortura; el documental “La Herencia más Dolorosa” y un memorial en el sótano de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), lugar en donde torturaban, desaparecían o asesinaban a los disidentes del régimen en turno; el gobierno de López Obrador busca reivindicar la lucha de las y los sobrevivientes, promover la reflexión y la memoria para la no repetición.

La hoy sede de la Dirección General de Estrategias de Atención de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, durante la “Guerra Sucia” fue base de operaciones de la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca.

En ese edificio gubernamental se diseñaron y llevaron a cabo prácticas de contrainsurgencia fuera de la ley, con el fin de exterminar todo intento de oposición del gobierno de aquellos años.

El cuerpo de seguridad denominado “Brigada Blanca”, a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda, Javier García Paniagua, Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Miguel Nazar Haro, Salomón Tanuz y Francisco Sahagún Vaca; operaba en el sótano de la DFS.

Con base en testimonios y documentos se sabe que el edificio fue un centro de detención arbitraria, de interrogatorios, tortura y desaparición forzada.

La Brigada Blanca se integró en junio de 1972 con un grupo de 240 elementos, entre policías del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), elementos del Estado de México, militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad, así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre y a los guerrilleros que actuaban en el valle de México”, reveló la investigación que desde hace años sigue abierta.

De acuerdo a los reportes oficiales la Brigada Blanca operó en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Morelos; el expresidente Luis Echeverría fue quien decidió que comenzara operaciones en la capital mexicana, y decidió que sus mandos fueran el coronel Francisco Quiroz Hermosillo, el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Documentos que están bajo resguardo en el Archivo General de la Nación, detallan el “Plan de Operaciones Número Uno: Rastreo”, el cuerpo de tipo paramilitar contaba con 55 vehículos, 253 armas: 153 eran Browning calibre 9 milímetros.

También acreditan que la Brigada Blanca con instalaciones en el Campo Militar número Uno y en el edificio de la DFS.

La operación Rastreo en el Distrito Federal estaba dividida en grupos operativos, tres de localización y neutralización de artefactos explosivos, grupo aéreo y terrestres de vigilancia, y también interrogadores compuestos por 4 elementos especializados.

Los integrantes de esta operación se sometieron a un programa de entrenamiento que incluía: “información y análisis sobre la integración, desarrollo y actividades de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre; conocimientos sobre armamento y prácticas de tiro; técnicas de seguridad; entrenamiento físico y combate sin armas…“

La Liga Comunista 23 de Septiembre, fue una organización guerrillera que surgió para rechazar la política económica y social del presidente Luis Echeverría Álvarez. “Para realizar sus acciones (la liga) está organizada en comandos independientes que cubren las áreas más críticas del valle de México, concentrándose principalmente en zonas fabriles, estudiantiles y de construcciones, en las que busca cubrirse y donde tienen oportunidad de distribuir literatura de carácter subversivo o realizar pintas en contra del gobierno y la burguesía”, indica uno de los informes oficiales de la Brigada Blanca.

La Brigada Blanca fue la herramienta para acabar con las organizaciones armadas de esa época. El testimonio de el exguerrillero Rubén Melitón Ramírez González, sostiene que cuando estaba siendo torturado, se le desprendió la venda de los ojos y pudo identificar a Miguel Nazar Haro como su agresor principal. Ramírez González fundó junto con Francisco Juventino Campaña López las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP).

“Me aplicaba toques eléctricos con una picana, me echaba agua fría en el cuerpo y me golpeaba con una barra. Sus ayudantes solo colaboraban amarrándome y deteniéndome, pero él me aplicaba toques en el ano y los genitales. Me introducía un pequeño cable con corriente eléctrica en el pene y me sumergía en agua podrida o en piletas de excremento. A mis espaldas se encontraba quien después supe que era el capitán Fernando Gutiérrez Barrios”, aseguró en entrevistas con medios de comunicación muchos años después.

En las sesiones de torturas también había extranjeros, probablemente de origen estadounidense, presenciando el desarrollo de las torturas.

Eladio Torres Flores, de la Liga Comunista 23 de Septiembre, también fue víctima de tortura a manos de Nazar Haro: “Él mismo que sacó una escuadra 9 mm, cortó cartucho, me la puso en la sien y jaló del gatillo, no tenía tiros en la recámara”.

Eladio Torres repartía entre obreros y trabajadores el periódico Madera, órgano oficial de la organización. Perdió el brazo a causa de las torturas que recibió en el Campo Militar número Uno.

Fernando Pineda, exmiembro del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), contó hace unos años para el semanario Proceso: “De su escritorio sacó cables, un aparato y una picana. Él mismo me empezó a torturar, luego exigió que me bajara los pantalones. Ante mi negativa, estalló en ira y él (Nazar Haro) personalmente, me empezó a dar toques en los testículos”.

“Las torturas empezaron desde el mismo día de mi detención en Xalapa, en febrero de 1971. Primero fue una ‘calentadita’, querían saber qué hacia en esa casa, no lograron mayor cosa y optaron por trasladarnos a México. Éramos cuatro, dos mujeres y dos hombres, a cada uno nos llevaron por separado, siempre con el rostro cubierto. Nazar Haro simuló tener a mis padres en un cuarto contiguo, Amenazaba con violar a mi madre si no decía lo que sabía. Le dije que no sabía nada”.

La escritora Elena Poniatowska había incluido el siguiente testimonio en su libro “Fuerte es silencio” publicado en 1980. “Yo, Pedro Cassian Olvera, con 35 años de edad, mexicano, doy testimonio de que el 28 de octubre de 1974 fui aprehendido por la Dirección Federal de Seguridad; en donde se me desnudó y se me empezó a golpear en todo el cuerpo, después me mojaron y me empezaron a dar toques eléctricos con una picana en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua; después de esto me hicieron comer dos tasas de excremento, luego me tendieron en el suelo y Miguel Nazar me ponía una pistola en la sien jalando el gatillo”.

Ayer por la tarde, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en conmemoración por los 48 años de “El Halconazo”, ocurrido el 10 de junio de 1971, en donde un grupo militar mató a 120 estudiantes que marchaban por las calles de la capital mexicana, presentó el proyecto llamado “Sitios de Memoria” que el gobierno de López Obrador está llevando a cabo para mantener la memoria histórica, documentar y dar a conocer las graves violaciones a los derechos humanos que se realizaron en los sótanos de los edificios sedes de la Secretaría de Gobernación (Segob), de aquellos años.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/11/la-brigada-blanca-el-pavoroso-instrumento-de-tortura-y-represion-del-gobierno-durante-la-guerra-sucia/

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Un Golpe de Estado judicial llevó al fascista Bolsonaro a la Presidencia de Brasil

Jair Bolsonaro y Sergio Moro
La técnica del Golpe de Estado en Latinoamérica -y en el mundo entero- ha cambiado notablemente desde los tiempos de Pinochet. No hace falta sacar los tanques a la calle si le puedes poner la toga a un juez golpista para que “luche contra la corrupción”, como ocurrió en Brasil con la Operación Lava Jato, que llevó a Bolsonaro al gobierno y a Lula a la cárcel.

Junto con Bolsonaro el juez Sergio Moro, encargado de la “lucha contra la corrupción”, ocupa ahora el Ministerio de Justicia. Su cómplice fue Deltan Dallagnol, Fiscal General del Estado y las conversaciones entre ambos las publicó el 9 de junio en The Intercept Brazil en portugués.

El Caso Lava Jato involucra a la oligarquía, brasileña y latinoamericana, que ejerce el poder político y económico: grandes empresarios, políticos, periodistas, jueces, fiscales, funcionarios… No se libra nadie.

El caso llevó al encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva el año pasado. La condena de Moro a Lula, rápidamente confirmada por un tribunal de apelación, impidió que pudiera presentarse como candidato a la presidencia en un momento en que todas las encuestas le daban como favorito.

Lula ya fue elegido presidente dos veces por una gran mayoría en 2002 y 2006, antes de que el límite de dos años lo obligara a dejar la presidencia en 2010, cuando estaba en la cumbre de su popularidad.

La exclusión de Lula fue la clave que allanó el camino para la victoria electoral de Bolsonaro. Una vez en el gobierno Bolsonaro convirtió al juez Moro en un super ministro de Justicia para mantener la “lucha contra la corrupción” de manera permanente, es decir, para hacer y deshacer lo que diera la gana. Ahora Moro ejerce inmensos poderes policiales y de vigilancia en Brasil. Es un héroe aclamado en el mundo; un ejemplo de “limpieza”.

Los fiscales de Lava Jato habían desempeñado gran parte de su trabajo en secreto, al estilo inquisitorial, impidiendo evaluar la validez de las acusaciones y la solidez de las pruebas. Pero The Intercept ha roto el pacto de silencio y los manejos empiezan a salir a la luz. Ahora los investigados son los fiscales y los jueces, un papel que no les gusta nada.

En las grabaciones divulgadas los fiscales, con la colaboración del juez Moro, hablan abiertamente de su objetivo, que es claramente político: impedir que el Partido de los Trabajadores de Lula gane las elecciones. La famosa “independencia” de los jueces queda al desnudo.

https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/

Más información:
– El capitán Bolsonaro.com.br no dispara balas porque sus armas son virtuales (al menos de momento)
– Regresó a Brasil el papel tutelar de los militares
– ‘Si somos los primeros en ser atacados, debemos ser los primeros en reaccionar’
– ‘El policía que no mata no es policía’, afirma un candidato presidencial brasileño
-La Internacional Judicial, nueva arma imperial
– Brasil otra vez bajo la bota militar yanqui
– ¿Por qué pasó lo que pasó en Brasil?
– La guerra judicial contra gobiernos progresistas
– Dilma Rousseff: de la guerrilla a la poltrona
 

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Un tercio de los antiguos guerrilleros de las FARC vuelve a tomar las armas

Más de 2.300 exguerrilleros de las FARC han vuelto a tomar las armas desde la firma de los “acuerdos de paz” de 2016 entre las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

A través de los acuerdos de paz, Colombia trató de poner fin a una guerra de guerrillas de medio siglo. Sobre la base de aquel compromiso, el país sudamericano convirtió a la guerrilla en un partido político, denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), garantizó escaños para sus candidatos en el Congreso y concedió amnistías para algunos tipos de delitos.

Como parte del mismo acuerdo, más de 6.000 combatientes de la guerrilla depusieron las armas y solo unos 300 integrantes decidieron seguir en la clandestinidad.

Sin embargo, un informe confidencial de inteligencia militar, recogido el miércoles por la agencia británica de noticias Reuters, señala que el número de los remanentes de la extinta guerrilla, que opera en las selvas y montañas, creció hasta los 2.300, cifra que supone un drástico incremento respecto a los cerca de 300 que había a la hora de la firma del pacto de paz.

Reuters no puede evitar caer en la peor de las intoxicaciones cuando asegura que la vuelta a las armas no es consecuencia del incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y los constantes asesinatos, sino que los guerrilleros volvían “seducidos” por los millonarios recursos del narcotráfico y la minería ilegal.

La agencia cita a Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, quien advierte que “los exmiembros de las FARC enfrentan una creciente presión para unirse a grupos disidentes que se dedican a lucrativos negocios ilícitos”.

No obstante, dirigentes del partido político de la FARC alertan de que el motivo es diferente: las demoras en la implementación del acuerdo de paz y el asesinato de 139 excombatientes desmovilizados desde finales de 2016.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, critica el acuerdo de paz y en su discurso de posesión de cargo, en agosto de 2018, señaló que haría “correctivos” al mismo.

En el marco de sus intentos por introducir cambios en el convenio, Duque propuso el pasado 10 de marzo seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), norma que establece mecanismos jurídicos del mencionado acuerdo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Colombia objetó las reformas del presidente a los acuerdos y ordenó a Duque que promulgue sin objeciones la Ley de la JEP.

El pasado 20 de mayo, el excomandante de las FARC Iván Márquez tildó de un grave error el haber entregado las armas a un Estado “tramposo” como Colombia.


https://www.hispantv.com/noticias/colombia/430155/farc-armas-narcotrafico-paz-duque
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La guerra del Chaco y la injerencia imperial siempre

Darío Herchhoren

Marx enseñaba que la historia es la historia de la lucha de clases. Y tenía razón. Yo agrego por mi parte, que la historia es en realidad un proceso, generalmente largo, que acarrea consecuencias durante un período de tiempo a veces secular, y por lo tanto debe estudiarse como un proceso sujeto a cambios e interpretaciones diversas. Como ejemplo de ello, vease la Revolución Francesa de 1789, y la Rusa de 1917, y la China de 1949, y la más reciente Revolución Cubana de 1959.

La guerra del Chaco, se desarrolló entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935. Los contendientes fueron Bolivia y Paraguay.

Por parte del ejército boliviano se movilizaron 250.000 hombres, y tuvo 60.000 muertos, y por parte paraguaya se movilizaron 120.000 militares y le costó a Paraguay 30.000 muertos.

Se produjo en el Chaco Boreal, una región que reconoce tres partes. El Chaco Boreal al norte, el Chaco Central, y el Chaco austral. Este último pertenece a Argentina desde tiempo inmemorial, y sus límites están bien fijados por tratados internacionales. El Chaco cenral pertenece a Bolivia, pero el Chaco Boreal, es una región inhóspita, con temperaturas de hasta 50 grados centígrados en verano y 0 grados en invierno. Está casi despoblado, y solo habitan en él insectos que transmiten graves enfermedades como el mal de Chagas, producido por la vinchuca, grandes reptiles y hay poca agua. Es una región semidesértica, que ocupa una superficie similar a la de Francia.

Nunca hubo un tratado de límites entre Bolivia y Paraguay, que solo se produjo a la firma de la paz.

En ese tiempo Bolivia estaba gobernada por la oligarquía terrateniente santacruceña, que pertenece a la etnia camba, es decir que son los criollos descendientes de los conquistadores españoles, y estaban muy ligados a lo que se llamó «la rosca del estaño», o sea la gran minería vinculada a la exportación de ese mineral, y que estaba dirigida por Antenor Patiño, un indio multimillonario, cuya familia vivía en Suecia, y que guardaba importantes relaciones con la familia de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, material este indispensable para las voladuras mineras.

La inmensa mayoría de la población boliviana era de etnia coya o colla, y no hablaban castellano, sino que su lengua era el quechua y el aymara.

La proporción de cambas es del 20 por cien, mientras que los coyas son el 80 por cien, al igual que ahora. Sin embargo los cambas siempre gobernaron el país a su antojo, y marginaron violentamente a la inmensa mayoría de los coyas, prácticamente hasta el triunfo de Evo Morales en las elecciones.

El ejército boliviano estaba constituido en el cuerpo de oficiales por cambas, y muchos de los suboficiales también, siendo la tropa de etnia coya.

Durante la guerra dicho ejército estaba comandado en su estado mayor por un general alemán de nombre Hans Kundt, que había participado en la primera guerra mundial, y que no conocía las tácticas de guerra modernas, es decir que desconocía lo que era la guerra de movimientos, y aplicaba en el campo de batalla solo las estrategias de guerra de posiciones de la primera guerra mundial. Ello llevó a que el ejército boliviano sufriera graves derrotas, lo cual llevo a que el mando pasara al general Enrique Peñaranda, un oficial incapaz, sin formación militar, que llega al alto estado mayor por componendas políticas, y que se dedica al saqueo del presupuesto militar, y vende parte del petroleo que la Standard Oil de California extraía de Santa Cruz de la Sierra, el departamento donde había una mayoría étnica de cambas.

Ese es en realidad el motivo que lleva a la guerra entre ambas naciones. La Standard Oil explota en secreto el petróleo que hay bajo el subsuelo del Chaco Boreal, territorio que Paraguay considera suyo.
                                                                                                                                                                                            
El ejército de Paraguay estaba comandado por el general José Félix Estigarribia, un excelente soldado, culto, y que había estudiado en la academia militar Bernardo O’Higgins de Chile, donde egresa con el grado de teniente y que complementa en la academia superior de guerra en Francia, participando como oficial francés en la guerra de Marruecos.

Estigarribia, a  diferencia de Peñaranda, que rara vez está en el frente, siempre está en primera línea de fuego, y conduce a su ejército a la victoria, que se consolida al firmarse la paz entre los contendientes, a instancias del gobierno argentino y su canciller Saavedra Lamas. El Chaco Boreal forma parte del territorio de Paraguay.

Estigarribia vuelve victorioso a Asunción y una enorme multitud le espera. La situación política de Paraguay, manejado por la oligarquía se enrarece, y Estigarribia es propuesto como Presidente de la República, cargo que asume siendo vicepresidente el coronel Zaldivar Villagra, otro héroe de guerra.

Comienza una acción de gobierno que beneficia a los más pobres, se construyen escuelas y hospitales y se atiende a los mutilados de guerra, iniciándose una reforma agraria que reparte tierra entre los campesinos pobres y se trae maquinaria para roturar y cosechar, pero Estigarribia, ascendido post mortem a Mariscal, muere en un extraño accidente de aviación junto a su esposa, y se sospecha que ese accidente no fue una fatalidad, sino que estaba implicado en la preparación del mismo un teniente de nombre Alfredo Stroessner, que era su ayudante. No hay pruebas directas de ello, pero a la caida del dictador Alfredo Stroessner, hubo una investigación sobre ello y la conclusión era que Stroessner preparó el accidente.

Mi padre tuvo alojado en mi casa siendo yo un niño al coronel Zaldivar Villagra, y que en agradecimiento a esa hospitalidad le regaló su machete y una pistola Luger, y que ocupó la presidencia paraguaya, siendo apartado violentamente de la misma por el general Morínigo, peón de los USA, quien abre las puertas otra vez a la vieja oligarquía paraguaya, y toda la obra de Estigarribia se pierde.

En Bolivia mientras tanto pasa algo parecido. Peñaranda encabeza un golpe de estado, que termina con unas elecciones ganadas por el general Gualberto Villarroel, un militar nacionalista, muy similar a Estigarribia, quien decía que «yo no odio a los ricos, pero me siento mucho mejor entre los pobres». Villarroel aplica medidas de hondo calado social: reparte tierras, construye escuelas y hospitales, favorece la constitución de sindicatos, y mantiene una política de mantenimiento de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en poder del estado. La  diferencia de política con la anterior era abismal.

Demasiado para Bolivia. Una turba de individuos armados del estilo de las primaveras árabes, penetra en el Palacio Quemado, sede del gobierno, captura a Villarroel, lo mata a golpes, y una vez muerto, lo cuelgan de una farola.

Todos estos movimientos nacionalistas, estaban a punto de estallar en toda América del Sur. Una logia de oficiales argentinos, entre los cuales estaban los tenientes coroneles Juan Domingo Perón y José Epifanio Sosa Molina, tenía ya en desarrollo un movimiento continental.

La logia era conocida como GOU. Hay dos posturas sobre el significado de esas letras. Una dice que era Gobierno, Orden, Unidad, y otra cree que era Grupo de Oficiales Unidos. De ese movimiento sale luego el peronismo en Argentina y el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia con dirigentes como Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro o Juan Lechín.

En Brasil aparecen movimientos de militares, que son conocidos como «tenientismo», ya que eran tenientes del ejército los que empujan los cambios. Surge el Partido Trabalhista (Laborista), de tendencia nacionalista.

Como vemos, los procesos revolucionarios llevan tiempo. Hay que tener paciencia y esperar a que las plantas den fruto.

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Stroessner en Paraguay: la dictadura más larga de América del sur

Juan Pérez Ventura

Durante casi 35 años, Paraguay vivió bajo la dictadura del militar Alfredo Stroessner. Es el período de tiempo más largo en que una sola persona tuvo el poder en un país de América del Sur. La persecución política y las violaciones de derechos humanos dejaron una herida que el país aún no ha terminado de sanar.

Ni Argentina ni Chile ni Brasil: la dictadura más larga en América del Sur fue la de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Su mandato fue el segundo más largo de América Latina ostentado por una sola persona, después de Fidel Castro en Cuba. El militar Stroessner se mantuvo en el poder mediante un fuerte aparato represivo y un elaborado sistema de corrupción.

Stroessner llegó al poder después de unas décadas convulsas. La guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Paraguay y Bolivia por una región fronteriza que se pensaba que albergaba recursos naturales, se saldó con 30.000 bajas paraguayas y el doble en el bando boliviano. Doce años más tarde, estalló una guerra civil cuando los partidos de izquierdas se levantaron contra el Gobierno de derechas y con vestigios dictatoriales de Higinio Morínigo. Solo duró unos meses, pero dejó otros 30.000 muertos según algunas fuentes y afianzó en el poder al Partido Colorado, que apoyó a Morínigo y que poco después se convertiría en el hegemónico.

A pesar de la victoria de Morínigo, Paraguay no logró la estabilidad. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que desencadenó un carrusel de presidentes y levantamientos militares que no paró hasta el golpe de Estado de Alfredo Stroessner en 1954. Stroessner tuvo un ascenso meteórico en las Fuerzas Armadas a raíz de su participación tanto en la guerra del Chaco como en la guerra civil del 47. En 1951 se convirtió, con solo 39 años, en el comandante en jefe del Ejército. A partir de ahí, empezó a movilizar apoyos dentro de los colorados y las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado que terminaría llevándolo al poder. Sin embargo, Stroessner no accedió directamente a la presidencia, sino que convocó unas elecciones para llegar al poder de una manera aparentemente democrática: colocó primero a un presidente provisional, Tomás Romero, y luego se presentó a los comicios como candidato único del Partido Colorado. Así es como en agosto de 1954 el militar llegó al Gobierno paraguayo y empezó lo que históricamente se llama el Stronato.

Stroessner basó su régimen en un discurso de exaltación de la identidad paraguaya reforzado con un duro discurso anticomunista. Empezó su Gobierno con unas medidas económicas, impulsadas mediante un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional, que profundizaron las diferencias entre las élites económicas y la población rural. Como consecuencia, enfrentó en los primeros años de su mandato varias huelgas de trabajadores, campesinos y estudiantes que sacaron a relucir la política represiva del dictador. Stroessner impuso un sindicato afín al Gobierno en las organizaciones laborales y fue especialmente violento contra las oposiciones populares. También castigó duramente a las voces críticas dentro del propio partido. En 1959 la Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial en una moción apoyada por algunos políticos colorados. Stroessner respondió de manera contundente: disolvió el Congreso y envió la caballería a Asunción, la capital. Además, arrestó a unos 300 disidentes del Partido Colorado, que fueron deportados a Argentina.

Prisión, torturas y exilio

Stroessner puso en marcha un amplio aparato represivo para controlar a la disidencia política. Para empezar, limitó la libertad de prensa. A lo largo de la dictadura fue estrechando el cerco sobre los medios de comunicación hasta que cerró el principal diario, en 1984, y el semanario de la oposición, en 1987. Los dos principales canales privados de televisión pertenecían a parientes o políticos cercanos a Stroessner. El Partido Colorado también se extendió como aparato represivo: sus organizaciones territoriales contaban con redes de fieles -llamados- que se dedicaban a observar a sus vecinos y denunciarlos a las autoridades ante cualquier indicio de actividad opositora. Con estos mecanismos, la censura y la autocensura se acrecentaron.

A quienes se opusieron a la dictadura los esperaron detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y el exilio. La Comisión de Verdad y Justicia calcula que hubo un total de 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos y 107.987 víctimas indirectas. Entre las primeras, la mayoría fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de las cuales el 94,5% sufrieron torturas durante su detención; también se cuentan exiliados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El número total de personas que vieron violados sus derechos, según la comisión, es de 128.077 en un país con 6,8 millones de habitantes, es decir, una de cada 53 personas. Los sectores más perseguidos fueron los movimientos campesinos, que sufrieron el 24% de las violaciones de derechos; el Partido Liberal -19,29%- y el propio Partido Colorado -14,21%-. El Partido Comunista sufrió el 10% de las agresiones; teniendo en cuenta que era el más pequeño, fue el que se vio proporcionalmente más afectado.

Para hacer posible esta violación continuada de los derechos humanos, el Ejecutivo tuvo al país bajo permanente estado de excepción, una medida que suprimió las garantías recogidas en el habeas corpus y limitó la capacidad de control de la rama legislativa del poder. Bajo este estado, se aprobaron leyes que contemplaban el «delito ideológico» y que ampararon la arbitrariedad del poder ejecutivo. Este también controlaba el poder judicial, ya que sus miembros eran designados por el Gobierno. El aparato represivo, con el Ejecutivo en la cúspide, coordinó tanto a los cuerpos de policía como de militares, que fueron el brazo ejecutor de la represión. Es especialmente espeluznante corroborar que las detenciones, desapariciones y torturas las llevaron a cabo las estructuras oficiales del Estado y no grupos militares o policiales clandestinos, como sí sucedió en otros regímenes dictatoriales de la región. Tampoco hubo centros de detención y tortura clandestinas: los delitos se perpetraron «de manera visible y publicitada» en dependencias policiales, militares y gubernamentales, según la Comisión de Verdad.

La base de operaciones de la derecha internacional

Uno de los factores que estabilizó el país tras el golpe de Estado de Stroessner fue la ayuda que brindó Estados Unidos a Paraguay de manera sostenida durante gran parte de la dictadura. A través del programa Alianza para el Progreso, un proyecto para impulsar el desarrollo en América Latina, el país norteamericano inyectó dinero al Gobierno de Stroessner hasta el punto de que Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de esta ayuda. La relación entre los dos países tomó un cariz cada vez más político: Paraguay abrazó la Doctrina de Seguridad Nacional, la doctrina militar que Estados Unidos exportó a muchos países de América Latina en un contexto de Guerra Fría para reforzar la lucha anticomunista tanto a nivel internacional como interno. De hecho, la Comisión de Verdad constata que el aparato represivo paraguayo «recibió un permanente asesoramiento norteamericano» desde 1956, especialmente para armar la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, un organismo dependiente del Ministerio de Interior que era «un siniestro centro de tortura».

Sin embargo, el entramado represivo internacional primordial en el que participó Paraguay fue la Operación Cóndor, el acuerdo de colaboración entre varias dictaduras del Cono Sur latinoamericano para luchar contra cualquier disidencia política bajo la premisa de la lucha anticomunista. Fue en Asunción donde se encontraron los documentos bautizados como «Archivos del Terror», una abrumadora cantidad de información sobre este plan de coordinación. A pesar de que el papel de Estados Unidos en la Operación Cóndor siempre ha sido controvertido, los documentos confirmaron que, como mínimo, el Gobierno estadounidense financió y apoyó el entramado dictatorial .

Paraguay se convirtió en una base de operaciones óptima por su localización geográfica, ubicado en medio del continente, y por los altos niveles de impunidad de los que gozaban los cuerpos de seguridad. Los Archivos del Terror revelan, entre otras cosas, que el Gobierno de Stroessner jugó un papel especialmente determinante a la hora de proporcionar documentación a agentes de las dictaduras vecinas para facilitar su tránsito entre países.

Una dictadura impune

El stronato empezó a debilitarse en la década de los ochenta. Una crisis económica alcanzó Paraguay y el descontento no solo creció entre la población, sino en el seno del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros empezaron a ver disminuir los ingresos que les llegaban gracias a la corrupción. En 1984 se hizo visible la primera fisura dentro del engranaje de poder de Stroessner: propuso como vicepresidente del partido a uno de sus seguidores más fieles, Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador. El nombramiento levantó ampollas y por primera vez se hizo público el descontento del Partido Colorado. Dos años después, una facción de la organización pidió un candidato civil para las elecciones presidenciales.

El general Andrés Rodríguez fue quien se encargó finalmente de poner fin al Stronato. Rechazaba que el poder estuviese reservado a los pocos fieles que le quedaban a Stroessner, cada vez más apartado de las otras facciones del Partido Colorado. Ante un Gobierno y un presidente debilitados, el general decidió atrincherarse en sus oficinas con una considerable representación del Ejército. La noche entre el 2 y el 3 de febrero de 1989 se alzó en armas y depuso a Stroessner con enfrentamientos que dejaron al menos 200 muertos .

A pesar de que en 1992 se aprobó una nueva Constitución que recuperaba derechos civiles y políticos y que volvía a limitar el poder del Ejecutivo, muchos problemas quedaron sin resolver. La Comisión de Verdad concluye así su informe:

«A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados por constituir un Estado social de Derecho […] Paraguay dista mucho aún de serlo. Muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las características de un sistema totalitario».

La hegemonía del Partido Colorado ha sido prácticamente inquebrantable, incluso en el periodo democrático. Solo entre 2008 y 2013 hubo un partido distinto en la presidencia: Fernando Lugo ganó las elecciones por la Alianza Patriótica por el Cambio. Lugo fue destituido en 2012 por un juicio político que muchos tacharon de poco garantista y que llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur. Con esa pequeña excepción, el Partido Colorado ha gobernado Paraguay desde 1948. El actual presidente, el conservador Mario Abdo Benítez , quien ganó las elecciones en agosto de 2018, no es otro que el hijo del secretario privado de Stroessner cuya designación como vicepresidente del partido desencadenó el golpe de Estado contra Stroessner.

https://es.paperblog.com/stroessner-en-paraguay-la-dictadura-mas-larga-de-america-del-sur-5409033/

Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf

Frank O. Mora y Jerry W. Cooney, Paraguay and The United States: distant allies, University of Georgia Press, 2007

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El verdadero origen de la Ley Helms-Burton

Jesús Arboleya

En 1998, apenas dos años después de ser aprobada la ley Helms-Burton, el Center for Public Integrity (CPI), una reconocida organización no lucrativa dedicada a la investigación periodística con el fin manifiesto de “revelar abusos de poder y la corrupción de instituciones públicas y privadas” de Estados Unidos, publicó un extenso informe sobre el origen de esta ley, que hasta hoy no ha sido refutado (*).

Según el CPI, todo comenzó cuando el republicano Jesse Helms asumió la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y propuso una agenda de diez puntos, encaminada a cambiar el sentido de la política exterior del entonces presidente Bill Clinton.

Quizás porque Cuba se le antojaba como uno de los escasos remanentes del socialismo en el mundo, la Isla aparecerá en el tope de esta agenda. No era de esperar otra cosa de un fanático anticomunista, que había votado contra el fin de la segregación racial, el derecho de los homosexuales, las investigaciones contra el SIDA y todas las propuestas de beneficio social que tuvo ante sí, durante 30 años de permanencia en el cuerpo legislativo.

Para llevar a cabo esta tarea, Helms nombró a su ayudante Dan Fisk, quien se encargó de reunir a un equipo que contó con la colaboración de los congresistas republicanos cubanoamericanos Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, así como de los senadores demócratas Bob Menéndez y Robert Torricelli, todos los cuales ya habían trabajado en legislaciones previas contra Cuba.

Como contraparte de Helms, en la cámara baja fue escogido el congresista republicano Dan Burton, entonces al frente del sub-comité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, a pesar de que una de sus propuestas más celebres fue desplegar naves norteamericanas en las ¡costas de Bolivia!, con el fin de detener el tráfico de drogas.

Originario de Indiana, Burton era famoso por su destreza para jugar al golf, en lo que empleaba la mayor parte del tiempo, y el apoyo al régimen de apartheid en Suráfrica. Aunque probablemente tampoco sabía ubicar a Cuba en un mapa, recibía más contribuciones de Miami que de su estado natal.

Para encargarse de la “misión cubana”, Burton nombró a Roger Noriega, entonces un oscuro funcionario de la Cámara de Representantes, que hizo carrera como promotor de las políticas más agresivas de Estados Unidos en América Latina.

El CPI nos cuenta que el capítulo I de la ley fue básicamente un compendio de las propuestas que Díaz Balart ya había hecho al Congreso contra Cuba. Que el capítulo II fue una obra mayormente de Bob Menéndez, interesado en establecer las condiciones para el cambio de régimen y el levantamiento del embargo y que el capítulo IV no era nada novedoso, toda vez que se refería a las sanciones a aplicar contra los extranjeros que no cumplieran las disposiciones norteamericanas, algo bastante común en la política exterior del país.

Sin embargo, el CPI consideraba muy original el capítulo III, toda vez que introducía el presupuesto de equiparar ante la ley internacional los derechos de propiedad, con los humanos o los ambientales. Para Fisk, todavía estudiante de derecho en la universidad de Georgetown, si un torturado podía hacer causa legal contra sus torturadores, la misma lógica debía imperar para el caso de una persona privada de su propiedad por cualquier gobierno en cualquier parte.

Contrario al criterio bastante extendido de que la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), entonces la organización más poderosa de la extrema derecha cubanoamericana, había sido determinante en la redacción de la ley, el CPI asegura que fueron rechazados de este proceso, debido a la estridencia de sus posiciones. Además, dice el CPI, la FNCA abogaba por que las propiedades “recuperadas” en Cuba fueran puestas en subasta, lo que contradecía el interés de los reclamantes.

Los redactores de la ley prefirieron recurrir a los abogados y lobistas de grandes negocios cubanos nacionalizados en 1960. En particular la empresa Bacardí, que jugó un papel decisivo en el proceso de diseño y aprobación de la ley. Manuel J. Cutillas, director ejecutivo de la empresa, el entonces lobista Otto Reich e Ignacio Sánchez, socio del bufete Kelly-Drye and Warren, una firma con base en New York que representaba los intereses de la Bacardí, desempeñaron un rol muy activo en la redacción del texto y la búsqueda de consenso para su aprobación.

Más allá de una larga tradición en actividades contra el gobierno cubano, que incluyó la promoción de grupos terroristas, la empresa Bacardí tenía un interés especial en la Ley Helms Burton porque, como explica el informe del CPI, no era una empresa cubana ni norteamericana, sino bahameña, por lo que solo gracias al título III, su subsidiaria en Miami podía aparecer como reclamante y recurrir a las cortes estadounidenses.

Inicialmente el gobierno de Bill Clinton fue un firme opositor de esta ley. Según el CPI, esta posición le fue oficialmente transmitida a Ricardo Alarcón, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, por Peter Tarnoff, subsecretario de Estado, en el contexto de conversaciones secretas entre los dos gobiernos, que se llevaban a cabo en Toronto, Canadá, y que concluyeron con la adopción del acuerdo migratorio de 1994 entre los dos países.

Convocado por el propio Helms, en junio de 1995, Tarnoff expuso ante el senado los argumentos de la administración. En primer lugar, decía Tarnoff, la ley violaba los derechos constitucionales del poder ejecutivo para conducir la política exterior del país, también varios tratados internacionales, las obligaciones de Estados Unidos ante el FMI y el Banco Mundial, así como las relaciones con socios extranjeros, que en represalia podían tomar medidas similares contra empresas estadounidenses.

Refiriéndose al capítulo III, cuenta el CPI, Tarnoff alertó que, si Estados Unidos se arrogaba tales facultades para sus cortes, nada impedía que otros países hiciesen lo mismo. Al decir de Tarnoff, esta ley afectaría el frágil sistema legal internacional, gracias al cual se habían resuelto decenas de miles de reclamaciones a favor de ciudadanos norteamericanos en diversas partes del mundo.

Respecto a conceder el derecho de demandar en cortes de Estados Unidos a personas que no eran norteamericanos en el momento de la nacionalización, Tarnoff decía que bajo la ley internacional Estados Unidos no tenía ningún derecho a intervenir en un asunto que correspondía a un Estado extranjero dentro de sus propias fronteras.

Estos argumentos, dichos por el propio gobierno que finalmente aprobó la ley, debieron haber sido suficientes para descalificarla. Pero el CPI también relata la oposición del Comité Conjunto de Reclamaciones a Cuba, integrado por las compañías norteamericanas nacionalizadas en 1960, donde figuraban empresas de la envergadura del Chase Manhattan Bank, la Coca Cola y la ITT.

Según declararon sus voceros, “el reconocimiento de otro grupo de reclamantes retrasaría y complicaría el acuerdo de las reclamaciones certificadas en las negociaciones con Cuba”. La adopción de Ley Helms-Burton también abortaría arreglos directos con el gobierno cubano que estaban siendo explorados por empresas como Amstar, heredera de la American Sugar, que poseía en Cuba más de mil millas cuadradas de tierra.

Aunque para aprobar la Ley Helms-Burton finalmente se utilizó el pretexto del nefasto incidente de la voladura de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, las cuales violaron repetidamente el espacio aéreo cubano en 1996, todo parece indicar que la verdadera razón radicaba en el interés de Clinton de no enejarse el apoyo de la extrema derecha cubanoamericana en las elecciones de ese año.

Ahora, con la puesta en marcha del Título III por parte de la administración Trump, después que la lógica recomendó mantenerlo suspendido durante 23 años, se confirma el criterio que las elecciones norteamericanas son muy peligrosas.

(*) Patrick J. Kiger: Squeeze Play: The United States, Cuba and the Helms-Burton Act, Center for Public Integrity, 1998.

https://progresosemanal.us/20190509/el-verdadero-origen-de-la-ley-helms-burton/

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Un anciano muere a causa del hambre, de rodillas frente a una iglesia de México

Quienes desde hace tiempo lo veían deambular por la zona, refirieron que “El Abuelito”, solía dormir afuera del Templo del Señor de los Trabajos ya que era demasiado creyente.

Hincado, en posición de rezo y frente al Templo del Señor de los Trabajos en el barrio de San Pablo de Los Frailes, Puebla, un indigente dio sus últimos sus suspiros, ya que este domingo murió al parecer por inanición, es decir, por debilidad física provocada por la falta de alimento.

Una mujer que aseguró conocer a la víctima, contó que “El Abuelito”, como le decían al hoy occiso de aproximadamente 65 años de edad, un día antes fue visto quejándose de un fuerte dolor en el estómago ya que no había probado ni un solo bocado.

El lunes por la mañana, cerca de las 11 horas, el hombre en situación de calle fue encontrado hincado y sin vida, en una de las jardineras que se localizan frente al citado templo de la avenida 10 Poniente esquina con la calle 11 Norte.

Quienes desde hace tiempo lo veían deambular por la zona, refirieron que “El Abuelito”, solía dormir afuera del Templo del Señor de los Trabajos ya que era demasiado creyente, incluso se le observaba con frecuencia en la iglesia.

Asimismo, los declarantes piden a la sociedad tener conciencia ante las personas que viven en la calle y que no por solo verlos sucios o en mal estado, no se les extienda una mano, dándoles un poco de alimento ya que puede haber más historias como la de este indigente.

“Yo a veces lo ayudaba, le daba de comer, ojalá la gente haga conciencia en este tipo de casos”, dijo una mujer que conocía a la víctima.

Finalmente, la zona fue acordonada por elementos de la policía municipal que acudieron al llamado de auxilio, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las pesquisas de ley para el levantamiento del cuerpo.

http://planoinformativo.com/659683/abuelito-muere-de-hambre-hincado-y-en-posicion-de-rezo-frente-a-una-iglesia-nacionales

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La CIA podría asesinar al golpista Guaidó para justificar una intervención militar en Venezuela

La CIA podría asesinar al golpista Guaidó para justificar una intervención militar en Venezuela, alerta Alfred-Maurice de Zayas, antiguo funcionario de la ONU.

El intento de golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos, en Venezuela no va bien, pues la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y altos funcionarios del país suramericano siguen apoyando a Maduro, ha declarado Zayas en una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik.

Zayas señala que debido al fracaso de las intentonas golpistas, Washington podría recurrir a una operación de bandera falsa, bajo la cual la CIA mataría a Guaidó —el autoproclamado “presidente interino” de la República Bolivariana— y lo usaría como un pretexto para invadir Venezuela.

El experto indica que desde hace varios meses Estados Unidos ha estado ofreciendo grandes cantidades de dinero a cualquier militar que dejara de apoyar al mandatario chavista.

“Sin duda, los estadounidenses “han financiado todos y cada uno de los intentos de golpe de Estado, incluidos los intentos fallidos de asesinar a Maduro”, dice Zayas.

Al respecto, ha recalcado que, incluso si Maduro es asesinado, Estados Unidos no llegaría a su objetivo, ya que conforme al artículo 233 de la Constitución venezolana, en tal situación la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se convertiría en presidenta interina, y no Guaidó.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro. Por su parte, las autoridades venezolanas han aseverado que no se quedarán con las manos cruzadas y defenderán su soberanía e integridad territorial ante la hostilidad de Washington.

Pese a las amenazas y presiones del gobierno de Estados Unidos, la FANB ha asegurado en reiteradas ocasiones que “se mantendrá firme en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas” y seguirá apoyando al presidente legítimo del país.