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El espionaje israelí vigila todo el mundo a través de empresas privadas de seguridad

Daniel Espinosa
Perú sigue contratando con Verint Systems, una turbia empresa de espionaje que se originó en la Unidad 8200 de los servicios de inteligencia israelíes, y que, desde su creación, ha acumulado un terrible historial de colaboración con regímenes autoritarios por todo el mundo.

La ineptitud (o complicidad) del gobierno peruano está poniendo en riesgo los derechos fundamentales de millones de peruanos.

Hace más de 10 años, en setiembre de 2008, el periodista norteamericano Christopher Ketcham denunciaba los turbios manejos que ciertas agencias gubernamentales de su país estaban permitiendo en sus propios fueros. El problema venía de antes: “Desde fines de la década de 1990 –escribió entonces Ketcham–, agentes federales han reportado intrusiones sistemáticas en las comunicaciones del Departamento de Justicia, el FBI, la DEA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca”.

Los agentes federales entrevistados le aseguraron que las intrusiones podían rastrearse a dos compañías de alta tecnología y comunicaciones: Verint Systems –en el Perú desde 2015, como reveló este semanario el viernes 3 de julio de ese año–, y Amdocs. Para el 2008, ambas formaban la “columna vertebral” del aparato de vigilancia doméstica del gobierno norteamericano. Verint “aspiraba” toda la información del operador telefónico Verizon, mientras Amdocs hacia lo suyo con AT&T, como reveló el “whistleblower” Mark Klein, en 2004. Las operaciones de Verint eran dirigidas por espías “freelance” y veteranos de las agencias de inteligencia israelíes.

Un agente de la CIA en retiro, Philip Giraldi, le contaría al periodista este sorprendente detalle: cuando su agencia debía espiar a algún objetivo, las “llamadas telefónicas (eran) interceptadas, grabadas y transmitidas a los investigadores norteamericanos por Verint, la que aseguraba que debía tener los equipos de espionaje ‘siempre a mano’, para poder dar mantenimiento al sistema”.

Giraldi también contó que el gobierno de Israel cubría el 50% de los gastos que Verint efectuaba en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

En 2001, un reportero de Fox News, Carl Cameron, hizo otra revelación sorprendente: cuando los agentes del FBI y otras agencias se disponían a investigar el trabajo de Verint (antes de 2001 conocida como “Comverse Infosys”), sus pesquisas eran detenidas antes de que pudieran poner sus manos sobre los equipos de Verint. Peor aún, los agentes empecinados en el asunto empezaban a ser “atacados por varios flancos”. La “columna vertebral” del espionaje doméstico tenía amigos poderosos en los laberintos del Estado profundo norteamericano.

En países como el Perú, debido a las enormes diferencias tecnológicas en relación al primer mundo, esta compañía podría acceder muy fácilmente a la información de sus clientes bajo la justificación de dar mantenimiento o actualización a los equipos vendidos. Estas labores de mantenimiento –¿cuándo nos tocará la próxima?–, incluso pueden ser realizados de manera remota, según los informes revisados.

Recordemos que las leyes que regulan las escuchas y la vigilancia son poco más que tinta sobre papel en países como el nuestro, tal como en las decenas de países subdesarrollados y con instituciones débiles que constituyen la clientela favorita de Verint y otras empresas relacionadas, como Hacking Team, la empresa italiana que estuvo en conversaciones con varias instituciones peruanas, militares y gubernamentales (¡hasta la Municipalidad de Lima!), entre 2012 y 2015.

Ese año, WikiLeaks reveló la absoluta falta de ética de la compañía, así como su colaboración con regímenes criminales, por lo general alineados con la política exterior estadounidense. Siria e Irán, por ejemplo, eran evitadas por estas empresas privadas, mientras que Arabia Saudí y otras dictaduras medievales eran diligentemente asistidas en sus labores represivas. Verint pertenece al mismo club: uno de sus clientes criminales era el régimen de Kazakstán, donde Verint “empoderó” al gobierno en su persecución de periodistas y activistas, tal como denunció en noviembre de 2014 Privacy International.

Este detalle es fundamental: los centros de monitoreo de Verint les permitían a las agencias kazakas: “acceso irrestricto a llamadas telefónicas y actividad en internet de ciudadanos de manera masiva e indiscriminada”. Es decir, no a un objetivo individual y específico, como un delincuente, sino a toda una población, al mismo tiempo.

Verint y toda una “constelación” de empresas privadas de Israel, el Reino Unido y Estados Unidos hicieron lo mismo en Colombia, donde el Estado asesina civiles a mansalva. No es necesario usar eufemismos. Su gusto por la sangre de sus ciudadanos más humildes quedó perfectamente representado en el caso de los “falsos positivos”, pero esa es solo la punta del iceberg en la masacre colombiana. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos tienen importantes negocios extractivos en Colombia, donde han colaborado extensamente en la represión social. La tecnología de espionaje masivo complementa el entrenamiento militar contrainsurgente y el aprovisionamiento de armas que ambas potencias han realizado en favor del régimen colombiano, con fines que disfrazan bajo el ardid de la “guerra contra las drogas”. Otro terror que los latinoamericanos podríamos haber superado ya, si tuviéramos un periodismo real, dedicado a su sociedad y no a la élite propietaria. La sangre está también en sus manos.

Lejos de servir a la sociedad, ese mismo periodismo condena a una de las pocas instituciones que han sacado a la luz los crímenes internacionales de los actores más poderoso del mundo, WikiLeaks, y a su creador, Julian Assange, hoy sufriendo tortura en una cárcel de Londres, de acuerdo con informes del relator de las Naciones Unidas, Nils Melzer.

A fines de 2002, la policía holandesa aseguró tener evidencia de que los servicios secretos israelíes tenían “acceso irrestricto a la información confidencial (escuchas) recogida por la policía y los servicios de inteligencia” de ese país.

El holandés Paul Wouters, escribiendo al respecto para una revista de su país, cuenta que, cuando los equipos de espionaje fueron entregados por los israelíes, se acordó que “solo el equipo de Verint podría tocar los sistemas… el código fuente no estaría disponible para nadie”.

Como otros especialistas agregan, sin un código fuente abierto, no hay como saber cuáles podrían ser las vulnerabilidades del sistema y es probable que ellas, además, se encuentren en el mismo diseño, puestos ahí de manera deliberada.

La entrada de las compañías “privadas” israelíes a Estados Unidos y su sistema de comunicaciones fue facilitada por una serie de leyes emitidas en 1994, conocidas por las siglas CALEA (“Communications Assistance for Law Enforcement Act”). CALEA, “forzó a los negocios vinculados a la comunicación (de Estados Unidos) a buscar la encriptación de la información de sus usuarios a través de terceros”, explica Christopher Ketcham en el artículo referido al inicio de este artículo. Fue entonces cuando las privadas Verint y Amdocs entraron a asumir ese rol (Counterpunch, 27/09/08).

Como explica James Bamford para la revista Wired (03/04/12), Verint fue fundada por Jacob “Kobi” Alexander, un oficial de inteligencia israelí retirado y prófugo de la justicia estadounidense hasta el 2016. Ese año, Alexander pudo volver a Estados Unidos luego de pasar una década en Namibia, a donde huyó para evitar la cárcel. El FBI lo buscaba por lavado de dinero, soborno, robo, entre otros. Dos de sus asociados en Verint también participaron de sus delitos y pasaron tiempo en la cárcel, pagando millones en multas.

En una “rara admisión”, el brigadier general del ejército israelí en retiro, Hanan Gefen, antes comandante de la Unidad 8200 –dedicada a la interceptación de información–, le contó a un periodista de Forbes que Comverse (el nombre anterior de Verint), así como otras empresas privadas israelíes en el sector, fueron “influenciadas” directamente por la tecnología desarrollada por su agencia. Tanto los veteranos de la unidad de inteligencia israelí, como sus tecnologías, son empleados hoy en alrededor de 30 a 40 compañías privadas alrededor del mundo. Esto es posible gracias a la casi completa desregulación de este mercado, que pasó de la inexistencia a mover cerca de 5.000 millones de dólares anuales hacia la primera década de este siglo.

También las regulaciones de carácter nacional –o la falta de ellas–, son abusadas por estas empresas. En Colombia, Verint trabajó con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cerrada luego de que se revelara el espionaje de 600 figuras públicas, las que también sufrieron, en muchos casos, acoso por parte de la agencia. Verint contrató con el DAS y muchas otras agencias que no tenían autoridad legal para interceptar comunicaciones, de acuerdo con Privacy International. “Verint –explica la entidad–, realizó pruebas de vigilancia para la DAS, incluso luego de que esta fuera denunciada por sus actividades ilegales” (02/09/15).

En el Perú, los contratos iniciales con Verint, fueron realizados durante la gestión de Ollanta Humala, cuyo gobierno protagonizó su propio escándalo de espionaje. Ahora el gobierno de Vizcarra retoma los negociados. No es, pues, un asunto partidario. Son “tendencias” globales que llegan a nuestro país, en su calidad de patio trasero, casi como imposiciones. Esa subordinación es solo provechosa para una élite que preferiría que no sepamos nada de lo reseñado aquí.

Más que un bicentenario, lo que necesitamos es una segunda independencia.

https://www.alainet.org/es/articulo/201176

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Terrorismo de Estado e impunidad en Colombia

Luis Jairo Ramírez

Se ha dicho que el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas de la violencia debe satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, identificar a los promotores y beneficiarios de la violencia; también se reconoce que “la verdad favorece la convivencia en los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”.

En estos días algunos medios de prensa han filtrado elementos del informe reservado enviado por la FIscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre “Victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado”. A pesar que en el documento, el organismo resalta la violencia contra defensores y líderes en Medellín en los años 80 y 90, se deja entrever la responsabilidad directa del Estado en el régimen de terror y la violencia generalizada en el país.

La violencia ejercida por el poder desde hace más de medio siglo, tendiente a acallar cualquier signo de oposición al sistema o siquiera de inconformidad popular, ha dejado miles de víctimas de crímenes de Estado. El régimen político en Colombia ha sido esencialmente antidemocrático, de composición elitista y excluyente, basado en el más atroz autoritarismo, donde la figura del presidente concentra los espacios fundamentales de las decisiones y pisotea continuamente el Estado de derecho.

Desde principios de los 80, comenzó un nuevo ciclo de violencia en el Magdalena Medio; es conocido que el general Faruk Yanine Díaz, entonces comandante de la Segunda División del Ejército, construyó la diabólica alianza con los grupos paramilitares y el narcotráfico; trajeron al mercenario israelí, Yair Klein para entrenar militar y tácticamente a los paramilitares, en lo cual contribuyeron también políticos, ganaderos y hacendados. Fue tan eficiente el entrenamiento de Klein, que alias “negro Vladimir”, terminó dando cursos de instrucción militar a oficiales y suboficiales del Ejército en la base militar de Tolemaida. Este fue el preámbulo que disparó el exterminio contra los comunistas, la Unión Patriótica, el movimiento sindical y la organización campesina.

Develar el hilo conductor entre la violencia liberal-conservadora de los años 40-50, la agresión militar a las zonas de colonización campesina a comienzos de los 60, el régimen de las torturas y la desaparición forzada en el gobierno de Turbay Ayala; el vínculo bipartidista en los 80 con el narcotráfico y el horror de la llamada “seguridad democrática” de Uribe Vélez, nos llevará a encontrar que en todo este periodo los protagonistas y usufructuarios de la violencia son los mismos partidos y el mismo grupo de familias adineradas que ahora se niegan a dejar la guerra y desatan la más feroz ofensiva contra los acuerdos de paz y la JEP.

La alianza del Establecimiento con el narcotráfico que llevó a Pablo Escobar al Congreso, terminó mal. El país fue sometido a una oleada de atentados; los asesinatos de Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza,  conmovieron el país;  entonces en inicios de los años 90, el Presidente César Gaviria creó el Bloque de Búsqueda para la captura de Pablo Escobar y para ello avaló la tenebrosa alianza con narcotraficantes del cartel de Cali, la DEA, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y con paramilitares como los hermanos Castaño y Diego Murillo, alias “Don Berna”, alianza que se conoció como los “pepes”. Una vez cayó Escobar “Los Pepes” derivarían luego en las AUC, que sembraron de asesinatos y masacres en todo el territorio nacional.

Es claro que el paramilitarismo en Colombia, lejos de ser una espontánea reacción de las élites nacionales contra la insurgencia armada, como se afirmó en su momento, fue en realidad y sigue siendo una estrategia implementada por el Estado para mantener el sistema semi-feudal de acumulación de tierras y la defensa de sus intereses.

A mediados de julio de 1997 unos noventa paramilitares, uniformados y armados por el general Rito Alejo del Río en la Brigada XVII, atravesaron sin obstáculo medio país en dos aviones militares, entre Urabá y San José del Guaviare, irrumpieron en coordinación con miembros del Ejército en la población de Mapiripán, torturaron, asesinaron y desaparecieron a decenas de campesinos. Luego bajo el auspicio del gobierno Pastrana este grupo paramilitar de los hermanos Castaño extiende su accionar por el resto del Meta, Casanare, Guaviare y Caquetá y es responsable de miles de crímenes.

Los crímenes de Estado se convirtieron en pan de cada día. En marzo de 2003, Edualdo Díaz, alcalde del municipio de El Roble por el Polo Democrático, le advirtió públicamente en un consejo comunitario al entonces presidente Uribe del riesgo que corría de ser asesinado y responsabilizó al exgobernador de Sucre Salvador Arana; en menos de un mes, el cuerpo del alcalde apareció sin vida a tres kilómetros de Sincelejo. Pese al asesinato del alcalde de El Roble, Uribe Vélez nombró a Salvador Arana embajador de Colombia en Chile.

La Fiscalía comprobó que Jorge Noguera, director del DAS, hombre de confianza del presidente Uribe, le suministraba a los paramilitares planillas con nombres de defensores de derechos humanos, académicos, activistas sociales y sindicales, periodistas y líderes de la oposición de la Costa Atlántica y lo condenó como coautor del homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.

Igualmente el Presidente Uribe había designado como subdirector del DAS a José Miguel Narváez, experto en inteligencia y profesor de la Escuela Superior de Guerra; Mancuso confesó tiempo después, que entre 1998 y 2002 Narváez dictó una cátedra llamada “¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?” a grupos de paramilitares entre los que se encontraban él y Carlos Castaño. En agosto de 2018 Miguel Narváez fue condenado a 30 años por el homicidio de Jaime Garzón.

Se intentó descargar sobre la insurgencia el peso de la crisis humanitaria y exculpar la enorme criminalidad del Estado, que no ha tenido límites: el despojo de tierras para su proyecto extractivista que dejó seis millones de desplazados, las desapariciones forzadas que duplican las que hubo durante las dictaduras de Chile y Argentina sumadas, las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales realizadas por brigadas militares y el masivo exilio de perseguidos políticos del que nadie habla.

Durante este gigantesco drama humano hubo una impresionante inacción judicial, reinó la impunidad, la indiferencia del parlamento y la complicidad de los principales medios de comunicación que no solo silenciaron esta terrible matanza de colombianos, sino que en muchos casos justificaron los crímenes de la alianza militar-paramilitar.

La criminalidad Estatal y empresarial tiene nombres y apellidos y deben salir a la superficie.

http://semanariovoz.com/los-crimenes-estado-al-margen-la-ley/

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Ante el frío y el hambre los argentinos se organizan para repartir comida en la calle

Gremios y movimientos sociales instalaron este mediodía en el centro, el Congreso y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires ollas populares para asistir a las personas en situación de calle y denunciar la responsabilidad de las políticas de los gobiernos nacional y porteño en la situación. La CTEP armará además, a la tarde, una carpa en el Obelisco para que los sin techo pasen la noche a resguardo. «Necesitamos que las autoridades pongan atención porque hay una situación de emergencia social y alimentaria a la que no está dando la respuesta que se necesita», señaló Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores Excluídos, mientras comenzaban los preparativos para la actividad.

El viernes las organizaciones que realizaron el Censo Popular de Personas en Situación de Calle dieron a conocer que en la Ciudad de Buenos Aires hay 7251 personas viviendo a la intemperie, entre ellas un número creciente de jubilados y niños. «Desde que se inició el censo, hace dos meses y medio, murieron tres personas. Y en lo que va del año cinco», agregó Guillén.

El relevamiento puso en primer plano que en los últimos dos años la cantidad de sin techo aumentó en un 70 por ciento: en 2017 eran alrededor de 4 mil. La respuesta de la administración de Horacio Rodríguez Larreta ha sido negar la gravedad de la crisis. Los funcionarios porteños han admitido un aumento de desocupados pidiendo o en la calle o juntando cartones, pero argumentaron que «no son personas de la CABA» sino del conurbano que vienen a buscar recursos a la capital. En el caso de Sergio Zacarías, un indigente que murió de frío a cuatro cuadras de la Casa Rosada, la reacción fue sostener que se negaba a recibir ayuda.

La actividad en el Obelisco empezará cerca de las once de la mañana, organizada por Proyecto Siete, el MTE y el Movimiento Popular La Dignidad, todos integrantes de la CTEP, que convocaron a los vecinos y agrupaciones que así lo quieran a acercar donaciones y dar una mano. Están pidiendo ropa de abrigo, frazadas, colchones, leche y alimentos no perecederos. A las doce servirán un almuerzo y ofrecerán una conferencia de prensa. Por la tarde será el momento del armado de la carpa con capacidad para que puedan pasa la noche unas 60 personas.

Durante la jornada de hoy y parte de la mañana, -ya que estará montada por 24 horas- en la carpa habrá talleres, actividades culturales, de asistencia para la tramitación de documentos y de pensiones.

Por otra parte, este mediodía en el Congreso el Sindicato de Camioneros va a repartir 700 viandas para las familias sin techo. Desde el gremio indicaron que la medida fue decidida «ante el total abandono del Estado y la profunda crisis que atraviesa el país» y con el objetivo de «mitigar el hambre de millones de familias que fueron sumergidas en la pobreza a consecuencia de las malas políticas del gobierno nacional».

https://www.pagina12.com.ar/205280-ollas-populares-contra-el-frio-y-el-hambre

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Colombia: la policía está fuera de control

Michael Reed Hurtado

El abuso de poder y la corrupción son problemas que aquejan a las organizaciones de policía de todo el mundo. Sin embargo, en Colombia, salvo en el contexto de algún escándalo (siempre pasajero), estos problemas no se abordan.

Reconocer la existencia de dinámicas de abuso de poder y de corrupción en la fuerza policial no hace parte del abordaje de la administración pública en el país. Parece que se prefiere (o se requiere) avanzar sin controles, limitando el alcance de sucesivos destapes –como la relación activa y dinámica entre la policía y el crimen organizado, abusos físicos y sexuales involucrando una larga cadena de perpetradores y encubridores, o la malversación de fondos públicos– a la exposición de ovejas negras o de manzanas podridas. A golpe de chivos expiatorios, la Policía Nacional sigue, como siempre.

La negación que acompaña al fenómeno profundiza las dinámicas de abuso de poder y de corrupción, y retrasa la respuesta a los problemas en la operación de una organización esencial para el funcionamiento del Estado. Además, la organización policial termina involucrada en las transgresiones al esconder, o al negar su existencia o sus implicaciones.

A partir de ejercicios de control internos y externos a distintas organizaciones de policía en el mundo, sabemos que, por razones relacionadas con la naturaleza de la organización y sus actividades, las policías son particularmente propensas al abuso de poder y a su ocultamiento. La Policía Nacional no es ajena a esta dinámica.

Las transgresiones que son conocidas se tramitan de manera calculada mediante relevos, acciones disciplinarias y penales (aisladas), anuncios de modernización, y procesos de promoción de derechos humanos. Los escándalos, además, cumplen otro propósito: opacan la consideración de casos y situaciones menos notables pero de altísima frecuencia, como la arbitrariedad o la brutalidad policial contra sectores sociales vulnerables, la obstaculización de la justicia, o la participación paralela de muchos agentes policiales en negocios (legales e ilegales) que riñen con su función pública.

Al margen de que se conocen problemas serios y extendidos de criminalidad organizada, brutalidad policial y corrupción en la Policía Nacional, los elementos estructurales y las causas de esos problemas no son abordados. La organización es refractaria y ha logrado exitosamente evadir controles y negar patrones de trasgresión que afectan a toda la organización.

La dinámica de reforma institucional ha respondido a una trama de escándalo, reconocimiento parcial, reforma, recaída y nuevo escándalo. Esta lógica cíclica fue evidente en relación con los dos procesos de reforma que la organización experimentó. En ambos casos, un evento notorio –la violación y la brutal muerte de una niña de 9 años en la estación de policía de Germania en febrero de 1993 y la apropiación en 2003 de tres toneladas de cocaína por parte de un grupo de policías para beneficiar al crimen organizado en Barranquilla– se convierte en el recurso simbólico que potencia la reforma sin que se examinen las dinámicas trasgresoras instaladas en la organización y sus causas.

Casos y situaciones más recientes –como los vínculos de algunos oficiales con redes de narcotráfico, el encubrimiento del homicidio de Diego Felipe Becerra, y la denominada Comunidad del Anillo– evidencian dinámicas similares. Hay escándalo, reacción contenida, ajuste, y todo sigue igual.

El conocimiento público sobre el funcionamiento y la dinámica de la Policía Nacional es muy limitado; en parte, por esta razón, el debate sigue cerrado, y la organización sigue sin controles.

https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-policia-sin-controles-FC11131664

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El Golpe de Estado en Uruguay en 1973

Del año 1973 muchos militantes guardan el recuerdo del golpe del Estado de Pinochet en Chile. Pero el 27 de junio de ese mismo año tuvo lugar en Uruguay un golpe de Estado militar. La dictadura se mantendría hasta el año 1984. 11 años de tortura, de “desapariciones”, de encarcelamientos, de caza a quienes luchaban por la revolución, a demócratas y sindicalistas, a los y las resistentes, a las personas solidarias. Todo ello se dio a una escala masiva. Se cuentan en 15.000 las personas que fueron retenidas como prisioneras políticas y torturadas, al tiempo que fueron 500.000 las que se fueron al exilio (en un país de menos de tres millones de habitantes).

La represión, sin embargo, había comenzado mucho antes, fundamentalmente con la promulgación de las medidas de excepción, en junio de 1968, con un gobierno “democrático” todavía funcionando. La censura y la posibilidad de realizar detenciones sin cargos fueron así legalizadas. Esto preparó el terreno para los militares, que fueron ocupando una posición cada vez más importante, y culminó el 26 de junio de 1973. El 30 de junio la Convención Nacional de Trabajadores fue disuelta, muchos de sus miembros continuaron la lucha en la clandestinidad, empezando por una huelga general contra el golpe de Estado que se prolongó hasta el 12 de julio.

Estos fueron los años en los que el imperialismo americano instaló y sostuvo dictaduras por toda América Latina.

Si la dictadura militar tuvo su origen en un régimen que se decía democrático, su fin estuvo marcado también por una connivencia similar: la “transición democrática” que comenzó a principios de los años ochenta fue acompañada de la represión feroz de los movimientos sociales. En diciembre de 1986, de nuevo un “régimen democrático” promulgaba una ley de amnistía que permitía que los responsables de esa sangrante represión eludieran a la justicia. Esta situación permite que haya aún hoy responsables políticos y militares que reivindiquen abiertamente la dictadura.

https://www.laboursolidarity.org/URUGUAY-23-de-junio-de-1973-Golpe

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Las calles arden nuevamente en Honduras 10 años después del Golpe de Estado

A una semana del décimo aniversario del golpe de Estado en Honduras, las calles de Tegucigalpa arden nuevamente. Como aquellos días de junio y julio de 2009, cuando centenares de personas salieron a defender el gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya, hoy se registran barricadas y represión en la mayor parte del país, gobernado por uno de los sectores más beneficiados por aquel golpe de hace una década.

La última crisis, a pesar de estar estrechamente ligada al derrotero que el país vive desde hace tiempo, es quizás de las más complejas. De ella participan sectores muy diferentes, con diversas reivindicaciones y múltiples objetivos, pero que expresan la degradación del sistema político hondureño.

La chispa de la nueva revuelta la prendieron los docentes y los médicos. En abril pasado, ambos gremios comenzaron las protestas contra las reformas promovidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), sosteniendo que promovían la reestructuración de los sistemas de salud y educación, y permitirían recortes y despidos masivos.

A las manifestaciones se unieron los estudiantes, y en pocas semanas sectores muy diversos confluyeron detrás de la consigna que aún encabeza las protestas: #FueraJOH. A principios de mayo se dieron las primeras represiones. Una de las marchas concluyó frente a la embajada de los Estados Unidos, y prendió fuego la entrada. El gobierno desató una represión feroz en las calles, al mismo tiempo que se vio obligado a derogar las reformas en salud y educación. Sin embargo, el movimiento en las calles no se extinguió.

Luego de los docentes y de los efectores de salud, entraron en huelga los mismos efectivos de la policía nacional lanzados a las calles de Honduras para reprimirlos. Según los representantes de las fuerzas de seguridad, los antidisturbios sufrieron todo tipo de presiones y abusos por parte de los directivos, que los obligaban a jornadas de trabajo sin descanso para reprimir las manifestaciones.

La inestabilidad generalizada del país provocó a fines de mayo el encarecimiento de los precios de combustible, frente al cual los transportistas también se lanzaron a la huelga. En fin, una sucesión de eventos que sumieron a Honduras en una inestabilidad constante desde hace un mes.

El 19 de junio las protestas alcanzaron su pico más alto. Durante las represiones se registraron tres muertos y decenas de heridos. El líder del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, llamó al pueblo a mantenerse en las calles hasta lograr la renuncia del presidente, sobre el cual pesa la responsabilidad de la represión y el caos en que se ha convertido el país.

Efectivamente, este segundo mandato de Hernández ha sido, cuanto menos, polémico desde su comienzo. Llegó al gobierno en 2014, sucediendo a su padrino político, Porfirio Lobo, primer presidente electo luego del golpe de 2009. Desde un comienzo, JOH mantuvo la estructura de poder implantada tras el golpe, que se basa en el trípode constituido por las Fuerzas Armadas, que controlan buena parte de la vida civil del país, incluyendo sectores energéticos y viales -particularmente aquellos privatizados luego del golpe-; las elites empresariales, ligadas en la mayoría de los casos a sectores de poder extranjeros; y las élites políticas locales, de las cuales Lobo y Hernández siguen siendo fieles representantes.

Buena parte de ese entramado quedó al descubierto durante las investigaciones por el asesinato de Berta Cáceres, la militante que se oponía a la construcción de la represa de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y por cuyo asesinato han sido imputados un mayor del Ejército, el presidente de la empresa y su gerente ambiental, vinculado a la política local.

En 2015 la Sala Constitucional, en una bochornosa decisión, declaró inválido para JOH el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial. Y en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el mandatario resultó vencedor por solo 50.000 votos frente a la coalición Alianza de Oposición contra la Dictadura, que reunía a casi todo el arco opositor, que denunció fraude. Las protestas que siguieron a esos eventos fueron brutalmente reprimidas, con un saldo de 22 muertos, y marcaron el comienzo de la enésima etapa de declino institucional que vive Honduras en la actualidad.

La popularidad de JOH cayó estrepitosamente tras la victoria manchada por las sospechas de fraude y, sobre todo, la violencia policial. A esto se le sumó, en octubre de 2018, una denuncia de la justicia norteamericana contra el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, acusado de traficar “toneladas de cocaína a través de Honduras” con destino a los Estados Unidos. El presidente también está bajo sospecha de la misma DEA, aunque la embajada norteamericana aún no le suelta la mano.

La situación actual, sin embargo, no solo es causada por los manejos oscuros de la clase política local y sus aliados foráneos. El país tiene serios déficits estructurales que se ponen de manifiesto en estas coyunturas. Honduras es el país con el índice de pobreza más alto de América. Según el último informe de la Cepal, el 53,2 por ciento de la población es pobre y el 18,8 por ciento no logra tener lo suficiente para garantizar su subsistencia diaria. Es el segundo país con el mayor índice de homicidios del mundo, detrás de El Salvador.

Desde el golpe de Estado hasta 2017, última fecha con datos consolidados, han sido registrados 120 asesinatos de activistas y defensores del medio ambiente, y casi 300 asesinatos de personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Solamente en el bienio 2016-2017, Naciones Unidas denunció 1.200 ataques violentos contra defensores de derechos humanos. En los últimos cuatro años, han sido asesinados 32 periodistas en Honduras, la mayoría de ellos que se encontraban investigando las tramas que unen a sectores empresariales, políticos y militares. Y todo esto a pesar de la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Protección por parte del Congreso hondureño en 2015.

A pesar de haber llegado a un acuerdo con policías y transportistas, el gobierno sigue fuertemente hostigado por dentro y por fuera. Porfirio Lobo decidió soltarle la mano al presidente y lanzar su agrupación interna al Partido Nacional, para competir contra él en elecciones internas. En las calles siguen las protestas que prometen no culminar hasta la celebración de nuevas elecciones.

https://ombelico.com.ar/2019/06/21/honduras-en-crisis-diez-anos-despues/

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Resistencia popular

Tres semanas de lucha popular permanente en Honduras

Las noticias que llegan desde Honduras cortan el aliento. Las organizaciones de defensores de derechos humanos vienen sufriendo desde el golpe de estado de 2009 contra el presidente Mel Zelaya una persecución permanente y campañas de odio, que se han visto agudizadas en el segundo mandato presidencial de Juan Orlando Hernández, calificado por sus propios votantes como “dictador”.

Al asesinato sonoro de Berta Cáceres en 2016, defensora medioambiental y de los derechos de la comunidad originaria Lenca, enfrentada a los proyectos hidroeléctricos en el país, deben sumarse decenas de víctimas más, la mayoría asesinadas en la represión de las fuerzas de seguridad del gobierno inconstitucional de Hernández, que forzó la legalidad del país para ser reelecto, a través de unas elecciones denunciadas masivamente por el fraude cometido.

Este lunes se presentaron en las oficinas de la Fiscalía en la capital del país, Tegucigalpa, denuncias por la violencia sufrida por los estudiantes y también por los empleados del sistema de salud.

Mientras esto sucedía en el norte del país, en Baracoa, las fuerzas represivas tomaron de rehén a la población que realizaba una huelga en defensa de la educación pública y en contra de los planes de privatización que lleva adelante Hernández. El caos se extendió en el departamento por el uso desmedido de gases lacrimógenos y la persecución contra los docentes, que intentaban huir de la brutalidad policial.

Los paros y movilizaciones en las principales ciudades del país se suceden, exigiendo siempre la renuncia del presidente ilegítimo. Los intentos para silenciar las voces opositores fueron insistentes, incluyendo la detención de periodistas y directores de medios informativos. Las amenazas de muerte son moneda corriente y solo la movilización permanente y la firmeza de los hondureños y hondureñas de continuar por la vía no violenta con la protesta ha permitido salvar miles de vidas.

“La embajada de los Estados Unidos emitió este martes un comunicado que no establece una postura determinante sobre la crisis por la falta de gobernabilidad que vive Honduras y que ha desencadenado en protestas ciudadanas, represiones militares y policiales y varias muertes”, explica un artículo. Y agrega que “la representación diplomática, que ha demostrado un claro respaldo al régimen de Juan Hernández, comienza diciendo que Estados Unidos afirman su compromiso con los derechos humanos” y “sin valorar las razones de las protestas, hace un llamado para que todos los hondureños, tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad, se abstengan de la violencia, que guarden la compostura y que muestren respeto a los derechos fundamentales de sus conciudadanos”.

En el día de ayer la Mesa de los Derechos Humanos también denunció judicialmente al Secretario de Seguridad Julián Pacheco Tinoco y el director de la Policía Militar del Orden Público por las persistentes violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, además de hechos estrictamente delictivos.

La semana pasada algunos cuerpos policiales se negaron a obedecer órdenes de desalojo contra manifestantes y el movimiento de resistencia contra la dictadura continúa en el país centroamericano.

⟶https://www.pressenza.com/es/2019/06/la-lucha-continua-en-honduras/

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Honduras es la nueva punta de lanza del sionismo en América Latina

Honduras se convertirá pronto en la nueva punta de lanza del sionismo en América Latina. Un acuerdo firmado por ese país con Israel y EE.UU. permitirá a la llegada de mil soldados israelíes que se instalarán en la base militar de Palmerola. Los uniformados sionistas entrenarán a los soldados locales para la protección de fronteras y el adiestramiento en tratar con las masivas salidas de hondureños en caravana hacia Estados Unidos.

Basta ver la forma en que los soldados israelíes se ocupan de sus fronteras para preocuparse en el tipo de entrenamiento que tendrán. Por supuesto también esgrimen la justificación de entrenamiento en lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el caballito de batalla de Estados Unidos para la presencia de militares extranjeros en América Latina. Es sumamente preocupante la presencia de este contingente en el territorio latinoamericano, especialmente en un contexto tan frágil como el actual. Donde Venezuela está siendo asediada por el imperio, donde miles de centroamericanos -particularmente hondureños- dejan sus países por las malas condiciones de vida y deciden marchar hacia el norte.

No es la primera vez que Honduras que transforma en un peligro para toda la región. En Palmerola funciona la base aérea Soto Cano, donde opera una base militar de Estados Unidos con la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo. En la década de 1980 asediaban desde allí a los gobiernos revolucionarios y populares en Nicaragua y El Salvador. El acuerdo también prevé el suministro de armas, equipamiento bélico y sistemas de vigilancia de alta tecnología. Poco se ha hablado de esta noticia en los medios internacionales, pero ya ha prendido la alarma de alerta en los países de la región que no venden su soberanía y ven en este acuerdo un peligro para todo el continente.

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El hombre de Washington para el Golpe de Estado en Venezuela: Carlos Vecchio

La historia del ascenso del cerebro del cambio de régimen a través de instituciones de la élite estadounidense y la industria petrolera encierra la esencia de la oposición venezolana.

El 24 de mayo fue un día de celebración, ganado a pulso, para Carlos Vecchio, el hombre con el encargo de la Administración Trump de estar al frente del intento de golpe de Estado contra Venezuela, en la capital de los Estados Unidos.

Su rostro estaba considerablemente oscurecido por el video granulado del momento en el que él y su pandilla se asomaron por la ventana del tercer piso del edificio, mientras izaba una bandera sin estrenar, en la antigua misión diplomática de Venezuela en Washington DC. Pero Vecchio claramente brillaba mientras un público reducido de simpatizantes aupaban desde abajo.

Por fin, en una pantanosa tarde de primavera, Vecchio había llegado como el «embajador» de Venezuela en los Estados Unidos […] Vecchio fue fundamental para sentar las bases para lo que sería el golpe de la Administración Trump.

Luego de pasar al exilio en 2014, Vecchio se convirtió en el «cerebro» detrás de la oposición venezolana en los Estados Unidos. Y mucho antes de que Trump asumiera su mandato, el abogado con labia se estaba congraciando con funcionarios estadounidenses y debatiendo planes para lograr el cambio de régimen en Caracas.

En entrevistas con medios estadounidenses, Vecchio se vende a sí mismo como un político natural que fue forzado al exilio por la brutalidad del gobierno venezolano. Este relato no sólo borra su responsabilidad en la promoción de la violencia opositora, sino que suprimió aspectos fundamentales de su currículo que arrojan una nueva luz sobre las fuerzas que propalaron el ascenso del «embajador» de un régimen golpista designado por los Estados Unidos.

Su carrera no comenzó en la agresiva escena política venezolana, sino por el contrario, con una prometedora carrera en la industria petrolera. De hecho, Vecchio entró en la arena en 2007, sólo luego de que Hugo Chávez exitosamente expulsó a ExxonMobil, su empleador para aquel entonces. Por años, Vecchio lideró la batalla legal de Exxon contra el gobierno de Chávez.

Este detalle revelador ha sido curiosamente omitido en entrevistas con medios estadounidenses simpatizantes, y es brevemente mencionado en su autobiografía. Sin embargo, es crítico comprender su rol emergente, especialmente cuando Juan Guaidó trastabilla en casa.

El gobierno venezolano acusó a Vecchio de robar 70 millones de dólares de Citgo, la compañía hermana de PDVSA radicada en los Estados Unidos que fue colocada bajo su control cuando la Administración Trump lanzó su intento de golpe en enero. No queda claro quién le está pagando el sueldo al «embajador» y su creciente procesión de activistas profesionales de oposición, pero la disputa sobre los activos de Citgo ofrecen una pista.

Vecchio ha tratado estos episodios incómodos como ruido de fondo, en su lugar enfocándose en su rueda de prensa del 18 de junio en el USNS Comfort de la armada estadounidense. Una vez en cubierta, Vecchio estará hombro con hombro con el vicepresidente Mike Pence y el jefe del Comando Sur. Luego el barco-hospital desplegará velas hacia América del Sur en otra maniobra provocadora apuntando a socavar la soberanía del país.

Puede que el golpe haya perdido dirección en Caracas, pero el cabildeo de Vecchio por la intervención desde Washington avanza a toda máquina.

En los años que anteceden a este momento crucial, a Vecchio lo canalizaron por instituciones elitistas de la costa este, alisado por becas y subvenciones firmadas sucesivamente por el gobierno estadounidense. Considerando su trayectoria, no es ninguna sorpresa que su periplo eventualmente lo llevara derechito a Washington.

«Me había dado cuenta de que necesitaba ser parte del cambio que quería ver», le dijo a The Yale Globalist.

Personaje central en el golpe de Trump, con vínculos duraderos con una de las compañías petroleras detrás del empuje por el cambio de régimen, Vecchio juega su papel con precisión. Contado en páginas autobiográficas, en entrevistas con lustrosas revistas del Ivy League (la red de universidades de la elite estadounidense), y a través de archivos financieros de la USAID, su historia destila la esencia de la oposición venezolana.

La educación del niño Carlos

Anidado en el exuberante valle que se extiende en el montañoso estado nororiental de Monagas, el municipio agrario de Caripe fue el telón de fondo de la infancia de Carlos Vecchio. Hogar de uno de los parques nacionales emblemáticos de Venezuela, la Cueva del Guácharo, Caripe es un pueblo adormecido repleto de cafetales y otro cultivos de temperatura templada como papas y fresas. Cuando Carlos nació en la capital del estado, Maturín, en 1969, el clan de los Vecchio tenía poco menos de un siglo viviendo en Caripe.

De acuerdo a su autobiografía de 2018, titulada “Libres: el nacimiento de una nueva Venezuela”, su bisabuelo, Rafaelle, llegó de Italia al oriente venezolano alrededor de 1889. Su padre, Rafael, fue un político prestando servicio como concejal por tres períodos consecutivos. En sus memorias y entrevistas, Carlos dibuja a su padre como un hombre comprometido con el pueblo. Asignado con las tareas de resolver disputas y monitorear el registro de tierras local, a Rafael se le encomendó la supervisión de la clase terrateniente de Caripe como miembro del partido de centro-derecha Copei.

«Mi padre fue un político, así que lo llevo en la sangre», reflexionaba en una entrevista con el medio que sin ironía alguna se llama el Yale Globalist.

Por años, Copei representó en toda regla los intereses de la jerarquía eclesiástica, la clase terrateniente y la oligarquía venezolana en los pasillos del gobierno. Rafael Vecchio no sólo se desempeñó como concejal por Copei y como candidato a la alcaldía de Caripe, sino también como el Secretario Regional del partido.

«Aunque era sólo un niño, yo participé en muchos mítines, particularmente en el municipio, acompañando a mi padre a todos lados», recordó en una conversación con The Politic.

«Sentí que era mi responsabilidad el entrar en política luego de ver los esfuerzos de mi papá».

Cuando le llegó el momento de reubicarse en la capital de Venezuela para trabajar, como muchos jóvenes con ambiciones políticas, decidió estudiar Derecho. En 1992, el mismo año en el que Hugo Chávez saltó al centro de la atención política luego de su intento fallido de dirigir un alzamiento militar, Vecchio recibió su diploma en Derecho de la Universidad Central de Venezuela.

Según el Washington Diplomat, luego de la escuela de derecho, el político en ciernes «ganó una beca Fullbright que le permitió estudiar en [la universidad de] Georgetown, y luego en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, donde realizó un posgrado en administración pública, eventualmente regresando a Venezuela para enseñar en escuelas públicas y sumergirse gradualmente en la política opositora».

Aunque se graduó en Derecho en 1992, Vecchio no llega a Harvard hasta 1998. Este relato abreviado, contado una y otra vez en medios en lengua inglesa, pasan por encima unos cuantos años cruciales en su vida.

Una beca completa, cortesía del gobierno de los Estados Unidos

Luego de graduarse, los estudiantes de Derecho deben decidir dónde emplear sus talentos recién adquiridos. Vecchio decidió estar mejor capacitado para el campo anodino, pero rentable, en el ámbito del derecho tributario. En 1994 comenzó a trabajar en la consultoría jurídica de la compañía petrolera nacional, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Para ese momento PDVSA todavía estaba controlada por la oligarquía nacional y la élite gerencial, y así se mantendría hasta que Chávez se movilizara para socializar la empresa.

El currículo de Vecchio es similar al de sus pares de la high de la oposición venezolana. Leopoldo López, quien más adelante fundaría el partido Voluntad Popular con Vecchio, también trabajó para PDVSA en la era pre-Chávez, ejerciendo como consultor y analista de 1996 a 1998. Igualmente, el dos veces derrotado candidato presidencial, Henrique Capriles, también trabajó como abogado tributario, no para la industria petrolera sino para el servicio fiscal de Venezuela, antes de ser co-fundador de Primero Justicia junto a López en el año 2000. Estas personas representan el recambio generacional de la oligarquía venezolana que vieron su futuro truncado por el ascenso de Chávez.

Las ambiciones tempranas en la carrera de Vecchio eran avivadas por obtener ganancias petroleras. En 1994 comenzó su relación profesional con Mobil, ofreciendo consultoría legal con la empresa petrolera antes de que se fusionara con Exxon. Escribe en su libro que con Mobil «estaba ganando seis veces más de lo que ganaba en PDVSA». Sin embargo, fue mientras trabajaba en PDVSA que «veía con interés los carteles de la beca Fullbright». Con apenas un dominio parcial del inglés, aplicó por el programa patrocinado por el Departamento de Estado hasta que, por fin, lo logró en 1998.

La embajada de los Estados Unidos en Caracas pareciera ser una ubicación extraña para tener una entrevista para una beca académica, pero era ahí exactamente donde el abogado ansioso tendría una entrevista para obtener su beca. Vecchio escribe haberse aprendido al caletre las respuestas mientras se preparaba para la entrevista, notando que «si me sacaban de guión se arruinaría todo».

Afortunadamente para él, cuando le preguntaron de imprevisto qué haría él «si usted fuera el ministro de finanzas de Venezuela», un panelista empático le permitió responder en español. Vecchio se fue de esa reunión lleno de confianza. Unos meses después, sentado en su oficina en Mobil, recibe la noticia de la embajada de que había ganado la beca completa.

«Le vamos a pagar todo», le informó la embajada una tarde de julio. Para enero de 1999, Vecchio estaba en Washington con una beca financiada por Estados Unidos en sus manos. Días después, se inaugura el primer mandato de Chávez como presidente. La Revolución Bolivariana había comenzado, así como la reacción violenta de la oligarquía.

Encontrando un mentor político apoyado por los Estados Unidos en Harvard

Estando en la capital estadounidense, Vecchio dice que «estudiaba más de doce horas al día» para aprender inglés y completar su máster en Derecho tributario en la Universidad de Georgetown.

«Todo lo que tengo en la vida es gracias a la educación», le contó a The Politic en 2013. «Me di cuenta de que si necesitaba ser un político, tenía que educarme y prepararme muy bien».

A pesar de carecer de un inglés fluido, cuenta que aplicó para varios trabajos estando en ese país. Como con la solicitud de la beca Fullbright, el abogado corporativo con determinación superó su ansiedad por una segunda lengua para amarrar un contrato lucrativo.

«Cuando me toca hablar tengo mucha dificultad pero hice lo mejor que pude», escribe en su libro, «y resulta que me aceptan ¡un trabajo en Nueva York para cuando termine el posgrado [en Georgetown]! En el 2000 trabajaría en Nueva York, 110 mil dólares anuales, al firmar me daban 10 mil dólares. Me sentía como si fuese un pelotero de las Grandes Ligas».

Vecchio trabajó con la compañía cuyo nombre no revela por tres fructíferos meses antes de avanzar hacia la Escuela de Gobierno Kennedy, la famosa institución donde se entrena a la gente joven que busca hacer carrera en la política del establishment por las luces rectoras de la economía neoliberal y la política exterior intervencionista.

Actualmente la Kennedy School tiene dentro de su profesorado al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, la ex embajadora ante la ONU de Obama, Samantha Power, y el economista Ricardo Haussman -otro de los principales asesores de la administración golpista de Guaidó-. También resulta ser el alma máter del futuro compañero en la fundación de Voluntad Popular, Leopoldo López.

«La Escuela de Gobierno Kennedy me dio especialmente un gran sentido de lo que estaba ocurriendo en el mundo, y me permitió ver a mi país como parte de un mundo globalizado en vez de un país que solamente estaba aislado y preocupado únicamente en sus asuntos internos», le explicó a The Politic.

Fue en el campus de Harvard donde Vecchio encontró a Elías Santana, su mentor político, un activista veterano que viajó a Boston para movilizar a la oposición al proceso constituyente iniciado por Chávez en 1999. Santana ya tenía años trabajando de forma cercana con grupos apoyados por los Estados Unidos para promover la «educación del votante» en Venezuela. Cuando conoció a Vecchio, Santana le dio al estudioso abogado su primer empujón hacia el activismo.

En palabras de Vecchio, «ese fue mi primer vínculo, digamos, con un actor político de vinculación nacional no enfocado en los partidos sino con una asociación civil». Y este no era un vínculo menor.

Queremos Elegir, el grupo de Santana, se había estado coordinando con la USAID y la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) financiada por el Departamento de Estado desde 1993, cuando el IFES seleccionó a Queremos Elegir como una de las «dos asociaciones civiles [consideradas] como interlocutoras adecuadas para promover programas de educación para el voto» en Venezuela, a pesar del hecho de que estaba «limitado» y empleaba «sólo a un integrante pagado».

El IFES caracterizaba a Queremos Elegir como «parte de una agenda» que exigía «un papel mayor del sector privado en la solución de problemas comunitarios y nacionales”. Volantes producidos por el grupo para su distribución durante la elección presidencial de 1998 abiertamente agradecían al Banco Interamericano de Desarrollo (controlado por los Estados Unidos) por el financiamiento de su producción.

Para el año 2000, Queremos Elegir dirigía el esfuerzo por suspender las próximas elecciones presidenciales, las primeras que iban a darse bajo la recién ratificada constitución. En su libro ¿El suicidio de los elefantes?, el investigador Rickard Lalander escribía que Santana y su socia en Queremos Elegir, Liliana Borges, «jugaron papeles importantes en el mega proceso electoral del 2000. Fueron llamados por la Corte Suprema como voces de la sociedad civil venezolana (y la descentralización) para manifestar sus razones para posponer las elecciones».

Al año siguiente, el nuevo gobierno de Chávez se enfrentó con las primeras manifestaciones anti-gobierno de la sociedad civil. Conocido como el «Movimiento 1.011», emergieron como respuesta a un decreto presidencial que buscaba reformas moderadas para expandir la educación pública y crear programas deportivos y de alfabetización en colaboración con el gobierno cubano. Esta era la línea roja para la oposición venezolana. Liderizado por Santana, los oponentes de Chávez presionaron a padres y profesores para que denunciaran lo que ellos etiquetaban como la «cubanización e ideologízación» de la educación.

Chávez «intentó inmiscuirse con nuestras escuelas y la sociedad civil no va a aceptar esto», le dijo Santana a CNN en una manifestación en enero de 2001 descrita como «la mayor protesta contra el gobierno del presidente Hugo Chávez para la fecha».

En sus memorias, Vecchio explica cómo Santana lo invitó a asistir a un encuentro del 1.011 en Caracas cercano a su final de período en Harvard.

«Fue tanta la cantidad de gente que no pude ver a Elías», dijo Vecchio de la concentración, «creo que fue el primer acto de protesta cívica de la sociedad venezolana contra el Decreto 1.011 y de donde nace la asociación civil Movimiento 1.011».

Aunque la campaña fracasó, moldeó los contornos del movimiento fervientemente anticomunista que eventualmente orquestaría el fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002. Vecchio regresó a Harvard a terminar sus estudios antes de aquel día aciago, pero no perdió tiempo para movilizarse con los grupos antigobierno tan pronto regresara.

«Cuando llego a Venezuela», recuerda, «a quien llamé primero fue a Elías».

El hombre de Exxon en Venezuela encuentra su camino

Al momento de mudarse de nuevo a Venezuela, en septiembre de 2001, Chávez ya tenía casi tres años al mando. El país estaba en el medio de un cambio trepidante: en 1999, más de tres cuartos de los votantes aprobaron una nueva Constitución que ampliaba la participación política y fomentaba los derechos de las mujeres, trabajadores, los pobres del campo y los pueblos indígenas. Estas reformas adelantaron la perspectiva de un nuevo conjunto de leyes que amenazaban los estrechos intereses de las clases dominantes del país, así como de las corporaciones estadounidenses.

El antiguo empleador de Vecchio, Mobil, se había fusionado con Exxon y para el momento todavía operaba en Venezuela. Pero su también otrora empleador, PDVSA, estaba en la mira de la Revolución Bolivariana conducida por Chávez. Venezuela había nacionalizado sus reservas durante los años 70, sin embargo las reformas neoliberales instituidas veinte años después abrieron la industria a las finanzas privadas. Chávez buscaba revertir ese proceso, colocando a la jerarquía de PDVSA, en otros tiempos intocable, en peligro.

La decisión de reemplazar la totalidad de la junta directiva de PDVSA a inicios de 2002 lo enfrentaba directamente con la élite del país, provocando una huelga petrolera que paralizó la economía del país y aceleró el impulso por defenestrarlo del poder.

Para ese momento, Vecchio, gracias a su mentor Santana, cosechaba su influencia dentro del sector en expansión de las ONG. «Cuando regreso definitivamente al país, en septiembre de 2001, Elías me cuenta que estaban explorando la posibilidad de crear una nueva asociación», escribe en Libres.

Cuatro meses después, en enero de 2002, junto a Elías y otras personas fundaron Ciudadanía Activa, una autodenominada «asociación civil» enfocada en la «descentralización» política.

El 11 de abril de 2002, la oposición venezolana activó su jugada contra Chávez, secuestrándolo, reteniéndolo en una isla y removiéndolo temporalmente del poder. El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, fue colocado al timón de un»gobierno de transición» establecido en el infamemente antidemocrático «Decreto Carmona». Como representante de la «sociedad civil» que firmó el documento del 12 de abril estaba Rocío Guijarro, cofundadora, junto a Vecchio y Santana, de Ciudadanía Activa.

Aunque el golpe fracasó en menos de 48 horas gracias a la movilización popular, Ciudadanía Activa sigue operando al día de hoy. Se reveló que recibió 76 mil 900 dólares de la USAID los años inmediatamente posteriores al golpe, aunque el monto real que Ciudadanía Activa ha cosechado del gobierno estadounidense todavía se desconoce.

Habiendo fracasado en el derrocamiento contra Chávez vía un golpe, la USAID expandió su huella dentro de la sociedad civil venezolana. En agosto de 2002, la subsidiaria del Departamento de Estado montó en Caracas una extensión de la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI, por sus siglas en inglés) y contrató a una firma privada denominada Development Alternative Incoporated (Desarrollo Alternativo Incorporado, DAI, por sus siglas en inglés) para desembolsar fondos para grupos anti-gobierno.

Uno de los viejos amigos de Vecchio resultó ser quien supervisaba el multimillonario proyecto de DAI. En su autobiografía, Vecchio escribe sobre un personaje llamado Antonio Iskandar, un «gran amigo» con el que vivió al mudarse a Washington para estudiar en Georgetown. También antiguo empleado de PDVSA, Iskandar se desplazó para prestar servicios como «Asesor de Programas» para la OTI Caracas, en sus propias palabras, «diseñando los primeros programas de subvención… trabajando con organizaciones de la sociedad civil».

Curiosamente, Vecchio no menciona el trabajo de su amigo en la operación de cambio de régimen estadounidense, apenas describiéndolo como un compañero de gran ayuda. Hoy en día, Iskandar todavía trabaja para DAI, que fue nombrada por la USAID como «Gran Socio de Negocios del año» en 2018.

En entrevistas en inglés, Vecchio pasa por encima sus actividades en los años inmediatamente posteriores al golpe de 2002. Por ejemplo, en una conversación con The Yale Globalist, se describió a sí mismo simplemente como un «profesor en una universidad local». No obstante, en realidad, estaba sentando las bases para la transición política en casa, involucrándose de lleno con grupos de la sociedad civil financiados por los Estados Unidos mientras mantenía lo que ha descrito como una carrera «exitosa» como abogado tributario.

Nunca hizo mención en los medios gringos al hecho de que trabajaba para la ExxonMobil mientras que los esfuerzos de Chávez por expulsar a las compañías extranjeras alcanzaba su cenit.

En The Yale Globalist encuadró su entrada en la política como una respuesta temprana al ascenso del chavismo. «Fue en 2001», reportó la revista, «cuando Carlos vio lo que estaba pasando y se dio cuenta de que ‘uno no podía ignorar más lo que sucedía'». Examinándolo más a detalle, pareciera que su transición a la política fue una vez que Chávez prevaleciera en el proceso de nacionalización de la industria petrolera venezolana, de este modo destruyendo sus oportunidades para florecer dentro de la misma.

En 2007, el Comandante logró de forma exitosa que Exxon y otras compañías extranjeras entregaran proyectos petroleros vitales al gobierno. Fue ahí cuando Vecchio emergió como un portavoz de facto de la oposición dentro de la industria, quejándose en medios estadounidenses de la «discriminación» chavista.

«Seré despedido», se lamentaba Vecchio en una entrevista con Marketplace, «porque este gobierno me discriminará».

Según Marketplace, para ese momento había estado intentando «levantar una lucha legal infructífera» contra la reestructuración de la industria petrolera venezolana «por años».

Mientras Exxon desmontaba sus oficinas, cuenta Vecchio que le ofrecieron un puesto en la compañía en Qatar. Rechazó la oferta de consolación, y en su lugar se dio el empujón en la lucha contra el chavismo. «Mi decisión es quedarme en Venezuela para sumarme al cambio», escribió. «No puedo pedir un cambio para mi país si no somos capaces de formar parte de ese cambio».

Cuando Carlos conoció a Leopoldo: la creación de un bromance político

A pesar de haber prosperado dentro del mundo corporativo, cuando se trató de política, siempre parecía que Vecchio llegara en segundo lugar. En su primer intento electoral, en 2007 se lanzó como «ciudadano independiente» para la alcaldía del pudiente municipio Chacao, al este de Caracas. El municipio era uno de los hogares de la alta sociedad caraqueña, ofreciéndole a Vecchio el lugar perfecto para poner a prueba sus habilidades adquiridas en Harvard.

Ese año las elecciones por la alcaldía de Chacao se habían convertido en una guerra civil entre pre-candidatos que competían para asumir el legado de Leopoldo López. La estrella en ascenso de la oposición cuyo lanzamiento a la fama incluía la participación de un secuestro de un ministro del gobierno durante el fallido golpe de Estado cinco años antes, por lo que López fue inhabilitado para aspirar a cargos de elección acusado de haber empleado su posición en PDVSA a finales de los 90 para financiar ilegalmente la fundación de su partido, Primero Justicia.

Vecchio rápidamente se retiró de la carrera, culpando de su fracaso a la sobresaturación de competencia en el distrito. No obstante su gesto no pasó desapercibido, ya que López le agradeció personalmente la decisión de retirarse.

Vecchio escribe en su autobiografía que a través de este episodio él y López se convirtieron en «hermanos políticos». Fue el inicio de una relación que transformó a la oposición venezolana. Vecchio nunca ganó una elección y nunca lo hará, pero gracias al lazo con López, tampoco necesitaría un escaño en el parlamento para alcanzar la influencia que deseaba.

Engendrando un partido en el tubo de ensayo gringo del cambio de régimen

A finales de 2007, la economía venezolana rugía. Chávez y sus aliados demostraban ser imbatibles y los progresistas se apuntaban victorias en países en toda América Latina. Estados Unidos estaba desesperado por encontrar cualquier medida para revertir el cambio de época que barría el continente. Un nuevo intento vino de la mano de la Generación 2007, un grupo de operadores juveniles entrenados por los Estados Unidos que proveyeron el vehículo perfecto para que Vecchio y López radicalizaran a la oposición del país.

En mayo, miles de estudiantes de clase media y alta se lanzaron a las calles para protestar contra la decisión del gobierno de no renovar la concesión de transmisión de Radio Caracas Televisión, un canal de oposición que se arrogó el crédito del golpe que momentáneamente derrocó a Chávez años atrás.

Las manifestaciones rápidamente se transformaron en una revuelta contra un referendo en ciernes por una reforma constitucional en torno a la propuesta de declarar a Venezuela una nación socialista. Tal como reportaron Max Blumenthal y Dan Cohen para The Grayzone, el movimiento estaba dirigido por activistas entrenados por el Centro para la Aplicación de Acciones y Estrategias No-Violentas (CANVAS, por sus siglas en inglés) financiado por la NED y la CIA. Era el inicio de la «Generación del 2007».

Sus líderes estaban directamente patrocinados por la OTI de la USAID. Tal como un contratista vinculado a sus proyectos le explicó a Tim Gill y Rebecca Hansen para The Nation, «los Estados Unidos realizaron un movimiento arriesgado y trajeron un montón de dinero para los estudiantes a través de la OTI, que como resultado de eso creció bastante».

«Estoy orgulloso. Es como ver a tu hijo e hija crecer», continúa el contratista. «Los conocí desde que comenzaron a crecer… los líderes potenciales para cuando (y si es que hay) un cambio de gobierno, y nosotros fuimos los que les enseñamos a dar sus primeros pasos».

Previo a esta movilización, la oposición venezolana estaba desmoralizada, sufriendo un golpe tras otro en los colegios electorales. Pero gracias a la Generación 2007, lograron infringirle a Chávez una derrota inusual, impidiendo el referendo para instituir el Socialismo del Siglo XXI. Esta victoria trajo nuevos rostros que se encarrilaron en las ONG, incluyendo al futuro líder del golpe, Juan Guaidó, cuya única mención en el libro aparece en una sección reflexionando sobre la emergencia de la Generación 2007. La escena estaba preparada para un reagrupamiento político que pudiera apalancar el entusiasmo de los movimientos de laboratorio hacia el poder real.

En 2009, López y Vecchio fundaron Voluntad Popular, un partido que reflejaba los intereses de la clase empresarial y la sensibilidad radical e intransigente del liderazgo juvenil.

«Comenzamos a visualizar más una organización política que un movimiento», escribió Vecchio en su autobiografía.

Vecchio estaba preparado para esta tarea desde sus tiempos en Harvard. En una entrevista de 2013 para The Politic, reflexionó: «Mientras estaba en la Kennedy School aprendí mucho sobre las mejores prácticas políticas y cómo las podía implementar en mi país».

Y como en prácticamente todos los esfuerzos de Vecchio, la mano oculta del gobierno de los Estados Unidos facilitó el camino.

«Ya que la USAID/OTI no podía financiar directamente a los partidos políticos», escriben Gill y Hansen, «trabajaron con los dirigentes de los partidos, incluyendo aquellos de Voluntad Popular, para ayudar a los activistas de oposición a armar» grupos comunitarios anti-gobierno.

«Incluso desarrollamos nuevas ONG que para los ojos del gobierno aparentaban ser muy neutrales», una fuente de la OTI le confesó a los dos académicos. «Así que les dimos dinero… estaban alejando a gente de Chávez de una forma sutil».

Al montar Voluntad Popular, Vecchio efectivamente fusionó a los florescientes líderes de la Generación 2007 con las redes establecidas por las ONG apoyadas por los Estados Unidos en todo el país, unificándolas bajo el paraguas del liderazgo de López, un hombre ampliamente visto como el candidato nacional de mayor carisma de la oposición.

A diferencia de otros partidos de oposición, Voluntad Popular cuidadosamente se vendió de una manera en la que no enajenara a aquellos que reconocían los logros sociales alcanzados por el chavismo. En 2014 fueron admitidos en la Internacional Socialista, estatus que habilitó al partido el representarse a sí mismo como progresista no sólo para los venezolanos, sino para izquierdistas en todo Occidente (el ultra militarista Partido Laborista israelí también es integrante de la Internacional Socialista).

Al ser presionados para describir la plataforma del partido, Vecchio pugnaba por ofrecer algo más que compromisos cliché con la «democracia» y la «libertad».

No obstante, una posición, por sobre todas las demás, ha quedado claramente articulada: «Queremos que el petróleo sea un commodity en la arena internacional», el ex empleado de Exxon, Mobil y PDVSA le dijo a The Politic. Para lo que ha quedado el presunto compromiso de Voluntad Popular con el «socialismo»…

Desde su formación en 2009, Voluntad Popular ha reunido un apoyo decepcionante en las urnas, recientemente llegando de tercero en las elecciones parlamentarias de 2015. A pesar de pugnar por ganar votos reales, López y Vecchio han demostrado una asombrosa habilidad para provocar el caos e incluso violencia letal en las calles de Venezuela en tiempos de crisis.

‘Tenemos que crear caos en las calles’

Luego de la muerte intempestiva de Hugo Chávez en 2013, la oposición venezolana cayó en cuenta de que se había equivocado gravemente en apostar a que la Revolución Bolivariana muriera con su líder. Luego de perder las elecciones presidenciales contra Nicolás Maduro en abril y sufrir una redoblona en las elecciones municipales siete meses después, los líderes opositores entraron en pánico. Cuando Maduro los invitó a entablar un diálogo nacional, en vez de eso Voluntad Popular se lanzó a las calles.

El 23 de enero de 2014, López se unió a la líder opositora notoriamente extremista, también apoyada por los Estados Unidos, María Corina Machado, para lanzar la campaña “La Salida”, convocando a demostraciones masivas para forzar la renuncia de Maduro.

«Tenemos que crear caos en las calles a través de la lucha cívica responsable», tronó Machado.

Los esfuerzos de López por fomentar disturbios alcanzaron su cima el 12 de febrero. Flanqueado por Vecchio y Guaidó, el agitador de cabello castaño desde la tarima en la Plaza Venezuela de Caracas exigió a los manifestantes a marchar hacia la oficina de la Fiscal General. Poco después de que los líderes de Voluntad Popular dejaran la escena, protestantes antigobierno acataron el llamado de López y trataron de incendiar el edificio gubernamental.

La violencia condujo a una orden de arresto tanto para López como Vecchio bajo acusaciones por instigación a delinquir, daño a propiedades, incendio a edificio público y conspiración. López fue arrestado el 18 de febrero, pero la violencia callejera de «La Salida» continuó hasta mediados de mayo.

Al final de «La Salida», la campaña de caos de la oposición había contribuido a la muerte de 49 personas, más de 800 heridos y aproximadamente 10 mil millones de dólares en daños a la propiedad.

«La propuesta de ‘La Salida’ tenía una visión de largo aliento», reflexionaba Vecchio en su libro. «Era un esquema progresivo».

Luego del arresto de López, Vecchio desapareció por 108 días antes de reaparecer en el sitio más esperado de todos.

De Yale a mandamás de Voluntad Popular

En los meses precedentes a «La Salida», Vecchio pasó una breve temporada alejado de Voluntad Popular para asistir a cursos en otra institución exclusiva de la costa este norteamericana.

Esta vez en el programa Maurice R. Greenberg World Fellow en la Universidad de Yale, nombrado así en honor al antiguo CEO del mega banco de inversiones AIG y vicepresidente honorario en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés). Unos años antes, la colega instigadora de «La Salida», María Corina Machado, disfrutó de la misma asociación, programa financiado por la Open Society Foundation de George Soros, la USAID, el German Marshall Fund vinculado a la OTAN y la Asian Society (bajo financiamiento de Rockefeller) entre otros.

En comentarios hechos a The Politic, Vecchio dijo que viajó a New Haven (lugar donde se encuentra la Universidad de Yale) «para ver lo que podía aprender… y lo que podía aplicar en Venezuela, particularmente en innovación social, relaciones internacionales y el papel del petróleo en la comunidad internacional».

Claramente vio a Yale como otro paso en el camino al cambio de régimen, señalando que «también funciona para contarle a la gente lo que está ocurriendo en mi país, y para preparar los próximos grandes pasos que tienen que darse».

Mientras que Vecchio no desarrolló de qué iban esos «pasos», en pocos meses de su regreso a Caracas en diciembre de 2013, Venezuela había descendido a una tormenta política, López estaría en prisión y él había decidido pasar a la clandestinidad. Su desaparición llevó a sus antiguos profesores y alumnos en New Haven a un estado elevado de ansiedad.

«Apenas hace dos meses, Carlos Vecchio asistía a clases haciendo amistades con profesores y alumnos en el campus de la universidad de Yale», reportó The Politic el 20 de febrero de 2014. «Ahora, el antiguo World Fellow de Yale es el objetivo de una orden de arresto en Venezuela».

«Estamos profundamente preocupados por la seguridad de Carlos Vecchio: actualmente se encuentra escondido en Venezuela con acceso limitado a la comunicación», Michael Capello, el director del programa, manifestaba preocupado.

«Esto era principalmente un movimiento pacífico que había intentado trabajar por reformas a través de la participación en el sistema político», agregó Capello, profesor de pediatría y miembro del CFR. «Creo que merece ser celebrado».

A principios de junio de 2014, Vecchio reaparece en Nueva York. Ahí, explicó en su primera entrevista desde que abandonó Venezuela que López y sus colegas decidieron que era mejor trabajar por el partido desde fuera del país.

«Ellos consideraron que soy más útil en este momento denunciando los abusos que continúan existiendo contra los derechos humanos en Venezuela a nivel internacional», le dijo a CNN en Español, «así que eso es lo que vamos a hacer».

Con López bajo arresto domiciliario e incapacitado para maniobrar internacionalmente, los días de Vecchio como «el número dos» se habían terminado. A partir de ese momento, comenzó a comportarse como el líder de la oposición venezolana en los Estados Unidos, embarcándose en un esfuerzo concertado para convencer a funcionarios de alto nivel estadounidenses que apoyar a Voluntad Popular era su mejor apuesta para alcanzar el cambio de régimen.

Vecchio escribió sobre el bombardeo cabildero en su libro: «Me tocaba reunirme en el Congreso Norteamericano, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, con profesores de las universidades norteamericanas, diferentes embajadores, organizaciones civiles influyentes en Estados Unidos».

Cortejar a Almagro, volcar a la OEA contra Venezuela

En marzo de 2015, la Administración Obama emitió una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una «amenaza a la seguridad nacional». Sin ofrecer evidencia del peligro que el país constituye para el público estadounidense, la orden criticaba «el erosionamiento de las garantías de los derechos humanos y la persecución de opositores políticos», una clara referencia al arresto de López. Las sanciones fueron consiguientemente prolongadas por las administraciones Obama y Trump en una serie escalonada de medidas coercitivas unilaterales apuntando al corazón de la economía de Venezuela.

Mientras Vecchio hacía lobby con funcionarios estadounidenses en los esfuerzos por el cambio de régimen, le prestó particular atención a Luis Almagro, el canciller uruguayo que había asumido el puesto de Secretario General de la OEA en mayo de 2015. Escribió sobre haber tenido «una larga conversación» sobre Venezuela,»aproveché para decirle quiénes éramos nosotros en Voluntad Popular: que creíamos en la democracia, en una economía que no estuviese completamente en manos del Estado, [y que] creíamos en la iniciativa privada».

También dijo que él y Almagro «empezamos a preparar el informe para que al menos la OEA asuma el tema de Venezuela y pueda ir evaluando la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana».

Un año después, Almagro presentó un informe de 114 páginas sobre la situación en Venezuela e hizo un llamado a un referendo sobre el mandato de Maduro, declarando que «la situación que hoy enfrenta Venezuela es el resultado directo de las acciones de quienes actualmente se encuentran en el poder». Tal como Vecchio esperaba, Almagro invocó el Artículo 20 de la Carta Democrática, reservada para instancias en las que el gobierno de un Estado miembro «altera seriamente el orden democrático».

La hostil obsesión de Almagro con Venezuela llevó al país a retirarse de la OEA a finales de abril de 2017. La para entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó al Secretario General como «un traidor a todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano».

Pero Vecchio se refería a Almagro en términos luminosos. «Los venezolanos no tendremos nunca cómo agradecerle su lucha a favor de restituir la democracia en Venezuela. Por eso siempre le digo que es el uruguayo más venezolano».

En el prólogo a la autobiografía de Vecchio, Almagro acredita al abogado venezolano de ser una inspiración. «Carlos Vecchio fue el primer líder político venezolano que vino a mí a denunciar el tema Venezuela a partir del momento en que asumí como Secretario General de la OEA», recordó.

Tres años después, cuando la Administración Trump dio inicio al golpe en Venezuela, Almagro aseguró que la OEA reconociera a Guaidó como presidente encargado y aceptó al representante designado para el grupo, Gustavo Tarre, en una violación explícita de la propia carta de la organización.

Almagro mediante, Vecchio había marchado a través de una institución internacional sentando el trabajo preliminar para que los Estados Unidos intensificaran la prosecución del cambio de régimen en Caracas.

De activista por el cambio de régimen a ‘embajador’ ante los Estados Unidos

En enero de 2019, el partido de Vecchio, Voluntad Popular, recibió el mandato que estaba buscando para liderizar a Venezuela.

La victoria que su partido había alcanzado no provino de voto popular alguno, sino gracias al reconocimiento unilateral de la Administración Trump a Juan Guaidó, el presidente de la legalmente difunta Asamblea Nacional venezolana, como presidente del país. A los días del reconocimiento formal de Guaidó el 23 de enero, la Casa Blanca le dio la bienvenida a Vecchio como el nuevo «embajador» ante Washington.

Cuando Trump dio su discurso sobre el Estado de la Unión a inicios de febrero y proclamó la decisión de su administración de reconocer a Guaidó, Vecchio estaba sentado en la cámara del Capitolio como invitado de honor del senador Marco Rubio.

Un titular para el momento del Miami Herald anunciaba que «Carlos Vecchio dirige a Venezuela desde los Estados Unidos».

El rotativo probadamente anti-Maduro informó: «Los últimos cuatro años, Carlos Vecchio ha sido una figura habitual en los restaurantes en el Doral, junto a legisladores y dirigentes comunitarios mientras despotricaban contra Maduro». El Herald señaló que Vecchio decidió dedicar su tiempo en «la ciudad con el mayor porcentaje de venezolanos en todo el país», en vez de Washington o Nueva York.

«Conozco a Carlos Vecchio desde hace mucho tiempo”, manifestó el senador por la Florida, Rick Scott. Su homólogo, Rubio, dijo de Vecchio que «ya todos sabemos quién es».

Guillermo Zubillaga, director senior del Programa de Políticas Públicas y Relaciones Corporativas del Consejo para las Américas, difícilmente podía contener su emoción al hablar de Vecchio con el Herald.

«Estoy seguro de que Carlos está perfectamente apto para ser un diplomático», dijo efusivamente. «Le puedes preguntar a cualquier figura de la oposición de cualquier otro partido y te dirán que no tienen nada en contra de él».

Zubillaga celebró la habilidad de Vecchio para encantar a miembros de los dos partidos principales de los Estados Unidos, destacando las posiciones pro-golpistas de demócratas como la congresista Debbie Wasserman-Schultz como «evidencia de su trabajo».

De acuerdo a Zubillaga, Vecchio «tiene algo que pocas personas en Washington tienen: apoyo de ambos partidos a su causa».

Pero mientras el golpe se arrastra y Maduro permanece firmemente afianzado, los cheerleaders de Vecchio aprenderían que el apoyo bipartito de los Estados Unidos no garantiza el apoyo popular donde más se necesita.

La batalla por la embajada en Washington

El primero de mayo, al día siguiente del putsch militar fallido en Caracas, un Vecchio determinado marchó por la calle 30 en el vecindario pudiente de Georgetown preparando su propio golpe de Estado. Por más de 24 horas, docenas de simpatizantes de Guaidó rodearon la embajada de Venezuela, y lo que se decía entre los activistas anti-guerra apostados adentro era que Vecchio iba a intentar entrar en la embajada ese día.

En los momentos previos a la llegada de Vecchio, una turba de simpatizantes del golpe protegidos por el Servicio Secreto se desplazaron en manada a la embajada, acosando a los activistas fuera y amedrentando a los que estaban dentro del edificio.

Muchos de los opositores recurrieron a provocaciones racistas, sexistas y homofóbicas, amenazándolos violentamente, incluso vandalizando la embajada. Sus feas demostraciones no concordaban con la imagen elegante que Vecchio aparentaba, pero podía resultarle familiar a cualquiera que haya testimoniado el caos atizado por su partido a lo largo de los años en Venezuela.

Cuando representantes del gobierno golpista comenzaron a ir apareciendo para la rueda de prensa de Vecchio al final de la tarde, fueron recibidos con cantos atronadores por parte del Colectivo de Protección de la Embajada, amplificados con altoparlantes retumbando desde las ventanas del tercer piso:

«¿Cuántos golpes hacen falta? ¡Vecchio es un fake!».

Los gritos desde arriba ahogaron la alocución de Vecchio cuando llegó al lugar. Fue forzado a pegar la retirada de la escena en lo que se suponía que iba a ser su vuelta al ruedo sin siquiera intentar ingresar a su supuesta embajada. Serían veintitrés largos días antes de que fuera capaz de poner un pie dentro del edificio.

La coautora de este trabajo, Anya Parampil, estuvo integrada como periodista dentro de la embajada a lo largo de la resistida al embate. Intentó varias veces preguntarle a Vecchio, pero o era violentada por sus sigüis cuando se aproximada o ignorada. Vecchio no respondió a las solicitudes de entrevistas ni a las preguntas enviadas antes de la publicación de este artículo.

En el medio de la batalla por la embajada, los poderosos aliados de Vecchio le dieron un premio de consolación. En la noche del 14 de mayo, el senador Rick Scott le presentó al aspirante a diplomático con el Premio a la Libertad del Instituto Internacional Republicano (IRI, por sus siglas en inglés). La organización financiada por ExxonMobil y la NED le había dedicado un premio planteado «para honrar a los individuos que han trabajado para adelantar la libertad y la democracia en sus países» al «pueblo venezolano».

«Gracias Elliot», exclamó Vecchio mientras daba su discurso de aceptación, señalando hacia el enviado especial para Venezuela de Trump, y felón convicto por el escándalo Irán-Contras, Elliot Abrams. «Gracias por convertirte en un amigo en esta pelea».

Luego de la ceremonia, Vecchio fue llevado a la embajada venezolana, donde le dio el premio a la multitud de activistas pro-golpe que todavía se concentraban en las afueras. Al igual que en su aparición previa en los predios de la embajada, los activistas bramaron consignas burlescas desde los altavoces dentro del edificio.

Vecchio se mezcló con la turba, descolocado por el desprecio implacable. Varios días después, una vez que agentes de los Estados Unidos hicieron una redada a la embajada arrestando a los activistas que se encontraban dentro, Vecchio regresó una vez más para exaltar a sus seguidores y prestar declaraciones a los medios.

«¡Hemos liberado la embajada!», anunció, flanqueado por la turba estridente de emigrados.

Habrá sido incapaz de suministrar servicios consulares como renovación de visas debido al fracaso del golpe, pero ya estaba preparado para declarar un triunfo significativo.

«Estoy agradecido por la paciencia del pueblo venezolano», continuó. «Pero también tengo que agradecerle al gobierno de los Estados Unidos: ¡muchas gracias! Y gracias al presidente Trump, también. Gracias al Departamento de Estado. Gracias a los servicios de seguridad que fueron de una ayuda increíble… el Servicio Secreto, a todos los cuerpos de seguridad, a la policía local… ¡muchas gracias!».

Con esta larga lista de agradecimientos públicos, el antiguo abogado de Exxon reveló las verdaderas fuerzas detrás del movimiento político que representa. Entre Washington y Miami, entre la diáspora venezolana y la élite política estadounidense, Carlos Vecchio había encontrado a su electorado, sin haber ganado un solo voto.

https://thegrayzone.com/2019/06/18/exxon-ambassador-carlos-vecchio-venezuela-coup-lobbyist/
https://cubainformacion.tv/index.php/america-latina/82093-de-exxon-a-qembajadorq-como-carlos-vecchio-se-convirtio-en-el-principal-lobista-del-golpe-de-estado

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América Latina

Lobos disfrazados de corderos

El éxito de las mega iglesias evangélicas en Guatemala, la proliferación insólita de pastores evangélicos, la mayoría pentecostales, en dicho país no encierran ningún misterio: los guatemaltecos acuden a ellas, por así decirlo, a punta de pistola.

Allí los empujan las fuerzas policiales y parapoliciales a escuchar la verborrea pseudo-bíblica de los predicadores carroñeros licenciados en teología por la CIA. O abres las orejas a los predicadores o te las cortan los coroneles como el siniestro protagonista del relato “The Colonel” (en este caso de El Salvador que para el caso es lo mismo) de Carolyn Forché que debería de ser lectura obligada en todas las universidades de Centro América y de todas partes.

En Guatemala o estás delante de los fusiles o estás detrás y en el caso de algunos lobos disfrazados de corderos o de pastores delante y detrás, pero preferiblemente a la derecha  ultra de los mismos. Desde que secuestraron la democracia en ese país con el golpe de estado orquestado por la CIA estadounidense que derrocó a Jacobo Arbenz, la única forma de ganarse la vida en Guatemala es con la muerte de otros y la única forma de escapar a la esclavitud es esclavizando al semejante o al prójimo, por utilizar un término muy familiar para cualquier conocedor del auténtico Evangelio de Cristo que los pastores evangélicos ignoran y tergiversan.

La mayoría de ellos son iletrados y carecen de educación, es cierto. ¿Cómo podría ser de otra forma en un país reducido a la miseria a causa de la represión ejercida por los matones a sueldo de algunas grandes corporaciones que cambian de nombre con la misma frecuencia que las iglesias evangélicas, pero son todas hermanas e imitadoras de la United Fruit Company, ahora conocida como Chiquita, y por los altos mandos de los ejércitos de la OTAN?

En Guatemala existe un dicho: “Si quieres hacerte rico, hazte pastor evangélico”. Ser pastor es la única forma de escapar a la miseria aparte de dedicarse al narcotráfico. Sin duda los pastores evangélicos predicarán fervientemente contra las drogas de vez en cuando en sus mega iglesias. Pierden el tiempo. No van a acabar con un negocio tan lucrativo como ése con sus prédicas, sobre todo porque se trata de un negocio del que la CIA siempre tuvo el monopolio. Todos conocemos su implicación en el tráfico de drogas a gran escala para financiar a los Contra enfrentados al gobierno legítimo de Nicaragua. Las cantidades ingentes de dinero empleadas en aplastar la revolución en ese pequeño país producen asombro. La pequeña Nicaragua merece desde luego el calificativo de heroica. Resulta increíble que haya resistido el terrible embate de todos los grupos paramilitares financiados por la CIA y por la OTAN y que haya conseguido mantener o rescatar su frágil democracia a pesar la oposición de los grandes de este mundo. Los grandes tiranos, por supuesto. No van a acabar con el narcotráfico ni van a conseguir legalizarlo aquellos que de verdad se oponen a las mafias porque los representantes del entramado financiero-militar de Occidente desean seguir disfrutando del monopolio del mismo. Su guerra contra los traficantes de drogas no es más que una guerra contra los narcotraficantes que no se encuentran en su nómina. La guerra contra las drogas es tan falsa como la guerra contra el terrorismo, que es la misma.

Por lo demás el tráfico de drogas no sólo es inmensamente lucrativo, también sirve para neutralizar a los inconformistas de norteamérica que suelen acabar drogándose como único medio de escapar a una realidad opresiva, aunque no tanto como la que se vive en Centro América.

Hay que decirlo bien claro: la palabra de los pastores supuestamente cristianos en Guatemala no cuenta. Cualquier cristiano auténtico que viva o malviva en ese país está condenado a esconderse en las catacumbas, como sucedía durante el imperio romano que tanto se parece al imperio de la OTAN, aunque este último le aventaje en opresión e intolerancia. No podemos creer en un cristiano que salga a la superficie en Guatemala y viva para contarlo. La única forma de predicar el Evangelio en un país sin libertad como Guatemala es derramando tu sangre y convirtiéndote en un mártir.

¿Pero qué pasa con la predicación de los evangélicos de otros países no tan severamente sometidos al totalitarismo de la OTAN? Deberían ser los primeros en denunciar la persecución a la que se ven sometidos los inocentes y los indefensos en dicho país, incluyendo a las viudas y los huérfanos que tienen que emigrar huyendo del terror a norteamérica, y cuya causa se defiende constantemente en el Antiguo Testamento que tanto citan los pastores evangélicos (con mayor frecuencia que el Nuevo y luego diré por qué) y del que sólo escogen los pasajes no censurados por los neoliberales o neofascistas de todo el mundo.

¿Qué pasa con la predicación de personajes de reputación tan dudosa como Edir Macedo, máximo representante de la Iglesia Universal del Reino de Dios (o mejor dicho del reino de su dios que me temo que no es otro que Satanás) que ha construido un Templo de Salomón en San Paulo, modelo imagino del que algunas organizaciones israelíes como el Temple Institute con la ayuda de fundaciones estadounidenses como la Biblical Faith Ministries conspiran por construir en la explanada de las mezquitas aunque ello implique desencadenar una nueva guerra mundial (¿suponiendo que no sea ese precisamente el objetivo que persiguen?) Están empeñados en acabar con un mundo que ellos han convertido en un lugar inhabitable. Muchos esperan, al parecer, ser arrebatados al cielo, los muy ilusos, después de haber logrado desencadenar la hecatombe y edificado un infierno en esta tierra.

No creo que haya un fenómeno más preocupante para la paz y la prosperidad mundial ni más repugnante que el de la apropiación y tergiversación de las Sagradas Escrituras por parte de los corporativistas neofascistas y su escuadrón de predicadores neosatánicos. Ni siquiera se han tomado la molestia de pergeñar una nueva religión a su medida como hicieron los nazis recurriendo al ocultismo o a la mitología teutónica. Todo lo roban, hasta los textos sagrados. Es mejor apropiarse del trabajo de los primitivos evangelizadores de la misma forma que se apropian del trabajo de los campesinos y de todos los que trabajan y capitalizar la sangre de los mártires; algo que ellos no son ni lo serán nunca. Lo suyo es pasar el cepillo para robar la calderilla de aquellos que se han arruinado por su culpa.

Se trata de una tergiversación que hay que denunciar de la mejor forma posible: con la Biblia en la mano. A los que vivimos en Europa no nos hace falta enarbolar el fusil con una mano y la Biblia con la otra para defender nuestros argumentos, como hacía Ríos Montt cuando encabezaba su monstruosa campaña destinada a exterminar indígenas. Una imagen que debería haber hecho enmudecer a sus mentores estadounidenses del Gospel Outreach si alguna vez hubieran tenido un poco de vergüenza.

No conozco de primera mano a los pentecostales de Latinoamérica, pero conozco muy bien a los de España. Estos últimos son los primeros que deberían denunciar la crítica situación que viven cristianos (y paganos) en Guatemala en vez de convertirse en voceros de los oscuros intereses de los sionistas asesinos del Israel de la “carne”. El Antiguo Testamento se acomoda mejor a su defensa de los intereses israelíes que el Nuevo -aunque no tanto como ellos piensan- por el que pasan casi siempre así como de puntillas, pisándolo en cualquier caso. A veces me da la impresión que lo que desean verdaderamente es convertirse al judaísmo. ¿Por qué no lo hacen y dejan de esa forma de torcer las escrituras?

La causa del estado totalitario de Israel y su infame “Apartheid”: esa es la causa de muchos pentecostales en España, junto con la defensa a ultranza de la familia burguesa, (la familia de Bush, especialmente), la promoción de un puritanismo intolerante (algunos de ellos ni siquiera beben vino en sus Eucaristías, lo cual es ya el colmo del despropósito y del ridículo, prefieren el mosto de uva o la sangre de los mártires de la libertad guatemaltecos), y por supuesto el fortalecimiento de la homofobia. La estigmatización y la persecución de las minorías sexuales o de los homosexuales, para ser más exactos. Alguien debería decirles que no hay nada en la Biblia que condene el amor entre adultos sean del sexo que sea; es el odio del que ellos están ebrios, ya que no de vino, lo que se condena. El pasaje de San Pablo en la epístola de los Romanos que tanto citan los intolerantes no es más que una condena de la “lujuria” (es preciso subrayarlo), condenable para un cristiano sea cual sea el sexo de los que incurren en ella, aunque no tanto como la extorsión, la violación, la tortura y el asesinato. Me temo, de todas formas, que sería inútil recordárselo; la gente cegada por el odio o los prejuicios sólo encuentran en los Evangelios aquellos pasajes que a su pobre juicio los alimentan.

La familia burguesa que defienden los pentecostales (y también los católicos, todo hay que decirlo, aunque quizás con menos vehemencia), la familia de “carne”, no tiene nada que ver con la sagrada familia, compuesta por una madre que era virgen, un padre que era un padre adoptivo, y un hijo que era el hijo de Dios y Dios hecho hombre. No creo que se pueda concebir una imagen menos burguesa de la familia.

El éxito de los pentecostales o evangélicos en Latinoamérica y también en España bebe también de la fuente turbia del autoritarismo de larga tradición por desgracia en dichos países. Un autoritarismo del que son herederos y que ellos alimentan. Sus métodos que consisten en exigir, de forma expresa o no, la sumisión absoluta al pastor y sus consignas sin mucho  margen de réplica, sumisión que consiguen invocando a Dios y a las escrituras de los que ellos se consideran, cómo no, los auténticos intérpretes y representantes en la tierra, y entremezclando los pasajes de las escrituras que les convienen junto con su propia perorata, hacen que resulte muy sencillo imponer a los fieles o seguidores el programa de los líderes fascistas que se encuentran a menudo en la sombra. Tiene la fea costumbre de pedirles a los fieles a cada instante que digan amén a todo lo que ellos dicen. Se trata de una especie de  inducción hipnótica que curiosamente ellos a menudo condenan en sus prédicas. Lo de siempre.

Se trata de una manipulación muy peligrosa (de la que algunos pastores no son conscientes, imagino, quiero ser justo al respecto) que está detrás probablemente del triunfo de ultraderechistas como Bolsonaro y que hay que combatir con una correcta interpretación de la Biblia. O por lo menos cada cual con la suya propia.

No quiero ensañarme demasiado, de todas formas, con los pastores evangélicos o pentecostales. O por lo menos no con todos ellos. No dudo de que el celo de algunos sea sincero y sus intenciones honestas, pero se hallan atrapados en esa cárcel que son muchos países centroamericanos y no han conocido libertad ninguna, ni más horizonte que el de las espadas.

Seguramente muchos de ellos rezan ardientemente esperando una ayuda providencial que lo más probable es que venga de fuera si es que viene, de allí donde uno no arriesga su vida por decir la verdad, aunque sí seguramente una “próspera” carrera. No todos serán como esos pastores que cuentan que recorren o recorrían los pueblos o las aldeas buscando a los pecadores para apalearlos. Pecadores cuyo único pecado probablemente era intentar vivir mínimamente su propia vida y no la muerte decretada por los oligarcas apadrinados por la Casa Blanca.

A los tiranos les gusta que el comportamiento del pueblo sea muy “correcto”. El libertinaje se queda para élites, sobre todo en sus viajes a París, por ejemplo. Puede también que en sus recintos acordonados por las fuerzas del nuevo orden mundial neoliberal o neofascista los fieles establezcan algunos lazos afectivos entre sí que no pueden establecer en las calles tomadas por las maras. Por lo demás si esta iglesia descabezada o con cabeza múltiple (pero pensamiento único) sigue creciendo le pasará lo mismo que a la iglesia católica que se convertirá en una iglesia conformista donde sólo unos pocos se atreven a romper alguna lanza por los desvalidos. Es la condición humana. No todos nacimos para héroes o para mártires. No podemos, de todas formas, dejar de ensalzar la memoria de figuras como las monjas Maryknoll o Monseñor Romero. Su valor y su sacrifico nos asombra y sobrecoge. El auge y declive de la Teología de la Liberación en Latino América saboteada por Roma merece capítulo aparte. Urge revitalizarla.

Porque lo cierto es que no hay por qué negar la viabilidad de un movimiento religioso verdaderamente liberador en Guatemala. No tiene que ser necesariamente importado. Pero semejante movimiento tendría que tomar las calles controladas por generales y coroneles entrenados en la Escuela de las Américas y las maras que nacieron en los barrios marginales de Los Ángeles plagados de adictos a la cocaína vendida por la CIA para financiar su guerra contra todo tipo de insurrecciones populares. O sea por los mismos que les dictan, consciente o inconscientemente, sus sermones a la mayoría de predicadores.

¿Pero cuál es la causa de esta sumisión mental por parte de las masas a las élites financieras foráneas, su cohorte de caciques locales y sus múltiples cancerberos? ¿Se debe tan sólo al miedo a la fuerza de las armas? ¿O pecan también de alguna “idolatría” por utilizar un término que les gusta mucho a los evangélicos y de la que ellos pecan más que nadie? ¿Fue facilitado el fracaso de la reforma de Arbenz y la intromisión extranjera por los complejos de una gran parte del pueblo guatemalteco que cayó presa de la fascinación por el coloso norteamericano? ¿Y a qué se debe la resistencia heroica de los nicaragüenses? ¿Acaso son más inmunes al supuesto encanto del país del norte y sus cantos de sirenas que siempre se convierten en górgonas? Son cosas que cabe preguntarse.

Para comprobar el fraude que suponen los pastores evangélicos en Guatemala, con su evangelio de la prosperidad a ultranza, basta con comprobar la ruina en la que se encuentran inmersos los guatemaltecos. Conforme se multiplican las mega iglesias se multiplica la miseria. La palabra prosperidad debe sonar a música en los oídos de los guatemaltecos condenados a la pobreza por la intromisión foránea en sus asuntos, comprendo que no quieran que les hablen de sacrificios aquellos que han sido sacrificados de forma inmisericorde al dios del dinero de otros, ganando ilícitamente.

Algunos se lamentan de la falta de sacerdotes o de predicadores en Europa. En Guatemala, en cambio, hay demasiados. No se puede predicar el evangelio como Dios manda cuando estás obligado a predicarlo, no por vocación, sino a la fuerza si quieres escapar del infierno Made in USA en que se ha convertido Guatemala.

José Francisco Fernández-Bullón https://www.alainet.org/es/articulo/200560

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