Gran repercusión le han dedicado los medios nacionales e internacionales, a la decisión de un importante sector de las FARC-EP, de retomar las armas, encabezado por Iván Márquez y Jesús Santrich, acusando al gobierno colombiano del oficialista partido Centro Democrático, presidido por Iván Duque y el senador Álvaro Uribe Vélez, de traicionar los Acuerdos de Paz.
Analistas y comunicadores sociales, nacionales y extranjeros, han ofrecido sus valoraciones y comentarios una buena parte cuestionando la decisión de Márquez-Santrich, sin un análisis serio y profundo, y sesgados, algunos con irrespeto y otros repitiendo el slogan uribista de que son “narcotraficantes”, son los mismos comunicadores sociales que no piden justicia para las víctima de los “falsos positivos” y mucho menos, que la Corte Suprema juzgue a los vinculados a los 12 Apóstoles y a los que desde cargos gubernamentales trabajaban para el Cartel de Medellín, por tanto apoyan la guerra y no contribuyen a lograr una solución política negociada con todos, por el bien de todos y sin exclusiones.
El objetivo, de acuerdo a lo que señala el Comunicado, leído por Iván Márquez, es retomar unitariamente con el ELN, y otras fuerzas políticas, progresistas y democráticas la oposición al gobierno de Duque-Uribe y se plantean una modificación de la estrategia y táctica guerrillera, en la cual solo se combatirá en caso de ataques de las Fuerzas Militares, o sea una estrategia defensiva y no ofensiva y solo unidos y con un gobierno digno y honorable iniciar un proceso de negociación del conflicto social y armado.
El concepto de que no son los militares los enemigos de la guerrilla no es una tesis de Iván Márquez, es del legendario jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, quien en conversación con el autor de este artículo, el 9 de enero del año 1999 en Villa Nora, San Vicente del Caguán, cuando se iniciaron los diálogos de paz con el gobierno de Pastrana, le dijo: “nuestros enemigos no son los militares ni la policía, nuestros enemigos son los paramilitares, que es el ejército fascista que financian los narcos y la oligarquía financiera y agroindustrial colombiana”.
“Los soldados y policías son hijos de campesinos y obreros, que los altos mandos envían a combatir y esos ponen los muertos y heridos, los generales no vienen a combatir, su teatro de operaciones es desde helicópteros, bien lejos de los combates, al igual que los hijos de los ricos y oligarcas, esos no están en las filas del ejército”.
“Esos infelices soldados son víctimas, sin saber que están al servicio de una oligarquía, que tiene empobrecida a sus familias y pueblo, causantes de esta guerra”. Esa opinión sobre las Fuerzas Militares, sus oficiales, clases y soldados, se refleja en las dos o tres cartas que el jefe guerrillero dirigió a ellos e hizo pública, cuando el proceso del Caguán e incluso en procesos anteriores.
La unidad de todas las fuerzas colombianas, armadas y desarmadas, revolucionarias, democráticas y progresistas, es el llamamiento que hace el Comunicado de las FARC-EP y demostrar que el actual gobierno y la oligarquía agrupadas en los partidos políticos, liberales, conservadores y el ultraderechista Centro Democrático, que han gobernado Colombia por más de 200 años los han traicionado.
Mientras que los integrantes del partido de la Rosa, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, llama a la unidad con el gobierno de Uribe-Duque, para lograr la paz y se comprometen a no volver a la guerra y tienen fe en que podrán imponer la paz.
Lo que aún está por ver, cual es la paz a la que quieren acceder los dirigentes del partido de la Rosa, porque en Colombia el escenario sigue siendo de guerra, por un lado, la insurgente guerrilla del ELN, no ha logrado que el Gobierno inicie los diálogos con ellos y se mantienen en el campo de batalla, algunos frentes del EPL continúan activos y ahora las FARC-EP retoman las armas con la decisión de lograr la verdadera paz con justicia social.
Lo objetivo y concreto, es que el Gobierno ha incumplido los Acuerdos de Paz, y hecho trizas lo que por cerca de cuatro años se trabajó en La Habana, veamos una síntesis de lo ocurrido.
Fue Uribe Vélez y su partido Centro Democrático, el que presionó al gobierno de Santos y este aceptó realizar un plebiscito, que fue manipulado y contaminado con mentiras y falsedades propagadas por Uribe Vélez, acompañados por la derecha conservadora y liberal y a través de los medios hegemónicos colombianos y extranjeros, que incluía el eslogan de que si apoyaban el SI convertirían a Colombia en una dictadura CASTRO-CHAVISTA, eso llevó a los electores a votar a favor de la guerra, por primera vez en la historia universal de las naciones, los ciudadanos de un país votan en contra de la paz, una irracional decisión, a la que hoy una gran mayoría se arrepiente.
Con el triunfo del NO y a pesar de que el plebiscito no era vinculante, el senador Uribe Vélez, desde el Congreso y con el apoyo de las bancadas mayoritariamente enemigas de los diálogos de paz, obligaron a revisar los acuerdos que, en La Habana habían concretado las partes, e hicieron modificaciones que cercenó el espíritu y la letra de lo que ya estaba acordado, incluido lo de la Justicia Transicional de Paz, (JEP), en definitiva, Uribe y comparsa buscaron y lograron beneficiar a terceros (civiles) a sea actores intelectuales y financieros del narco-paramilitarismo y a los altos mandos militares.
Ahora veamos que razonable ha sido o no la denuncia del incumplimiento en la implementación de los Acuerdos de La Habana, por parte del Gobierno de Duque y porque la ruptura de Márquez, Santrich y un importante número comandantes de las FARC-EP miembros del Estados Mayor Central.
Primer incumplimiento, que viene del Gobierno de Santos, en el punto número 1, Tierra, no haber titularizado la tierra a nombre de los campesinos que desde hace años la ocupan, pero que no están legalizadas; Incumplimiento en la implementación de la Reforma Rural. Las 16 curules que debían ocupar las víctimas no han sido ocupadas ni otorgadas otro gran incumplimiento; El punto 4 de la agenda relacionado al combate a los cultivos ilícitos, totalmente incumplidos y lo más grave el gobierno quiere volver a la fumigación con glifosato, lo cual no solo ataca al medio ambiente y acaba con fauna y flora, también promueve graves enfermedades a los pobladores.
El combate y liquidación del paramilitarismo no se ha concretado y lejos de ello, se han fortalecido ocupando territorios abandonados por los antiguos frente de la FARC y responsables de la ola de asesinatos de líderes sociales y de reinsertados, como ocurrió este pasado 6 de septiembre en Cúcuta, dos muertos desmovilizados de las FARC. La amnistía o indultos de todos los guerrilleros o colaboradores de las FARC en prisión no se han cumplido con los dispuesto y aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional, aún se mantienen en prisión un poco más de 400 presos, otro significativo incumplimiento.
Las garantías de seguridad política y ciudadana no se han cumplido y el gobierno ha sido cuando menos ineficiente y la fuerza pública cómplice, del sistemático asesinato de líderes sociales y ex guerrilleros desmovilizados, que suman un poco más de 700 y que diariamente conocemos la noticia de uno o dos o tres asesinatos político diarios, como la de la pasada semana de aspirante a la Alcaldía de Suarez en el Cauca.
Montajes de operaciones, en coordinación con agencias extranjeras para acusar de un delito, no cometido por el comandante guerrillero Jesús Santrich y que provocó la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, que se involucró en un operativo de la DEA, y cometió prevaricato, al decir que desconocía de esa operación, cuando realmente si era de su conocimiento y por la cual Santrich cumplió trece meses en prisión, siendo inocente.
Es la razón por la cual la Jurisdicción Especial de Paz, tuvo que admitir que no había pruebas y ordenó su libertad, pese a todo, se montó un operativo para extraditarlo, solo el alzamiento del pueblo detuvo la ejecución, mientras el Consejo de Estado aprobó que Santrich, asumiera la curul que le pertenecía como Representante a la Cámara. Sería un manejo poco claro de la justicia colombiana, la que llevó a Santrich a tomar la decisión de desaparecer, cuando conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su calidad de aforado debía juzgarlo, un dale para atrás y para delante, que nadie entiende, porque si la JEP no encuentra pruebas, porque el Supremo tiene que juzgarlo, eso no tiene mucho asidero, él estaba convencido que la CSJ lo condenaría y tal vez estaría hoy caminando hacia una cárcel en EE.UU. o ya en prisión, ya tenían experiencia.
Nada diferente a lo sucedido con el secuestrado Ricardo Palmera (Comandante Simón Trinidad) el cual cumple 60 años de cárcel, sin haber cometido el delito de narcotráfico del que se le imputa, la DEA nunca lo pudo probar. Fue secuestrado en Ecuador y entregado ilegalmente a Colombia, violando todas las leyes internacionales y extraditado de inmediato por el presidente Uribe Vélez a Estados Unidos.
Pero 60 años de cárcel no solo es injusta y exagerada, fue un acto de venganza por los tres agentes de la CIA que las FARC-EP capturó y fueron liberados en una dudosa operación conocida como la operación Jaque, dirigida por el la CIA y el MOSSAD.
Al comandante Iván Márquez le estaban preparando una trampa parecida, incluso quisieron asesinarlo cuando estaba en la ETRC en Miravalle, a la zona llegaron tropas especiales para capturarlo a él y a Oscar “el Paisa”, esa es la razón por la que Márquez, advertido por sus informantes, abandona la ETRC y se interna nuevamente en la selva colombiana. Esa es otra de las contravenciones graves que comete el Gobierno porque las ETRC no pueden ser allanadas.
Como podrá apreciar el amigo lector, los incumplimientos señalados son alguno de los más relevantes, quedan otros muchos, se calcula que solo un 15 a 20 por ciento de los Acuerdos han sido cumplidos, la mayoría de ellos son los acuerdos cumplidos por los insurgentes, del ahora Partido de la Rosa. La entrega de las armas y la concentración de sus fuerzas en zonas veredales, hoy llamadas ETRC, muchas de ellas sin condiciones higiénicas, con carencias de alimentos y agua potable para para vivir, pero la guerrilla cumplió con la parte que le correspondía.
La representación de la ONU en Colombia hizo pública su satisfacción por la seriedad en el cumplimiento de la palabra empeñada por la insurgencia en la entrega de armas y concentración, sin embargo, este organismo internacional no ha sido exigente con el Gobierno de pedir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y en la firme denuncia y condena a la violación a los derechos humanos, por la ola de crímenes sistemáticos contra líderes sociales y ex combatientes desmovilizados.
La entrega de armas fue un tema polémico a lo interno de las FARC y provocó determinada suspicacia dentro de alguno de los negociadores, entre ellos Santrich, Márquez y otros, pues tenían clara las posiciones de su histórico Jefe Manuel Marulanda, quien sustentaba la tesis que “ninguna guerrilla al concluir un proceso de paz, puede desarmarse, que la entrega de las armas, debía ser un proceso gradual y que llevaba tiempo, al igual que la desmovilización de la guerrillerada, la cual decía, hay que reincorporarlas a una sociedad, para la que no están preparada”.
Hablaba Marulanda, “de entregar las armas de a poco, unas 200 a 500 armas y esa misma cifra de guerrillero desmovilizarla y reinsertarla en la vida civil. Solo el cumplimiento de los Acuerdos por parte del gobierno iría regulando, la entrega de armas y los desmovilizado. Entregar las armas y concentrar las tropas desarmadas, no es negociable, porque eso es rendición”, sentenciaba el jefe guerrillero.
Es aquí donde está las diferencias de lo sucedido y lo que se esperaba de muchos de los que un día y bajo la dirección de Manuel Marulanda, empuñaron por muchos años las armas, lograron dominar y ejercer el poder en cerca de 300 a 350 municipios de los 1100 que tiene Colombia, de la importante influencia política en el en algunos sectores del país y los que llevaron justicia, salud y educación en esos territorios abandonados por el Estado, Guaviare, Vaupés, el Meta, Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, conocen de esa realidad.
Los que crearon y militaron en el Partido Comunista Clandestino de Colombia, PCCC, luego de la celebración de la 8va Conferencia del Estado Mayor Central en abril de 1993 y vivieron epopéyicas jornadas de sacrificio, sangre y fuego por lograr justicia social y equidad, respeto y una verdadera sociedad democrática, donde la honestidad y trasparencia de sus gobernantes sea la más alta bandera en el país.
En razón de lo arriba señalado y bajo la dirección del comandante Alfonso Cano, se creó y organizó el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, movimiento que tuvo o tiene unos miles de militantes en ciudades y montañas de Colombia, Cano fue el impulsor de este último proceso de paz, cuando en el 2011 recibió emisarios del presidente Juan Manuel Santos y se comenzó a tener los primeros contactos, que tuvo el importante apoyo del presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, es por esos días que tropas de la Tercera Brigada, cercan la jefatura de Cano, se producen enfrentamientos y Cano cae prisionero del Ejército, lo paradójico de este hecho, es que el Presidente Santos, que le pidió comenzar el proceso de paz, fue el mismo que ordenó su asesinato, confesado por él, en un acto público, en presencia del hermano del Comandante Cano.
Hasta aquí una parte parcial de las razones que asisten a Iván Márquez, Jesús Santrich y una parte no tan mínima de comandantes y guerrilleros de las FARC-EP, como difunden y quieren hacer ver los voceros del uribismo y del Partido de la Rosa, lo que acontece con la retoma y como bien afirmaron todos estos combatientes, e Iván Márquez, las FARC-EP no era una fuerza derrotada, era una fuerza que estaba decidida a trabajar por la paz, la reconciliación y la no repetición, pero el Gobierno oligárquico de Uribe y de los Estados Unidos no les interesa la paz en Colombia, pierden demasiado dinero en sus negocios de drogas y armas.
Hacer triza los Acuerdos de La Habana, ni por asomo es ni era un objetivo de la Revolución Bolivariana, muy por el contrario, Venezuela junto a Chile eran acompañante de esos acuerdos en La Habana y fueron impulsores en el 2011 de los inicios de ese proceso de paz. Un plebiscito por el NO a los Acuerdos de La Habana, anunciaba el ex presidente Uribe Vélez, cuando hacían campaña para elegir presidente a Iván Duque, quien también declaró que su gobierno no tenía ningún compromiso con unos Acuerdos que ellos no firmaron y por tanto los harían trizas.
Ahora resulta que la vuelta a las armas de este sector de las FARC-EP es el argumento más idóneo para desarrollar y justificar un conflicto militar contra Venezuela, inventando las mentiras de que quien está detrás de esta vuelta a las armas de Márquez y Santrich, es el presidente Nicolás Maduro, quien en coordinación con el ELN y las FARC-EP le quieren hacer la guerra a Colombia, nada más fantasioso que tal afirmación, incluso acuñado por grandes medios estadounidenses y españoles y otros medios europeos, la opinión pública nacional e internacional, deben denunciar y levantarse contra la política injerencista de Estados Unidos y Colombia contra Venezuela, pues el plan intervencionista está en marcha y no por gusto, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, siguiendo las órdenes de su Presidente, están en alerta naranja y como centinelas de la frontera sur.
Una intervención militar en Venezuela, provocaría un gran incendio en toda la región y sería el país agresor el mayor perjudicado, es un conflicto donde internamente Uribe-Duque no tienen apoyo y unas Fuerzas Militares, que tienen reservas de ser utilizadas por EE. UU en una eventual confrontación. Las Fuerzas Militares estadounidenses sufrirían tantas bajas, que las sufridas en Viet Nam se quedarían empequeñecidas, pues sería luchar contra un pueblo que asumiría la lucha irregular y tiene la valentía y la enseñanza y el ejemplo de Bolívar y Chávez.
https://www.alainet.org/es/articulo/202018
