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La violencia se intensifica en Chile, que hoy vive una jornada de huelga general

Con los estados de excepción levantados y un nuevo gabinete gubernamental, las masivas protestas callejeras no cesan, con derivas muy violentas. A las protestas brutalmente reprimidas por la policía, se le suma hoy una huelga general con movilizaciones en todo el país convocada por sindicatos y organizaciones sociales que exigen una reforma constituyente.

Sin esperar al gobierno, los presidentes de Diputados y del Senado, Iván Flores y Jaime Quintana respectivamente, anunciaron este martes que ya está en marcha un proceso constituyente para reformar la Carta Magna de 1980. “La urgencia la puso la ciudadanía”, explicó Quintana.

En Santiago casi no hay tiempo para limpiar las calles de los restos de barricadas chamuscadas cuando ya sobreviene una nueva manifestación. A última hora del lunes, la policía utilizó camiones lanza agua y gases lacrimógenos contra una marcha que se dirigía al Palacio de la Moneda, sede de la presidencia, después de que el presidente Sebastián Piñera tomara juramento a los nuevos ministros designados para encarar las demandas sociales.

La policía no duda en emplear la violencia: disparan gases lacrimógenos, chorros de agua, golpean a civiles desarmados y les disparan a quemarropa. El ministerio de Justicia informó que son 20 los muertos desde que comenzaron las revueltas el 18 de octubre. Hubo además cientos de heridos y 9.203 detenidos.

Un grupo de manifestantes destrozó comercios e incendió un centro comercial. La violencia se repitió en Valparaíso, Concepción, Talca, Iquique, Temuco, Osorno, Chiloé y La Serena.

Si bien Piñera ordenó levantar los estados de excepción desde la medianoche del domingo, la Mesa de Unidad Social -integrada por más de 70 organizaciones sociales y sindicales- denunció que persiste “un estado de sitio de facto fuera de todo marco legal”.

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El terror represivo no logra paralizar la lucha del pueblo chileno

Cifras oficiales, denuncias en los medios alternativos y advertencias de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Tras las manifestaciones del domingo, 2.138 personas fueron detenidas, entre ellas 243 niños y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellos fueron desnudados durante los procedimientos policiales.

Ha habido palizas, humillaciones y amenazas, pero en las últimas horas, la tortura y la violación de mujeres en Chile se han convertido en una realidad.

El estado de emergencia instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera ha dado lugar a las prácticas de la dictadura, incluidas las desapariciones. Muchas de las mujeres detenidas hasta ahora han desaparecido. Además, las mujeres detenidas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante de personal masculino, les palparon los genitales y les pusieron el arma en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y matarlas, según los testimonios recogidos por los detenidos.

La CIDH expresó su preocupación por las denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre violencia sexual, desnudez forzada y tortura en el contexto de la detención de manifestantes. “Chile debe investigar y castigar estos hechos diligentemente, así como las acciones de la policía y el ejército que conduzcan a un uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil. El uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo la CIDH.

Según cifras del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) tras las manifestaciones, el domingo fueron detenidas 2.138 personas, entre ellas 243 niños y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellos fueron desnudados durante los procesos policiales, durante eventos en los municipios de Santiago, Maipú, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. La mayoría de ellos denunciaron el uso excesivo de la fuerza durante la detención, así como detenciones de niños, malos tratos, golpes en la cara y los muslos, tortura y agresión sexual, entre otros actos violentos.

Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, explicó que “la violencia sexual por motivos políticos ha sido un continuo en nuestro país y en toda la región en las últimas décadas, dado que el aparato policial ha sido entrenado para ser mecanismos patriarcales. Esto resuena durante la dictadura en Chile y en el período postdictatorial como una característica muy fuerte de la policía”.

Al mismo tiempo, una muestra representativa de académicos de diferentes corrientes políticas pidió a las autoridades que pusieran fin al toque de queda y al estado de emergencia por las lesiones y muertes causadas por hombres uniformados, al tiempo que pedían a los abogados que velaran por el respeto de los derechos de los ciudadanos. Según La Tercera, 206 académicos y decanos de las principales facultades de derecho del país firmaron una carta titulada “Frente a la grave crisis política y social en Chile y las violaciones de los derechos humanos que se han producido”. El encabezamiento de la carta dice:

“Como profesores de derecho de varias facultades del país y de diversas corrientes políticas, no podemos permanecer en silencio sobre la situación actual de nuestro país”. A continuación, afirman que “condenan las graves violaciones de los derechos humanos observadas en varias regiones del país. Hemos oído hablar de acontecimientos muy graves que, a lo largo de los días, muestran patrones comunes”.

También piden a los abogados de todo el país que informen a los ciudadanos de sus derechos y de cómo ejercerlos, y que representen y defiendan a las personas cuyos derechos han sido violados de manera oportuna y libre. “Subrayamos que ya nos hemos comprometido a garantizar que ningún acto que constituya una violación de los derechos humanos quede impune”, concluyen.

Los excesos producidos por los carabineros infiltrados también incluyen la quema y el saqueo de los supermercados. Varios testimonios de las manifestaciones de los carabineros fueron transmitidos viralmente con imágenes de apoyo, como en un vídeo en el que agentes de policía se bajan de un coche civil para iniciar un incendio en una sucursal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

“Como durante la dictadura, hay madres desesperadas que buscan a sus hijos e hijas en los tribunales. Hay varios menores”, dice Patricia, una psicóloga, quien añade que el Chile de Piñera secuestra personas, que son transportadas en camiones y que muchos de sus familiares no saben dónde están. Ya circulan imágenes de incendios donde se ven cadáveres, que los medios quieren hacer parecer saqueadores. “Hemos visto vídeos que muestran cómo arrojan los cuerpos. Todos creemos que son las víctimas que arrojan al fuego para borrar todo rastro”.

El INDH de Chile intentó entrar en uno de los mayores centros de salud y descubrió que la puerta estaba cerrada con cadenas. “No sabemos qué está pasando, pero el sistema de salud está empezando a detenerse. Los puertos también se detienen. Estamos como si estuviéramos en guerra”, agrega Patricia en una dirección opuesta a las afirmaciones del presidente chileno. El equipo de la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa (Ancap), que vivió la dictadura de Pinochet, tiene miedo a salir, pero sus hijos y nietos lo hacen por ellos. “En el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago, entraron en la escuela y secuestraron a niñas y adolescentes. En los centros de salud, se ha informado de que muchas de ellas han sufrido lesiones después de haber sido violadas”, dijeron los medios de comunicación.

El sábado pasado, Pamela Maldonado, de 31 años, estaba con su padre y algunos vecinos en medio del caceroleo, a pocos metros de su vivienda en el municipio de Santiago. De repente, una multitud de fuerzas especiales acosó a su padre. Eran más de diez, lo rodearon en círculo y comenzaron a pegarle. “Les pedí que pararan, porque mi padre es diabético; tiene sesenta años y podrían matarlo, pero me empujaron con sus escudos y no pude alcanzarlo”, recuerda. Pamela, entre codos, fue azotada contra una pared y no podía ver lo que estaba pasando en el coche de la policía. Les gritó preguntando a dónde llevaban a su padre y le respondieron que a la tercera comisaría de policía de Santiago. Recuerda que un carabinero apodado Gallardo -que se puede ver en uno de los vídeos que grabó- le metió el puño en la espalda y también lo empujó a la furgoneta.

En el interior, vio que la nariz de su padre sangraba. Apenas podía respirar. Pamela se quedó en estado de shock. También pudo ver a otros detenidos golpeados en muy malas condiciones. Un segundo policía esposó a su padre y apretó intencionalmente con mucha fuerza. De camino a la comisaría de policía, un carabinero comenzó a provocar a los detenidos gritando a los mapuches y que “odiaba a los comunistas” e incluso amenazó a Pamela con agredirla sexualmente.

“¡Veamos si te gusta por el culo!” -le dijo para intimidarla.

En ese momento, no podía creer lo que estaba pasando, sólo cogió a su padre por los brazos para que no le pegaran más.

Luego trajeron a un tipo ensangrentado que gritaba porque le dolían los riñones. Cuando vieron sus heridas, se enteraron de que era VIH positivo. En un momento dado, Pamela le pidió que le permitieran limpiar la cara de su padre con una botella de agua, pero lo ahogaron con una mezcla de agua y sangre. “Fue una tortura”, recuerda nerviosa. Después de pasar por la oficina de control de lesiones, fueron conducidos a la tercera comisaría de Santiago.

Una vez en la celda, vio que la policía había traído a un fotógrafo a quien ya habían herido, pero lo golpearon de nuevo y sólo pararon gracias a la intervención de un abogado de la INDH. Los encerraron en celdas improvisadas, les negaron mantas, cogieron frío y tuvieron que soportar que la policía se burlara de ellos cuando informaron de la existencia de retretes inundados y llenos de heces. A las 12:30 del mediodía fueron liberados. Con las ropas que les habían dejado, caminaron desde la calle San Martín hasta sus casas. Es increíble, y lo que sigue será una querella. “No podemos permitir que esto continúe, lo que nos hicieron es totalmente ilegal”, señala Pamela.

https://www.mondialisation.ca/violations-et-disparitions-la-repression-cachee-au-chili/5638284

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Latinoamérica ¿en estado prerevolucionario?

Darío
Herchhoren

Contaba el comandante Hugo Chaves que en una de las cumbres iberoamericanas tuvo una larga conversación con José María Aznar, a la sazón presidente del gobierno español, y que este le explicó que el neoliberalismo  necesariamente dejaba a un lado aproximadamente a entre el 33 y el 50 por ciento de la población, fuera del reparto de beneficios. Esa era la necesaria situación para lograr que el estado y sus instituciones funcionara. A esta explicación Chaves le preguntó que se hacía con los excluidos y marginados, a lo cual Aznar con su habitual sensibilidad humana le espetó «se jodieron».

Ocurre que esas enormes masas de «jodidos», por fin han tomado conciencia de su situación y de su poder cuando se organizan y salen a las calles a pelear por sus derechos como seres humanos que son.

El insige poeta cubano Nicolás Guillén, que vivía exiliado en Buenos Aires explicaba en una tertulia cómo la revolución cubana había surgido aparentemente de la nada, en las propias narices del imperio sin que este se diera cuenta a pesar de su enorme aparato de espionaje, y decía que a veces las revoluciones eran como esas raíces de los árboles que no se ven, pero que en pocos días levantan las aceras.

Las manifestaciones en Ecuador durísimamente reprimidas por el gobierno de Lenin Moreno, con profusión de muertos y con represión que llevó a la detención y tortura de muchos ciudadanos ecuatorianos y que ha sido silenciada por la prensa «seria», que está muy preocupada por la situación de la dictadura en Venezuela, ha conseguido poner en fuga al gobierno ecuatoriano que ha tenido que abandonar Quito, la capital de la nación, y refugiarse cobardemente en Guayaquil. El movimiento indígena, y la clase obrera que había logrado altas cotas de bienestar con el gobierno de Rafael Correa, han sido traicionados por Lenin Moreno, que siguiendo las normas del FMI recortó derechos, ha impuesto tarifas nuevas sobre los combustibles y la energía eléctrica, y ha sometido a un nuevo vasallaje a Ecuador, persiguiendo y encarcelando a «correistas», y pretende la extradición del propio Correa.

Se ha creado una situación de la que no informan las agencias de noticias; pero que todos los días por medios propios nos enteramos del avance de la represión, y del incumplimiento de los compromisos asumidos por Lenin Moreno cuando se vio obligado a recular ante la presión de las masas populares en las calles.

En Chile está pasando algo que nos regocija enormemente. Luego de 30 años de bajos salarios, de tasas prohibitivas  para estudiar, de las privatizaciones de las pensiones jubilatorias, de la falta de una política de vivienda, de salud, de educación y donde los ricos son cada días más ricos y los pobres más pobres; al fin los «jodidos» de que hablaba Aznar han tomado las calles y han obligado al presidente Piñera, un ex servidor del criminal Pinochet, a solicitar a todos los miembros de su gabinete de ministros a dimitir y a retirar al ejército de las calles. Todo esto con un gran costo de vidas humanas. Ya hay alrededor de 20 muertos. El gobierno de Piñera está contra las cuerdas.

En Bolivia Evo Morales ha ganado las elecciones en primera vuelta y no habrá ballotage, y lo mismo pasará en Argentina donde el triunfo de la izquierda está asegurado frente a un  gobierno cleptócrata, que se irá habiendo arruinado el país generando una deuda impagable de trescientos mil millones de dólares.

La situación social y económica de Argentina es realmente grave. Hay un 34 por ciendo de la población en estado de pobreza extrema y un 20 por ciento en estado de exclusión. Al nuevo gobierno le espera una tarea de titanes. Pero Argentina tiene un enorme potencial y saldrá con muchas dificultades de este estado de postración.

Hay elecciones en Uruguay, y es muy probable que el Frente Amplio revalide un nuevo triunfo en primera vuelta.

Todo lo expuesto alumbra un nuevo panorama que reverdece la posibilidad cierta de que se forme un bloque de países que inicien un camino de ruptura con el FMI (es decir con el imperio), que es un león ya sin dientes, que ha perdido definitivamente la hegemonía de que abusó durante demasiado tiempo, y que sufrirá un gran revolcón sin ninguna duda.

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Un laboratorio de guerra que convierte al propio pueblo en el enemigo

Los familiares de las víctimas no olvidan
Durante el año 2002, la Comuna 13 [un barrio de Medellín] fue testigo y víctima de las estrategias militares que el Estado quiso implementar en las calles de Medellín. Mes a mes se desarrollaban operaciones militares que solo causaban zozobra y temor. Acciones que dejaban como resultado hombres y mujeres de diferentes edades asesinados, heridos, y familias desplazadas. Voz comparte el llamado que las organizaciones sociales de madres y víctimas de estos hechos, le hacen al país en el marco de los 17 años de impunidad.

La Comuna 13 se convirtió así en un laboratorio de guerra. Quizás la más recordada de estas operaciones, por su impacto en la población, fue Orión, realizada entre el 16 y el 18 de octubre de ese año, que dejó a 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, seis desapariciones forzadas, registradas durante la operación, y más de 100 en los días y meses posteriores. Las víctimas han detallado que la operación continuó, de manera silenciosa, hasta inicios del mes de diciembre.

Orión fue la incursión militar urbana más grande que ha tenido Colombia. A pesar de ello y del gran asombro que pudiera causar en muchos, la impunidad para encontrar a los responsables sigue vigente. Tras 17 años seguimos esperando que altos mandos militares, como el general en retiro, Mario Montoya Uribe, responda por lo ocurrido y que cuente por qué de manera indiscriminada el Estado colombiano abría fuego a las casas, ¿por qué la alianza con paramilitares?, ¿por qué no se cumplió el papel de garante y se cometieron violaciones a derechos de los civiles en esta Comuna? Son 17 años de muchas preguntas y pocas respuestas.

A pesar del dolor, hoy también se sigue resistiendo, la población de San Javier sigue luchando para que se conozca la verdad, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que la Comuna 13 de Medellín sea un laboratorio de paz, donde la memoria esté vigente. Nos negamos a que las víctimas se conviertan en una fría cifra que llena los registros en las instituciones del Estado, nos negamos a olvidar a quienes les arrebataron la vida y nos negamos a cesar la búsqueda de aquellos y aquellas a quienes aún seguimos esperando.

Las víctimas y los ciudadanos de Medellín seguiremos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, por eso confiamos firmemente en el papel y la oportunidad que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Sivjrgnr brinda. A la JEP, le pedimos que dicte medidas cautelares sobre el sitio conocido como La Escombrera y que se abra el macrocaso sobre desaparición forzada. Le insistimos a la Comisión de la Verdad que escuche todas las voces y que la verdad desde las víctimas sea un agente primario en la construcción del relato sobre lo ocurrido, puesto que han sido ellas quienes han padecido los estragos de la guerra. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es la oportunidad que se abre en este mar de impunidad de encontrar a los cientos de personas desaparecidas de la comuna, insistimos en la elaboración de planes integrales de búsqueda.

Instamos al Estado colombiano a que no siga negando el conflicto ocurrido en Comuna 13, conflicto que sigue vigente. La militarización de los barrios no puede seguir siendo la respuesta a un flagelo que pide a gritos soluciones más allá de la presencia de la Fuerza Pública, es vital que se reconozca y se desarrolle inversión social.

A los procesos organizativos que siguen resistiendo en Comuna 13 los abrazamos y respaldamos, estas son las muestras de que la paz se construye con la juntanza de voluntades, con el anhelo de la justicia social. Desde Medellín, decimos nunca más operaciones militares, ¡Operación Orión Nunca Más!

http://semanariovoz.com/operacion-orion-17-anos-impunidad/

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La lucha contra la explotación de las trabajadoras costureras en México

Sara Lovera

Levantadas sobre los escombros -ya que el sismo dejó atrapadas más de 600 costureras en decenas de edificios de la avenida San Antonio Abad, de las calles de Uruguay, Belisario Domínguez, Perú y José María Izazaga, donde se concentraban pequeñas fábricas y talleres de confección, establecimientos hoy desolados- unas 800 costureras de 40 fábricas, de las más de 11.000 afectadas de 400 establecimientos por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, lucharon más de tres años por sus derechos y sus puestos laborales. Protestaron y marcharon por las calles; organizaron mítines y alzaron un campamento.

Sin más recursos que el coraje y la razón, fundaron el 22 de octubre de 1985 el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de Septiembre, encabezado por Evangelina Corona, Alicia Cerezo, Guadalupe Conde, Leticia Olvera y Alejandra Martínez, entre muchas otras.

Organizadas y apoyadas por muy distintos grupos, enderezaron más de 345 demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lograron convenios para 2.000 trabajadoras en cerca de 100 empresas, con indemnizaciones de aproximadamente 429 millones de pesos (24 millones 600 mil dólares). En 84 empresas de la confección y del vestido hubo conflictos de carácter laboral, resueltos y/o archivados, con soluciones de una lentitud ofensiva.

Entonces había exceso de oferta laboral. Las costureras laboraban 11 horas diarias; trabajaban a destajo, no tenían horarios de comida, les pagaban centavos por cada costura, vivían humilladas y sin derechos laborales. Cientos de talleres operaban fuera de la ley. Lo mismo sucede tres décadas después.

Fueron tres intensos años de lucha, ellas en pie. Firmaron condiciones nuevas de trabajo, formaron dos cooperativas; crearon una guardería, se unieron a organizaciones sociales/feministas, pero 30 años después, el sindicato sólo representa a cinco empresas, tres de ellas fuera de la capital, en Irapuato, Guanajuato. Al día de hoy, las condiciones de unas 10.000 trabajadoras no han variado.

Este septiembre de 2015, al caminar por San Antonio Abad, Izazaga, 20 de Noviembre, Manuel Doblado, Belisario Domínguez, Paraguay, Ecuador y Perú, puede verse que los antiguos talleres desaparecieron: hoy son centros de venta de ropa importada que comercializan vestidos de fiesta y pantalones, trajes, sacos y faldas adocenadas provenientes de la maquila internacional.

En mayo de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofreció a la Cámara de esa industria un apoyo de 450 millones de pesos (22 millones 500 mil dólares), pues solo en 2014 entraron al país 150 millones de prendas de vestir procedentes del extranjero.
Símbolo encarnado

Frente al lastimado monumento metálico en Tlalpan donde se alzó durante varios años el campamento de las costureras en lucha, que funcionaba como refugio y centro de las movilizaciones, se aprecia un tendajón derruido y gris, donde comenzaron las operaciones del sindicato.

Tres décadas después, aunque no se sabe quién administró y vendió parte de ese terreno, el sindicato sigue en pie, afirma Alejandra Martínez, su secretaria general, quien plantea que en estas décadas la industria se ha reducido; hay, como antes, talleres clandestinos, ubicados desde los años sesenta en Ciudad Netzahualcóyotl; hoy se multiplican en Tlaxcala, y hay una huelga que está por cumplir 38 meses sin que se logre acuerdo alguno: la de la fábrica Cartagena, símbolo encarnado: 21 costureras la sostienen, bajo la lluvia y en contra del desprecio y el olvido de Ernesto Kuri Serú, propietario de la fábrica, quien provocó el paro por negarse a pagar un solo derecho de estas costureras, como si nada hubiera sucedido.

Hoy las costureras, miles desempleadas, sobreviven al infortunio que un día les dio gran fuerza. En Cartagena esperan pacientes una solución.

En el recuerdo de Alejandra está la fábrica de vestidos Read, donde el sindicato operó durante 20 años. Ahí se hacían los vestidos de fiesta, con canutillo y tul; los trajes de novia, otros más de telas finas. Eran 40 las costureras que vieron cerrar el establecimiento en 2004. El combate contra el sindicato fue feroz, nos dice Alejandra.
Un cambio de vida

A Leticia Olvera, la lucha obrera le cambió la vida. Militante de Mujeres en Acción Sindical tras el sismo de 1985, hoy mira el pasado con enojo. «Muchas fábricas cerraron apenas nos organizamos», recuerda. Tal fue el caso de la de ropa íntima Cárnival. Hoy Leticia lucha para que sobreviva una organización de proyectos productivos, y aprendió que además de los derechos laborales, las mujeres necesitan igualdad y derechos sexuales y reproductivos.

Alicia Cerezo reconoce que su vida dio un giro de 90 grados. También se hizo feminista, pero advierte que miles de sus compañeras quedaron atrapadas en una condición lamentable, y que el fracaso del sindicato está ligado a los intereses patronales y al sindicalismo espurio. Las costureras, tal y como fuimos antes, han desaparecido.

Evangelina Corona, quien tras la lucha se hiciera asambleísta, trabaja en una oficialía de partes a su avanzada edad; Alicia y Leticia promueven el seguro de desempleo en módulos de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal; Lupe Conde se jubiló como maestra de corte y confección. Miles trabajaron hasta hace poco, y algunas lograron su jubilación.
Globalizacion y pérdida

Según la Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido, que dirige Samuel Gersheinch Salvocou, la confección apenas representa el 0,1 por ciento de la industria; la competencia por la apertura internacional tiene colocada a la del vestido en un sistema globalizado que ha eliminado los antiguos talleres y pequeñas fábricas que hace tres décadas, sólo en la capital, llegaron a tener 70.000 costureras.

La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de las Cuentas Nacionales 2014, señala que en todo el país hay 74.026 trabajadoras formales de la costura, el 1,3 del personal ocupado formalmente en toda la manufactura nacional, y confirma que los salarios anuales de cada trabajadora no llegan más que a 12.000 pesos (600 dólares) unos 700 pesos (35 dólares) efectivos cada semana.

Alejandra Martínez reafirma que las costureras pagadas en nómina no logran más de esos 700 pesos semanales, y en este 2015 en curso, las que trabajan a destajo reciben sólo dos pesos (0.1 dólares) al día por prenda cosida, y las jornadas se extienden hasta por 10 o 12 horas diarias. «No hubo cambio ni hay inspectores en los talleres, ni protección, ni se cumple con el salario mínimo profesional, ni se conmueve la Secretaría del Trabajo», afirma.

Hoy, las grandes tiendas departamentales contratan a empresas de dudoso origen, las llamadas outsourcing, afirma el abogado Manuel Fuentes, uno de los defensores de las costureras, quien añade que, donde hay pequeñas fábricas, existen contratos de protección, es decir, contratos de trabajo que proponen las centrales obreras, sin organizar a las trabajadoras en sindicatos y que sirven para encubrir a la patronal. El abogado de Cartagena Eduardo Díaz confirma que quienes laboran en la costura lo hacen sin derechos.

Sin embargo, el valor de las ventas es hasta de 90.000 millones de pesos (4.500 millones dólares), pero principalmente en la industria de confección en cuero; en la elaboración de alfombras y en la producción de moda en gran diseño.

La ropa popular es china o proveniente de talleres outsourcing que contratan El Palacio de Hierro, Liverpool o Sears, empresas que reciben ropa cortada por diseñadores, con telas importadas y confección pagada a precios irrisorios, informan Eduardo Díaz, Alejandra Martínez y Manuel Fuentes.

Una de las características que definió a la industria que ya tiene más de un siglo de vida, fueron los talleres familiares. En 1985, la mitad de la producción se hacía en estos talleres, ubicados en el Estado de México, hoy en Tlaxcala y en los alrededores de la ciudad de México y de otras capitales, los patrones se ahorran millones de pesos en impuestos. Para las costureras del Distrito Federal, pese a la reducción de la industria por la competencia internacional, la situación actual es semejante a la de esa época.

Una descripción detallada de lo que sucedía en las pequeñas fábricas se lee en un estudio realizado por la Secretaría del Trabajo en octubre de 1985. En el documento sin firma, el anónimo autor señalaba:

«A medida que los medios de comunicación se adentraban en el caso de las costureras, salían a la luz las terribles condiciones de trabajo con que operaba la industria en general, y la casi total inexistencia de protección sindical. Así, se supo que las costureras trabajaban jornadas de más de ocho horas diarias, ya que su salario se les pagaba a destajo, lo que las forzaba a cumplir con cargas de trabajo muy altas; que a menudo había sanciones muy rigurosas por retardos y faltas, y que, dado que existía abundancia de mano de obra disponible, las amenazas de despido resultaban frecuentes y los salarios que se pagaban en muchos casos eran menores que el mínimo. También se supo que muchas veces los empresarios firmaban contratos por una semana con sus trabajadoras para evitar así registrarlas en el Seguro Social.

«Para evitar robos en las empresas, se afirmó que en algunos talleres las trabajadoras eran sometidas a rigurosas revisiones y, en algunos casos, los dueños cerraban con llave los accesos a los talleres mientras las obreras estaban trabajando. Varias versiones de personas presentes durante el sismo sostenían que por esa razón muchas trabajadoras no habían podido salvar sus vidas.

«Estas denuncias provocaron serios reclamos a las organizaciones obreras y a las autoridades del trabajo. El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, afirmó que la industria textil, principalmente en el rubro de la confección de ropa, era uno de los ramos más incontrolables desde el punto de vista sindical, pues se manejaba en la clandestinidad desde hacía varios años en talleres escondidos con una marcada explotación de la mano de obra, en los que no se pagaba ni el salario mínimo y se negaban prestaciones sociales. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil, afiliado a la CTM, Adolfo Gott Trujillo, indicó que la mayoría de los trabajadores que laboraban en los talleres donde se confeccionaba ropa no estaban afiliados a ningún sindicato. Solo una minoría estaba organizada en pequeños sindicatos desconocidos.


http://amecopress.net/Mexico-Costureras-olvidadas-y-explotadas
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Sigue la lucha en Chile y sigue el estado de guerra contra la clase obrera y el pueblo

Con el país bajo el toque de queda y miles de militares patrullando las calle, la clase obrera chilena se mantiene en pie y los estibadores del puerto de Valparaíso, que llevan meses de paros y protestas, han lanzado un llamamiento a la huelga general (1).

Ayer estallaron nuevos enfrentamientos en la capital entre manifestantes y policías en el tercer día de los peores disturbios del país en décadas. Se han desplegado casi 10.000 efectivos policiales y militares. Las patrullas callejeras son las primeras en el país desde el fin de la criminal dictadura de Pinochet (1973-1990).

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dice el Presidente Piñera quien, naturalmente, se refiere al propio pueblo chileno (2), contra el que los militares están cometiendo una masacre tras otra. Han muerto 11 personas, hay 1.462 manifestantes detenidos, de los cuales 644 en la capital y 848 en el resto del país. Además, el balance añade 44 heridos, 9 de ellos graves, un niño con balas en el hígado, riñón y piernas, una niña herida con un balín, un hombre golpeado con una bomba lacrimógena en el rostro y seis personas con lesiones oculares, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (3).

Por segunda noche consecutiva, se impuso el toque de queda en Santiago. Al mismo tiempo, el estado de emergencia está en vigor en cinco regiones, incluida la capital, de siete millones de habitantes.

Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías en la Plaza de Italia, en el centro de Santiago, donde la policía atacó a los manifestantes con gas lacrimógeno y chorros de agua. Al mismo tiempo, decenas de supermercados, vehículos y gasolineras fueron saqueados o quemados en varias zonas comerciales de la capital. El acceso a varios hipermercados, que habían permanecido cerrados el domingo, fue forzado por manifestantes, que salieron con los brazos llenos de mercancías.

Después de tres días de resistencia, el centro de la capital chilena y otras grandes ciudades, como Valparaíso y Concepción, ofrecen rostros de desolación: luces rojas en el suelo, carcasas de autobuses carbonizadas, centros comerciales quemados, y miles de piedras y palos salpicando las carreteras.

Las manifestaciones comenzaron el viernes para protestar contra el aumento -de 800 a 830 pesos (unos 1,04 euros)- del precio de los billetes de metro en Santiago, que cuenta con la red más extensa (140 kilómetros) y más moderna de Sudamérica y transporta a unos tres millones de pasajeros diarios. Sebastián Piñera suspendió el aumento el sábado, pero las manifestaciones continuaron, alimentadas por las condiciones socioeconómicas y las desigualdades en un país como Chile donde el acceso a la salud y la educación es casi exclusivamente responsabilidad del sector privado.

Los autobuses y las estaciones de metro fueron especialmente atacados. Según el gobierno, 78 estaciones de metro fueron dañadas, algunas de las cuales fueron completamente destruidas. El retorno a la normalidad en algunas líneas podría llevar meses.

“No se trata sólo del metro, se trata de todo. Los chilenos ya están hartos de las injusticias”, dijo un trabajador que intentaba llegar a su lugar de trabajo el domingo a un canal de televisión local. Unos pocos autobuses operaban en la capital, lo que obligaba a los residentes a depender de taxis y VTC, cuyos precios se disparaban. En el aeropuerto de Santiago, muchos vuelos fueron cancelados o reprogramados.

(1) https://www.youtube.com/watch?v=vPLzuUS5hwM
(2) http://www.telesurtv.net/news/pdte-pinera-estamos-guerra-contra-enemigo-poderoso-20191020-0047.html
(3) https://www.indh.cl/indh-anuncia-acciones-legales-por-violencia-policial-y-denuncia-desnudamientos/

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En Santiago de Chile el ejército vuelve a patrullar las calles como en los sangrientos tiempos de Pinochet

En Santiago de Chile no se veía al ejército patrullando las calles desde que en 1990 acabó la sangrienta dictadura de Pinochet.

No obstante, a pesar del toque de queda impuesto por el ejército tras el segundo día de protestas en la capital, miles de personas siguieron recorriendo las calles de varias ciudades del país. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía volvieron a estallar en Santiago.

En la batalla campal de la capital murieron tres personas el sábado por la noche en un incendio en un supermercado: dos fueron quemadas y la tercera fue llevada a un hospital donde falleció poco después.

A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles de varias ciudades del país. En Santiago, entre otros lugares, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Varios coches y autobuses fueron quemados en el centro de la ciudad, así como varios edificios.

El viernes por la noche, el presidente chileno Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia de 15 días en Santiago y le entregó a un general del ejército la responsabilidad de garantizar la seguridad después de un primer día de violencia y enfrentamientos como resultado de las protestas contra el aumento de los precios de los billetes de metro de 800 a 830 pesos (1,04 euros) durante las horas pico, después de un primer aumento de 20 pesos en enero pasado.

Luego el presidente retrocedió: el sábado anunció la suspensión del aumento: «Quiero anunciar hoy que suspenderemos el aumento de las tarifas del metro», dijo, poco antes de que el general designado para garantizar la seguridad de la capital anunciara un toque de queda total en Santiago para tratar de impedir las protestas.

Pero este anuncio no calmó la ira popular que rugía. En Santiago, frente a los soldados desplegados en la Plaza de Italia, los manifestantes levantaron fotos de personas que habían desaparecido durante la dictadura militar (1973-1990), lo que resultó en más de 3.200 muertos o desaparecidos.

Con consignas como «Cansados de los abusos» o «Chile ha despertado», difundidas en las redes sociales, el país se enfrenta a su peor crisis social en décadas.

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Niños en jaulas: 13.000 menores de edad migrantes expulsados por Estados Unidos han sido torturados

La política de “tolerancia cero” que impuso Trump ha generado que más de 13.000 niños migrantes -menores de 18 años, incluidos más de 400 bebés- hayan sido expulsados de Estados Unidos y trasladados a “refugios” ubicados en la frontera de México, donde los mantienen privados de libertad para esperar que se resuelva su estatus migratorio y el de sus familiares.

La dura medida contra los menores de edad obliga a los niños a esperar en México las audiencias de los tribunales migratorios de Estados Unidos.

A lo largo de la frontera de México y Estados Unidos, los bebés y los niños pequeños los mantienen recluidos en lugares con altísimos niveles de criminalidad y en refugios y tiendas de campaña abarrotados de personas y ubicados en las calles, sin ningún tipo de control sanitario y ambiental.

La situación de estos pequeños puede durar en el mejor de los casos semanas y muchos otros sufren este tipo de tortura moderna por meses, hasta lograr obtener una audiencia de asilo en Estados Unidos. De hecho, muchos de estos niños deben acudir a tribunales sin sus padres y los obligan a testificar solos.

El riesgo de violencia y enfermedad es alto y es de especial preocupación para las familias con niños pequeños o que sufren condiciones de salud crónicas, según entrevistas con profesionales de la salud, migrantes, defensores de derechos humanos y abogados.

Los niños se encuentran entre decenas de miles de migrantes que regresaron a México bajo la política del gobierno de Trump conocida como los MPP (Protocolos de Protección a Migrantes). La mayoría son de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Lo que alega el Departamento de Seguridad estadounidense sobre las decisiones si una persona es colocada en los MPP, es que éstas son tomadas por agentes fronterizos e incluyen consultas con profesionales médicos.
De acuerdo con lo establecido, los niños y adolescentes que no están acompañados por sus familiares no deben ser enviados de regreso a México, pero esto no es lo que ocurre en realidad. De hecho, muchos de estos niños, los que corren con la suerte de ser agrupados con sus padres y madres, terminan siendo expulsados de Estados Unidos.

Al menos un tercio de los casi 40.000 migrantes que fueron colocados bajo el programa MPP de “tolerancia cero” -hasta el pasado 1 de septiembre- eran menores de 18 años.

De esos más de 13.000 niños migrantes, más de 3.400 eran menores a cinco años y otros 418 son bebés menores de un año.

La tendencia al incremento de este tipo de casos es inminente, pues según la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos), los números han crecido en las últimas semanas y ahora hay más de 51.000 personas en el programa MPP.

Las duras historias relacionadas con los niños migrantes que son privados de libertad, mientras Estados Unidos decide qué hacer con ellos, se han recrudecido durante la administración Trump.

Los infantes llegan a pasar días y noches con hambre mientras duermen en el suelo, con frío, con la luz siempre encendida, encerrados en una jaula, sin ver la luz del sol, desamparados, sólos, desorientados y sobre todo, sin sus padres.

Esta angustia se genera precisamente en los centros de reclusión que las autoridades migratorias estadounidenses tienen para literalmente enjaular a los niños, que viven en condiciones de tortura física y psicológica.

Todo este proceso de tortura y crueldad -marca Trump- se aplica injustamente contra menores de edad -niños inocentes e indefensos- que son separados de sus padres como parte de una política de “tolerancia cero” ordenada y administrada por el gobierno de Estados Unidos.

Esta política segregacionista es alimentada por el racismo, la supremacía y la xenofobia contra los migrantes, sobre todo los latinoamericanos, enfila todo su odio en los centros de reclusión de la policía fronteriza, donde miles de niños padecen de hambre, hacinamiento, frío, marginación, insalubridad, miedo y daño psicológico continuado, producto del desprendimiento forzado de sus padres y familiares, en un contexto repleto de amenazas que reciben día y noche.

Un trabajo de Jessica Washington titulado: “We Are Kept in a Cage” Heartbreaking stories from children in border patrol custody, (“Nos mantienen en una jaula”: Historias desgarradoras de niños bajo custodia de la patrulla fronteriza) y publicado el pasado 27 de junio en la web Motherjones, muestra una serie de testimonios de los menores de edad que han sido separados de sus padres, luego de que las autoridades estadounidenses los detuvieran mientras intentaban entrar como inmigrantes.

https://www.elciudadano.com/justicia/ninos-en-jaulas-informes-confirman-tortura-a-mas-de-13-mil-menores-migrantes-expulsados-por-trump/10/14/

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Los trabajadores ecuatorianos han conseguido frenar la ofensiva del gobierno y el FMI en diez días

Diez días de protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno han convertido a Quito en un campo de batalla donde las movilizaciones convocan a múltiples sectores de la sociedad ecuatoriana.

Barricadas, incendios, multitudes, carreras, gases, heridos, muertos… La escenografía alcanzó su punto máximo el 12 de octubre cuando el presidente Lenín Moreno anunció que el toque de queda, vigente desde el día 9, sería a partir de las tres de la tarde en vez de las ocho de la noche.

A la hora de su anuncio las avenidas principales que desembocan sobre la Asamblea Nacional, epicentro de las manifestaciones, reunían a miles de personas en medio de humaredas.

A los trabajadores de los transportes se les unieron muchos sectores sociales: campesinos, estudiantes, jóvenes, profesionales, mujeres, solidarios… con un elemento común: el descontento profundo hacia el gobierno.

El 12 de octubre fue cuando con más nitidez pudo verse cómo se acercaron más sectores a la movilización.

Finalmente el gobierno ha tenido que dar marcha atrás, anulando las medidas económicas que han causado un amplio rechazo popular.

La solidaridad entre la gente de Quito y los manifestantes se manifestó de muchas maneras. Una de ellas fue la permanente labor de las brigadas de médicos voluntarios, así como del constante ir y venir de camionetas con alimentos e insumos, muchas veces caseros —como paños mojados con limón— para hacer frente al efecto de los gases lacrimógenos.

Otra imagen del encuentro entre diferentes sectores se dio con las movilizaciones que iniciaron desde diferentes barrios populares de la capital que se fueron sumando de a poco al punto central del enfrentamiento. Se vieron pasar columnas con banderas de Ecuador y la misma consigna repetida: «fuera Moreno fuera».

El gobierno optó por varias tácticas ante esa situación. Intentó generar miedo con el anuncio del toque de queda, luego con la represión masiva que le siguió, y finalmente con el despliegue de militares en las calles. El objetivo fue aislar hasta acorralar al movimiento popular ante una ciudad vacía por la prohibición de estar en la calle.

«Somos gente que estamos protestando por un bien común, un bien para todos, no queremos ser más pobres de lo que ya estamos, la gente pobre que puede comprar un pan ya no va a poder siquiera comer, y ese es el pueblo que está reclamando eso, si la gente no se levanta hoy este Gobierno se va a seguir llenando los bolsillos de dinero», dijo un joven, uno de los tantos que han protagonizado estas jornadas.

El objetivo de aislar políticamente a la protesta fue impedido por el cacerolazo que atravesó la ciudad de Quito y en varias partes del país durante la noche. Así quedó nuevamente ratificado que Lenín Moreno no enfrenta una protesta de los indígenas, sino que está ante una crisis de legitimidad producto de sus decisiones y su violencia que no paró de escalar en los diez días de protesta.

Llega ahora el momento de las negociaciones. El gobierno tendrá que sentarse a la mesa después de los muertos, los heridos, los detenidos y la ola de represión en un escenario que no se veía en el país desde hacía muchos años.

Quito, una ciudad que se ha transformado en campo de batalla, podría tener una tregua en caso de lograrse un acuerdo. De lo contrario continuará su espiral de movilización frente a un gobierno dispuesto a aumentar la represión para mantener las medidas económicas del FMI rechazadas por una mayoría del pueblo ecuatoriano.
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400 trabajadores despedidos como represalia tras la huelga de la multinacional Walmart en Chile

Tras la huelga de julio, como represalia la multinacional Walmart ha despedido en Chile a unos 400 trabajadores. “Esto no es cualquier despido, aquí están sacando compañeros y compañeras que son antiguos en la empresa, que son parte integral del sindicato y que participaron activamente en la huelga», acusó el presidente del sindicato interempresas Lider, Juan Moreno.

Moreno aseguró que el 30 de septiembre –transcurridos los 60 días de plazo producto de la negociación colectiva– Walmart comenzó un despido masivo de trabajadores en distintas ciudades de Chile.

“Sobre el 90 por ciento de los despedidos, en ciudades como Valdivia, Puerto Montt y Valparaíso, responde a socios del SIL”, indicó.

Esta situación también afecta a locales de las comunas de Maipú, Peñalolén y Santiago Centro, “donde vemos que los socios desvinculados son trabajadores antiguos, con más de cinco años de antigüedad. No estamos hablando de rotación de plazos fijos, sino de indefinidos, de trabajadores con trayectoria y compromiso con nuestras convicciones”, detalló Moreno.

“La empresa establece un precedente negativo para todos los trabajadores  al ejecutar despidos masivos y selectivos después de un periodo de negociación y manifestaciones democráticas de los trabajadores, como es el derecho a huelga”, añadió.

En julio pasado, unos 17.000 trabajadores de la cadena llevaron a cabo una huelga de 6  días, marcada por las reivindicaciones relativas a la automatización de la cadena, logrando un aumento salarial real de hasta un 5,1 por ciento y de 3,5 por ciento adicional para todos los trabajadores afectados por la multifuncionalidad.

En su reclamo, los trabajadores fueron respaldados por parlamentarios de la oposición, como el diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, que calificó los despidos como “represalias”.

El senador del Partido Socialista Carlos Montes comentó que “esto aparece como una represalia, después de una huelga bastante exitosa para los trabajadores, puede haber una práctica antisindical. Los abogado de los sindicatos tendrán que verlo, si se plantean despidos masivos  de esas estas características sin trabajarlos con los sindicatos, afectan mucho las relaciones laborales en el país. Esto está detrás de toda las discusiones sobre las  leyes laborales, un empresariado que no tiene ninguna consideración con lo que representa para los trabajadores un despido sorpresivo en estas condiciones”.

https://m.elmostrador.cl/dia/2019/10/03/walmart-sindicato-denuncia-despidos-post-huelga-y-la-compania-asegura-que-ha-creado-mas-empleos/