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El papel de la explotación de las minas de litio en el Golpe de Estado de Bolivia

El año pasado Bloomberg señaló que las reservas de litio de Bolivia convierten al país en un lugar estratégico en la economía mundial para la próxima década. Se espera que la demanda de litio se duplique con creces para 2025. El mineral se extrae principalmente en Australia, Chile y Argentina, pero Bolivia tiene 9 millones de toneladas de litio que no han sido explotadas comercialmente.

Un colaborador del Washington Monthly, David Atkins, escribió: “El litio en Bolivia pertenece al pueblo boliviano. No es propiedad de empresas multinacionales. El golpe militar del domingo en Bolivia estableció un gobierno que debía cambiar la decisión tomada por el dimitido presidente Evo Morales, quien había cancelado un acuerdo estratégico con una empresa alemana para explotar los yacimientos de litio en el país latinoamericano, permitiendo la fabricación de baterías como las que se utilizan en los coches eléctricos” (1).

El analista de inversiones, Argus, señaló que la producción de gas y petróleo de las empresas extranjeras en Bolivia había permanecido estable. El gobierno de Evo Morales anunció entonces que estaba “decidido a industrializar Bolivia e invertir enormes sumas de dinero para asegurar que el litio que se usa en las baterías sea procesado en el país para su exportación, con el único fin de servir a los intereses generales en forma de valor agregado”.

Evo Morales tenía un acuerdo firmado en diciembre del año pasado con la multinacional alemana Acisa (ACI Systems Alemania) para explotar la materia prima, pero el 4 de noviembre lo canceló después de varias semanas de manifestaciones de los trabajadores de la región de Potosí donde se debían explotar las minas. La región de Potosí tiene entre el 50 por ciento y el 70 por ciento de las reservas mundiales de litio y esas reservas se encuentran en el Salar de Uyuni.

La cancelación del acuerdo abrió las puertas a una renegociación en términos que debían generar más ganancias para los pueblos de la región o a la nacionalización total de la industria minera del litio en Bolivia.

El litio es la materia prima de las baterías, como las que se usan en los vehículos eléctricos. Entre los clientes de la empresa alemana Acisa se encuentra el grupo Tesla de Elon Musk que fabrica ese tipo de vehículos. Las acciones de Tesla subieron al día siguiente del Golpe de Estado.

Las oportunidades mundiales en la producción de baterías de litio están aumentando para satisfacer la creciente demanda de la fabricación de vehículos eléctricos. La industria alemana está reorientando su producción de automóviles hacia vehículos eléctricos que funcionan con las baterías de litio de Acisa. Elon Musk dijo el miércoles pasado en el aeropuerto internacional Berlín que iba a abrir una fábrica que emplearía a 8.000 personas para fabricar coches eléctricos (2). El gobierno alemán sigue celebrando esa decisión con gran pompa porque debería consolidar a Alemania como cabeza en la producción de vehículos de nueva generación.

El impacto en el sector del litio y su explotación aún no se conoce después del Golpe de Estado, indica Stratfor, la empresa de inteligencia de la CIA. A largo plazo la incertidumbre política hará más difícil para Bolivia aumentar su producción de metales estratégicos, como el litio, o desarrollar un sector de valor agregado en el mercado de baterías.

(1) https://twitter.com/DavidOAtkins/status/1193970669286899712
(2) https://www.arcor.de/article/US-Elektroautobauer-Elon-Musk-Tesla-baut-europaeische-Fabrik-bei-Berlin/hub01-home-news-wirtschaft/8846698-Elon-Musk-Tesla-baut-europaeische-Fabrik-bei-Berlin/hub01-home-news-wirtschaft/8846698

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Grabaciones de audio demuestran la intervención directa de Estados Unidos en el Golpe de Estado contra Evo Morales

En medio de la actual crisis política surgieron unos dieciséis audios de conversaciones donde se escucha presuntamente a dirigentes cívicos, políticos y militares en servicio pasivo, en un plan de agitación social, antes y después de las elecciones generales, con el propósito de evitar la continuidad del presidente Evo Morales, según publicaciones en medios digitales.

La totalidad de los audios y los informes redactados el 8 y 10 de octubre se encuentran en el portal Bbackdoors y el contenido es coincidente con el discurso de autoridades de gobierno que denunciaron planes de golpe de estado e incluso el presidente Evo Morales dijo en días pasados tener las grabaciones.

En las conversaciones se menciona a un expresidente de la república, al exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, al ex diputado cochabambino de NFR Mauricio Muñoz. Un informe escrito agrega a los exmilitares del Ejército Oscar Pacello Aguirre, Remberto Siles, Julio Cesar Maldonado y Teobaldo Cardozo.

Según la fuente, en uno de esos audios se identifica a la activista Miriam Pereira quien hace referencia a Juan Flores, a su asesor Alex Brañez, Oscar Robles. Ella alerta de un viaje que hicieron esas personas a Estados Unidos para reunirse con Carlos Sánchez Berzaín y un presunto financiamiento de medio de millón de dólares para gastos de movilización. “El chulupi quiere sangre, en esto está trabajando, el financiamiento es por medio millón de dólares para sus gastos”, dijo ofuscada la citada persona, de acuerdo con la grabación.

La dirección digital postcuba.org consigna un resumen sobre el contenido de las conversaciones de dirigentes políticos, cívicos y ex militares en sus labores de coordinación con miras al paro nacional cívico del 21 de agosto; acciones previas y posteriores a las elecciones nacionales.

Ese informe está escrito en el idioma inglés y fue traducido al español; está disponible en el portal postcuba, bajo el rótulo “Embajada de EEUU en La Paz: Su accionar encubierto en apoyo al Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales”.

Senadores de Estados Unidos involucrados

En uno de los audios se escucha presuntamente a Manfred Reyes Villa en una conversación con personas que no pudieron ser identificadas, a quienes les recuerda que hay un compromiso de los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y  Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia, si acaso Evo Morales permanece  en el Palacio de Gobierno.

“Estos tres nombres que están mencionados en nuestra agendita, son la llave que están manejando el interés de que el pueblo boliviano tenga la justicia por el voto del 21 de febrero de 2016”, dice Reyes Villa. Incluso su operador político Mauricio Muñoz habla en otro audio sobre la posibilidad de retornar al país para ser candidato a Gobernador de Cochabamba, siempre que Evo Morales salga del poder con las acciones de agitación social.

En otro audio, un supuesto exmilitar no identificado alerta sobre el riesgo de contaminar a los comités cívicos de La Paz y Santa Cruz, para luego el gobierno los ponga en la misma bolsa y los acuse de golpistas.

Otra voz dice: “Señor expresidente, estamos en una escalada” que en algún momento debe llegar a su punto culminante en base a la movilización popular, porque “las Fuerzas Armadas van a reaccionar de acuerdo a lo que los movimientos populares hagan. Si hay un respaldo mayoritario, en algún momento alguien le va a decir, por favor señor Presidente cumpla con la ley y a eso debemos ir nosotros”, manifiesta en la conversación.

Incluso plantea que los cívicos movilizados tengan en cuenta que el enemigo en Bolivia es Cuba. “Mi coronel, tenemos que decir fuera cubanos, mueran cubanos. Los comités cívicos exigen a países internacionales, es estúpido; quien gobierna el país son los cubanos”, afirmó.

Otra voz indica que los campesinos están esperando una estructura sólida a partir del 21 de agosto para actuar junto a las plataformas.

También lograron infiltrar una reunión presuntamente del presidente y del jefe de juventudes del comité cívico de La Paz, con un exgeneral identificado como Julito y el excoronel quien en su charla se presenta como Óscar Pacello Aguirre, representante de la Coordinadora Nacional Militar, quien habla de tener planes para tomar la gobernación y subgobernación de Tarija, probablemente en el mes de agosto.

“Hay información que solamente debe quedar aquí, vamos a ir manejando temas reservados y secretos, no puede salir. Si sale eso, nos van a hacer abortar”, dice al explicar que la ruta parte el 23 de julio, 21 de agosto, hasta el 20 de octubre, pero antes los momentos clave de su movilización deberían ser la visita del expresidente José Mújica, el 6 de agosto en el acto cívico-patriótico y el 7 de la parada militar en la ciudad de El Alto.

“Evo Morales quiere legitimarse en estas elecciones y tenemos que coordinar con los comités cívicos”, dice en otra parte de su conversación aparentemente con los cívicos de La Paz.

Síntesis del contenido de las grabaciones

Audio 1.  Ilustra el compromiso de senadores estadounidenses como Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz en el plan de golpe de estado contra Evo Morales.

Audio 2.  Un miembro de la oposición boliviana y presunto ex militar, hace un llamado para un levantamiento armado.

Audio 3.  Un miembro de la oposición boliviana (aún por identificar) propone señalar las casas de los partidarios del partido político del presidente, para infundir miedo en la población e influir en ellos más tarde para apoyar el golpe.

Audio 4.  Un miembro de la oposición boliviana (aún por identificar), plantea la estrategia a seguir por la oposición boliviana, estableciéndose como una premisa que invalida las elecciones del 20 de octubre, genera un levantamiento militar-civil y crea una huelga nacional. Además, comentó que hay miembros activos de las Fuerzas Armadas Nacionales y la Policía que apoyarían estas acciones.

Audio 5. Una conversación entre miembros de la oposición boliviana que muestra la participación de Manfred Reyes Villa, otro miembro de la oposición residente en Estados Unidos, que tiene planes de golpe de estado. Se menciona el respaldo que la oposición está obteniendo de la Iglesia Evangélica y el gobierno brasileño. Destaca la referencia sobre un supuesto hombre de confianza para el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien también asesora a un candidato presidencial boliviano que aún no se ha identificado.

Audio 6. Muestra la participación de Manfred Reyes Villa, miembro de la oposición con planes de golpe de estado. La voz del activista político boliviano Mauricio Muñoz y Reyes se puede escuchar en la grabación.

Audio 7. Un ex coronel de Bolivia confirma los planes de golpe de estado contra el presidente Evo Morales, y expresa su preocupación por la participación de los líderes de los comités cívicos en el ejército relacionado con la oposición.

Audio 8. El ex coronel boliviano Julio César Maldonado Leoni, presidente del Comité Militar Nacional, da órdenes de implementar todo tipo de acciones contra la Embajada de Cuba y sus diplomáticos, infunde miedo y odio hacia los cubanos para que abandonen el país.

Audio 9. Este audio está relacionado con una reunión entre ex militares bolivianos celebrada en la ciudad de Cochabamba. El ex coronel Julio César Maldonado Leoni, presidente del Comité Militar Nacional, se refiere a la creación de un poder político-militar.

Audio 10. El ex coronel boliviano Teobaldo Cardoso, comenta que todo está preparado y que son un gran grupo de miembros militares antiguos y activos listos para emprender la guerra.

Audio 11. Ilustra el compromiso del político y miembro de la oposición Manfred Reyes Villa, con los planes de derrocar al presidente. La voz de Manfred Reyes se escucha en una conversación con la activista política y miembro de la oposición Miriam Pereira y los periodistas Carlos y Chanet Blacut.

Audio 12. Se escucha la voz del ex general del ejército Remberto Siles, quien hace referencia a la existencia de un gran plan contra el gobierno boliviano.

Audio 13.  Estrategia y acciones del Comité Cívico La Paz, en el contexto de la Huelga Nacional del 21 de agosto. Se puede escuchar la voz de su presidente, el político Jaime Antonio Alarcón Daza.

Audio 14. Se puede escuchar la voz del ex coronel Oscar Pacello Aguirre, Representante del Coordinador Militar Nacional. Menciona un plan secreto contra el gobierno del presidente Evo Morales y las acciones previstas para el 10 de octubre.

Audio 15. Reunión privada entre el opositor Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los comités cívicos, en el que el acuerdo consistía en obtener equipos de votación rápida para las próximas elecciones presidenciales, a fin de utilizarlos para manipular la opinión pública sobre los resultados electorales.

Audio 16. La activista política Miriam Pereira, vincula al miembro de la oposición y residente estadounidense Carlos Sánchez Berzain con el plan para derrocar al presidente Morales. Ella comenta que Sánchez quiere incitar una guerra civil en Bolivia y que cuentan con una financiación de medio millón de dólares.

Los audios estaban disponibles en el siguiente enlace pero han desaparecido:
https://wetransfer.com/downloads/b911938b88a0b469b55705ef686a86af20191028011252/717f8fd2c0e665041d4ba40001c7428420191028011252/f610d7


https://erbol.com.bo/nacional/surgen-16-audios-que-vinculan-c%C3%ADvicos-exmilitares-y-eeuu-en-planes-de-agitaci%C3%B3n

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Lo importante no son los votos sino el recuento (el plan de Estados Unidos para el Golpe de Estado en Bolivia)

Alfredo Jalife Rahme

Desde el territorio de Estados Unidos se desarrolla gradualmente un Golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, que se llevará a cabo presumiblemente después de las elecciones, entre fines de 2019 y marzo de 2020.

Sus principales agentes son los políticos bolivianos, Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos. Coordinan las acciones en Bolivia con los líderes de la asociación opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por ex oficiales del ejército boliviano, entre ellos, el general Rumberto Siles, los coroneles Julius Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.

Además se coordinan con altos líderes de la oposición boliviana, Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional (Conade), Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de La Paz, Jorge Quiroga, ex presidente. de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, ex defensor del pueblo y Samuel Doria Medina del Partido de Unidad Nacional, todos son responsables de suministrar los fondos que se envían desde Estados Unidos para esta operación, así como de garantizar las esperadas acciones para crear un estado de crisis social para convulsionar al país antes del 20 de octubre, fecha electoral.

Este plan ya está en curso, y tiene disposiciones para otros emisores, como la creación de la ruptura y la división del ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas se rebelen contra el presidente Evo Morales. Además, prevé la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana, como el sector universitario, el sector médico, las personas con discapacidad y los ambientalistas, en términos de desestabilización del país.

Gran parte de los fondos ya se encuentran en territorio boliviano, para lo cual han contado con el apoyo de las embajadas acreditadas en el país y la Iglesia Evangélica, que han sido utilizados por el gobierno de Estados Unidos como una cobertura ya que no debe verse directamente implicado en estas interferencias.

Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición boliviana.

El plan tiene en cuenta tres etapas:

1. Fase preparatoria (ya ejecutada): su propósito es preparar y organizar el campo para las etapas posteriores.

Se desarrolló entre abril y julio de 2019, donde establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, celebraron reuniones de coordinación y acciones que se llevarán a cabo en las etapas 2 y 3, acordaron comenzar a desacreditar campañas contra el Gobierno, utilizando la estructura de medios concebida que incluye prensa de medios opositores, medios ad hoc, activistas en redes sociales, así como el logro de quejas formales ante organismos internacionales.

La estrategia en las redes sociales y las noticias falsas está siendo dirigida por el ciudadano boliviano Raúl Reyes Rivero, uno de los principales activistas de movilización de la oposición. Está presentando acciones y planes de las plataformas democráticas y los comités cívicos contra el gobierno, para el derrocamiento del presidente Evo Morales.

El ex presidente y opositor Jorge Quiroga se encarga de buscar apoyo y una declaración de instituciones regionales e internacionales, como la OEA, la Unión Europea y algunas otras, para deslegitimar la victoria electoral de Evo, declararla inconstitucional y responder para una intervención internacional en Bolivia.

2. Etapa intensiva (en funcionamiento): su objetivo es generar convulsiones e inestabilidad social en el país

Comenzó a entrar en vigencia en julio y prevé llegar hasta octubre de 2019. Consiste en establecer un estado de crisis social en el país, a través de manifestaciones públicas violentas y pacíficas, barricadas y huelgas, utilizando para ello los comités cívicos y el movimiento 21F, estudiantes universitarios, el sector médico y otros de la sociedad civil.

Juan Flores, presidente del comité cívico de Cochabamba, es el asesor político de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa en Bolivia y tiene la responsabilidad de generar un encuentro social a escala nacional, para lo cual vincula los comités cívicos y afilia a los primeros oficiales del ejército y policías. Junto con el coronel retirado Óscar Pacello, manipulan sutilmente la intención de generar un punto de inflexión que genere violencia y convulsión social.

La idea es paralizar el país el 10 de octubre de 2019, arruinando las elecciones nacionales. De tal manera, que a partir de esa fecha puede reunir a la población boliviana para enfrentar al Gobierno y de esta manera desestabilizar el proceso electoral.

Antes de esta fecha, tienen la intención de seguir implicando a diferentes sectores de la sociedad en estas movilizaciones. Se prevé que las protestas y manifestaciones tengan un éxito total durante el 20 de septiembre (a nivel nacional), el 26 de septiembre (en La Paz) y el 4 de octubre (en Santa Cruz y La Paz).

Otro de los objetivos en esta etapa es fragmentar las instituciones estatales armadas, principalmente la Policía Nacional y el Ejército.

Con este objetivo a la vista, espera el reclutamiento de altos mandos en servicios activos dentro del Ejército, aquellos que respaldarían el Golpe de Estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico militar, ya conformada, en el período de transición.

Es un hecho conocido que ya hay un grupo de oficiales del ejército reclutados, personas muy cercanas al presidente Evo, que desde sus posiciones permitirían el logro de las acciones examinadas en el plan, utilizando la desinformación para el presidente.

3. Fase final (no ejecutada): proclamación de fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo. Se percibe que se lleva a cabo una vez que finalizan las elecciones presidenciales

Las evaluaciones y predicciones hechas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias sobre los resultados probables de las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre, es que el presidente Evo Morales ganará las elecciones.

En vista de este escenario, la embajada de Estados Unidos ha estado creando en secreto las condiciones objetivas y subjetivas para la proclamación de un fraude electoral.

Incluso Mariane Scott se ha estado reuniendo, fuera de registro, con el sector diplomático en el país, alentando el mensaje de ilegitimidad y fraude en las elecciones, en el que ha logrado convencer a un grupo de países acreditados.

En sus reuniones con funcionarios de alto nivel de las embajadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile, ha seguido solicitándoles que sean ellos quienes lideren las quejas formales de fraude en las elecciones, lo cual será más creíble y genuino que si Estados Unidos lo hace solo.

Además, la embajada de Estados Unidos Se ha centrado en un seguimiento orientado a los detalles del Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscando documentar supuestas irregularidades de esta agencia del gobierno electoral, que sirven para denunciar el fraude.


Quién vota no es importante, sino quién cuenta los votos

Paralelamente, en el mes de julio se llevó a cabo una reunión privada entre los opositores Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los comités cívicos, en la que se acordó adquirir máquinas para el conteo rápido de votos para las próximas elecciones presidenciales, en aras de manipular la opinión pública sobre los resultados electorales.

Estas máquinas tendrían un costo total de 300.000 dólares. La embajada de Estados Unidos y la representación de la Unión Europea en el país contribuirían a financiar la compra, que proporcionarían a través de la Fundación Jubileo y la Iglesia Evangélica. Con ese objetivo específico, ya han logrado reunir más de 800.000 dólares, de los cuales también saldría el pago a las personas que participan en el conteo rápido de votos.

La intención es ubicar las máquinas en cada junta electoral establecida y organizar a través de los comités cívicos su cobertura (personas capacitadas de antemano para esta maniobra) durante todo el día de trabajo electoral, esto estaría acompañado de una cobertura mediática para invitar a la población a venir junto con este sistema de conteo de votos como una forma de supervisar los resultados, sin la mediación del Tribunal Supremo Electoral.

En esta etapa, la Unión Juvenil Cruceñista desempeñará un papel fundamental, que se sugiere para imponer acciones violentas una vez que se publiquen los resultados electorales finales, para lo cual han estado reclutando criminales, que serán utilizados como punta de lanza en estos enfrentamientos. y acciones violentas contra las instituciones estatales.

Juan Martín Delgado, miembro de esta organización juvenil, se encarga de organizar estas actividades violentas. También cuenta con el apoyo del boliviano Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibe indicaciones y consejos del empleado del gobierno estadounidense Rolf A. Olson.

Después del [posible] acceso al poder de Evo en enero de 2020 y prestando atención a que han sido capaces de lograr la desestabilización social, se autoproclamará un gobierno paralelo, alentado por una fracción del Ejército, que supervisará un gobierno militar cívico, dirigido por Waldo Albarracín, quien tendrá que convocar nuevas elecciones en 90 días sin examinar la participación del partido Movimiento al Socialismo (MAS, por sus siglas en español).

Para esta etapa, el gobierno de Estados Unidos ya ha estado entrenando al político y candidato presidencial Óscar Ortiz en secreto.

Esta estrategia, dirigida y financiada por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, también contempla el llamado a una huelga general indefinida antes del día electoral, operaciones encubiertas, campañas de descrédito y desinformación y otros tipos de sabotaje para crear violencia y deslegitimar el proceso electoral.

La embajada de Estados Unidos en La Paz continúa llevando a cabo acciones encubiertas en Bolivia para apoyar el Golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales.

19 de octubre de 2019

Lo que adelanté en el artículo anterior ya es casi un hecho: si Evo Morales gana las elecciones, el próximo 20 de octubre, se colocará en su lugar un gobierno de transición cívico-militar. Este nuevo gobierno no reconocería la victoria electoral de Evo y alegaría fraude durante las elecciones.

Lo nuevo aquí es que, para justificar la puesta en el poder de un gobierno paralelo, es necesario crear un clima de inestabilidad en las principales ciudades.

Con este fin, la oposición boliviana, a través de los comités cívicos y el grupo opositor Coordinadora Nacional Militar, ha estado preparando un grupo de jóvenes para llevar a cabo acciones violentas, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.

Estos jóvenes serían insertados en la protesta convocada para esos días y tendrán orden de entablar enfrentamientos violentos con la policía. Estas acciones irían acompañadas de un levantamiento formado por ex oficiales militares. La Coordinadora Nacional Militar con el apoyo de la Unión de Militares Retirados de Santa Cruz organizaría estas acciones.

La sede de los gobiernos de transición se establecerá en Santa Cruz para consolidar los planes de dividir el país en dos frentes (este y oeste), lo que podría generar el caos suficiente para que estalle la guerra civil.

Pero, ¿cómo se llevarían a cabo estas acciones violentas? Los barcos llenos de armas han estado haciendo viajes en secreto desde Estados Unidos, Específicamente de Miami, al Puerto de Iquique (Chile), que está cerca de la frontera con Bolivia.

Estas armas y municiones se enviaron dentro de contenedores de barcos que, para la mayoría de los puertos, están repletos de artículos diversos. Los contenedores fueron recibidos por personas no vinculadas a las actividades de las oposiciones. Estas personas fueron reclutadas con el único propósito de poner sus nombres y sacar los contenedores del puerto.

Juan Carlos Rivero, ciudadano boliviano, fue el encargado de comprar las armas en Estados Unidos y hacer que llegaran a la Coordinadora Nacional Militar. Esta persona tiene vínculos con Manfred Reyes, un opositor político que vive en Estados Unidos, y con la embajada de Estados Unidos en Bolivia.

La embajada de Estados Unidos ha realizado un seguimiento permanente de la entrega de armas y municiones a través de colaboradores secretos. En este sentido, se han reunido en privado con los principales líderes de la oposición para hablar sobre la financiación del golpe y ofrecer consejos al respecto. Entre estos líderes está Jaime Antonio Alarcón Daza, ​​presidente del Comité Cívico de la Paz.

Las armas que se han enviado a Bolivia incluyen municiones de diferentes calibres, pólvora, máquinas para fabricar y calibrar proyectiles, estuches de rifles y armas.

Paralelamente, el Comité Cívico ya está reclutando ciudadanos bolivianos para comprar votos a favor del candidato a la oposición Carlos Mesa, por un valor de 50 dólares por votante. El pago se llevaría a cabo después de la votación y los votantes tendrían una foto de una boleta marcada.

En el artículo anterior alerté sobre la estrategia que el Departamento de Estado había diseñado para consolidar al candidato para las elecciones presidenciales bolivianas, Óscar Ortiz.

Ahora quiero informarles quién ha estado llevando a cabo esta estrategia política diseñada por Estados Unidos. Su nombre es Erick Foronda Prieto y actualmente está encubierto en La Paz llevando a cabo acciones encubiertas a favor de Óscar Ortiz, al mismo tiempo que la embajada de Estados Unidos le dice qué hacer.

Su trabajo principal es asesorar la campaña política de Ortiz. También trabaja con la prensa en la filtración de información sensible relacionada con los opositores electorales de Ortiz. El presidente Evo Morales ha sido el objetivo principal en este sentido.

Pero, ¿quién es Erick Foronda? Erick es un periodista boliviano que terminó siendo jefe de redacción de Última Hora y La Razón, dos periódicos bolivianos. Tiene fuertes lazos con la embajada de Estados Unidos en La Paz, ya que trabajó en la oficina de prensa allí durante 20 años. Jugó un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos.

Dada la importancia de las actividades abiertas y encubiertas que realizó para la embajada de Estados Unidos, Se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg.

Erick Foronda fue una de las piezas clave en la organización de la campaña de oposición por el “No”, durante el referéndum constitucional para la reelección de Evo Morales. Siguiendo la orden de la embajada de Estados Unidos, con frecuencia se comunicó con los medios de comunicación bolivianos favorables a Estados Unidos para obtener cualquier información necesaria que pudiera conducir a la victoria de la campaña “No”. Un ejemplo de esto fueron los artículos publicados en la prensa sobre un supuesto asunto entre Gabriela Zapata y Evo Morales.

Asimismo, la embajada de Estados Unidos Ha utilizado a Ortiz para influir en los principales líderes de la oposición. Si bien, por un lado, la embajada de Estados Unidos ha estado trabajando para consolidar Óscar Ortiz por encima de Carlos Mesa, su objetivo principal es eliminar a Evo Morales de la Presidencia.

https://bbackdoors.wordpress.com/2019/10/19/the-us-embassy-in-la-paz-continues-carrying-out-covert-actions-in-bolivia-to-support-the-coup-detat-against-the-bolivian-president-evo-morales/

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Sin sindicatos domesticados las huelgas de los trabajadores de las maquilas de México se extenderán a otros lugares

Las huelgas de los trabajadores de las maquilas de Matamoros a principios de este año podrían replicarse en otras partes del país, advirtió Ricardo Castro, de la empresa de picapleitos Baker McKenzie que defiende a la patronal.

Según Castro, la inexistencia de sindicatos suficientemente domesticados abre las puertas a que organizaciones “hostiles” tengan la iniciativa de crear su propio sindicato.

“Hay algunos focos rojos donde la relación no es la mejor, por ejemplo en Sonora, Tamaulipas, en el sur del país, hay brotes sindicales donde es probable que haya una situación parecida”, alertó el picapleitos que defiende a varias de las empresas que sufrieron las huelgas de Matamoros.

“También podría afectar a aquellas empresas que ni siquiera tengan presencia sindical”, advirtió.

Castro estima que hay más de 550.000 convenios colectivos en todo México y que el 70 por ciento de ellos no está supervisado por un sindicato suficientemente corrupto.

El artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo se modificó para que ahora la autoridad pueda impedir una huelga si existe un convenio registrado.

Además, también tiene que admitir la huelga cuando el convenio no se haya revisado por lo menos en los últimos cuatro años.

La reforma laboral aprobada este año también señala que la dirección de un sindicato puede estar conformado por trabajadores extranjeros, cuando anteriormente eso estaba prohibido.

“Ahora lo permite la reforma y permite que tengan personalidad jurídica. Antes operaban a través de sindicatos disidentes, pero ahora tienen la posibilidad de actuar”, advirtió.

A principios de este año Matamoros sufrió huelgas porque los trabajadores de 48 empresas afiliadas al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) se pusieron en huelga para exigir un incremento salarial de 20 por ciento y un bono de 32.000 pesos, movimiento que fue llamado 20/32.

El movimiento 20/32 surgió cuando los trabajadores en Matamoros denunciaron que las empresas eliminaron prestaciones debido al aumento del salario mínimo en la frontera norte, que pasó de 88 a 176.72 pesos. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el aumento a inicios de año.

Finalmente, el 10 de febrero de este año el SJOIIM informó que llegaron a un acuerdo con las 48 empresas en Matamoros, al conseguir un arreglo con cada una de ellas.

La industria automotriz fue una de las más afectadas por las huelgas de Matamoros. Automotive News México publicó el pasado 26 de febrero que las empresas de recambios afiliadas al SJOIIM perdieron 50 millones de dólares por las huelgas que sufrieron a causa del movimiento 20/32, de acuerdo con estimaciones de los picapleitos.

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Bolivia y los minerales. Motivos para un golpe de estado

Darío Herchhoren

Lo que debería ser una bendición para cualquier país en Bolivia es una maldición. Así lo expresó el escritor boliviano Augusto Céspedes en un libro memorable que se llama Metal del Diablo, donde éste se refiere a las minas de estaño bolivianas que siempre han sido motivo de la codicia de los diversos imperios que asolaron a Latinoamérica. Primero fue el imperio inglés, y luego el norteamericano que lograron hacerse con ese metal diabólico que Céspedes llama así por las desgracias que ha traido su propiedad al pueblo boliviano, y que nunca fue un instrumento de liberación para ese pueblo.

La historia de Bolivia siempre giró en torno a la propiedad de las minas de estaño, que se convirtieron en manos del indio Antenor Patiño en el primer renglón de exportación de ese país, y causa de su permanente inestabilidad política.

Durante los siglos XIX y buena parte del XX (hasta 1952), el estaño estaba en manos de empresas mineras que se asociaron con Patiño para su explotación y exportación, y la importancia de ese metal se debe a que mezclado con el cobre da un metal duro como el bronce, que tiene un sinfin de aplicaciones en la industria moderna, pero la revolución popular de 1952 a manos del Movimiento Nacionalista Revolucionario a cuyo frente estaba Victor Paz Estenssoro, puso fin a esa situación nacionalizando el estaño que pasaría a manos del Estado creando para ello una empresa estatal que se encargaría de su explotación y comercialización. Vaya por delante, que la llegada de Paz Estenssoro al poder en Bolivia, fue en gran medida gracias a la ayuda del presidente argentino Juan Domingo Perón, que envió a través de la frontera argentina boliviana a la ciudad de Tarija mediante el ferrocarril gran cantidad de armas para apoyar a Paz Estenssoro.

El estaño boliviano mientras estuvo en manos privadas fue siempre manejado por lo que se llamó «la rosca del estaño», que era un conglomerado miserable formado por los exportadores del metal, y por la familia de Antenor Patiño y luego Simón Patiño, ambos indios coyas, que luego fundaron un banco en Suecia, y al día de hoy son de las mayores fortunas que existen en el mundo. Para mejor comprender la situación de Bolivia y de su estaño hay que saber que la exportación del estaño se hacía en bruto, es decir que  el mineral se vendía al exterior tal como salía de las minas, sin purificar, y por lo tanto sin valor agregado, y por lo tanto a bajo precio.

La llegada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) al gobierno boliviano significó un cambio importante para el país, ya que por primera vez el estaño se vendía en barras o en planchas, es decir con valor agregado, que se lograba mediante un alto horno propiedad del Estado boliviano.

Durante los años siguientes Bolivia fue objeto de sucesivos golpes de estado del ejército aliado a la oligarquía, que comienzan a darse por el general Barrientos Ortuño, y que tienen su final con la llegada de Evo Morales al gobierno luego de la dictadura del general Banzer.

Bolivia tiene uno de los subsuelos más ricos del mundo donde hay petróleo, gas, oro, plata, y últimamente litio. El mayor yacimiento de litio del mundo está en Bolivia, en una enorme reserva que abarca a Bolivia, Chile, y Argentina. La mayor parte del litio de esa reserva está en territorio boliviano, que es el 70% del total del litio existente en el mundo, y que ahora está siendo explotado por una empresa germano boliviana que fabrica baterías para automóviles.

Todo ese tesoro que se ubica en territorio boliviano hace que el imperio yanqui haya puesto sus ojos y también sus manos en ese país, y que la política del presidente Morales no le guste, y que intente mediante todo tipo de agresiones acabar con su gobierno.

En estos momentos Bolivia está siendo agredida de una manera feroz por una oposición muy parecida a la que derrocó a Salvador Allende en Chile en el ya lejaño año 1973, y utilizando los mismos métodos de antaño. La «oposición» sale a las calles denunciando un presunto fraude en la reelección última de Evo Morales cometiendo todo tipo de desmanes violentos, y organizando disturbios en las calles, con agresiones a las mayorías de indios quechuas y aymaras que forman lo que en la nueva constitución boliviana se llama el estado plurinacional. El pueblo boliviano, y en especial la clase obrera, los mineros, los campesinos y los artesanos que conforman casi el 90% de la población jamás había gozado de un estado de bienestar como el que han logrado ahora, y eso es algo que la vieja oligarquía no quiere ni está dispuesta a aceptar. Si el gobierno democrático de Bolivia no aplica medidas para romperle el espinazo a la vieja oligarquía despojándole de sus bienes, deberá enfrentarse a situaciones como ésta muchas más veces. La experiencia chilena debe servir para no repetirla.

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Chile convoca a un organismo militar de la dictadura de Pinochet: el Consejo de Seguridad Nacional

Sebastián Piñera ha optado una vez más por la mano dura para sofocar las protestas sociales y restaurar el orden público. Entre otras medidas, el presidente chileno ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que data de 1980, en plena dictadura militar.

Este consejo sienta en la misma mesa a los autoridades del Estado y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Convocarlo retrotrae al país a dolorosos tiempos pasados, como ocurrió en la primera semana de protestas cuando el Gobierno sacó al Ejército en las calles.

«En la Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también están representados otros poderes de las República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles tres semanas», declaró Piñera.

Sebastián Piñera ha tomado además otras medidas de seguridad, como impulsar una «ley antiencapuchados», como ha sido bautizada, para castigar con más dureza a quienes cometan desórdenes cubriéndose el rostro.

Pero más allá de los disturbios y los violentos choques, que han dejado al menos 20 muertos, el enfado de los chilenos por las desigualdades sociales es más profundo y extendido, como demuestra lo que ocurrió con el ministro de Salud en un hospital al que acudió a visitar a una persona herida en las protestas.

Jaime Mañalich fue duramente increpado por médicos y personal sanitario, que le reprocharon la falta de medios y recursos en los centros médicos. «Asesino con delantal» se podía leer en un cartel.

Para este viernes ha sido convocada una nueva manifestación que aspira a ser tan masiva como la que congregó el 25 de octubre a más de un millón de personas en Santiago de Chile.

https://es.euronews.com/2019/11/08/pinera-impone-mas-mano-dura-y-convoca-al-consejo-de-seguridad-nacional

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Las políticas ‘verdes’ estan en la raíz de las protestas populares en Chile y en otros países

Desde el inicio de las movilizaciones de los “chalecos amarillos” en Francia el año pasado, hasta la actual batalla campal en Chile, pasando por otras protestas parecidas, el hilo conductor es el mismo, el precio de los carburantes, la mayor parte del cual son impuestos y, por lo tanto, de eso que los economistas llaman “precios políticos”.

La situación actual del mercado mundial del petróleo se caracteriza por una bajada de los precios, mientras que el precio final de la gasolina sube en las estaciones de servicio porque los impuestos han aumentado para financiar las políticas verdes, ecologistas, de transición energética, de descarbonización, o como quiera que se llamen.

Los precios mundiales del petróleo son actualmente un 25 por ciento más bajos que hace un año y un 37 por ciento más bajos que hace cinco. Pero Chile quiere ser un país modélico en materia climática y ha sustituido el suministro de energía convencional del metro de la capital por fuentes de origen eólico y solar.

La bajada del precio del petróleo le podía haber permitido al gobierno bajar también el precio de los billetes del metro de Santiago, que están entre los más elevados del mundo, pero no ha sido posible a causa de los planes de transición energética.

Chile fue el primer país de América Latina en implementar impuestos verdes, uno de los cuales grava la compra de vehículos nuevos. “Como el precio de los coches eléctricos es muy elevado, elevamos también el de los convencionales para que no haya tanta diferencia y así se venderán más”, dicen los economistas.

Otros gravan a las calderas y turbinas para sustituir las viejas, aunque funcionen perfectamente, por otras que no sólo no pagan impuestos sino que tienen bonificaciones fiscales. No son otra cosa que ejemplos típicos de obsolescencia acelerada de los equipamientos industriales.

El gobierno de Piñera quería marcarse un punto porque Chile iba a ser el país anfitrión de la conferencia climática de la ONU prevista para diciembre, es decir, el gobierno no establece sus políticas en función de las necesidades de los habitantes de Santiago sino de las paranoias que orquesta la ONU en torno al clima.

Afortunadamente los levantamientos populares van a conseguir aclararnos mucho más que los debates científicos y seudocientíficos sobre los asuntos climáticos porque la población está tan esquilmada que no puede pagar ni un céntimo más de su bolsillo, por más que le guste reducir la concentración de CO2 en la atmósfera.

En Chile no sólo han pretendido subir el precio del billete de metro sino que hay un impuesto sobre el CO2, el gas maldito. La gente empieza a estar harta del saqueo por motivos verdes (o marrones) y el hartazgo se extiende a quienes figuran como patrocinadores: la ONU, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial…

[Post data: desde que en 2014 se implementó el impuesto sobre el CO2, en Chile no ha habido ninguna reducción de las emisiones pero el Estado recauda más dinero que antes. ¿Qué se creían?]

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43.000 hambrientos han muerto en México en cinco años

Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2018, coincidente con el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, 43.766 mexicanos murieron de hambre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra anterior sin embargo, fue inferior a la cifra de muertos de hambre que se dieron durante el mandato de Felipe Calderón (49.722) así como de Vicente Fox (51.278).

El año pasado en México la subalimentación alcanzó a 4,8 millones de personas, según el informe de la Unicef (ONU) titulado “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018”.

Solamente Brasil y Haití en América Latina y El Caribe, respectivamente, presentan un mayor número de muertes por desnutrición que México en el continente.

La Cruzada Nacional contra el Hambre instaurada por Enrique Peña Nieto en 2013 fue un fiasco. Teniendo en cuenta las proyecciones de disminución de fallecimientos, la tendencia mostró 44.225 defunciones por desnutrición.

Pero 6 años -incluido 2013- y más de 500 millones de pesos invertidos después, la tendencia muertal a causa de desnutrición bajó solamente un 1 por cien adicional, es decir en 459 muertos de hambre.

Cada muerte por hambre que se redujo durante el mandato de Enrique Peña Nieto costó más un millón de pesos, es decir, que con 500 millones se pudieron adquirir despensas alimenticias para casi 40.000 personas en 6 años.

La Secretaria encargada entonces de implementar la Cruzada contra el Hambre fue Rosario Robles, funcionaria que hoy se encuentra presa por “ejercicio indebido de la función pública”, una acusación a la que se podría sumar asociación ilícita y malversación de fondos publicos, entre otros.

https://todotexcoco.com/la-otra-desgracia-dejo-pena-nieto-438-mil-muertos-de-hambre-en-mexico-e3TQ4NTk2Ng.html

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Las claves de la crisis política en Bolivia que ha puesto a Evo Morales contra las cuerdas

Pablo Stefanoni

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54 por ciento de los votos. Desde entonces, el “primer presidente indígena” triunfó, elección tras elección, con más de 60 por ciento de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50 por ciento de los votos o 40 por ciento con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje (1) como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83 por ciento de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08 por ciento y Carlos Mesa, 36,51 por ciento; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del “40 más 10”, contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100 por ciento no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80 por ciento; que no se incluyó el 17 por ciento de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que “no fue una buena decisión”. Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el gobierno acusaba a la oposición “racista” de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión “fina” sobre el escrutinio –el gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen. Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar “otras vías” para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la “ilegitimidad” de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para “borrar” lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje (1) en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue “un campesino más”. Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional (“Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo”, dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de “Revolución Democrática y Cultural”. La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín (2), prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la “vuelta al pasado”. La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un “populista”, casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó “delincuente” a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por “notas” (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía “Patria o muerte”. Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a “radicalizar” los bloqueos y paros en las ciudades para “asfixiar al Estado” (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la “estabilidad de Sudamérica” (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del “oasis” chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

https://nuso.org/articulo/Bolivia-Evo-Morales-Carlos-Mesa-elecciones/

(1) Se denomina “balotaje” a una segunda vuelta de unas elecciones
(2) Carlos Sánchez Berzaín fue ministro de Defensa durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ocupó el cargo de 1993 a 1997. Tuvo que dimitir tras su segundo mandato (2002-2003) a causa de la matanza cometida durante la “guerra del gas” de 2003 y huyó a Estados Unidos.

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Los capitalistas chilenos proponen subir los salarios para contener las luchas populares

“El que no llora no mama”. La crisis social en Chile ha llevado a varios de los capitalistas más prósperos del país a hacer autocrítica e incluso a proponer mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores, como afirmó ayer un representante de la patronal.

La peor convulsión en las calles en más de 30 años en Chile ha expuesto el descontento social de la población, entre cuyas quejas se cuenta la desigualdad y las brechas salariales, en un país donde el salario mínimo es de 301.000 pesos (unos 412 dólares) y en el que la mitad de los 8,6 millones de trabajadores gana en promedio 400.000 pesos (555 dólares).

Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), reconoció a medios locales que deben ejecutarse cambios. «Sabemos que tenemos que agrandar nuestras manos, meternos las manos al bolsillo y que duela», aseveró Swett, cabeza de uno de los grupos empresariales más poderosos de Chile.

Swett afirmó que existe la «convicción» en su sector de que se deben mejorar las condiciones de los trabajadores. Otros poderosos empresarios ya han decidido aumentar el salario mínimo de sus empleados como un gesto en medio de esta crisis social que ha dejado 20 muertos y más de un millar de heridos.

«Las crisis se resuelven con acciones concretas», declaró el millonario Andrónico Luksic, quien prometió desde el 1 de enero del año 2020 aumentar a 500.000 pesos (unos 687 dólares) el salario mínimo de los trabajadores de su conglomerado empresarial Quiñenco, que maneja empresas como el Banco de Chile, uno de los más importantes del país, y CSAV, el cuarto operador de transporte marítimo del mundo.

Luksic, quien además se mostró dispuesto a discutir un impuesto del 1 por cien al patrimonio de los más ricos, llevó a otras empresas a hacer anuncios similares como la inmobiliaria Crystal Lagoons, que anunció un incremento al salario mínimo de sus trabajadores a 600.000 pesos (825 dólares), la plataforma de seguros Comparaonline (849 dólares) o la empresa financiera Tanner (828 dólares).

«La compleja situación que está atravesando Chile nos hace reflexionar sobre nuestro rol en esta sociedad. Entiendo las frustraciones que hoy se visibilizan», dijo Antonio Turner, gerente general de Tanner.

La crisis social provocará un cierre de año «muy malo» para la economía chilena y, ante esta nueva realidad, se reducirán las estimaciones de crecimiento de Chile, actualmente del 2,5 por ciento anual, según dijo ayer el flamante ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el cargo desde el lunes tras un nuevo cambio de gabinete del Presidente Sebastián Piñera, pedido por las protestas en la calle.

«Ya tendremos tiempo para retomar los temas del crecimiento, porque claramente para financiar todo lo que tenemos que construir en soluciones, vamos a necesitar crecimiento», sostuvo Swett.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/402294/empresarios-proponen-mejorar-los-salarios-ante-la-crisis-en-chile