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Ante el auge de las movilizaciones obreras, los países de Latinoamérica se apresuran a subir los salarios

A quienes continuamente se lamentan de que las luchas y las potestas no sirven para nada: en Latinoamérica el salario mínimo subirá este año en casi todos los países para prevenir el auge de las movilizaciones populares que se ha producido en Ecuador, Colombia, Chile y otros.

En Argentina poco pesó el aumento a finales del año pasado del 35 por ciento, ya que el salario mínimo al cambio de hoy es de 267,8 dólares, una cifra que en pesos (16.875) es inferior a la anterior (12.500), cuando el tipo de cambio de entonces equivalía a 272,9 dólares, por la fuerte depreciación que hubo en los meses previos.

El martes Brasil subió un 4,1 por ciento el salario mínimo desde 998 reales (unos 249 dólares) hasta 1.039 reales (unos 260 dólares) en 2020, por encima de la tasa de inflación del año y superior al previsto en el presupuesto, mientras que en Colombia el alza fue del 6 por ciento en diciembre y se fijó en 877.803 pesos colombianos mensuales (unos 269 dólares), un monto que se complementa con un subsidio de transporte de 102.854 pesos (unos 31,6 dólares).

En el caso de Ecuador, a fines de diciembre se anunció un incremento de 6 dólares en el salario básico, que se sitúa en 400 dólares mensuales para este año; en Bolivia -que aún no ha definido el porcentaje de aumento salarial para 2020- es de 304 dólares, y en Paraguay, que actualiza entre junio y julio el salario mínimo, aumentó ese pago un 3,8 por ciento en 2019 hasta los 2.192.839 guaraníes (unos 339,13 dólares).

A principios de año Uruguay también aumentó un 4,33 por ciento las remuneraciones mensuales mínimas de los trabajadores, que se sitúan ya en 16.300 pesos uruguayos o 428 dólares, mientras que Chile mantendrá hasta marzo próximo el actual mínimo salarial, que en la última subida pasó de 288.000 pesos chilenos (unos 385 dólares) a 301.000 pesos (unos 400 dólares).

En Perú el salario mínimo es de 930 soles (unos 281 dólares) y no ha sufrido ninguna modificación desde marzo de 2018, cuando se elevó en 80 soles (unos 24 dólares).

En octubre pasado Venezuela fijó el ingreso mínimo y para el cierre de 2019 representaba 3,21 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central y unos 2,77 dólares a la tasa del mercado paralelo.

El jornal mínimo que entró en vigor el 1 de enero en México representó un aumento del 20 por ciento al pasar de los 102,68 pesos diarios (5,45 dólares) a 123,22 pesos diarios (6,54 dólares), mientras que en la zona libre de la frontera norte, vecina a Estados Unidos, donde el año pasado se duplicó el salario, pasó de 176,72 pesos (9,38 dólares) a 185,56 pesos (9,85 dólares).

A su vez, en Estados Unidos el salario mínimo subió el primer día del año en 21 estados y 26 ciudades y condados, lo que beneficiará a cerca de 6,8 millones de trabajadores.

Los primeros trabajadores en beneficiarse de este aumento fueron los que trabajan en la ciudad de Nueva York, que desde este martes deben recibir un pago de al menos 15 dólares por hora, mientras que en el resto del estado es de 11,80 por hora.

En total serán 24 estados y 48 ciudades y condados los que aumenten sus salarios mínimos en algún momento de este año, y otros 4 estados y 23 ciudades y condados llegarán a la ansiada cifra de 15 dólares la hora.

En Panamá entrará en vigor el próximo 15 de enero un ajuste promedio del 3,3 por ciento al ingreso mínimo, que estará vigente durante dos años, y para la gran empresa de las áreas metropolitanas y principales ciudades panameñas el salario mínimo será de 528 dólares y en el interior del país de 432 dólares.

Costa Rica aprobó en octubre un aumento de los salarios mínimos del sector privado para este año del 2,53 por ciento, y un adicional de 2,33 por ciento para el servicio doméstico.

Tras aplicarse los aumentos en Guatemala, los trabajadores del sector no agrícola percibirán unos 351,72 dólares al mes y los de la actividad exportadora y de maquila, 331,13 dólares mensuales. El Salvador no aprobó ningún aumento para 2020.

Como consecuencia de la crisis, Nicaragua mantiene inalterado ese salario desde septiembre de 2018, año en que aumentó un 10,4 por ciento con respecto a 2017, y en la actualidad es de 6.166.22 córdobas (unos 182,21 dólares).

Cuba aplicó en julio el más reciente incremento en beneficio de 2,7 millones de trabajadores del sector público con lo que el salario mínimo quedó en 400 pesos cubanos (unos 16,6 dólares). Además, el salario medio mensual por trabajador se elevó desde 767 pesos cubanos (unos 30,6 dólares) a 1.067 pesos (44,4 dólares).

Ese mismo mes República Dominicana dispuso un incremento del 14 por ciento al salario mínimo en el sector privado, el único al que por ley tiene derecho a aplicar. En las consideradas grandes empresas el ingreso mínimo se fijó en unos 335,4 dólares al mes, en las medianas unos 230,6 dólares y en las pequeñas unos 204,3 dólares.

Para Puerto Rico, un colonia de Estados Unidos, se definió el salario mínimo en 7,25 dólares la hora, excepto para los trabajadores exentos que pueden cobrar menos. La Cámara de Representantes de ese territorio iniciará este mes la discusión de un proyecto de ley que busca aumentarlo.

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Dos veces en la misma piedra

Darío Herchhoren

Las coincidencias entre Chile y Bolivia son muchas, y especialmente resalta la falta de olfato político tanto de Salvador Allende como de Evo Morales. Quizá el segundo, es más responsable de una grave falta que un revolucionario no puede cometer: la ingenuidad.

En Chile y luego de varios intentos fallidos el partido socialista dirigido por el Dr. Salvador Allende Gossens llegó al gobierno gracias a un entendimiento con la democracia cristiana que en aquellos tiempos estaba dirigida por un hombre como Radomiro Tomic, del ala izquierda de ese partido, y cercano a las ideas de los curas obreros y de la teología de la liberación. Tomic era un seguidor de las tesis de un sociólogo brasileño de nombre Teotonio Dos Santos, autor entre otros libros de Concepto de Clases Sociales, que hace un análisis marxista de ese concepto. Gracias a ese apoyo Salvador Allende asume la presidencia de Chile y el ejército chileno con una falsa ideología democrática dirigido por el General René Schneider, hace manga ancha ante esa asunción.

Unos días antes de asumir Allende se produce un atentado contra René Schneider que le cuesta la vida, que lleva la marca de la CIA, y que, de alguna manera, estaba preavisando de cuál es el final de la aventura socialista en Chile, que sería rematada por el matarife Pinochet en 1973, dando paso a una dictadura feroz y criminal que desata una brutal represión, y que se ceba particularmente con los mejores militantes de la izquierda, contra los estudiantes, los dirigentes barriales de las «poblaciones», que son barrios muy humildes en los suburbios de la grandes ciudades, especialmente Santiago, Concepción, Valparaiso, y en las cuencas mineras del norte chileno, donde Pinochet persigue a los dirigentes de la minería del cobre, además de saquear los fondos de la empresa minera del cobre nacionalizada por Allende.

Es así como se crean las «cuentas especiales», que dan una pátina de legalidad al despojo que implica que el veinte por ciento de los beneficios de la minería pasa al ejército, y es administrado por el propio Pinochet, que se enriquece enormemente a costa del trabajo y el esfuerzo de los trabajadores.

Pinochet pierde las elecciones que él mismo convoca, pero modifica la constitución chilena, y arrasa con ello todo gasto social, luego de la experiencia social de Allende. Sebastián Piñera, actual presidente de Chile fue un destacado funcionario del pinochetismo, y heredó una legislación que sirve para que los chilenos vivan con rentas mínimas, y que las grandes fortunas sean cada vez más grandes.

En Bolivia, donde la clase obrera tiene una larga tradición de lucha, y luego de la experiencia de los gobiernos de Victor Paz Estenssoro y Hernás Siles Zuazo, la vieja oligarquía aliada a la «rosca del estaño» y a los intereses del tráfico de cocaina de la mano de los generales  García Mesa, René Barrientos y Hugo Banzer Suárez, sumen a Bolivia en una situación de miseria y desesperación, hasta la asunción de Evo Morales Ayma, un indio aymara, que inicia una etapa de desarrollo de la minería del estaño, del gas y del petroleo, y con la prespectiva de explotar la mayor mina de litio del mundo, de un yacimiento que abarca a tras paises a saber: Chile, Argentina y Bolivia, es destituido mediante un golpe militar.

El pueblo boliviano jamás en toda su historia gozó de una situación de bienestar como la que trajo Morales Ayma, siendo su popularidad tan enorme que ganó todas las elecciones a las que se presentó, y en la última por mayoría absoluta, pero el apego de Morales al respeto de una legalidad que no estaba hecha para que de ella se beneficiaran los sectores populares, y donde no depuró al ejército ni a la policía, llevaron a que estos grupos armados, formados en la Escuela de las Américas de Panamá por los torturadores y desaparecedores norteamericanos, le dieron un golpe, y lo destituyeron.

Las semejanzas con Chile son como dos gotas de agua. Luego del golpe, las persecuciones, las torturas, el exilio, las acusaciones de fraude y de robo del patrimonio público. Todo igual. El pecado tanto de Allende como de Morales es también el mismo. La creencia de que los ejércitos respetarán la legalidad. ¿Se puede confiar en ejércitos formados por los mayores criminales del mundo?

Voy a contar una experiencia personal: Un mes antes del golpe de Pinochet estuve en Chile con una delegación argentina, y allí tuvimos ocasión de charlar con un grupo de periodistas italianos de la agencia noticiosa ANSA, que se quejaron del trato que habían recibido de Salvador Allende Gossens, cuando estos en el palacio de La Moneda, le advirtieron que les había llegado noticias en el sentido de que Pinochet estaba conspirando contra él. En vez de escuchar con atención, Allende les cortó, y les dijo que eso era imposible y que Pinochet gozaba de toda su confianza, y que hasta se encargaba de servir el café en los consejos de ministros. ¿Quién tenía razón?

Hay que aprender de la experiencia ajena, y además tan cercana. La ingenuidad en política es suicida. Si realmente se quiere cambiar la sociedad es indispensable desarmar a las fuerzas armadas, al menos a una porción importante de ellas, depurar la policía y la judicatura, expropiar las grandes fortunas y los bancos deben ser nacionalizados al igual que las comunicaciones, los transportes, la electricidad y toda la energía. Si no se hace eso se tropezará muchas veces con la misma piedra.

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Las trabajadoras de las maquilas de Nicaragua padecen graves enfermedades degenerativas

Durante la existencia de la industria de la maquila en Nicaragua, en las empresas textiles y vestuario de zonas franca se han originado alarmantes y serias consecuencias en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, siendo estas últimas las más afectadas.

La maquila llegó a Nicaragua como una opción de mano de obra ante el creciente desempleo y la débil recuperación económica después del conflicto armado contra Somoza. En la actualidad, en este rubro los empresarios prefieren contratar mujeres de edades entre los 18 y 35 años, para evitar el ingreso de mujeres que supuestamente arrastran secuelas laborales que día a día minan su salud. Alrededor del 30 por ciento de las obreras de las zonas francas experimentan una serie de males derivados de las condiciones en las que desarrollan su trabajo, principalmente por ser este de movimientos repetitivos y con ritmos acelerados por los plazos y metas que se deben cumplir.

Durante la jornada laboral las mujeres trabajan en condiciones ergonómicas inadecuadas, con pésimas y prolongadas posturas al estar sentadas, malas posiciones de cuello y espalda y por los prolongados tiempos de pie, entre otras, que aumentan los riesgos de padecer de enfermedades o trastornos musculares esqueléticos. El incremento de las enfermedades producidas por el trabajo en las 192 empresas textil vestuario que funcionan en el país, son en su mayoría irreversibles, progresivas y degenerativas.

Muchas obreras a pesar de ser jóvenes aún sufren intensos dolores ocasionados por la tendinitis, síndrome del túnel carpiano, radiculopatía, artrosis y otras producidas por los factores de riesgos que enfrentan provocándoles envejecimiento prematuro de huesos y músculos convirtiéndose en enfermedades crónicas.

Por otra parte, además de trabajar en condiciones infrahumanas las mujeres se encuentran en total indefensión sindical, sindicatos existen en las empresas pero se parcializan a favor del empleador. De manera que ellas están organizadas sobre la base de la feminización de la precariedad y la vulnerabilidad de las trabajadoras. Asimismo, la situación laboral y sindical en las empresas maquiladoras de Nicaragua ha sido precaria, y por el no dominio de mujeres de la actividad sindical, resulta extraño que líderes sindicalistas oficialistas que antes defendían a las trabajadoras de la maquila, ahora callan.

¿Por qué si los sindicalistas están enterados de las difíciles condiciones laborales de las mujeres en las maquilas, pretenden ignorar la situación y engavetan los casos que llegan a sus manos?

¿Cómo darle esperanzas de salud y vida a este sector vulnerable y tan valioso productor de riquezas, para otros bolsillos?

Pedro David González Pérez https://www.laprensa.com.ni/2019/12/30/opinion/2626135-la-situacion-de-las-mujeres-en-las-maquilas

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Pacto de silencio en torno al asesinato de un periodista durante el Golpe de Estado en Bolivia

El periodista argentino Sebastián Moro
En el periodismo tan importante como la mentira es el silencio y, en el caso del asesinato del corresponsal argentino Sebastián Moro, es clamoroso. ¿No es extraño en unos tiempos en los que se habla tanto de noticias falsas?, ¿no es extraño que los periodistas no hayan puesto el grito en el cielo por la muerte de un colega de profesión?

A Moro le encontraron inconsciente el 10 de noviembre en La Paz, cubierto de moratones, arañazos y otros signos de violencia. Falleció poco después. Llevaba un chaleco que lo identificaba como periodista que cubría el Golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia.

Tenía 40 años y trabajaba para el periódico argentino Pagina 12. Unas horas antes, había denunciado lo que consideraba una toma del poder por los fascistas bolivianos. Sus últimas palabras conocidas, publicadas en su periódico unas horas antes de que fuera encontrado, denunciaban el secuestro de funcionarios del gobierno de Morales y los ataques mafiosos a periodistas y medios de comunicación. Fue una de las pocas voces que expuso al mundo la campaña de terror de los golpistas. Pasó seis días en un hospital de La Paz antes de sucumbir a sus heridas.

Sus restos fueron incinerados con el pretexto de que no se le podía repatriar en medio del Golpe de Estado por cuestiones diplomáticas entre Bolivia y Argentina.

El día anterior a la aparición de Moro, fue secuestrado José Aramayo, director de Radio Comunidad, portavoz de la Confederación Campesina de Bolivia. Las hordas golpistas que desataron el horror en las calles boliviana le ataron a un árbol y le humillaron.

La embajada de Argentina en La Paz informó de que 15 corresponsales habían tenido que refugiarse en la embajada como consecuencia del terror desatado por los golpistas.

Las cadenas de intoxicación han ignorado sistemáticamente el caso de sus colegas perseguidos y torturados en medio del Golpe. No hay ninguna mención a Moro en los informativos, ni en ningún portavoz del imperialismo. Lo califican como un “accidente cerebro vascular”.

Lo mismo cabe decir de las ONG humanitarias, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Ni siquiera el Comité para la Protección de los Periodistas ha reconocido su asesinato. El listado de periodistas asesinados en 2019 no indica ninguno en toda Latinoamérica.

Las cadenas de intoxicación y la industria de los derechos humanos son fieles servidores de sus amos, que necesitan legitimar al gobierno golpista de Jeanine Áñez. De ahí que se hayan negado a llamar a las cosas por su nombre, Golpe de Estado, para recurrir a los eufemismos: renuncia de Morales, gobierno provisional…

El New York Times acogió con satisfacción el fin del gobierno cada vez más “autocrático” de Morales y expresó su alivio de que el país estuviera en manos de dirigentes más “responsables”. Por su parte, el Wall Street Journal tituló: “Un avance democrático en Bolivia”.

El director de Human Rights Watch, Ken Roth, dijo que el golpe fue un “levantamiento” para “defender la democracia” contra un “hombre fuerte”, ocultando la Ley Áñez, que otorgaba inmunidad a la policía y el ejército por los crímenes que cometan al masacrar a los manifestantes. Para Human Rights Watch sólo es un decreto “problemático”.

Sólo hay una fuente en inglés que haya informado de la muerte de Moro: el Orinoco Tribune, un pequeño periódico venezolano con una plantilla de dos personas que tradujo un artículo publicado en Argentina.

El caso de Moro recuerda lo ocurrido durante el Golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009. Una de las primeras medidas de los golpistas fue el cierre de las emisoras de radio comunitarias y el secuestro de periodistas. Los reporteros torturados fueron arrojados a la carretera como una advertencia para los demás. Algunos afortunados sobrevivieron.

En Bolivia ha habido un ataque coordinado contra los medios de comunicación independientes. La nueva ministra de Comunicaciones, Roxana Lizarraga, anunció que eso formaba parte del “desmantelamiento del aparato propagandístico del régimen dictatorial de Evo Morales”, afirmando que los “activistas que abusaron del sistema de medios estatales” de Morales estaban siendo “retirados”. Medios de comunicación como TeleSUR y RT en español fueron cerrados.

Lizarraga amenazó con perseguir a cualquier periodista involucrado en lo que ella llamó una “sedición”, diciendo que ya tenía una lista de personas y medios de comunicación “problemáticos”.

Por su parte, el nuevo ministro de Interior, Arturo Murillo, también amenazó a una delegación de derechos humanos recién llegada de Argentina. “Aconsejamos a estos extranjeros que llegan… que tengan cuidado”, dijo. “Los estamos vigilando. Los estamos siguiendo”, les advirtió. Habrá “tolerancia cero”. El primer paso en falso que den, tratando de cometer “actos de terrorismo y sedición, tendrán que enfrentarse a la policía”. Catorce miembros del grupo fueron arrestados para silenciar a la prensa.

Moro en una fotografía tomada en La Paz pocas horas antes de aparecer asesinado
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El terrorismo de Estado ha sembrado el suelo de Colombia con 200.000 cadáveres que esperan un nombre

La puerta está abierta, pero el cementerio está vacío. Ni un vigilante ni el sepulturero, al que los vecinos llaman Ratón. Caminar sobre el césped, entre lápidas desgastadas y cruces, es como hacerlo sobre una alfombra acolchada. Junto a las tapias, la tierra removida. Es la mañana de Nochebuena y este fue uno de los escenarios del horror que convulsionó a Colombia durante el conflicto armado. El 14 de diciembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC, cuya misión es juzgar los crímenes de la guerra, anunció el hallazgo de una fosa común. Los investigadores localizaron en Dabeiba, un municipio de unos 20.000 habitantes a unas cuatro horas de Medellín camino de la costa del Caribe, los restos de al menos 50 personas. “Es horroroso. Ojalá se haga justicia”. La voz de Martha Oliva Rueda interrumpe la quietud del lugar desde la puerta de su casa, una construcción rodeada de flores improvisada en un montículo que linda con el cementerio.

Fueron, según el testimonio de un exmilitar y los indicios del caso, asesinadas por miembros del Ejército y después presentadas como guerrilleros caídos en combate a cambio de recompensas. Estas ejecuciones, el enésimo caso de una práctica sistemática llamada falsos positivos, ocurrieron entre 2005 y 2007 y son una pequeña muestra de los números de vértigo que dejó más de medio siglo de violencia. Además de los más de 260.000 muertos, según los cálculos del Centro de Memoria Histórica, un organismo público, hubo entre 80.000 y 100.000 desaparecidos, aunque el Instituto de Medicina Legal estima que todavía hay 200.000 cuerpos sin identificar.

Oliva Rueda, de 55 años, también se presenta como víctima. Su marido, relata, desapareció hace 19 años mientras trabajaba en el campo. Ya bajo el porche de su casa, se disculpa por no poder ofrecer nada y afirma que su familia denunció a unos militares y recibió 12,5 millones de pesos (unos 3.400 euros actuales) de indemnización. “Entonces trabajaba en la gasolinera, salía en torno a las dos de la mañana y tenía miedo”. El temor era no llegar a casa. “Quienes hemos sufrido más la guerra hemos sido los campesinos”, continúa. “Ahora es más seguro, pero siempre había un combo de unos y de otros”, dice en referencia a combatientes y los grupos ilegales de la contrainsurgencia Jesús Abraham Cartagena, de 70 años, una vida trabajando la tierra.

Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste del país), fue azotada durante décadas por una tormenta perfecta de muerte e injusticias. Combatientes, paramilitares y sectores desviados del Ejército convirtieron este municipio en uno de los epicentros del conflicto.

Tres años después de la firma de la paz, Colombia se enfrenta no solo a la transición que, de forma directa o indirecta, determina el debate político, sino a su memoria.

El Instituto de Medicina Legal es una de las entidades, junto a la JEP, a la Unidad de Búsqueda o la Comisión de la Verdad, encargadas de esa tarea. Según explicó su directora, Claudia García, quedan aproximadamente 200.000 cadáveres sin nombre en los cementerios y en las fosas clandestinas. Allí, a partir de esa estimación, es donde las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos.


El ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que renunciar a principios de noviembre tras conocerse que ocultó una operación contra unos disidentes de las FARC en las que murieron menores.
El comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, cuestionado por una directriz que alentaba a los soldados a mejorar resultados y por su pasado como segundo al mando de una brigada señalada por ejecuciones extrajudiciales, dejó su cargo el viernes alegando motivos familiares.

Pero los llamados falsos positivos solo representan un porcentaje muy pequeño de las desapariciones forzadas. Según la Fiscalía, entre 1998 y 2014 hubo casi 2.250 asesinatos de civiles perpetrados por militares, la inmensa mayoría durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe.


Los miembros de las autodefensas siguen delinquiendo bajo el disfraz del Clan del Golfo, principal cartel de narcotraficantes de Colombia.
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Bolsonaro indulta a los policías y militares condenados por sus crímenes (incluso los cometidos en sus días libres)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó anoche su primer indulto navideño y los beneficiados fueron, en su mayoría, policías condenados por homicidio.

Entre los indultados figuran policías federales, policía civil, militarizada e incluso bomberos, afirmó la Presidencia de Brasil en un comunicado.

El indulto navideño es un beneficio previsto en la Constitución brasileña que concede la supresión de las penas por esta época del año siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

La medida, que está prevista se publique hoy en el Boletín Oficial, también beneficiará a aquellos policías que “hayan sido condenados por actos practicados” en sus días libres y cuya intención fue “eliminar un riesgo existente” para sí mismo o para un tercero.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y defensor de las dictaduras militares que se impusieron en Latinoamérica en 1970 y 1980, concedió también el indulto a los militares que “en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)”, hayan “cometido crímenes no intencionados en determinadas hipótesis”.

Las misiones de GLO son autorizadas por el presidente de Brasil y conceden a los militares la facultad de asumir por completo las labores de seguridad pública en graves situaciones de perturbación del orden.

El fascista, que el próximo 1 de enero cumplirá un año en el poder, defiende la “mano dura” contra el crimen, acostumbra a decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía “mata a 10 ó 15 bandidos” en ejercicio de sus funciones no debe ser investigado y mucho menos condenado, sino «condecorado» por el Estado.

El gobierno de Bolsonaro ya intentó beneficiar a los policías por medio de una iniciativa legislativa que incluía un amplio amparo legal para los que maten en operaciones oficiales, en términos muy similares al indulto oficializado hoy.

Sin embargo, no convenció a la mayoría parlamentaria y finalmente se eliminó ese punto de la propuesta, condenada en duros términos por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre ese endurecimiento de las políticas de seguridad durante la gestión de Bolsonaro, a quien acusaron de alentar la violencia contra los más pobres y los pueblos indígenas con su retórica fascista.

El indulto se produce en un contexto de creciente violencia policial en el país. El discurso de Bolsonaro puede incentivar delitos como la tortura en el que muchas veces se ven implicados policías.


https://www.telam.com.ar/notas/201912/418890-bolsonaro-indulto-policias-militares-homicidios-condena-brasil.html

Más información:

– Bolsonaro presiona para aprobar una ley que de carta blanca a la policía para matar

 

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Las recompensas a los criminales han convertido al Estado colombiano en una máquina de matar

A los mercenarios del ejército colombiano les concedieon importantes incentivos para que mataran a la población civil. Cada cadáver daba derecho a cinco días de permiso. A las unidades militares que más bajas tuvieran les regalaban pasajes de avión que rifaban entre sus integrantes. También les regalaban tarjetas para recargar sus teléfonos móviles. A la unidad que más asesinatos causara le preparaban como celebración una ternera a la llanera.

Para cometer sus crímenes los soldados engañaban a su víctimas, ofreciéndoles trabajo en ciertos lugares, según el relato de un militar recogido por Semana (1).

Las víctimas aceptaban desplazarse y luego les ponían una manilla negra que supuestamente era para que “los dejaran circular sin problema”.

Posteriormente, los hacían firmar un documento para saber si eran zurdos o diestros, y así ubicar el arma que les ponían cuando eran asesinados, señaló el medio.

Las víctimas eran ejecutadas en grupos de 3 o 4 personas, después de ser asesinadas les ponían los uniformes y los artefactos para hacerlos pasar por guerrilleros.

Finalmente, los señalados distanciaban los cuerpos, indicó Semana, “para dar la impresión de un repliegue en combate”.

En el testimonio de un militar, difundido por Noticias Caracol (2), agregó que las ejecuciones se hacían en la madrugada, y de frente.

Actualmente se siguen analizando los cadáveres aparecidos en el cementerio de Dabeiba, Antioquía, en el que yacen los restos de los jóvenes que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2006 y 2007.

Las recompensas a los criminales es lo que ha convertido al Estado colombiano en una máquina que no puede parar de matar.

Al mismo tiempo, Colombia ha sido uno de los primeros países del mundo en aprobar un ley que prohíbe la experimentación científica con animales.

(1) https://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-proceso-para-asesinar-a-quienes-serian-llamados-falsos-positivos/646087
(2) https://www.pulzo.com/nacion/soldado-cuenta-como-ejecutaron-falsos-positivos-jovenes-soacha-PP815776

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Balance del terrorismo de Estado en Colombia: 6.000 asesinatos

Después de años de falsos debates, por fin se comienzan a conocer los crímenes en Colombia y, con ello, a clarificar la magnitud del terrorismo de Estado.

Durante la dictadura de Pinochet, en Chile, entre 1973 y 1990, el Estado cometió cerca de 3.200 asesinatos y desapariciones forzadas, es decir, en un periodo de 17 años, con un gobierno calificado de “fascista”.

En Colombia, entre 2002 y 2010, durante los dos periodos de Uribe, el Estado cometió cerca de 4.200 ejecuciones extrajudiciales. En menos de la mitad del tiempo de Pinochet un gobierno “democrático” asesinó mucho más que uno “fascista”.

Pero no tengan prisa porque en Colombia aparecerán muchos más cadáveres. Podrían ser más de 6.000. Ni de lejos alcanzan a la España de la posguerra pero, en cualquier caso, las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos no fueron casos aislados sino un método de combate, algo planeado y sistemático que se repetía cada noche que los mercenarios salían del cuartel con el arma en la mano.

No pregunten si eran civiles o guerrilleros. A un Estado terrorista le da lo mismo que lleves un arma en la mano o no. Te matan igual. La diferencia es que la recompensa que cobran los asesinos cambia; la muerte de un guerrillero se cotiza más en la bolsa, así que basta matar a cualquiera y ponerle un uniforme de campaña.

No se rompan la cabeza con los derechos humanos, los jueces, los fiscales, las investigaciones, los juicios, las sentencias… Todo eso son bobadas para los vividores de los organismos internacionales y las ONG humanitarias.

Hay muchas manera de matar, de morir y de enterrar a los muertos. En Colombia las fosas comunes no son como en África o en los Balcanes. Los asesinos utilizaron los cementerios de los municipios para enterrar sus cadáveres, es decir, para ocultar sus crímenes.

En Colombia los más despistados comienzan a abrir los ojos para caer en la cuenta de que los asesinos no eran los guerrilleros; los guerrilleros eran los asesinados.

También comienzan a abrir los ojos para caer en la cuenta de que todos eran los guerrilleros (por lo menos a la hora de morir).

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Los detenidos pueden salir a la calle, los asesinados nunca abandonan su tumba

Buscando fosas comunes en el cementerio de Dabeiba
En materia represiva, uno de los rasgos característicos del fascismo es la militarización. Al ejército se le encomiendan labores puramente internas que le transforman en enemigo de su propio pueblo, al tiempo que la policía abandona sus funciones funciona de la misma manera que el ejército: no detiene sino que asesina.

Hace varias décadas que Colombia es un ejemplo de ello, convirtiendo a la lucha antinsurgente en una carnicería. Las tropas cobran a destajo. La nómina depende del número de guerrilleros que asesinen, por lo que una manera de aumentar el sueldo es matar cuanto más mejor, haciendo pasar los cadáveres por guerrilleros, aunque se tratara de civiles. Los llaman “falsos positivos”.

Recientemente se ha descubierto una fosa común en Dabeiba, Antioquía, con más de 100 cadáveres, todos ellos “falsos positivos”, esto es, masacrados por a chusma mercenaria para cobrar su recompensa. Es la mayor hallada hasta la fecha.

Un militar que ha declarado ante los jueces dijo que entre 2005 y 2007 el ejército colombiano presentó en la zona hasta 75 “resultados” ilegítimos, o sea, que encubrieron crímenes comunes en masa como si fueran combates con la guerrilla.

Declaraciones posteriores de algunos testigos han llevado a ampliar la zona de búsqueda. Gracias a la información dada por una persona sobre una fosa de la que tenía conocimiento, aparecieron dos cadáveres que vestían uniformes de camuflaje y portaban insignias militares, un señuelo para camuflar los “falsos positivos”.

Hace un mes el testigo sobrevivió a un atentado en el que recibió cinco impactos de bala, por lo que los asesinatos no van a parar. Se cumple así lo que dijo Brecht en su poema: primero fueron a por los guerrilleros, luego a por los civiles y ahora ya matan a los testigos que se atreven a denunciar.

Algunas organizaciones sospechan que podría haber otras 16 fosas parecidas en otras regiones, que se sumarían a las “ejecuciones extrajudiciales”, un tecnicismo para aludir a los guerrilleros asesinados para no detenerlos. ¿Para qué? Los detenidos pueden salir a la calle; los asesinados nunca abandonan su tumba.

En España los fascistas dieron un buen ejemplo de ello. No les bastó con matar en la guerra y siguieron matando en la posguerra, una veces con juicios y otras sin él.

La diferencia es que en un país, Colombia, se abren las fosas; en el otro, España, se mantienen tapadas y bien tapadas.

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El comercio con niñas que se venden como esclavas domésticas y sexuales en Haití alcanza las 286.000

En Les Verrettes, un municipio de Haití, un antiguo hábito llamado “alantran” permite a los hombres pagar a los padres entre 10.000 y 20.000 gurdes (92 a 185 euros) (1) para adquirir una adolescente de 14 a 16 años como concubina o esposa.

El municipio de Les Verrettes está en el departamento de Artibonite, en lo alto de una cima de montañas rocosas. Es un rincón de unos 2.642 habitantes que alberga el nacimiento de uno de los más grandes presidentes de Haití en el siglo XX: Dumarsais Estimé (16 de agosto de 1946 – 10 de mayo de 1950).

A la transacción económica de adquirir niñas los habitantes de la zona la denominan “alantran”.

El negocio consiste en que  los padres de la joven reciben una compensación en dinero, una especie de dote al revés (2), en el que habitualmente la joven no toma parte.

Los padres intercambian a sus hijas o adolescentes con hombres a precios variables, beneficiándose de la sexualidad de sus hijos para poder hacer frente a su pobreza. Es prácticamente la venta en subasta de personas impúberes que carecen de madurez y consentimiento sexual.

En pequeñas casas de barro, cal viva y madera, madres e hijas inventan una vida en un ambiente montañoso donde, con la altitud, la niebla descarta la calificación de Haití como país tropical.

Resimène Jacques, una madre que acababa de alcanzar la edad adulta en abril de 2019, está amamantando a su hijo de 19 meses, a quien dio a luz a la edad de 17 años. Originaria de la ciudad de Demarré, Jacques explica el procedimiento que la llevó a ser madre. “Tenía 17 años el 17 de junio cuando unos hombres llegaron a casa de mis padres con la suma de 15.000 gurdes (138 euros) (1)”, dice.

Esa fatídica fecha (17 de junio) marca el día en que su destino fue sellado y su “alantran” negociado entre los padres de su actual marido y los suyos. “Cuento la cantidad y se la doy a mi madre antes de hundirme, unos meses después, en los brazos del joven con el que ahora vivo”, explica.

Al igual que Resimène Jacques, que es una de las pocas niñas de la sección vecinal que llega al sexto año de primaria, Alcius Eliamène Joisius, de 19 años, es madre de un niño de apenas un año de edad. En octubre de 2017, cuando tenía 17 años, su actual marido, Arnold Filius, pagó 10.000 guras (92 euros) a Macilia Pierre, su madre, para que Alcius Eliamène Joisius se convirtiera en su esposa. Demasiado feliz, la madre de la niña, que fue bautizada en el ritual de “alantran”, entregó a la niña al hombre que la embarazó el mismo año antes de ir a la República Dominicana para entrar en el “batey” como bracero (3).

Mélius Michelose, otra víctima de esta práctica, no puede precisar su edad porque no tiene documento de identidad. Ella calcula que tiene 17 ó 18 años, mientras que algunos de sus parientes piensan que es un año más joven. En un asentamiento precario, la joven está cría a su hijo de 15 meses, nacido en las mismas circunstancias. Para su unión con su actual cónyuge, el hombre pagó 20.000 gurdes (185 euros) a sus padres, según cuenta ella. “Trajeron el dinero en mi nombre tal como lo hicieron con mi hermana mayor de 21 años”, dice Mélius Michelose, quien nació en una familia donde la práctica de «alantran” se está extendiendo.

Celiphète Célimène, que ahora tiene 33 años y es madre de 4 hijos, recuerda también su compra por su actual cónyuge en 2003. Ella tenía 17 años en aquel momento y estaba en su tercer año de escuela primaria. Su marido, desconocido en ese momento, ofreció 15.000 gurdes (138 euros) a su madre. Al ser menor de edad sólo obedecía las órdenes de sus padres, según dice. “Yo no lo conocía, tampoco lo amaba”, admite de su actual marido. “Después del pago empezamos a reunirnos y hoy es el padre de mis cuatro hijos”, explica con un aire de desolación.

Si los 15.000 ó 20.000 gurdes son percibidos como una forma de compensación por las familias de las jóvenes, la suma es percibida como el precio de compra de estas últimas por los hombres.

Las niñas se rebelan contra esta práctica

Tienen los mismos nombres pero provienen de familias diferentes. Las historias de Alantran teñidas de rebelión son conocidas en toda la ciudad de Démarré. Pierre Jislène no sabe su edad, pero fija el número de sus años en 30. En 2017 señaló accidentalmente el 14 de septiembre de 1989 como fecha de su nacimiento para obtener un certificado. Su desventura con la práctica del “alantran” la deja ahora con la etiqueta de “bruja” en su entorno.

A finales de 2006, cuando supuso que tenía 17 años, los padres de Jislène la enviaron a un caballero con el que tendría que compartir un techo conyugal. Mujer belicosa, cuenta que rechazó inmediatamente esta unión forzada por la que la persona en cuestión pagó 3.500 gurdes (32 euros). Se enfrentó al dilema de dejar su casa o vivir con el caballero en cuestión. Dice que salió de su casa por la fuerza el 15 de enero de 2007 para ir a la casa de su pareja a hacer las tareas domésticas.

En el proceso contó que rechazó cualquier forma de intimidad con este hombre. Una negativa que le costó serias reprimendas de sus padres. “Yo no lo quería”, dice con desdén. “Como resultado, nunca me acosté con él a pesar de las repetidas amenazas y agresiones sexuales de las que fui víctima”.

En 2008 el mencionado señor enfermó y murió a causa de una articulación inflamatoria. La familia de su pareja sospechó que era la autora de la muerte, Jislène Pierre dice que la etiquetaron de bruja. Según ellos, el hombre murió en la fecha exacta que coincide con el primer año de Jislène bajo el hábitat de su comprador.

Jislène Moncius, por su parte, es conocida por su rechazo categórico de un tal Odma, un hombre mayor que ella. Con sólo 17 años, Odma le regaló a su madre 30.000 gurdes (277 euros) en abril de 2019. Quería que la niña, que aún estaba en cuarto año de primaria, se convirtiera en su concubina. Asustada por la noticia, Jislène Moncius, que afirma haber desobedecido a sus padres, dice que se marchó el día en que la entregaron a su comprador. “Me escapé a casa de mi tía el mismo día de la ceremonia” de “alantran”, dice.

Mientras que para algunas niñas “alantran” es la mejor manera de honrar a una niña local, para Jislène, que está en cuarto grado en la escuela Baptise Conservatrice de Démarré, nada la motiva más que su educación. “Prefiero continuar con mis estudios”, argumenta con firmeza. Su sueño más preciado es terminar sus estudios clásicos y luego continuar con la educación superior.

Indignado por esta práctica degradante, el propietario de su escuela, Pierre Wistin, residente en la zona, hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana para luchar y prohibir esta práctica. Pero algunas autoridades locales están indignadas mientras que otras están involucradas. “Esta práctica ha existido durante mucho tiempo en la comunidad”, dice un anciano que ahora tiene más de 70 años. El hombre recuerda, en su infancia, que la cantidad de intercambios variaba de 1.500 gurdes a 2.000 gurdes (13 a 18 euros), pero involucraba sólo a adultos en torno a una tradición asimilada a la dote (2). “La presencia de menores hace que la práctica sea obscena”, subraya.

Un auxiliar de la Junta Directiva de la Sección Comunal (Casec), comúnmente llamad “Ayuda Casec”, es consciente de los abusos que pueden resultar de la perpetuación de esta práctica. En su papel como policía municipal local, Ebert Alexandre destaca que la práctica causa daños en ambos sentidos. Los niños no sólo son víctimas de la explotación abusiva de sus derechos, sino que lo peor de todo es que se ven privados de toda libertad para lanzarse a una aventura sentimental a su antojo. “Un niño que no tiene los 10, 15 ó 20.000 gurdes para ofrecer a los padres de las niñas, nunca conocerá a la niña que quiere, aunque se quieran”, dice.

Joel Saintiphard, de Démarrée, fruto del “alantran”, también destaca las violaciones de los derechos que derivan de esta práctica. Según este joven profesor, el “alantran” dificulta seriamente la vida de los menores, pero también cualquier posibilidad de desarrollo de la zona. En aras del compromiso, el joven profesor, que afirma ser uno de los miembros fundadores de la organización MPDDL (Movimiento Campesino de Demarré por el Desarrollo Local), se compromete a trabajar en el campo de la educación, que sigue siendo escaso en la zona.

“Las niñas no tienen acceso a la educación, nadan en la práctica con la esperanza de tener algún día su propia familia”, dice. “En espera del apoyo de las autoridades locales, pronto iniciaremos una campaña de sensibilización para ayudarles”, promete.

El responsable de la Oficina de Protección de los Ciudadanos, Renan Hédouville, lamenta que, tras 215 años de independencia, Haití se enfrente a esas prácticas, que recuerdan los peores episodios de la trata de esclavos y el Código Negro de 1685.

Según el presidente del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, André Ibréus, el “alantran” está considerado como trata de personas y debe ser castigado. “Esta práctica da lugar a una nueva forma de intercambio de seres humanos que resucita, en su materialización, las prácticas coloniales del siglo XVIII”.

Además del “alantran”, Haití languidece tanto bajo el peso del “restavek” (4) como del tráfico transfronterizo o institucional. El informe de este año del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas indica que hay 286.000 niños y niñas que viven actualmente en “restavek”, por lo que Haití sigue siendo, a fecha de hoy, un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas a escala nacional e internacional.

http://www.loophaiti.com/content/en-haiti-plus-dune-personne-sur-trois-souffre-de-la-faim-selon-pam

Notas:

(1) La tasa de cambio es de un euro contra 108 guras. 
(2)
España heredó la dote del Derecho Romano. Era una cantidad que pagaba
el padre de la novia para que el prometido se la sacara de casa. La
regulación se derogó en 1981, aunque subsiste en los territorios en los
que prevalece el Derecho Foral, como Aragón, Cataluña, Baleares o
Navarra, a menudo escondidos con la apariencia de capitulaciones
matrimoniales.

(3) En la jerga criolla de Haití, un “batey” es un campamento rural en el que viven los trabajadores que cortan la caña de azúcar en la República Dominicana, a los que llaman “braceros”
(4) Expresión criolla (“reste avec”) que denota la servidumbre doméstica, donde el papel de la niña y la adolescente es a la vez laboral y sexual, al tiempo que el marido ejerce también de patrón.