Los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá regresaron a su territorio tras un largo proceso de identificación. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2019 fueron entregados 100 ataúdes. 17 años después, no están todos. Hoy Bojayá permanece como una tierra herida, en la que el horror la inundó y seguirá inundándola ante el
inminente riesgo de una nueva masacre. La muerte no se fue, aún duele y dolerá.
Es horrible. Se ha dicho una vez tras otra. No hay duda. Esta es la tierra del dolor de unos y de la avaricia de otros, ¿cuántas veces lo habrán dicho en estos 17 años? ¿qué son 17 años? Una cifra. Ojalá fuera eso, sólo una cifra. Tras 17 años de la masacre, los muertos vuelven. Bojayá. Recorridos por la tierra herida
Domingo Chalá, quien siempre ejerció como sepulturero en Bellavista, cuenta como desde los años 90, a orillas del río Atrato los cuerpos flotaban, aparecían y nadie podía tocarlos, si no querían correr la misma suerte. De esta barbarie no hay ni siquiera cifras, no se habla de ella, solo queda el horror, su dolor y los recuerdos de cómo los paramilitares a quien montaban en su embarcación “rumbo al cielo”, jamás se le volvía a ver. Asesinatos. Torturas. Desapariciones. Desplazamientos forzados. Amenazas. Robos de motores, víveres y combustible. Bloqueo económico. La violencia no tiene fin y las comunidades lo denunciaron en la “Declaración por la vida y la paz” el 12 de septiembre de 1999. Hoy, febrero de 2020, la situación sigue siendo alarmante.
Por algo se dice, que algún día el Estado deberá reconocer esta larga memoria de la violencia en el Chocó.
Tratando de responder a la pregunta, ¿cuándo es el tiempo de enterrar a los muertos?, el 11 de noviembre del 2019, llegaron 100 ataúdes custodiados desde Medellín hasta el aeropuerto de Vigía del Fuerte (Antioquia), para ser entregados a la comunidad.
De esos 100 ataúdes, 78 contienen los restos óseos de las víctimas identificadas; 8 están vacíos pero con nombres, representan los que aún están desparecidos; 9 son de los bebés en gestación, y uno que se dice que nació en la iglesia, todos ellos, también murieron; 1 ataúd más contiene el cuerpo de un niño entre 4 y 8 años que no ha podido ser identificado; 2 más, son las 2 entregas simbólicas que se realizaron; y los 2 últimos contienen los restos óseos que no han podido ser identificados por el momento, es la fosa nº75.
En total, 100 ataúdes, a los que hay que sumar una cifra que nadie se ha atrevido a pronunciar. Que nadie se atreve a reconocer. ¿Cuántos son los muertos en Bojayá desde la década de los ochenta hasta hoy? Tendemos a olvidar los muertos de una masacre con la siguiente, como si el pasado se borrara y no reclamara justicia.
La identificación de urgencia de los cuerpos, realizada aquellos días de la masacre, y que llevó a enterrarlos como pudieron en fosas comunes, se fue complementando con las necropsias realizadas a partir de las exhumaciones que desde el 2002 y hasta el 2004 la Fiscalía realizó. Si bien, todo fue tomando su tiempo, y ya no hay dudas de que esos cuerpos no fueron bien identificados, ni estudiados, ni individualizados, ni siquiera tuvieron un digno entierro. Si la vida no importa, ¿cómo va a importar la muerte? Lo que quedó evidenciado, cuando en noviembre del 2016, la Fiscalía presentó su informe a la comunidad. ¿Cómo murieron sus familiares? y ¿dónde está cada parte de su cuerpo? no fue debidamente resuelto en todos los casos.
Dicen que la armonía es ese orden de la vida que vincula a cada quien a su tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando no es tu tierra donde yace tu cuerpo?, ¿cuándo no hay tumba donde llorar?, ¿cuándo tu cuerpo se mezcló con el de otro, y otro, y otro?
El tiempo siguió pasando, mientras la comunidad exigía un trato digno a sus muertos, para al menos poder enterrarlos en tumbas con sus nombres y no en fosas comunes, mezclados. Pero, no fue hasta que el Comunicado 062 de los llamados Acuerdos de Paz de La Habana, habilitó el camino para que el CTI de la Fiscalía volviese a Bojayá.
Y así en el 2017 el mismo topógrafo que participó en las diligencias del 2002 marcó los cuatro puntos de cada una de las fosas para comenzar a exhumar y enviar los cuerpos encontrados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal (Inmlcf).
Dos largos años después, los muertos volvieron a su tierra en dos helicópteros de la ONU. Así fue como llegaron esos 100 ataúdes de ese tamaño en el que ningún cuerpo recién muerto cabría, pero sí nuestros huesos apilados, juntos, uno al lado del otro. En color blanco los ataúdes con los bebés, niños y niñas; y en marrón los jóvenes y adultos.
Respetando las tradiciones, los cofres recorrieron su territorio herido. La primera parada fue en Bellavista Viejo, donde explotó la pipeta. Allí, uno a uno de los ataúdes descendieron de la barca y fueron entregados a sus familias. El reencuentro se hizo tacto y reposaron sobre sus manos. En fila los fueron llevando hasta el interior de la iglesia. Coincidiendo en el dolor fueron caminando, dejando a su lado izquierdo y derecho las ruinas del pueblo donde la naturaleza es la única que rebosa de vida. Para 23 ataúdes la siguiente parada fue Pogue. Allí, en su tierra natal, fueron velados durante una noche.
Alabar es cantar a los muertos, despedirlos
Esa noche los ataúdes reposaron en el altar que la comunidad había construido para la ocasión, respetando con el cariño que todo muerto merece, su ansiada despedida. Porque alabar es acompañarlos en el paso del alma al mundo de los ancestros, para no condenarlos a deambular entre los vivos. Alabar es dolerse públicamente por el dolor del otro, por el dolor compartido.
Por ello, las alabadoras cantaron desde que estos cuerpos regresaron a Bojayá, y así transcurrió el viaje hasta Pogue. Llovió. Salió el sol. Y siguió lloviendo. Y ellas siguieron cantando.
Amanecer cantando. Velándolos. La comunidad preparó comida. Juegos de dominó y cartas. Conversaciones. Tinto a base de maíz. Dolor y mucha tristeza. Porque no importa que hayan pasado 17 años, el dolor está. Y ese dolor y miedo sigue presente porque la violencia de los grupos armados no ha cesado.
Por eso es que las comunidades emberas de los alrededores están confinadas, y desde el 31 de diciembre de 2019, con la llegada de más de 300 paramilitares a sus tierras, Pogue también. De hecho, actualmente, el ELN y los grupos paramilitares de las Agc son los que ejercen el control territorial en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipi y Bojayá. Nadie lo desconoce.
Al día siguiente, tras la velación, navegando por el río Bojayá estos 23 cofres volvieron a Bellavista para ser enterrados.
Se dice que conversar es volver visible lo oculto, correr el velo del silencio, por eso, antes de proceder al entierro en Bellavista Nuevo, fue requerimiento cumplir con el protocolo de entrega, y durante cinco días los equipos de la Fiscalía y de Inmlcf dieron las explicaciones científico técnicas a cada uno de los familiares, acompañados por los y las sabedoras de la comunidad, quienes guiaron espiritualmente el proceso.
La noche del 17 al 18 fue la última velación. Un altar de madera recién construido fue el lugar de su última despedida. Allí, reposaron junto a la cruces de las fosas en las que permanecieron tantos años. Pero antes de la velación, en la mañana, tuvo lugar el acto político se esperaba al presidente Iván Duque, quien nunca llegó, pero llegaron otras instituciones y embajadas a emitir sus discursos. Sólo para la ocasión, justo para las palabras ante micrófono.
Y antes de que fuesen enterrados los muertos ya no estaban en Bellavista, igual que los grandes medios de comunicación. Curiosamente, o premeditadamente, ningún delegado de las instituciones oficiales nombró la palabra Justicia, parece ser que en entornos con tanta barbarie y violencia, uno debe acostumbrarse a que la justicia no se contemple ni a corto, ni a mediano plazo.
El Comité de Víctimas tomó la palabra, para expresar los desafíos que tienen por delante. Este no es el fin, insistieron. Y por su parte la Diócesis de Quibdó leyó la última Carta Abierta escrita al Presidente en la que alertó y denunció la situación actual de violencia, así como la inminente posibilidad de una nueva masacre.
Hoy los paramilitares exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos centenares de combatientes.
Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato. El 21 de abril del 2004 ya habían dirigido otra Carta Abierta al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, denunciando la sistemática violación a los derechos humanos. Y días antes de que ocurriera la masacre también habían advertido del inminente peligro. Pero, nadie parece escucharles.
Por la noche, con la fuerza de la tradición, las alabadoras no dejaron de cantar. De compartir el dolor. E igual que en Pogue, se jugó a las cartas y al dominó. Pasadas las tres, las cuatro, las cinco de la mañana, el sentimiento se hizo cada vez más presente. Amaneció, y con la luz del día comenzó la eucaristía. Al terminar, cada familia recibió el ataúd de su ser querido para enterrarlo en el mausoleo.
Y en esos momentos fue cuando el dolor rasgó los cuerpos que lloraban por sus víctimas. Es el doloroso instante en el que la lápida reposa sobre el ataúd. Y sin haber terminado el novenario, asesinaron a dos personas, sus cuerpos aparecieron en el río Bojayá. Ojalá ahora puedan descansar en paz. Aunque sean los muertos, porque a los vivos, la muerte acecha.
Las masacres son irreparables, y pareciera que no van a dejar de suceder. Sin embargo, muchos titulares y consignas de aquellos días de noviembre aludían al cierre del duelo, al punto final. Pero, ¿se puede, cuando el riesgo de una nueva masacre es tan inminente? Pocos medios hicieron entonces eco de la última Carta Abierta en la que se alertaba de este riesgo, hasta que en diciembre saltó a la prensa la llegada de cientos de paramilitares a Pogue, Corazón de Jesús, la Loma de Bojayá y Cuía. Y ya hacía tiempo que los grupos paramilitares se habían tomado la región de Bahía Solano, Carmen del Darién, Domingodó, Riosucio o el Golfo de Urabá. Nadie lo desconoce. ¿Cuáles son los intereses territoriales en la región?
Mientras, la solución aportada por el Estado ha sido, por lo general, enviar más Ejército. A pesar de que las organizaciones en su Carta Abierta alertaron de la complicidad de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo. Y de hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó en el 2019 profirió una sentencia condenatoria al Estado por omitir su función de proteger a la población el día de la masacre. Entonces, ¿cómo va a ser esta la solución?
Dicen que a la violencia uno se acostumbra, pero más bien se sobrevive a ella, porque está demasiado presente. Así, en Bojayá, los cortes de luz son frecuentes, dada la elevada corrupción y venta del Acpm que llega a las comunidades para sus plantas municipales. No hay buenas instalaciones hospitalarias y muchos pueblos no tienen acueducto que funcione. Moverse por el río es demasiado costoso. Estudiar, para los jóvenes, es un privilegio que requiere irse.
Apenas hay oportunidades de trabajo y vivir del campo es cada día más difícil. Los desplazamientos forzados son muy elevados y no dejan de suceder. La pesca se redujo y el nivel de contaminación de los ríos es alarmante por la presencia, entre otros, de la minería ilegal. La lista de violencias sigue en uno de los territorios más majestuosos en cuanto a naturaleza se conoce.
Y mientras tanto, entregaron 100 ataúdes. Cumplieron con el derecho de algunos familiares a enterrar a sus muertos. Solo de algunos. ¿Qué sucede con las otras víctimas, las de antes de la masacre?, y ¿con las que vendrán después?, ¿qué sucede con esos cuerpos que no podrán ser recuperados del río y con aquellos que nadie quiere exhumar?
De hecho, el mismo Domingo Chalá recuerda cada uno de los cuerpos recuperados del río que ha enterrado en ese mismo cementerio donde exhumaron a las víctimas de la masacre. Allí siguen. Sin identificar. Esperando ser exhumados y sus familiares esperando que lleguen. Al final diera la sensación que siempre hay desigualdad, hasta en el trato dado a nuestros muertos.
¿Cuáles son los intereses estatales que llevan a priorizar una entrega y no otra? Demasiadas preguntas ausentes del debate político y cuyas respuestas son una acusación a la impunidad que todo proceso, falsamente transicional arrastra, cuando la violencia no cesa.
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