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El Pentágono mantiene laboratorios de guerra bioquímica en 25 países protegidos bajo inmunidad diplomática

Dilyana Gaytandzhieva
El Pentágono ha desplegado a sus científicos en 25 países y les ha concedido inmunidad diplomática para investigar virus, bacterias y toxinas mortales en laboratorios militares fuera del territorio de Estados Unidos en un programa presupuestado en 2.100 millones de dólares, denominado Programa de Compromiso Biológico Cooperativo (CBEP).

El programa lo financia la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa (DTRA) y las instalaciones se ubican en países de la antigua Unión Soviética, como Georgia y Ucrania, así como Oriente Medio, el sudeste Asiático y África.

Uno de esos laboratorios de guerra bioquímica está en Tblisi, la capital de Georgia, y la embajada transporta en valijas diplomáticas sangre humana congelada y patógenos para el programa militar secreto.

El gobierno de Estados Unidos no tiene dinero para invertir en la salud de sus ciudadanos pero se gasta 161 millones de dólares en su laboratorio de Tblisi, una instalación secreta ubicada a sólo 17 kilómetros de la base aérea militar estadounidense de Vaziani.

El laboratorio está muy vigilado. En un radio de 100 metros todos los transeúntes son filmados en vídeo, a pesar de que se encuentra en el barrio de Alexeevka, una zona residencial.

En sus alrededores el aire se carga con el olor de los productos químicos. Por la noche el viento lleva el humo hacia la zona residencial. Los vecinos se quejan de que por la noche el laboratorio quema productos químicos peligrosos y que se vierten residuos peligrosos al río cercano a través de las tuberías de desagüe.

Por la noche el laboratorio parece estar todavía en funcionamiento y un coche diplomático con matrícula de la embajada de Estados Unidos se puede ver en el aparcamiento del Centro.

Los vecinos se quejan de dolores constantes de cabeza, náuseas, presión arterial alta y mareos cuando los productos químicos se queman por la noche en el laboratorio que está a sólo un par de cientos de metros de sus casas.

“Hay humo negro, rojo o verde en la noche o especialmente temprano en la mañana alrededor de las 3 ó 4 de la madrugada. Incluso las gallinas han muerto. Pusieron una gran tubería bajo tierra y la conectaron a los desagües. Este olor viene de allí. Huele a huevos podridos y a heno en descomposición. El olor es muy fuerte y se propaga en diferentes direcciones por el viento”, dice Eteri Gogitidze, que vive en un bloque de pisos junto al laboratorio.

“Tengo una enfermedad de la tiroides. Hay familias de tres personas en el vecindario y los tres tienen una enfermedad de la tiroides. Dicen que se debe al laboratorio”, explica Gogitidze.

Albert Nurbekyan, que vive a unos 300 metros del laboratorio, muestra las cuatro chimeneas que emiten humo por la noche. “A veces el viento esparce un olor a huevos podridos. Una vez me desperté temprano por la mañana y noté que salía humo violeta del laboratorio. Por la noche dejan salir el humo para que la gente no vea. ¿Por qué por la noche?, ¿qué es lo que nos ocultan?”

Luego nos da otro dato preocupante: “Hay grandes tuberías de plástico azul a lo largo de esta calle [desde el laboratorio] y desde donde todo va al río, que está a 3 ó 4 kilómetros de distancia. No sólo contaminan nuestro aire, sino que también envenenan nuestra agua”.

https://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/

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Golpe de Estado contra Maduro: enviados de Estados Unidos se han reunido con militares venezolanos en secreto

Eviados del gobierno de  Trump se han reunido en secreto con militares venezolanos para dar un Golpe de Estado y derrocar al Presidente Maduro por la fuerza, asegura el New York Times (*).

Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina. Muchas personas de la región aún sienten un gran resentimiento contra Estados Unidos por haber respaldado rebeliones, golpes de Estado y complots en países como Cuba, Nicaragua, Brasil y Chile, así como por haber guardado silencio ante los abusos que los regímenes militares cometieron durante la Guerra Fría.

En respuesta a las preguntas sobre esas conversaciones secretas, la Casa Blanca señaló mediante un comunicado que era necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”.

Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense.

Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista.

Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado. No obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente.

Desde hace mucho tiempo, Maduro afirma que los imperialistas de Washington están intentando destituirlo de manera activa, y las reuniones secretas podrían proporcionarle argumentos para cambiar la postura de la región que, en general, se muestra en su contra.

“Esto caerá como una bomba” en la región, comentó Mari Carmen Aponte, quien fungió como la principal diplomática en asuntos de América Latina durante los últimos meses del gobierno de Barack Obama.

Además del complot golpista, el gobierno de Maduro ya ha eludido varios ataques, entre ellos una descarga de artillería desde un helicóptero el año pasado y un dron que explotó mientras pronunciaba un discurso en agosto.

Los militares venezolanos buscaron tener acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama, pero fueron rechazados, señalaron los funcionarios.

Después, en agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una afirmación que atrajo el repudio de los aliados de Estados Unidos en la región, pero que animó a los militares rebeldes venezolanos a comunicarse con Washington una vez más.

“Ahora era el presidente quien lo decía”, señaló el excomandante venezolano que se encuentra en la lista de sancionados durante una entrevista, quien habló con la condición de conservar su anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de Venezuela. “No iba a dudar de la información si provenía de ese mensajero”.

Durante una serie de reuniones secretas en el extranjero —que comenzaron el otoño pasado y continuaron este año— los militares le dijeron al gobierno estadounidense que representaban a varios cientos de miembros de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con Maduro. Le pidieron a Estados Unidos que les proporcionara radios cifradas, pues aseguraron que necesitaban comunicarse de manera segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición dirigido por el Ejército con el fin de gestionar el país hasta que pudieran convocar elecciones.

Los funcionarios estadounidenses decidieron no proporcionar el material de apoyo y los planes se vinieron abajo después de un operativo de represión en el que se detuvo a decenas de conspiradores.

El recuento de las reuniones clandestinas y los debates políticos que las precedieron se elaboró a partir de entrevistas con once funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, además del excomandante venezolano. Este dijo que por lo menos tres grupos distintos dentro de las fuerzas armadas venezolanas habían conspirado contra el gobierno de Maduro.

Uno estableció contacto con el gobierno estadounidense a través de la embajada de Estados Unidos en una capital europea. Cuando se informó a Washington sobre este acercamiento, los funcionarios de la Casa Blanca se mostraron intrigados pero recelosos. Les preocupaba que la solicitud de reunirse pudiera ser una trampa para grabar clandestinamente a algún agente estadounidense mientras al parecer conspiraba contra el gobierno venezolano, señalaron los funcionarios.

No obstante, el año pasado, los estadounidenses decidieron que valía la pena correr el riesgo con el fin de tener un panorama más claro de los planes y los oficiales que buscaban destituir a Maduro. “Después de muchas discusiones, acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos”, comentó un funcionario gubernamental de alto nivel que no tiene autorización para hablar sobre las reuniones secretas.

Al principio, el gobierno consideró enviar a Juan Cruz, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que recientemente renunció a su puesto como principal autoridad normativa de la Casa Blanca en asuntos de América Latina. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca dijeron que sería más prudente enviar a un diplomático de carrera.

Le pidieron al enviado estadounidense que asistiera a las reuniones “solo para escucharlos”, y no le dieron autorización para negociar ningún asunto importante durante estos encuentros, de acuerdo con un funcionario de alto nivel del gobierno.

Después de la primera reunión, que tuvo lugar a finales de 2017, el diplomático informó que los venezolanos no parecían tener un plan detallado y se habían presentado con la esperanza de que los estadounidenses llegaran con ideas o directrices de apoyo.

El excomandante venezolano señaló que los rebeldes jamás pidieron una intervención militar por parte de Estados Unidos. “Jamás acordé ni se propuso un operativo conjunto”, precisó el excomandante.

Agregó que él y sus colegas consideraron llevar a cabo su plan el verano pasado, cuando el gobierno suspendió los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, e instaló la Asamblea Nacional Constituyente que es leal a Maduro. No obstante, dijo que abortaron el plan por temor a que sucediera una masacre.

Después planearon hacerse con el poder en marzo, relató el exmilitar, pero el plan se filtró. Finalmente, los disidentes decidieron que ejecutarían la operación durante las elecciones del 20 de mayo, fecha en que Maduro fue reelecto. Pero una vez más, se corrió el rumor de que los conspiradores se estaban preparando y tuvieron que detener sus planes, aunque no hay pruebas de que el Presidente supiera que los golpistas habían contactado a los estadounidenses.

Para que cualquiera de los complots funcionara, explicó el excomandante, él y sus colegas creían que era necesario detener a Maduro y a otros personajes principales del gobierno al mismo tiempo. Para lograrlo, los funcionarios golpistas necesitaban un medio para comunicarse en forma segura. Hicieron su petición durante la segunda reunión con el diplomático estadounidense, que sucedió el año pasado.

A su vez, el enviado comunicó la petición a Washington, donde fue rechazada por los altos funcionarios. “Quedamos frustrados”, comentó el excomandante venezolano. “No hubo seguimiento. Me dejaron esperando”.

Después el diplomático estadounidense se reunió con los conspiradores por tercera ocasión, a principios de este año, pero no lograron obtener una promesa de ayuda material ni una señal clara de que Washington apoyaba los planes de los rebeldes, según el excomandante venezolano y varios agentes estadounidenses.

Aun así, los venezolanos consideraron las reuniones como una aprobación tácita de sus planes, argumentó Peter Kornbluh, historiador del Archivo Nacional de Seguridad en la Universidad George Washington.

“Estados Unidos siempre ha mostrado interés en conocer información de inteligencia sobre posibles cambios de liderazgo en los gobiernos”, dijo Kornbluh. “Pero tan solo el hecho de que un diplomático estadounidense se presentara a una reunión como esa probablemente se percibiría como un espaldarazo”.

Agentes estadounidenses han citado abiertamente la posibilidad de que las fuerzas armadas de Venezuela puedan tomar medidas.

El 1 de febrero, Rex Tillerson, que en ese entonces era secretario de Estado, dijo que Estados Unidos no había “promovido un cambio de régimen ni la destitución del presidente Maduro”. Sin embargo, en respuesta a una pregunta, Tillerson indicó la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado militar.

“Cuando las cosas estén tan mal que el mando militar se dé cuenta de que ya no puede servir a los ciudadanos, encontrará la forma de realizar una transición pacífica”, comentó.

Días después, Marco Rubio, el senador de Florida que ha buscado influir en el enfoque del gobierno de Trump sobre Latinoamérica, publicó una serie de tuits que animaron a los disidentes de las fuerzas armadas venezolanas a derrocar a su presidente.

Durante su época como director de políticas de la Casa Blanca para América Latina, Cruz les envió un mensaje a los venezolanos durante un discurso en abril. Se refirió a Maduro como “demente”, Cruz dijo que todos los venezolanos debían “instar a las fuerzas armadas a respetar el juramento que hicieron de desempeñar sus funciones”, dijo. “Cumplan con su promesa”.
En años recientes los funcionarios estadounidenses debatieron los pros y los contras de establecer diálogos con facciones golpistas de las fuerzas armadas.

“Eran diferencias de opinión”, dijo Aponte, la exdiplomática principal en materia de Latinoamérica del gobierno de Obama. “Había gente que le tenía mucha fe a la idea de que podían aportar estabilidad, ayudar a distribuir alimentos y trabajar en cuestiones prácticas”.

No obstante, otros —entre ellos Aponte— vieron los riesgos de establecer vínculos con líderes de las fuerzas armadas que, según el análisis de Washington, se habían convertido en un pilar del tráfico de cocaína y los abusos a los derechos humanos.

Roberta Jacobson, una exembajadora en México que antecedió a Aponte en el puesto de funcionaria principal del Departamento de Estado para políticas de Latinoamérica, dijo que, aunque desde hace mucho Washington considera que las fuerzas armadas venezolanas sufren de “corrupción generalizada, están muy involucradas en el narcotráfico y son despreciables”, ella pensaba que valía la pena establecer un canal diplomático extraoficial con algunos de sus miembros”.

“Dada la descomposición extendida de las instituciones venezolanas, se tenía la idea de que, aunque no necesariamente eran la respuesta, cualquier tipo de resolución democrática habría tenido que incluir a las fuerzas armadas”, dijo Jacobson, quien renunció al Departamento de Estado a principios de este año. “La idea de escuchar a los líderes de esos lugares, sin importar qué tan indeseables resulten, es esencial para la diplomacia”.

Sostener discusiones con los golpistas podría hacer sonar alarmas en una región con una lista de intervenciones infames: la invasión fallida de la CIA en Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro en 1961; el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Chile en 1973, que llevó a la larga dictadura militar de Augusto Pinochet, o el apoyo encubierto del gobierno de Reagan a los rebeldes de derecha conocidos como los Contras en Nicaragua durante la década de 1980.

En Venezuela, un golpe de Estado en 2002 destituyó brevemente a Hugo Chávez, el predecesor de Maduro. El gobierno de Bush abrió un canal de comunicación con el jefe golpista pero Chávez fue restituido como presidente.

En el complot más reciente, el año pasado había de 300 a 400 miembros de las fuerzas armadas vinculados con el plan, pero esa cantidad se redujo a casi la mitad después de las enérgicas medidas emprendidas por el gobierno de Maduro este año.

El excomandante venezolano lamentó que Estados Unidos no proveyera los radios a los rebeldes, pues cree que eso pudo haber cambiado la historia del país. “Estoy decepcionado”, dijo el exgeneral. “Pero soy el menos afectado. Yo no soy prisionero”.

(*) https://www.nytimes.com/es/2018/09/08/trump-golpe-de-estado-maduro/

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Las operaciones secretas del espionaje británico para apoyar a los terroristas sirios durante la guerra (y 4)

Los terroristas que apoyaba Reino Unido tenían una relación muy estrecha con el Frente Al-Nosra. En 2013 Paul Wood, de la BBC, informó que “el Ejército Libre de Siria [estaba] tan cerca del Frente Al-Nosra que casi se había fusionado”. El “Ejército Libre de Siria” colaboró regularmente con el Frente Al-Nosra durante toda la guerra.

En 2015 se desestimó una demanda presentada ante el Tribunal Penal Old Bailey contra Bherlin Gildo, un ciudadano sueco acusado de asistir a un campo de entrenamiento terrorista para luchar en Siria, cuando se descubrió que los servicios de inteligencia británicos apoyaban a los mismos grupos de oposición que él. Los medios de comunicación británicos informaron de que Gildo estaba luchando en las filas del Frente Al-Nosra o en un grupo yihadista afiliado, Kataib Al-Mujahidin.

Sin embargo, no se sabía si realmente Gran Bretaña apoyaba a este grupo en particular. Probablemente la desestimación de la demanda estuvo relacionada más bien con el hecho de que Gran Bretaña apoyó al “Ejército Libre de Siria” y que estas fuerzas eran en gran medida indistinguibles de los grupos yihadistas a los que se unieron individuos como Gildo.

Aunque es poco probable que Gran Bretaña haya armado directamente o formado grupos yihadistas en Siria, su guerra secreta ha aumentado la certeza de que estos grupos se beneficiaron de sus políticas. “Occidente no está entregando armas a Al-Qaeda, y mucho menos al Califato Islámico, pero el sistema que ha construido está conduciendo precisamente a ese resultado”, señaló Alastair Crooke, director del MI6. Las armas proporcionadas al “Ejército Libre de Siria” fueron un supermercado que abastecía a los grupos más extremistas para imponer la yihad.

El esfuerzo por controlar a esos grupos antes de enviar ayuda occidental sonó como un reconocimiento del papel dominante que dentro de la oposición desempeñaban los grupos yihadistas. En gran medida esa política careció de sentido. La operación secreta británica formaba parte de un programa masivo en el que Arabia saudí gastó “varios miles de millones de dólares” y Qatar 3.000 millones de dólares para financiar principalmente a grupos yihadistas.

El año pasado el gobierno británico reveló que desde 2015 había gastado 199 millones de libras esterlinas (unos 229 millones de euros) para apoyar a la oposición “moderada” frente a Assad y al Califato Islámico.

El apoyo incluía “equipos de comunicación, médicos y logísticos”, así como la formación de periodistas en el desarrollo de “medios de comunicación sirios independientes”. Sin embargo, los detalles de las últimas operaciones secretas británicas siguen siendo poco claros y se ha proporcionado poca información para revelar el papel desempeñado por Reino Unido.

En la actualidad, el gobierno sigue dando respuestas engañosas a las preguntas parlamentarias. La semana pasada no respondió a una pregunta del diputado laborista Lloyd Russell-Moyle, que preguntó qué grupos armados había formado Reino Unido desde 2012. En cambio, dio a entender que desde 2016 sólo había formado grupos que luchaban contra el Califato Islámico.

En respuesta a otra pregunta parlamentaria del mes pasado sobre el número de soldados que actualmente tiene Gran Bretaña en Siria, el gobierno también despertó sospechas al no responder con precisión, dando fe únicamente de la presencia de 600 soldados desplegados por todo Oriente Medio, una vez más con el único propósito de luchar contra el Califato Islámico.

Paralelamente, el gobierno británico sigue argumentando que “los principales grupos armados de oposición sobre el terreno” en Siria “no son terroristas” y, en cambio, apoyan una solución política negociada de lo que califican como “una crisis”.

La política británica, al igual que la de los aliados de Gran Bretaña, ha contribuido a que los sirios sigan sufriendo y no se ha visto motivada en modo alguno por su angustia. También ha contribuido a la amenaza terrorista a nivel nacional.

Cientos de británicos, incluidos los yihadistas que trabajan con los grupos más violentos, han recibido formación en Siria y les han alentado a regresar a Reino Unido para llevar a cabo los ataques. La política activa y beligerante de Gran Bretaña contra Siria es un desastre para la población de ambos países.

(Extractos del libro “Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam” publicado este año por Mark Curtis)

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Las operaciones secretas del espionaje británico para apoyar a los terroristas sirios durante la guerra (3)

En el otoño de 2013 Gran Bretaña reorientó su campaña de apoyo a los terroristas sirios. Según el periódico The Guardian, el gobierno británico proporcionó 2,4 millones de libras esterlinas (unos 2,75 millones de euros) a empresas privadas de mercenarios para prestar apoyo estratégico a los medios de comunicación de los grupos que combatían en Siria.

Jaysh Al-Islam (Ejército del Islam), una coalición formada por unas 50 facciones yihadistas financiada por Arabia Saudí, fue uno de los grupos clasificados por Gran Bretaña como parte de la “oposición armada moderada”.

A finales de 2013 el espionaje británico y estadounidense se reunió en secreto en Ankara con los dirigentes de algunos grupos yihadistas para forjar una nueva alianza entre ellos. El diario Telegraph señaló que durante las discusiones, los terroristas exigieron la creación de un Estado confesional gobernado por la shariá, mientras las fuerzas laicas iban perdiendo terreno.

Aunque no sabemos con qué grupos yihadistas se reunieron los espías británicos, parece que en aquel período surgió una nueva coalición, el Frente Islámico, que incluía a Jaysh Al-Islam y Ahrar Al-Sham, que cooperaron regularmente con el Frente Al-Nosra y el Califato Islámico hasta enero de 2014. El cofundador de Ahrar Al-Sham, Abu Jaled Al-Suri, fue representante de Al-Qaeda en Siria antes de ser asesinado en febrero de 2014; una serie de transferencias de dinero y contactos personales le relacionan con los atentados de Atocha de 2004.

Durante los primeros años de la guerra las operaciones secretas británicas y estadounidenses estaban centradas en derrocar a Assad. Estados Unidos comenzó sus ataques aéreos contra el Califato Islámico en Siria en septiembre de 2014. No he encontrado ninguna prueba del entrenamiento británico de la oposición siria para combatir al Califato Islámico hasta mayo de 2015, cuando Londres envió 85 soldados a Turquía y Jordania para entrenar a los terroristas en la lucha contra Assad.

En julio de 2015 Gran Bretaña estaba entrenando sirios en Arabia Saudí, Turquía, Jordania y Qatar para luchar contra el Califato Islámico, pero la guerra contra Assad continuaba.

Durante varios años las operaciones desplegadas por los británicos con sus aliados en Siria incluyeron la creación y el apoyo a grupos yihadistas. En 2016 el antiguo embajador británico en Siria, Peter Ford, dijo a una comisión parlamentaria de investigación que la existencia de grupos “moderados” en la oposición armada era “en gran medida imaginaria”.

Aunque el “Ejército Libre de Siria” tenía algunas unidades laicas, fue un aliado de hecho del Califato Islámico hasta finales de 2013 y colaboró con dicha organización en el campo de batalla hasta 2014, a pesar de las tensiones entre ambos grupos. “Tenemos buenas relaciones con nuestros hermanos en el Ejército Libre de Siria”, dijo Abu Al-Atheer, dirigente del Califato Islámico en 2013 tras comprarles sus armas.

(Extractos del libro “Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam” publicado este año por Mark Curtis)

Abu Jaled Al-Suri, representante de
Al-Qaeda en Siria y fundador de Ahrar Al-Sham, relacionado con los atentados de Atocha de 2004
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Las operaciones secretas del espionaje británico para apoyar a los terroristas sirios durante la guerra (2)

La formación de terroristas por parte de Reino Unido en bases en Jordania para luchar contra Assad fue autorizada entonces por informes de que las fuerzas especiales que operaban desde esas bases “probablemente” habrían sido enviadas a Siria para ejecutar misiones militares. En agosto de 2012 la base militar y de inteligencia británica en Chipre también proporcionó inteligencia al “Ejército Libre de Siria” a través de Turquía, mientras que Reino Unido proporcionó teléfonos satelitales a los grupos terroristas para coordinar las operaciones militares.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores enseñó técnicas de negociación y estabilización a los dirigentes yihadistas y les asesoró sobre cómo debían dirigirse al pueblo sirio y al público internacional.

Estados Unidos era plenamente consciente de que la mayoría de las armas proporcionadas por sus aliados saudíes y qataríes estaban llegando a yihadistas terroristas y no a los grupos más laicos de la oposición. Sin embargo, la participación de Estados Unidos y Gran Bretaña en la guerra se intensificó aún más en noviembre de 2012, cuando en una conferencia en Qatar de los “amigos” de Siria, un grupo de países opuestos a Assad, Gran Bretaña anunció que estaba tratando de organizar a los terroristas sirios en una fuerza de combate efectiva.

El secretario de Asuntos Exteriores, William Hague, estudió la posibilidad de establecer un gobierno interino en el norte de Siria y reunir a las fuerzas de la oposición siria sobre el terreno para derrocar a Assad.

Dos días después, el general David Richards, jefe del Estado Mayor del ejército británico, convocó una reunión en Londres para intensificar el armamento de la oposición. Poco después Estados Unidos coordinó un transporte aéreo de 3.000 toneladas de armas para el “Ejército Libre de Siria” desde Croacia, con la ayuda de Gran Bretaña y otros Estados europeos, una iniciativa pagada por Arabia saudí.

Lord Ashdown, el dirigente de los Liberales Demócratas, afirmó más tarde que esta enorme cantidad de armas terminó “casi exclusivamente” en manos de los grupos terroristas más radicales. El Frente Al-Nosra y otro grupo yihadista islamista, Ahrar Al-Sham, incautaron algunas de las armas suministradas al “Ejército Libre de Siria”, mientras que otras fueron recuperadas por miembros del Califato Islámico en el vecino Irak.

Gran Bretaña estuvo estrechamente asociada al programa “Timber Sycamore” de Obama, iniciado en abril de 2013, que se convirtió en la principal operación estadounidense para suministrar armas y entrenamiento a los terroristas sirios. Las salas de mando de Turquía y Jordania, gestionadas por funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Francia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, suministraron misiles y cohetes antitanque a diversos grupos de la oposición.

Una vez más, muchas de las armas cayeron en manos del Califato Islámico y Al-Qaeda, a veces después de haber sido comercializadas en el mercado negro. Estados Unidos gastó más de mil millones de dólares en la Operación “Timber Sycamore”, que Trump clausuró en 2017, cuando quedó en evidencia que todo el esfuerzo había sido inútil.

(Extractos del libro “Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam” publicado este año por Mark Curtis)

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Las operaciones secretas del espionaje británico para apoyar a los terroristas sirios durante la guerra (1)

Durante más de seis años Reino Unido ha ejecutado operaciones secretas con sus aliados para derrocar al Presidente Bashar al-Assad, y esa política contribuyó a prolongar y radicalizar una terrible guerra. Pueden pasar varios años antes de que se conozca toda la historia de esta operación secreta, pero algunos elementos ya se pueden reconstruir.

El Reino Unido y sus aliados vieron la oportunidad que durante mucho tiempo habían buscado para eliminar un régimen nacionalista independiente en la región y fortalecer su control general sobre el Oriente Medio.

En la primavera de 2011 Qatar comenzó a enviar armas a grupos de oposición en Siria con la aprobación de Estados Unidos. En pocas semanas, el gobierno de Obama recibió informes de que estas armas estaban llegando a los grupos terroristas. En noviembre el agente de la CIA Philip Giraldi escribió que a Turquía llegaban “aviones de combate no identificados de la OTAN”, que transportaban armas y que 600 cazas despegaron de Libia para apoyar al “Ejército Libre de Siria”.

El MI6 británico y las fuerzas especiales francesas ayudaron a los terroristas sirios y evaluaron sus necesidades de entrenamiento, armamento y comunicación, mientras que la CIA proporcionó equipo de comunicación e inteligencia. 

El gobierno de David Cameron inició la operación secreta en Siria después de que acabara de derrocar a Muammar Gaddafi en Libia, donde también trabajó junto a los yihadistas. Algunos de los terroristas libios que se unieron a los yihadistas sirios fueron entrenados por fuerzas británicas, francesas o estadounidenses en Libia para luchar contra Gaddafi. Algunos de ellos se unieron más tarde al Califato Islámico o a la filial de Al-Qaeda en Siria, el Frente Al-Nosra, que se convirtió en el grupo terrorista sirio más poderoso.

Gran Bretaña participó en una red de transporte de armas entregadas a Siria desde Libia a través del sur de Turquía, que fue autorizada a principios de 2012 tras un acuerdo secreto entre Estados Unidos y Turquía. Revelado por el periodista Seymour Hersh, el proyecto fue financiado por Turquía, Arabia saudí y Qatar, mientras que la CIA, con el apoyo del MI6, era responsable del transporte de armas desde los arsenales de Gaddafi hasta Siria.

La operación no fue revelada a las comisiones de inteligencia del Congreso de Estados Unidos, lo cual es necesario por la ley de Estados Unidos, y la participación del MI6 permitió a la CIA eludir la ley al clasificar la misión como una operación de enlace.

Hersh señaló que un gran número de terroristas en Siria que finalmente recibieron las armas eran yihadistas, algunos de los cuales estaban afiliados a Al-Qaeda. Qatar, principal aliado de Reino Unido en el derrocamiento de Gaddafi y que recuperaba su papel en Siria, ha estado suministrando armas y dinero al Frente Al-Nosra. El diario Telegraph informó de los comentarios de un diplomático de Oriente Medio de que Qatar era responsable del hecho de que el Frente Al-Nosra tuviera dinero, armas y todo lo que necesitaba parea la guerra.

En 2012 el ejército británico desarrolló planes para formar un ejército de 100.000 terroristas sirios “moderados” con el objetivo de derrocar a Assad, que iba a avanzar sobre Damasco bajo la cobertura aérea occidental y de los países del Golfo. Cameron fue informado de que esta iniciativa de extracción, equipamiento y formación tardaría un año en desarrollarse, pero el Consejo de Seguridad Nacional Británico rechazó la idea por considerarla demasiado arriesgada.

El plan estadounidense de formar una gran fuerza terrorista siria, que apareció en 2013, ha sido descrito como un eco de aquel plan británico.

(Extractos del libro “Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam” publicado este año por Mark Curtis)

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Es EEUU quien ha activado la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner

El periodista económico Roberto Navarro
El conductor del digital argentino El Destape, Roberto Navarro, advirtió sobre el brutal ajuste que va a llevar a cabo el Gobierno de Mauricio Macri para este año y el próximo que perjudicará a los beneficiarios de planes sociales y jubilados, pero además, reveló qué hay detrás de la operación de los “cuadernos de la corrupción”.

En su editorial de todos los domingos, el periodista recordó cómo viene cayendo la imagen del presidente Mauricio Macri que alcanzó una caída de 15 puntos y cómo afecto la investigación del mismo medio, Juan Amorín, sobre una trama de falsos aportantes a la campaña de la sucesora de Macri y actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde se habría blanqueado enormes sumas de dinero para que ganara al candidato del kirchnerismo, Aníbal Fernández.

“¿Y qué haces? Tenés que armar un circo gigantesco, una enorme farsa, la farsa más grande, jugarte hasta los últimos cartuchos porque estas a todo o nada aunque eso te lleve a romper con algunos sectores y pongas en peligro tu propia estabilidad porque te peleas con los grandes empresarios pero hay un muy grande que esta atrás tuyo y te banca”, lanzó Navarro.

Adelantó que para el Gobierno “el tema primero es llegar al 2019 y después enfrentar a Cristina” que comenzó a subir en las encuestas y se posiciona con la dirigente con mayor intención de voto.

Ante la investigación de “las fotocopias de la corrupción” que desató una ola de detenciones de ex funcionarios y empresarios vinculados al anterior gobierno, el conductor advirtió: “El fin es acabar con Cristina. En la obra pública al fin y al cabo hace 100 años que hay coima [soborno], no está bien, está para la mierda pero lo que nunca voy a pensar que el debate nacional pasa por ahí, por quién recibe más coima”.

Puntualizó que “solo el 7% del presupuesto va destinado a obra pública” y arremetió que la causa de “los cuadernos de la corrupción” tiene como fin “cambiar el eje, frenar a Cristina, asustar pero no hay ninguna prueba”. Para Navarro, el plan es idéntico al operativo Lava Jato, por el cual ha sido encarcelado el ex presidente brasileño Lula da Silva, y que evidentemente es el gobierno de Estados Unidos el principal interesado en evitar que se revierta en la región el ascenso de gobiernos de la derecha latinoamericana.

“Toda la batalla es mediática y el objetivo es convencerte a vos que el tema de la semana es la obra pública y que la culpa la tiene la yegua”, sentenció.

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El enigmático asesinato de tres periodistas rusos en la República Centroafricana

El 31 de julio tres periodistas rusos, Orhan Dzhemal, Alexander Rastorguyev y Kirill Radchenko fueron asesinados en la República Centroafricana, en una zona controlada por las milicias Seleka (musulmanes).

Desde hace años el país, como otras regiones estratégicas de África, está sumido en un baño de sangre, como consecuencia de los enfrentamientos provocados por los colonialistas franceses entre cristianos (Anti-Balaka) y musulmanes (Seleka).

En una entrada publicada en mayo (1) ya informamos de que Rusia había empezado a colaborar con el gobierno de Bangui, mientras que Francia apoyaba a las fuerzas Seleka que, junto con Estados Unidos, se esfuerza por evitar la llegada de Rusia, tanto como de China.

En este contexto es en el que ocurre el triple asesinato, cuyo escenario no puede ser más oscuro y se presta a toda clase de interpretaciones.

Según Kazagui, ministro portavoz del gobierno centroafricano, los periodistas rusos no se acreditaron como tales, ni ante el gobierno centroafricano, ni ante la embajada rusa, ni ante ninguna otra autoridad. Tenían visados de turistas, lo cual es muy extraño en un país en plena guerra civil.

Los rusos viajaban con un vehículo con un conductor local al que detuvieron en un control de carreteras impuesto por los milicianos y que fue el único en liberarse de la muerte, por lo que los asesinos dejaron un testigo excepcional, y además herido, lo que no es muy común.

También demuestra que los asesinos tenían bien localizados a sus objetivos, aunque el portavoz centroafricano dice que el objeto del crimen fue el robo de los equipos de rodaje que llevaban los periodistas, lo que no es de recibo. Más bien parece un crimen político.

A partir de ahí, el relato tiene muy pocos hechos verosímiles. La versión del gobierno centroafricano se basa en la declaración del conductor del vehículo: uno de los periodistas fue asesinado de inmediato y los otros dos murieron como resultado de sus heridas. El primero se opuso violentamente a los hombres armados que querían robarles su equipo.

Los farsantes de Reporteros Sin Fronteras apoyan la versión oficial porque ocurrió en una zona peligrosa, ha explicado Arnaud Froger, responsable para África de la ONG. Quieren echar tierra encima del asunto, un versión se adaptan al papel que cada país juega en África como un guante a la mano.

Hay que poner más naipes encima de la mesa. Por ejemplo, El Periodico aporta (2) varios datos fundamentales: los periodistas rusos habían sido enviados a África por una organización financiada por el oligarca Jodorkovsky para investigar a Wagner, la empresa rusa de mercenarios que, como ya dijimos, se encarga de la seguridad del Presidente del país centroafricano.

Anteriormente los tres periodistas habían trabajado en las campañas de la oposición a Putin, en la Guerra de Chechenia  y en la parte ucraniana del Donbas. Por lo demás, la empresa rusa Wagner está involucrada en las guerra del Donbas y Siria, aunque no tiene existencia legal en Rusia.

Jodorkovski ha sido condenado por los tribunales rusos por sus fraudes en el Caso Yukos y es de los que no ha descansado ni un momento en su campaña contra Putin, financiando varias plataformas de la oposición, en particular la organización que envió a estos tres periodistas a la República Centroafricana.

Parece obvio que los periodistas asesinados hacían un trabajo “de encargo” no a favor de Rusia sino contra su presencia en África, posiblemente para orquestar una de esas campañas de desinformación con las que nos vienen inundando últimamente.

En los últimos años Rusia ha fortalecido su influencia en África. Suministra armas al ejército centroafricano, entrena a los batallones de la ONU y ejerce de guardaespaldas del Presidente centroafricano. Empieza a ocupar mucho espacio en un territorio tradicionalmente acotado por los colonialistas europeos de siempre.

Queda reseñar las versiones autóctonas, como la del periódico Palmares Centrafrique, clara y contundente a más no poder, todo un signo del despertar africano (3). Para el periódico los tres periodistas fueron primero secuestrados, luego interrogados y torturados antes de ser ejecutados.

Pero si tratas de robarle a alguien sus pertenencias, no necesitas ni secuestrarle ni interrogarle ni torturarle.

Los africanos lo tienen muy claro: el crimen “es el resultado del trabajo sucio de Francia, que apoya activamente a pequeños grupos musulmanes contra el poder y no puede aceptar la influencia de Rusia en la zona”, dicen.

“Está claro que Francia está detrás de las crisis perpetuas que paralizan la República Centroafricana. Durante mucho tiempo ha sido la aliada incondicional de las rebeliones, incluida la de Seleka, que acaba de golpear con fuerza con el asesinato de los tres periodistas rusos en una zona controlada por Seleka”, añaden.

(1) Moscú pone un pie en la República Centroafricana
(2) https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180802/asesinados-periodistas-seguian-mercenarios-rusos-africa-6973043
(3) http://palmarescentrafrique.com/centrafrique-assassinat-de-trois-journalistes-russes-un-jeu-de-la-france/

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Opinión

Lenin: la transformación de la guerra imperialista en guerra civil

El derrotismo es un concepto que habitualmente se emplea en un sentido negativo, como pesimismo. El derrotista se rinde antes de empezar la batalla.Sin embargo, durante la guerra ruso japonesa de 1905, la Segunda Internacional defendió la derrota del zarismo, que en el caso de los marxistas rusos suponía la derrota de su propio país, e incluso más: la derrota de todo un continente, la vieja y reaccionaria Europa, frente al Asia emergente, escribió Lenin.

El movimiento obrero internacional defendió esta postura a pesar de que se trataba de una guerra de naturaleza imperialista, una situación que se reprodujo en 1912, ya antes de estallar la Primera Guerra Mundial.

A partir de entonces el derrotismo adquirió un nuevo significado: positivo, internacionalista y revolucionario, aunque la Segunda Internacional se deshizo de él, pasando a ser asumido exclusivamente por los leninistas. Ante la guerra imperialista los revolucionarios asumen, pues, una postura que no tiene nada que ver con la de ninguna otra organización política.

Según la conocida caracterización de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Por lo tanto, no todas las guerras son iguales. Hay que analizar la naturaleza de cada una de ellas en concreto, decía Lenin: “Hay que situar esta guerra [la Primera Guerra Mundial] en las condiciones históricas en que transcurre. Sólo entonces se puede determinar la actitud ante ella”.

“La actitud ante la guerra debe ser distinta en momentos diferentes”, añade Lenin, porque su carácter cambia con el tiempo. Mientras las guerras del siglo XIX fueron revolucionarias, las del siglo siguiente fueron reaccionarias, como consecuencia de la entrada en la fase imperialista del capitalismo, una época caracterizada por las guerras precisamente, el rearme y el belicismo. Las guerras actuales son inherentes al imperialismo, lo mismo que las revoluciones. “La guerra significa la revolución”, escribió Lenin, lo que a veces se expresa diciendo que “o la revolución impide la guerra, o la guerra desencadena la revolución”.

“El marxismo no es pacifismo”, escribió también. Los marxistas no están “contra la guerra” ni son neutrales dentro de ella, ni se lavan las manos con la excusa de las contradicciones entre unos imperialistas y otros, que se plantean como si se tratara de algo que les resulta ajeno. No se escudan en frases vacías, como la de que no hay imperialismo bueno, o que le resultan indiferentes tanto la victoria como la derrota o expresan el deseo que no haya vencedores ni vencidos. Sólo hay una línea realmente marxista: “En una guerra reaccionaria, una clase revolucionaria no puede dejar de desear la derrota de su gobierno”, afirmó Lenin.

El derrotismo es lo más opuesto posible a la que el chovinismo y patrioterismo burgués quiere arrastrar porque se dirige contra su propio país, por lo que en todas partes los revolucionarios son acusados de traidores, de vendidos al “enemigo” o a unas u otras potencias, frente a las cuales sólo cabe la neutralidad. La burguesía aprovecha la ocasión para acusar a los internacionalistas de “falta de amor a la patria”, una especie de vacío nacional o de raíces, e incluso de desarraigo. Una vez más fue Lenin quien lo tuvo que aclarar: a los bolcheviques “nos invade el sentimiento de orgullo nacional”, escribió en 1914, aunque la Rusia que amaba Lenin no era la zarista precisamente, sino la otra, la que luchaba contra el zarismo.

La postura leninista frente a la guerra también se opone a los reformistas, que se convierten en un apéndice de la propia burguesía, es decir, en socialimperialistas y, por lo tanto, acaban con el internacionalismo, que es el signo distintivo del movimiento obrero

El enemigo de la clase obrera no es otro país, ni mucho menos el proletariado de otro país, sino la burguesía propia, que es la que conduce al país a la guerra y los revolucionarios tratan de derrotar a esa burguesía, de donde deriva la consigna de “transformar la guerra imperialista en guerrra civil”, a la que Lenin califica como “la única consigna proletaria justa”.

“Lo que ve y siente todo obrero consciente es que, si debemos perder la vida, que sea luchando por nuestra propia causa, por la causa de los obreros, por la revolución socialista y no por los intereses de los capitalistas, de los terratenientes y los zares”, escribió.

La neutralidad de los reformistas conduce siempre a la peor de las políticas posibles, la pasividad, que convierte la “lucha” contra la guerra imperialista en frases vacías, tales como “guerra a la guerra”. En medio de una guerra, por reaccionaria que sea, el movimiento obrero internacional, además de tomar partido abiertamente, debe llevar a cabo una actividad práctica, revolucionaria: “Las acciones revolucionarias contra el gobierno propio en tiempos de guerra significan indudable e indiscutiblemente no sólo el deseo de su derrota, sino tambien aportar un concurso activo a esa derrota”.

Incluso dirigentes reconocidas del movimiento obrero, como Rosa Luxemburgo, criticaron el derrotismo de Lenin y sostuvieron que tanto la victoria como la derrota de unos u otros eran malas alternativas, una postura que, por un costado o por el otro, se vuelve a plantear dentro del movimiento obrero internacional, una y otra vez.

Luxemburgo no entendió nunca la postura de Lenin, y la propia prensa del Partido bolchevique llegó a censurar algunos de sus artículos. El derrotismo, escribió Lenin, no se podía plantear sólo desde un punto de vista nacional sino también internacional. Tanto la victoria como la derrota de una determinada potencia en una guerra tiene consecuencias, tanto internas como internacionales.

Por lo demás, el derrotismo que los bolcheviques preconizaban no sólo se refería a Rusia como país, ni tampoco como potencia imperialista. Se refería a la derrota de un régimen político, el zarismo, el enemigo principal de la clase obrera:

“En cada país, la lucha contra el gobierno propio que sostiene la guerra imperialista no debe detenerse ante la posibilidad de la derrota de dicho país como resultado de la agitación revolucionaria. La derrota del ejercito gubernamental debilita a ese gobierno, contribuye a la liberación de las nacionalidades que oprime y facilita la guerra civil contra las clases dirigentes.

“Esta tesis es acertada especialmente si se aplica a Rusia. La victoria de Rusia traería consigo el fortalecimiento de la reacción mundial, la intensificación de la reacción dentro del país…”

Tanto los zaristas como los trotskistas criticaron el derrotismo leninista porque -según decían- deseaba la victoria de Alemania. ¿Acaso los bolcheviques preferían la victoria de los alemanes en lugar de los rusos? Ni entonces ni ahora se entendió que, movido por su partidismo, para Lenin la derrota de Rusia en la guerra era un “mal menor”, una expresión que repite una y otra vez machaconamente: “La derrota de Rusia ha resultado ser el mal menor, ya que hizo avanzar enormemente la crisis revolucionaria”.

Un análisis concreto, como el que lleva a cabo Lenin de la Primera Guerra Mundial, pone de manifiesto que los burgueses, los Estados, los imperialistas o los regímenes políticos de unos u otros países no son equiparables. Hace un siglo para el proletariado internacional era especialmente deseable la derrota del zarismo porque se trataba del gobierno “más reaccionario y bárbaro que oprime al mayor número de naciones y a la mayor masa de población de Europa y Asia”.

Por lo demás, los oportunistas siempre presentan la cuestión a la inversa. La guerra imperialista no sólo concierne al proletariado, sino también a la burguesía. En una etapa de crisis revolucionaria, escribió Lenin, la única manera que tenía el zarismo de mantenerse en el poder era participar en una guerra exterior de la que -naturalmente- confiaban salir victoriosos.

La experiencia histórica confirmó la exactitud de las previsiones de Lenin. La guerra imperialista no sólo inició la crisis revolucionaria en Rusia sino en toda Europa. No benefició a unos imperialistas (los alemanes) en perjuicio de otros (los rusos), sino que debilitó a ambos. Tras las guerras imperialistas en Rusia estallaron tres revoluciones en 1905, en febrero de 1917 y en octubre del mismo año, y lo mismo ocurrió en Alemania, donde también se abrió camino a la revolución.

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Noticias

La salida del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina estaba fraguándose desde 2012

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Diego Herchhoren

«A volver, vamos a volver», era el grito de campaña de los simpatizantes de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri, contra pronóstico, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires triunfaba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.

La afirmación que acabamos de hacer de «contra pronóstico», es relativa, porque la salida del gobierno kirchnerista se venía fraguando desde hacía tiempo, en un contexto en el cual altos funcionarios del Frente para la Victoria hicieron caso omiso de las múltiples alertas que se venían manifestando ya desde noviembre de 2011, tras el rotundo triunfo de Cristina Fernández en primera vuelta, con el 54% de los votos. Quienes se encargaban de analizar esas alertas, hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Macri, caracterizado por nombrar en su equipo a ex CEO’s de empresas multinacionales.

El contexto

El año 2010 fue un año de intensa movilización política en la Argentina. El año del bicentenario se desarrollaba en un incremento de la popularidad del gobierno kirchnerista por dos materias clave: el incremento del poder adquisitivo de las clases medias (contra la tendencia mundial de empobrecimiento por la crisis de 2008) y la consolidación de América Latina como bloque regional que disputaba la hegemonía de los EEUU en el subcontinente. Era el período en que Néstor Kirchner, presidente de la Nación de 2003 a 2007 pasaba a ser titular de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), que tenía como misión desplazar en la toma de decisiones a la tristemente célebre Organización de Estados Americanos (OEA), avalista de invasiones y golpes de Estado en la historia latinoamericana.

Resultado de imagen de ley de medios argentinaCristina Kirchner incorporaba con diversas medidas sociales a millones de personas al consumo de productos y servicios hasta entonces vedados a las clases populares, y las costas argentinas se poblaban de negros y grasas, en terminología de la derecha. Entre tanto, se generaba una enorme expectación durante ese año por la aplicación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios que abría el principio del fin de la hegemonía mediática del Grupo Clarín, asociado a la Embajada de EEUU. Para colmo, la repentina muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, conmocionó al país, dando el definitivo espaldarazo a la victoria de Cristina a finales de 2011.
Los pasos que parecían darse apuntaban a cambios profundos en el lugar que iba a tener Argentina hacia fuera y hacia dentro del país. El pueblo argentino es tradicionalmente ajeno a los conflictos y bloques de poder que se disputan el globo. También suele ver desde la lejanía su ubicación en esos juegos, lo que suele conllevar que sean otros quienes decidan dicho lugar. Ha sido durante el gobierno kirchnerista que se empezó a hablar, un poco, de política internacional y de toma de decisiones, pero en general con bastante superficialidad.
El incidente del Globemaster de EEUU abre la escena
Un extraño incidente en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires puso sobre la mesa la bicefalía que existió en el gobierno argentino en el año 2011, donde se disputaban el espacio político dos almas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervenía a principios de febrero de ese año un avión de la Fuerza Aérea de EEUU que traía al país un «curso de capacitación» para la Policía Federal Argentina junto con armas y drogas no declaradas; estas últimas eran sedantes y sueros a aplicar en interrogatorios y bajo metodologías prohibidas en el país. El citado curso había sido convenido por el Ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak tiempo atrás, pero la creación en 2010 del Ministerio de Seguridad como cartera autónoma complicó las cosas.

Resultado de imagen de nilda garreEste ministerio de nueva creación sería dirigido por Nilda Garré, militante del Frente Grande e histórica de la izquierda peronista que había tenido un protagonista rol en la depuración de las Fuerzas Armadas argentinas de quienes habían tenido participación en la última dictadura militar. Su nombramiento se precipitó por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de un grupo parapolicial con vínculos con la Policía Federal, mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios en las vías del Ferrocarril Roca, que conecta Buenos Aires con La Plata. La conclusión y el mandato de Cristina Kirchner parecía evidente: para evitar una maniobra de desestabilización había que depurar las Fuerzas de Seguridad.

El incidente diplomático del Globemaster se desató pocas semanas después de su toma de posesión, y la fuerza policial que intervino en aquel operativo de análisis del material incautado a los EEUU, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no era cualquiera. La PSA es una policía de nueva creación que vino a sustituir durante el gobierno de Néstor Kirchner a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), dependiente de la Fuerza Aérea, y cuyo primer director, Marcelo Saín, se propuso dos premisas: «que ni la DEA [la agencia antidroga norteamericana] ni el FBI pongan un pie acá«. Lo que encontró la PSA en aquella maleta eran armas y drogas difícilmente compatibles con un esquema de seguridad democrática. La cosa era tan grave que los marines que custodiaban aquel bulto se pasaron seis horas sentados sobre ella para que los funcionarios argentinos no pudieran abrirla, hasta que tras diversas gestiones diplomáticas, se accedió a la maleta.

La reacción de Garré a este incidente (supervisado minuto a minuto por Cristina Kirchner) fue rescindir los convenios de colaboración de las cuatro fuerzas federales, PSA, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional con las agencias de EEUU, principalmente el FBI y la DEA. Pero sin embargo, esta medida drástica no fue del todo cumplida, ya que las policías provinciales siguieron contaminadas por la influencia de las agencias policiales de EEUU, con quienes compartían información, seguimientos y de quienes adquirían material policial.

«Vamos por todo»

Con estos antecedentes y con los editoriales de los diarios resaltando esta frase que Cristina Kirchner realizaba en febrero de 2012 en el homenaje a los 200 años de la bandera nacional en la ciudad de Rosario, los medios del monopolio mediático alertaban de una «chavización» del gobierno argentino. Y los hechos parecían darles la razón.

El déficit de la balanza energética nacional, en aquel momento controlada en exclusiva por entidades privadas, motivó en abril de ese año el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intervenía la ex empresa estatal YPF, en manos de la española Repsol, y la posterior nacionalización del 51% de las acciones.

Resultado de imagen de nacionalizacion de ypfLa escenografía de cómo se desarrollaron los acontecimientos fue electrizante. Por un lado, grupos de militantes y simpatizantes del kirchnerismo poblaron aquellos días tanto la Plaza de Mayo como la Plaza de los Dos Congresos, mientras que el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido acudía acompañado de su escolta de la Policía Federal y varios miembros de su equipo al lujoso edificio del barrio de Puerto Madero para echar personalmente a los ejecutivos españoles. Para colmo, el gobierno español de Mariano Rajoy levantaba la defensa de Repsol como una cuestión de Estado (a pesar no ser una empresa española) y abría una crisis diplomática sin precedentes.

Además, a diferentes episodios del enfrentamiento del gobierno nacional con los factores de poder tradicionales se sumaba la iniciativa presidencial de retomar el histórico reclamo por la soberanía argentina en el archipiélago de Malvinas. Es decir, el país se polarizaba y se generaba un debate nacional sobre aspectos clave de la economía donde empezaron a discutirse, tímidamente, la distribución de la riqueza, el sistema de transportes, derechos civiles, el modelo productivo, etc.

Los camioneros entran al plató

El sindicato de camioneros, conducido por el histórico dirigente de la CGT Hugo Moyano, había sido hasta este momento un aliado imprescindible del kirchnerismo. Se trataba de un gremio que creció al costado del crecimiento económico general, ya que el aumento de la producción interna y la amplia demanda vino acompañada de enormes inversiones en transporte por carretera.

Moyano es uno de esos dirigentes sindicales que se mueve entre el obrerismo y la mafia. Lidera un conglomerado gremial con inversiones en el transporte por carretera, salud o el turismo que podía verse afectado por otro problema que acuciaba al comercio interior: los sobrecostes del transporte por camión.

El gremio de camioneros es una rama de la CGT que fue amamantada por los Estados Unidos a partir de la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En aquél entonces, el sistema de transporte argentino estaba basado en la política autárquica del peronismo y con un fuerte desarrollo del ferrocarril como transporte de cargas y pasajeros barato para un país de enormes dimensiones. En 1956, los EEUU se veían en el problema de dar salida a la industria militar de posguerra, viendo en la fabricación de coches y camiones una alternativa de reconversión de su maquinaria de guerra, necesitando crear mercados compradores de todos sus excedentes de producción.

Desalojado y perseguido el peronismo, Argentina adopta a partir de los años 60 un plan ideado por el general norteamericano Thomas Larkin para incorporar paulatinamente el camión y hacer desaparecer el ferrocarril. Por esta razón histórica, el gremio de camioneros ha estado vinculado, al igual que en Chile o Brasil, a las peores políticas y represiones en la historia argentina. El mismo Hugo Moyano fue en los 70 miembro de la Triple A en Bahía Blanca, participando de los operativos donde fueron asesinados y agredidos varios militantes de la izquierda peronista, según el testimonio del ex militante del PST Carlos Petroni.

Los trailers bloquean las refinerías de YPF

En junio de 2012, tras varias amenazas y tira y aflojas de la CGT con el gobierno argentino, Hugo Moyano hace un sorprendente anuncio desde los estudios del canal TN, vinculado al grupo Clarín. Convoca a un paro nacional al que se adherirían los principales gremios del transporte, además del sindicato de camioneros, en lucha por un difuso horizonte salarial que no se concreta pero que viene cargado de reproches políticos hacia el gobierno de Cristina Kirchner.

El 19 de junio de 2012, piquetes alineados con Moyano empiezan a bloquear las refinerías de YPF en lo que viene a ser el primer paro nacional contra la flamante empresa nacional. Es la reacción de un gremio estratégico a una decisión de amplia popularidad. El objetivo era crear un clima de desabastecimiento y generar pánico entre las clases medias porteñas y cordobesas, que demandaran un cambio de gobierno con recetas de mano dura.

Moyano contaba al principio con el apoyo de los sindicatos ferroviarios (UTA y La Fraternidad), que serían los que permitirían inclinar la balanza, pero la escasa popularidad del paro hizo que se bajaran de la huelga, fracturándose la CGT en dos escisiones.

Prefectura y Gendarmería Nacional se amotinan

Hasta el mes de octubre de 2012, las fuerzas de seguridad federales tenían un amplio control y capacidad de autoorganización en el manejo de fondos. De hecho, un jefe policial podía inclusive decidir sobre los sueldos de sus subordinados con bastante discrecionalidad. La cuestión es que el último día hábil del mes de septiembre, prefectos y gendarmes se encontraron que la liquidación de sus haberes contenía drásticas reducciones inexplicables, y con el paso de las horas la cosa empezaba a calentarse. 
El diario La Nación, el histórico medio de la oligarquía nacional, publicaba una catarata de noticias que advertía de la extensión de un amotinamiento de personal de las fuerzas de seguridad al interior del país, y al Ministerio de Seguridad llegaban faxes de destacamentos de todo el interior que se sumaban al amotinamiento. Para colmo (y sin que les afectara esta reducción salarial), la Policía Bonaerense, que no dependía del Estado sino del gobierno provincial, iba a realizar protestas parecidas «en solidaridad con los compañeros».

La dirigente trotskysta Vilma Ripoll, que se acercó al Edificio Guardacostas (situado a 500 metros de la Casa Rosada, sede de la Presidencia) a solidarizarse con los «compañeros prefectos» fue agredida y expulsada de la toma al grito de «zurda de mierda».

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Y puntualicemos algo. La Gendarmería Nacional estaba dirigida en ese momento por el que fuera oficial de enlace en los 90 del dispositivo Gendarmería-DEA para la lucha antidroga, Hector Schenone, amigo de la embajada de EEUU y uno de los asistentes a los «cursos» que la agencia norteamericana hacía a las policías latinoamericanas en aquella infame década.

Una liquidación salarial indebida en un cuerpo de estas características era evidente que iba a sublevar a la tropa. Se hizo una liquidación errónea de los sueldos con el único fin de promover un amotinamiento que impusiera condiciones políticas al gobierno de Cristina Kirchner y que desplazara a la «vieja montonera» Nilda Garré. Y lo consiguieron.

Si bien Nilda Garré siguió siendo titular durante un tiempo más del Ministerio de Seguridad, la toma de decisiones se desplazó a un político de un perfil muy distinto, el médico militar Sergio Berni, quien desde marzo ya había sido nombrado Secretario de Seguridad. Berni fue un ex militar que participó y simpatizó con el movimiento militar carapintada, que en los años 80 había protagonizado varias sublevaciones en protesta contra los juicios por los crímenes que el propio Ejército había protagonizado durante la última dictadura. Lo vendieron como un «político duro y pragmático», pero lo cierto es que tras su pose fascistoide se encubría un rediseño de la política de seguridad que restablecía la autonomía que las fuerzas policiales habían perdido con la gestión de Garré, algo que los EEUU venían demandando insistentemente.

Era la victoria más importante de la Estación de la CIA en Buenos Aires.

La agitación callejera

Curiosamente, días antes de esta asonada policial, el fiscal federal Luís Horacio Comparatore abría una investigación preliminar donde advertía que se estaban produciendo tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaersense una serie de episodios que podrían deberse a un «plan de desestabilización». Comparatore cruzó varios datos de caos organizado en hospitales públicos y de delincuencia callejera que se habrían producido con connivencia policial.

«Nuestra modesta experiencia es que siempre cuando se empiezan a movilizar las aguas, es porque hay un viento que sopla de algún lado. Es mucha casualidad que de golpe estando la Presidenta en el exterior, (aparezcan) los cacerolazos…«, afirmó entonces el fiscal a varios medios de comunicación. Incluso varios dirigentes políticos del kirchnerismo fueron escrachados en sus domicilios por grupos de la derecha.

Parecía un guión preestablecido, que culminaría con una gigantesca movilización el 8 de noviembre de 2012, que todas las radios y medios de comunicación del Grupo Clarín se encargaron de agitar. Al año siguiente, los organizadores de aquellas protestas reconocieron que recibían financiación de la American Task Force Argentina, el lobby de fondos buitre de EEUU en el país, perjudicados por la política económica proteccionista de Cristina Kirchner.

Epílogo

 El año concluía con imágenes que siempre han tenido un impacto emocional en la sociedad argentina: los saqueos de supermercados. San Fernando, Zárate y Bariloche eran epicentros de una violencia inusitada que tuvo un saldo de 11 muertos, entre ellos un policía, por disparos tanto de fuerzas de seguridad como seguridad privada.

En un país donde el consumo se encontraba en niveles récord, asociar los saqueos a la pobreza parecía un despropósito, independientemente de la simpatía o antipatía que el lector pueda tener con el kirchnerismo.

El año 2012 fue un año de imposición de condicionantes que forjaron el futuro del gobierno argentino, y sus dirigentes no quisieron darse cuenta.

Una nota para concluir: El Brigadier Mayor (R) del Ejército de los Estados Unidos Richard
Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional,
Guerra No Convencional y Operaciones de Información, fue uno de los asesores contratados por el ministro de defensa Arturo Puricelli en octubre de 2012 para entrenar a tres docenas de funcionarios civiles de su cartera que versaba sobre la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, algo prohibido en Argentina precisamente por la experiencia de la dictadura militar y por la UNASUR, pero claro, el empleado norteamericano fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado.

Durante el año 2012, la agregaduría de defensa de la Embajada norteamercana en Buenos Aires era dirigida por el coronel Patrick D.
Hall, quien estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo
Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de
su país y que condujo al posterior golpe dirigido por Pedro Carmona Estanga en abril de 2002.

En Argentina no hizo falta llegar a tanto. Fueron los extraños compañeros de cama que hay en el peronismo los que contribuyeron a que los años venideros impusieran un giro a la derecha del kirchnerismo que terminó como tenía que terminar.