Para deportar a los emigrantes detenidos por el ICE, Estados Unidos firmó varios acuerdos de colaboración con terceros países, entre ellos México, que es quien más deportados ha acogido, según Human Rights Watch (HRW). De las 18.453 personas deportadas de Estados Unidos entre enero de 2025 y marzo de 2026, 12.977 fueron trasladadas a México, lo que supone el 70 por cien del total, frente al 7 por cien a Honduras, el 6 por cien a Canadá, el 2 por cien a El Salvador y el 2 por cien a Guatemala.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum niega la existencia de tal acuerdo. La negociación entre México y Washington es opaca. Por ejemplo, no sabemos si México cobra de Estados Unidos para recibir a los expulsados, como El Salvador, que recibió 4,76 millones de dólares para mantener recluidos a 238 venezolanos.
En la cadena de expulsiones, México juega dos papeles bien definidos. Es a la vez un país de tránsito para deportados centroamericanos y un país de destino para nacionales de países con los que Estados Unidos no tiene un acuerdo migratorio, como Cuba, Haití y Nicaragua.
Los centroamericanos (Honduras, Salvador, Guatemala) expulsados de Estados Unidos son devueltos a sus países, tras una breve estancia en un centro de detención mexicano. Son los mexicanos quienes les obligan a viajar en autobús, desde la frontera norte con Estados Unidos hasta su país de origen. Aquellos que no tienen otra opción que quedarse en México, en particular porque su país de origen se niega a recibirlos, son enviados a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, a casi 3.000 kilómetros de la frontera americana, para complicar aún más cualquier intento de regresar a Estados Unidos.
El acuerdo entre Estados Unidos y México les impide impugnar su expulsión a México. Salen de un centro de detención del ICE para ser entregados a las autoridades mexicanas, sin siquiera saber adónde van.
Un viaje de sesenta horas a ninguna parte
Después de sesenta horas de viaje en autobús desde Arizona, un deportado se encontró en Villahermosa, la capital del estado de Tabasco. “La policía mexicana nos liberó en una zona industrial a dos horas a pie del centro, sin darnos ninguna indicación. Éramos un grupo de veinte cubanos, sin dinero ni teléfono”, explica el joven de 29 años, que llegó a Miami con su madre a los 3 años.
Human Rights Watch se interesó por el destino de los 4.353 cubanos deportados a México desde enero de 2025 y que ahora son apátridas. La mayoría ha vivido en Estados Unidos durante años, muchos son ancianos. México les expide un permiso de residencia temporal tras meses de espera. Los deportados deben permanecer en el estado donde iniciaron su solicitud de residencia, lo que puede tardar más de un año. Mientras tanto, no pueden abrir una cuenta bancaria ni tener derecho a atención médica y deben sobrevivir sin poder trabajar… salvo en el mercado negro.
El único refugio para inmigrantes de Villahermosa tiene sólo 35 plazas y sólo aloja a una persona durante dos noches seguidas. Siete camas están ocupadas permanentemente por cubanos ancianos que necesitan tratamiento médico. México no tiene planes de recibirlos. El Cartel de Jalisco, que reina en el sur del país, aprovecha estas presas fáciles. Son víctimas de secuestro porque los delincuentes saben que tienen familiares en Estados Unidos para pagar los rescates.
Detenido un policía del ICE por disparar contra un emigrante
Un policía del ICE, Christian Castro, ha sido detenido en Texas tras ser acusado de disparar el 14 de enero contra un emigrante venezolano en Mineápolis. Fue detenido tras la emisión de una orden por parte de la fiscalía.
El tiroteo ocurrió durante una redada cuando los policías del ICE persiguieron a un emigrante, Alfredo A. Aljorna, en un automóvil. El emigrante corrió a su casa, donde le esperaba su primo Julio Sosa-Celis. Entonces Castro disparó su arma a través de una puerta, alcanzando a Sosa-Celis en la pierna. Los fiscales dijeron que el tiroteo puso en peligro a varias personas dentro de la residencia, incluidos niños.
Como es habitual, la policía mintió en su comunicado oficial. Acusaron a ambos emigrantes de agredir al policía con la pala y una escoba, lo que obligó al policía a responder.
Las imágenes demostraron todo lo contrario. Entonces el Departamento de Justicia retiró las acusaciones y el DHS (Ministerio de Interior) informó que dos de sus policías fueron suspendidos por falso testimonio.
Castro es el segundo policía en ser acusado por los tiroteos y otros delitos graves cometidos en Minnesota durante las redadas de Trump a comienzos de este año, que acabaron con la vida de dos personas.