El 28 de marzo del año pasado, mucho antes de la declaración de pandemia por la OMS, Moderna ya solicitó la patente de una vacuna contra el coronavirus. El remedio llegó antes que una enfermedad que, sin embargo, han calificado como “nueva”.
Moderna es una empresa estadounidense de biotecnología que percibe subvenciones de los presupuestos militares del Pentágono, lo que nunca ha mencionado en ninguna de las 126 patentes que ha presentado en sus 10 años de historia.
Ya había una vacuna contra el coronavirus, a pesar de lo cual las subvenciones públicas siguen fluyendo hacia las empresas privadas como si no la hubiera y, naturalmente, los medios alimentan dicha ficción diciendo que hay una “carrera mundial” para crear la primera.
La ocultación del origen público de los fondos en la solicitud de una patente es una violación de la ley Bayh-Dole. En la patente de la vacuna de Moderna contra el coronavirus aparecen como inventores Giuseppe Ciamarella y Sunny Himansu.
Moderna es una empresa muy sorprendente que domina como nadie el arte de manipular las bolsas de valores. Gracias a la pandemia, la cotización de sus acciones en la bolsa se ha multiplicado por cuatro.
Fue fundada en 2010 y, como ya hemos expuesto en otra entrada, percibe dinero público a pesar de que nunca ha logrado que le aprueben ningún medicamento. Sus fracasados intentos de fabricar vacunas han sido desarrollados con una combinación de lo público y lo privado, que fluye hacia el capital sólo por el apoyo político-militar que recibe desde hace 10 años.
Con un impulso de casi 1.000 millones de dólares de dinero público, la empresa ha iniciado la fase 3 de ensayos clínicos en decenas de miles de personas y está tratando de conseguir una autorización de la FDA por la via de urgencia. También tiene un contrato para vender 100 millones de dosis a Estados Unidos por otros 1.500 millones de dólares. La proteína clave utilizada en la vacuna fue coinventada por los Institutos Nacionales de Salud.
Moderna había perfeccionado su tecnología de ARN mensajero en vacunas contra otras enfermedades infecciosas, incluyendo Zika y Chikungunya. La investigación fue apoyada con subvenciones de unos 25 millones de dólares por el Pentágono a través de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa.
Moderna no ha mencionado el impulso militar en ninguna patente, a pesar de un requisito en la Ley Bayh-Dole de 1980 que las empresas revelan en las solicitudes de patentes cuando han recibido subvenciones públicas. Tampoco ha revelado la participación pública en ninguna de las 154 solicitudes de patentes pendientes.
La empresa sólo ha confesado las subvenciones en sus informes a la Comisión de la Bolsa, incluyendo el registro para su oferta pública inicial de 2018, así como en algunos documentos científicos.
Las subvenciones públicas no han logrado reducir los altos precios de los fármacos, consecuencia del peso monopolista en el mercado sanitario. En Estados Unidos el dinero público llega a raudales a las multinacionales farmacéuticas a través de los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Pentágono.
De las tres instituciones públicas que financian las vacunas de Moderna, dos tienen un carácter militar, una prueba evidente de la naturaleza político-militar de este tipo de prácticas que se presentan con un carácter sanitario.
Moderna forma parte del grupo de empresas farmacéuticas que se benefician de la Operación Velocidad Punta puesta en marcha por Trump con el pretexto de la actual pandemia. Ya ha percibido 483 millones de dólares de dicha Operación.
Las cosas no pueden funcionar de otra manera: quien dirige dicha Operación no es otro que Moncef Slaoui, un antiguo cabecilla de Moderna que, como vemos, siempre están con un pie en lo público y otro en lo privado. Antes de ir a Moderna, Slaoui dirigió durante 30 años otra multinacional farmacéutica, GlaxoSmithKline, que no ha abandonado por completo.
En efecto, Slaoui sigue siendo el presidente de Galvani, una empresa de biomedicina en la que participan tanto GSK como Google.
Slaoui se incorporó al consejo de administración de Moderna en 2017, un cargo que ocupó hasta mayo de este año, un mes después de que se anunciara la Operación Velocidad Punta y tras vender sus acciones en un gran pelotazo bursátil que fue denunciado por la cadena CBS (*).
La CBS pidió que la SEC, el organismo regulador de la bolsa estadounidense, investigara a Moderna por utilizar información privilegiada. La empresa había anunciado un mes antes los resultados positivos en los ensayos de fase 1 de su vacuna contra el coronavirus. La noticia subió el precio de las acciones de la empresa en un 30 por ciento.
A los pocos días del anuncio, los cabecillas de la farmacéutica y los fondos de inversión que la controlan vendieron aproximadamente 90 millones de dólares en acciones.
(*) https://www.cbsnews.com/news/insider-trading-allegations-moderna-accountable-us-securities-exchange-commission/
Registro de la vacuna contra el coronavirus de la empresa Moderna
El colectivo «Víctimas Covid-19 Francia» prevé recurrir la normativa en al menos 15 ciudades. Les apoya el abogado Fabrice di Vizio que promete recurrir todas las normativas similares de Francia y que también defiende a la asociación de profesionales de salud C19 que critica la gestión del Gobierno y las medidas puestas en marcha.
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