



Pero cuando visité España a principios de 2015, las cosas habían cambiado, sin duda. Habían desaparecido las mareas constantes y pegatinas en las ventanas de los bancos. Era extraño. Mientras que los grupos anti-desalojo como PAH (Plataforma de Afectados por Hipotecas) o STOP DESHAUCIOS (Basta de Desalojos) continúan con éxito en aplazar los desahucios de las familias de la clase trabajadora a través de España, me dijeron que el número de seguidores había reducido. Pero este cambio no fue simplemente por la época de frío o por el malestar que afecta a casi todos los movimientos sociales en el Oeste; era el producto de otras circunstancias preocupantes, a saber, la aplicación de la Ley Mordaza que desde diciembre del 2014 criminaliza la protesta pública y las movilizaciones, que recientemente han convertido a España en uno de los centros más vibrantes de los movimientos sociales en el mundo.
La represión y la desmovilización Al pasar por la Puerta del Sol un domingo por la tarde, a finales de enero, me di cuenta de cómo dos policías se acercaron a un grupo de unos siete u ocho manifestantes ancianos que sostenían una pancarta en protesta por los recortes a los servicios sociales. Tras lo que pareció un momento de tensión, uno de los organizadores sacó una hoja en blanco de su mochila y lo agitó en el rostro de los oficiales, que finalmente se alejaron. Para mí, este parecía un lugar extraño para ese espectáculo, especialmente después de haber asistido a muchas reuniones no autorizadas y marchas que comenzaron en esta plaza. Pero todo eso ha cambiado desde que se aprobó una de las legislaciones más polémicas, la ley mordaza, que prohíbe la protesta en la vía pública sin permiso. Dependiendo del contexto, uno puede ser multado en cualquier lugar entre 30.001-600.000 euros por no tener la debida autorización.
Mientras que en los EE.UU., lugar de nacimiento del complejo industrial de prisiones, encierra manifestantes en la cárcel por la más pequeña de las infracciones, esta Ley Mordaza pretende criminalizar y apagar los movimientos sociales de España por medio de quebrarlos económicamente. Aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 2014, la Ley Mordaza, conocida formalmente como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, fue aprobada con el apoyo de la derecha, el Partido Popular (PP) pro-austeridad, el Partido Aragonés, y la Unión del Pueblo Navarro. El total de las 45 infracciones se clasifican en tres categorías: infracciones muy graves (con multa entre 30.001-60.000 euros), infracciones graves (601 a 30.000 euros) y las infracciones leves (100-600 euros). «Las infracciones menores» incluyen insultar a la policía, y la ocupación y presencia en casas ocupadas (que busca destruir el movimiento anti-desalojo y de ocupantes ilegales), o las reuniones o manifestaciones en espacios de tránsito público, mientras que las «infracciones graves» prohíben las protestas masivas en frente del Senado y el Congreso (una respuesta directa a las movilizaciones como «Rodea el Congreso» del 25 de septiembre de 2012), los intentos de bloquear los desalojos (señalización de un golpe represivo de las acciones directas valientes del movimiento de vivienda español), o la grabación y fotografiar a la policía (criminalizar efectivamente cualquier referencia grabada de la policía en España). En su defensa de la ley ante el Congreso, el portavoz del Partido Popular, Conrado Escobar, afirmó que las protestas «serán más libres porque estarán protegidas de los más violentos». A través de España, muchos han argumentado, con razón, que esta ley señala un regreso peligroso a la legislación fascista, especialmente preocupante dado el legado del dictador Francisco Franco, que gobernó España durante décadas.
En este clima de represión, la policía española detuvo a once anarquistas –de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca- en una iniciativa “anti-terrorista”, llamada «Operación Pandora», en Barcelona y Madrid, el 16 de diciembre, sólo algunos días después de la aprobación de la Ley Mordaza. De estos once, siete fueron puestos en la cárcel. El gobierno les ha acusado de lanzar ataques contra bancos e iglesias. Y las llamadas «pruebas» de su culpabilidad, consisten en haber publicado un libro titulado, Contra la Democracia, que el Estado español ha clasificado como un «libro terrorista”, bajo el nombre de «Grupos Anarquistas Coordinados», el tener cuentas de correo electrónico, correspondencia con presos políticos y el haberles encontrado gas propano, utilizado para acampar. De hecho, sus partidarios crearon un video llamado «Operación Pandora: Yo también tengo gas propano», que cuenta con activistas españoles y catalanes mostrando sus tanques de gas propano para acampar, mostrando lo absurdo de la operación represiva. Los activistas españoles también están cada vez más preocupados de que sus acciones puedan ser falsamente catalogadas bajo, actos de «terrorismo radical», dadas las recientes revisiones al Código Penal por parte del gobierno, a raíz de los acontecimientos en París por Charlie Hebdo y las iniciativas «anti-jihadistas».
Una nube oscura ha caído sobre España en los últimos meses, y la Ley Mordaza es, sin duda, una grave amenaza para los movimientos sociales de todo el país. Además, mientras que algunos han hablado con entusiasmo de la subida de Podemos, un partido político español de izquierdas, formado en las secuelas del 15-M, por su potencial salvador, muchos activistas que trabajan sobre el terreno han hablado de cómo Podemos ha contribuido significativamente a la desmovilización de una organización genuinamente horizontal y de resistencia popular en las calles. En Santiago de Compostela, por ejemplo, hablé con una mujer llamada María, que es líder del movimiento anti-desalojo, quien me dijo que el número de seguidores que salen a las acciones anti-desalojo, se ha reducido considerablemente con el aumento de Podemos en la Izquierda. «No te preocupes por eso», muchos le han dicho, «Podemos solucionará el problema». En esta incertidumbre, donde por un lado las leyes represivas están asustando a la gente a salir a las calles, y por otro lado, donde los partidos como Podemos no sólo están tratando de sacar provecho de la fatiga generalizada de que varios años de marchas y manifestaciones constantes han producido, sino también la promoción activa de la idea que los problemas sociales se pueden resolver a través de la votación, es imperativo reconocer las muchas formas que la represión y la desmovilización pueden tomar.
Fuente: http://www.telesurtv.net/opinion/Represion-y-desmovilizacion-en-Espana.-20150226-0044.html


Más información: En Irak los kurdos se han puesto bajo la tutela de Israel
https://mpr21.info/2014/07/en-irak-los-kurdos-se-han-puesto-bajo.html


A todo este disparate es al que llaman Estado de Derecho. Amén
… siempre los llevó a la altura de los tobillos. Que nadie hable luego de «traición» porque Syriza nunca trató de engañar a nadie. Lo dijo bien claro desde el primer minuto. Que los demás se engañaran a sí mismos y trataran de engañar a terceros, es bien distinto.
Nada más hacerse cargo del Ministerio de Finanzas, Yanis Varufakis dijo que nadie podría forzar a Grecia a salir del euro. Es, pues, evidente: Syriza no tenía ninguna intención de abandonar la moneda única, e incluso se resistiría a ello a pesar de las presiones.
El gobierno de Syriza se ha comprometido, además, a hacer frente a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Quieren pagar hasta el último céntimo a todos los especuladores internacionales que han comprado la deuda griega.
En fin, Tsipras, Varufakis y Syriza están llenos de las mejores intenciones. Nadie les puede reprochar nada. No quieren reformar nada porque saben que no pueden hacer nada, que las decisiones están muy lejos de su alcance, y mucho menos albergan la más mínima veleidad anticapitalista.
Entonces los problemas comienzan cuando tratan de cuadrar el círculo mágico, que al ser imposible, se queda en palabrería, en declaraciones oficiales. Ese círculo mágico lo describió Varufakis cuando hace un par de años preguntó en una conferencia cómo es posible que a un parado un banco le conceda un préstamo. Lo que el parado necesita no es un préstamo sino trabajo. Una vez que tenga trabajo se le puede conceder un préstamo.
El trabajo del parado se llama crecimiento económico, pero Varufakis también ha dicho que eso no depende de Grecia, sino de la Unión Europea y, naturalmente, para que la Unión Europea crezca Alemania tiene que cambiar su política económica, que es el caballo de batalla del reformismo que centra sus iras sobre Merkel. Si Alemania lanzara un plan de reactivación económica, el problema de la deuda quedaría resuelto en toda Europa.
El planteamiento me parece algo extraordinariamente llamativo, el mundo al revés: no se trata de que Alemania presione a Grecia, sino de que Grecia presione a Alemania. “Grecia puede obligar a Europa a que cambie”, dijo Varufakis el 20 de enero en una entrevista al diario financiero francés La Tribune. ¿Hablaba en serio?
Son las famosas secuelas de aquel «Otro mundo es posible» que consiste en suponer que no es necesario cambiar casi nada porque basta con modificar la política económica, como el New Deal de hace 80 años. A su vez, para cambiar la política económica de un país basta con cambiar de gobierno. Para ello lo que debemos hacer es votar a los Syrizas locales, ese desfile de nuevos partidos que sueñan con hacerse con un hueco bajo el sol.
Para coleccionar votos hay que lanzar un mensaje bien sencillo que no falla nunca y que consiste en decir a las masas lo que quieren escuchar: que es posible un empate, o sea, que de la crisis del capitalismo se puede salir sin que nadie salga perjudicado, ni los obreros ni los capitalistas, ni los pensionistas ni los bancos, ni los acreedores ni los deudores, ni los importadores ni los exportadores… Nadie absolutamente.
Varufakis lanzó un jarro a agua fría sobre la espalda cuando nos dijo que sus pretensiones no llegaban ni siquiera a la altura del New Deal de hace 80 años. Nada de gasto público y nada de inversión pública: todo va a depender de los capitalistas particulares. A ellos debemos encomendarnos para salir del atasco, es decir, a los mismos que nos han metido en él. Por eso Varufakis siempre ha dejado claro que Syriza no tenía ninguna intención de revertir las privatizaciones, es decir, el saqueo de la propiedad pública que los gobiernos de Grecia han llevado a cabo durante años para pagar las deudas.
Cuando un nacionalista como Varufakis habla de inversión privada, se refiere a la inversión extranjera, o lo que es lo mismo: Syriza prefiere poner a Grecia en manos de extranjeras antes que en manos públicas.
¿Qué debe hacer Grecia para que los especuladores internacionales inviertan allá y no en otro país? Convertirlo en un paraíso atractivo para la voracidad monopolista con bajos salarios, despido libre, trabajo precario, reducción de las prestaciones sociales, incremento de la jornada de trabajo, etc.
Es verdad que eso ya lo han puesto en práctica los anteriores gobiernos griegos sin recurrir a Syriza. Pero si aún queda algún margen para apretar el cinturón a la clase obrera, les corresponde a ellos ponerlo en marcha. Ese es el papel que le corresponde desempeñar a Syriza en Grecia, el mismo de siempre. El capitalismo no cambia y el reformismo tampoco.
Después de los escándalos ya registrados en México, Nicaragua y Filipinas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) están siendo nuevamente acusadas en Kenya de haber administrado productos esterilizantes a pacientes haciéndoles creer que los estaban vacunando contra el tétanos.
En marzo y octubre de 2014, la Conferencia Episcopal católica de Kenya, que administra numerosos hospitales en ese país africano, participó en la campaña de vacunación contra el tétanos organizada por la OMS y la UNICEF en marzo y octubre de 2014 para la población de 14 a 49 años. Ante los insistentes rumores que circulaban en el país, la Conferencia Episcopal solicitó al ministro kenyano de la Salud, James Wainaina Macharia, una verificación de la composición de las vacunas.
Ante la negativa del ministro, la Conferencia Episcopal recurrió al laboratorio AgriQ Quest Ltd para que realizara la investigación y los expertos pudieron comprobar que las vacunas contenían entre un 24 y un 37,5% de βhCG (gonadotrofina coriónica humana o human chorionic gonadotropin), hormona producida por el embrión humano durante el embarazo así como por la placenta. El hecho es que un producto portador de esa hormona humana en la concentración mencionada es ampliamente capaz de esterilizar a las personas inoculadas.
El ministro kenyano de la Salud rechazó los resultados de la investigación afirmando que era imposible introducir dicha hormona en las vacunas utilizadas. La comisión parlamentaria a cargo de los temas de salud invitó entonces el ministerio de la Salud y la Conferencia Episcopal de Kenya a presentarle sus respectivos trabajos. Y, contrariamente a las anteriores declaraciones del gobierno, resultó que las autoridades nunca habían verificado las vacunas antes de utilizarlas.
Finalmente las autoridades presentaron 10 muestras cuyo análisis resultó negativo mientras que la Conferencia Episcopal presentó 9 muestras de las que 3 dieron positivo. Así que el Ministerio de Salud se retiró del debate.
Monseñor Paul Kariuki Njiru, obispo de Embu y presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal católica de Kenya, acudió entonces a los medios acusando a la OMS, la UNICEF y el gobierno kenyano de haber inoculado βhCG a pacientes, de forma deliberada y sin que esto lo supiesen, para esterilizarlos.
La vacuna del tétanos se administra en 3 etapas y una tercera parte de las dosis estaba adulterada con βhCG.
La OMS ha preferido abstenerse de toda reacción al respecto.
Más información:
– La UNICEF y la OMS esterilizan masiva y encubiertamente a las mujeres africanas
Dentro de la llamada Operación Danko, la Policía Nacional ha detenido esta mañana a ocho antifascistas españoles de la Brigada Internacional Carlos Palomino que han regresado de Ucrania tras haber participado en la defensa del Donbás.
El Ministerio del Interior les imputa diversos delitos totalmente inventados, como tenencia de armas y explosivos, participación para cometer asesinato y actos que atentan contra los intereses de España en el exterior.
La Operación Danko ha sido coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y desarrollada en Asturias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. Los combatientes retornados han sido detenidos a las 6:30 horas de la madrugada. Además, se están realizando diversos registros.
Esta operación culmina una campaña represiva de la Comisaría General de Información dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las diligencias las tramita el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional. La operación continúa abierta.
Un grupo de antifascistas que se autodefinieron como “anticapitalistas” relataron el pasado mes de septiembre que se habían desplazado al este de Ucrania para combatir al fascismo junto a los milicianos del Donbás. Uno de los integrantes del grupo concedió una entrevista por correo electrónico en la que afirmaba que Estados Unidos “lo sigue arrasando todo” y explicaba que su objetivo es emular a las brigadas internacionales que acudieron a España para luchar en la guerra civil contra las tropas de Franco. El interlocutor no precisó cuántos españoles habían partido a Ucrania, ni sus nombres ni lugares de procedencia.
“Es el cuarto Reich y en Europa la extrema derecha vuelve a resurgir. La clase obrera necesitaba de su ejercito proletario. Y estos son los primeros pasos de su nueva creación. Hermanos proletarios del mundo. No estáis solos”, arengaba este antifascista el pasado septiembre. Para ello fundaron la Brigada Internacional Carlos Palomino en homenaje al joven antifascista asesinado en Madrid por un militar de ideología neonazi cuando acudía junto a otros a protestar una manifestación de extrema derecha.
La Brigada Internacional Carlos Palomino la integraban en ese momento unos diez antifascistas procedentes de varias ciudades del Estado español. Su portavoz decía que había personas de otros países que querían unirse a ellos y aclaraba que su grupo es diferente del de otros dos antifascistas que se encontraban en la región de Donetsk. Estos dos antifascistas fueron los primeros en llegar al conflicto procedentes de España y su llegada fue recogida por varios medios de comunicación locales e internacionales.
“Todo nos lo hemos pagado nosotros, de nuestros bolsillos, un dinero ganado con mucho sudor. Somos proletarios. Y no recibimos apoyo económico ni nos dan dinero por pelear aquí. Tampoco lo aceptaríamos, somos anticapitalistas, no somos mercenarios. Hemos venido aquí por solidaridad internacional. Nos pagan con orgullo, compañerismo y dignidad. De eso se alimentan nuestros corazones”, explicaba.
El grupo se dejaba ver por las ciudades del Donbás con una bandera de la República Popular. Sobre ella pintaron el nombre de “Brigada Internacional Carlos Palomino” y la usaron para fotografiarse con ella colocándola en la parte delantera de un camión aparcado, según decían, “en un punto de defensa de una ciudad del Donbás”.
Sobre la bandera se veía colocada una pistola y en la imagen se veía a cuatro personas, todas ellas con las caras difuminadas para evitar ser reconocidos. Tres de ellos iban vestidos con prendas militares y dos iban armados. El cuarto, aparentemente el único español de la foto, iba vestido con chándal, gorra y una sudadera con un parche de una esvástica tachada. En el camión también se apreciaba una bandera negra de la Acción Antifascista.
Preguntados acerca de si la Carlos Palomino había entrado ya en combate contra las tropas de Kiev, afirmaban que, “por seguridad”, no podían contestar. Relataba en cambio que les habían recibido “con los brazos abiertos” y “con mucho cariño”. “Somos compañeros de clase y de lucha, independientemente de nuestro color de piel o idioma que usemos”, defendía.
Este grupo contaba con un comunicado fundacional en el que manifestaban “el honor de comunicar que las Brigadas Internacionales han vuelto”. “Hace casi 80 años, cuando todo el mundo nos dejó solos, contra Franco, Hitler y Mussolini, más de 50.000 trabajadores de más de 54 naciones distintas lo dejaron todo para venir a luchar y morir en nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestro futuro y es hora de que la historia nos ponga a su altura”, explicaban.
En ese sentido añadían que “siete brigadas se conformaron en España en el 36… aquí tenéis los primeros pasos de la octava en un nuevo siglo con idéntica esencia de lucha social”. “Las Brigadas Internacionales han vuelo y ya no desapareceremos nunca”, advertían.
