Las protestas de los sectores obreros y populares de Bolivia contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz se prolongan desde hace tres semanas. Hay al menos 67 bloqueos de carreteras y el comienzo de una marcha, que promete recorrer cientos de kilómetros, así como manifestaciones en el centro de La Paz.
Es la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14 por ciento hasta abril. Las reivindicaciones incluyen aumentos salariales y la no privatización de las empresas públicas.
Desde principios de mayo se mantienen los bloqueos en las carreteras, principalmente en el departamento de La Paz, en unas 40 regiones, a pesar de las amenazas de la policía de intervenir.
El jueves pasado una larga marcha de mineros llegó hasta el centro de La Paz, donde chocaron con la policía, que lanzó gases contra los manifestantes, quienes respondieron con petardos y derribando las barreras de seguridad que se habían instalado en la zona donde se produjo la protesta, cerca de la casa de la sede del gobierno.
La Central Obrera Boliviana, los campesinos, mineros y otros sectores populares mantienen la exigencia de dimisión de Rodrigo Paz. Decenas de mineros llegaron a El Alto para sumarse a las medidas de presión de las organizaciones sociales y participan en los bloqueos, marchas y movilizaciones en la sede de gobierno.
‘Ya no queremos diálogo’
Los campesinos, sobre todo de las 20 provincias del departamento de La Paz, exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz. “Queremos que se vaya, ya no queremos diálogo”, dijo el dirigente campesino Jaime Condori, mientras el portavoz presidencial José Luis Gálvez denunció una conspiración.
La Central Obrera Boliviana, por su parte, se quejó de falta de atención a su reivindicación de un aumento salarial para todos los trabajadores del 20 por ciento y el compromiso de no privatizar las empresas del estado.
El gobierno ya rechazó un incremento de salarios. Los maestros, tanto urbanos como rurales, también presentaron sus reclamaciones, entre los que se destaca un aumento de los salarios.
Los conductores también participan en las movilizaciones junto a los vecinos de El Alto, en rechazo a los actos de corrupción en el gobierno y la privatización de las empresas públicas. Los cooperativistas mineros y los del estado también amenazan con movilizaciones y anunciaron que se unirán a los bloqueos de carreteras, en demanda de la provisión permanente de combustible.
La importación de combustible contaminado está dañando los camiones, autobuses y vehículos.
Recortes de subvenciones
“Los salarios ya no nos alcanzan para nada porque el costo de la vida se ha disparado”, se quejó Claudia López, de 43 años, docente en una escuela rural. “Hay extranjeros varados, gente enferma, no llegan los alimentos a nuestro departamento y quienes están sufriendo son los más necesitados, los más pobres”.
Durante los seis meses que lleva al frente del país, Paz aplicó un recorte de subsidios a los carburantes, incrementó un 20 por ciento el salario mínimo y autorizó a los bancos la devolución de ahorros en dólares, retenidos desde 2023.
El gobierno boliviano intenta cubrir el déficit de artículos básicos provocado por los bloqueos, con un operativo aéreo que contempla al menos tres vuelos diarios durante los próximos días para asegurar el suministro de los productos básicos a La Paz, como carne y hortalizas, hasta que se restablezca el tránsito terrestre.
Ante las movilizaciones y bloqueos en el país, el alcalde de Cochabamba, el excandidato presidencial Manfred Reyes Villa, pidió “mano dura” al presidente Rodrigo Paz, porque considera que existe un movimiento subversivo. Reyes Villa considera que una eventual renuncia del mandatario no es la solución, porque abriría el camino a “gente subversiva”.
A las reivindicaciones de muchos sectores también se suman los grupos afines al expresidente Evo Morales, quien actualmente se encuentra en rebeldía, después de no presentarse al juicio en su contra en el que se lo acusa de trata de personas.
El gobierno atribuye la desestabilización a Morales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la calificó como un “bloqueo político con fines de desestabilización”.