Hay cosas que solo son posibles en Marruecos, es prácticamente imposible que se puedan dar en otro lugar, ningún país del mundo puede silenciar una guerra durante dos meses en la era de la información, donde en cada esquina hay un teléfono móvil o un satélite, sin embargo Marruecos lo ha conseguido, y lo ha hecho en el interior y en el exterior.
Esta madrugada ha fallecido Alfredo Grimaldos, periodista valiente, comprometido con la clase obrera y autor de valiosos libros, como “La sombra de Franco en la transición”, “La CIA en España” o la “Historia social del flamenco”. El libro «La CIA en España», disponible para su descarga.
Mal comienzo para un análisis que presume de serio. “De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España porque siempre termina mal”. Seguro que esta cita de Gil de Biedma le da un toque de mayor seriedad. Pero es que cualquiera que eche un vistazo a los periódicos puede verlo. Es que este país se repite como el ajo. Éso si. No es objetivo de este artículo declarar esa frase tan manida: “La Historia siempre se repite.” No. Olvídese. Es más profundo.
Ha desaparecido misteriosamente de la plataforma «Amazon Prime» y la reacción de sus creadores ha sido ponerlo en abierto en las redes sociales, que en sus primeras horas ya ha superado las 200.000 visitas.
Diego Herchhoren
Twitter ha denegado al Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara los datos personales y las direcciones IP’s asociadas a la cuenta del nodo local de esta ciudad, al advertir desde la empresa radicada en Estados Unidos que «la naturaleza del Delito no les permite aportar la información requerida«, |
| Joaquín Urías es letrado del Tribunal Constitucional |
Este juzgado, y como consecuencia de esto, tiene abierta otra investigación paralela sobre 15 usuarios de redes sociales de toda España que hicieron comentarios sobre esta noticia y a los que se les acusa de «injurias» contra la jueza.
Diego Herchhoren
El Tribunal Supremo ha ratificado, por tres votos contra dos, la Sentencia dictada en su día contra Pablo Hasél por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y cuyo ponente fue el hoy Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
En la misma se condena al poeta a casi un año de prisión (no 9 meses, como ha asegurado la agencia Efe en un teletipo rápidamente difundido por toda la prensa) por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a las instituciones del Estado y a la Corona, personificada en el rey emérito Juan Carlos.
El mismo día que se anunciaba esta sentencia, una nota oficial de la Fiscalía del Tribunal Supremo (la misma que promovió la condena contra Hasél), anunciaba también una «investigación» relativa a lo publicado el pasado fin de semana por Euskal Telebista en su programa «360º, El virus de la corona«, donde se apuran a precisar que la misma se centrará en saber si las coimas percibidas por el Rey Emérito las cobró antes o después de su abdicación. Una precisión que augura sin duda el futuro de esta «investigación».
Las canciones y mensajes de Pablo Hasél, sin embargo, hablan de lo mismo, por lo que ¿cuál sería el problema?. ¿Por qué se condena al rapero por hechos que luego la fiscalía entiende que son susceptibles de ser perseguidos penalmente?. La Sentencia del Supremo nos da algunos apuntes, y en especial los dos votos particulares de los jueces Miguel Colmenero y Ana María Ferrer, que solicitaron su absolución.
El Rey Emérito, al igual que Franco, es artífice del reciclaje político del régimen nacido el 18 de julio de 1936. Es su creador y ha reunido en su persona la condición de Jefe de Estado y Comandante de las Fuerzas Armadas. Es «el monarca«, apelativo que denota cualidades y atributos extraordinarios y un papel excepcional en la vida política del país que debe ser reconocido en público.
Toda esta concepción encuentra, de una u otra manera, su reflejo en la doctrina que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen sosteniendo respecto a la necesidad de que los órganos judiciales establezcan «límites a la libertad de expresión«.
Y es que de acuerdo a la misma, la sociedad no debe ver la monarquía ni al Rey desde desde una perspectiva institucional, sino que las manifestaciones hacia él deben tener explícitas referencias al hombre y al político.
La misma sentencia así lo refleja al afirmar que las letras y mensajes de Pablo Hasél suponen «un ataque personal y directo a la Casa Real y a sus miembros de modo despiadado, atacando personalmente a los mismos, y no simplemente una mera discrepancia del recurrente hacia la monarquía como institución del Estado.«
«Todo ello supone un evidente menosprecio a SM el Rey y a la institución que encarna en su persona, afectando al núcleo último de su dignidad«, afirmación que entraña la importancia política de la figura del monarca para la continuidad del Régimen y del Estado. Aquí es donde empiezan los problemas para Pablo Hasél.
Hasél, como muchos de los que vivimos en este planeta, es comunista convencido y reconocido, y por tanto su objetivo es la demolición del actual orden social y la construcción de un nuevo orden político donde los privilegios del actual poder económico sean abolidos. La coexistencia por tanto, en un mismo día, de noticias que aparentemente parecerían contradictorias (investigación al rey vs. condena a Hasél), no lo son en absoluto.
La contradicción no existe.
El régimen asume que el Rey Emérito es un corrupto impresentable, y que la Casa Real está metida hasta el tuétano en cualquiera de los lodazales que la hemeroteca periodística nos pueda brindar.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien venga a exceder lo que el Supremo llama «sana crítica política» (hay una crítica «enferma», según los supremos). Se pueden tolerar ciertas cosas, pero lo que no se va a permitir es que la crítica devenga en insurrección.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 1973, que enjuiciaba a una publicación antifranquista, refería que la misma reproducía «epítetos que alcanzan a la misma Jefatura del Estado, dando así a entender con toda evidencia el radical alcance de la mutación político-social perseguida, que no sólo es de régimen, sino que ataca los cimientos mismos del Estado en su actual organización.» (T-484-1973).
El mensaje entre líneas es que el Tribunal Supremo permite criticar «sanamente» a la monarquía, pero lo que no se puede es hacer la revolución y menos aún: hablar de ella.
Sin embargo, hay que reconocer que estamos ante un Estado dividido y descompuesto ante su futuro. La sentencia no se ha hecho pública en cualquier momento. Se hace en uno de los contextos de apatía social más graves de la historia española reciente, donde el grueso de la población está asumiendo su empobrecimiento y su arresto domiciliario sin rechistar, y donde por ahora la gente está absorbiendo los mensajes oficiales sin la más mínima crítica o cuestionamiento.
Pero para la élite económica española, la monarquía es la clave de bóveda del andamiaje institucional del sistema y saben perfectamente que una animadversión general hacia la figura del monarca puede devenir en realidades incómodas. Porque no es lo mismo acabar como la Casa de Braganza que como los Romanov.
Los sondeos que manejan los servicios de inteligencia apuran que el descontento social hacia los borbones está in crescendo. Esto, combinado con que las fuerzas de seguridad tienen en agenda un peligroso incremento de la agitación social a la vuelta del verano y esto, una vez superado el shock del Estado de Alarma, puede ser un cóctel explosivo que haga que cualquier plan de salida ordenada de los borbones caiga en saco roto.
La caída del Rey Manuel Segundo de Braganza en
1910, que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con
un primer presidente, Teófilo Braga, es el plan de demolición controlada de la monarquía española, que va a tener que enfrentar como principal riesgo la posibilidad de que la caída se descontrole.
Pablo Hasél es un artista con decenas de miles de seguidores, especialmente entre la juventud. Su mensaje se viraliza con rapidez. Escucharlo, difundirlo y reproducirlo es el mejor antídoto contra su inminente ingreso en prisión, y lo que es mejor, contra una posible «segunda transición» que sueñan algunos.
Profesionales de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, celadores u odontólogos serán desahuciados el próximo 30 de junio si no hay alternativa habitacional para ellos. Hasta ahora, los afectados se concentran en Albacete, Toledo y Guadalajara.
A principios de abril, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) contrató a decenas de profesionales extras para cubrir necesidades de servicio derivadas de la crisis del coronavirus y afrontar el colapso sanitario. La oferta de trabajo cubría, además del sueldo, la vivienda.
La Orden 54/2020 de la Consejería de Sanidad estableció un sistema de alojamiento en centros públicos y hoteles para cubrir esta necesidad, pero la semana pasada los alojamientos recibieron una instrucción de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM ordenando poner fin a los mismos.
En el caso de Albacete, el número de profesionales afectados es de 68, pero en Guadalajara supera el centenar. Según varios medios, el problema que tienen los sanitarios es que no encuentran alquiler para los tres meses que les quedan de contrato y que, además, los arrendadores no contratan a personal sanitario «por miedo de contagio».
Después del romance del personal sanitario con policías, bomberos y aplausos desde las ventanas, todo ha quedado en nada.
Además, los medios puestos a disposición por la Junta de Castilla-La Mancha no parecen asumibles. En el caso de Guadalajara, se les ha ofrecido a los sanitarios un alojamiento de 500 euros al mes por una habitación en la residencia universitaria que la Comunidad tiene en esta ciudad, algo inasumible para la mayoría.