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Diego Herchhoren

El adjetivo de moda: conspiranoico. La forma de reducir una idea al absurdo con objeto de denigrarla: teoría de la conspiración.

No vamos a proponer una tesis alternativa del origen y trasfondo del coronavirus, sino que vamos a hacer un ejercicio de seis puntos, consistente en hacer una simulación sobre todo lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, pero purgando el manido coronavirus de la ecuación.

Esta historia simulada habría empezado en enero de 2020.

1. Crisis de superproducción y caída de la economía

Las previsiones derivadas de la caída de las exportaciones alemanas ha tenido el efecto esperado en España, quizá más rápido de lo previsto. Alemania ha concentrado su producción en el propio territorio y ese nivel de exposición de la economía española, que exporta el 10,7% de sus productos a este país y el 65% al resto de la UE en el 2019 ha tenido efectos drásticos: caída de la actividad industrial y como consecuencia, caída en el sector servicios.

2. Las principales empresas recortan actividad

Esto ha traído como consecuencia despidos masivos en varios sectores. El caso de Acciona, contratista de la fábrica Ford de Almussafes (Valencia) es el laboratorio de una crisis generalizada. Aparte, el sector agrícola se ha echado a la calle a tenor de la caída de sus ingresos y la especulación en el sector agroalimentario, así como los precios que imponen los sectores más concentrados de la producción de alimentos a nivel mundial.

3. Comienzan las protestas

Ha habido varios cortes de carretera por parte de los agricultores, así como manifestaciones y disturbios en algunas ciudades. Aparte, ha habido una sangría de desahucios como consecuencia del aumento de los precios de la vivienda, y hay una especie de «calma chicha» que la propia Policía viene advirtiendo desde hace meses.

4. Gabinete de crisis

Los datos de desempleo comienzan a preocupar. A la cifra oficial hay que añadir autónomos que han perdido poder adquisitivo y las personas que viven en la economía informal, que se estiman en dos millones de personas. La cosa se calienta, y todo parece estar a punto de una mecha.

5. Contención social: subsidios y despliegue policial

El gobierno enfrenta la situación con dos líneas de actuación en materia de seguridad nacional: la provisión de un ingreso mínimo que permita descomprimir la carestía ligeramente, y una contención en la calle con el despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

6. ¿Calma?

No lo sabemos. La situación en el resto del mundo tampoco acompaña a la deseada «paz social» y solo una terapia de choque podría hacer que la población no respondiera a este desastre echándose a la calle. Si bien las consecuencias de esta crisis vienen de hace tiempo y estaban ya previstas, lo peor está por venir.

Esta simulación es una mera fantasía del autor; cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Los más de tres millones de trabajadores que han sido incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con motivo de la crisis del coronavirus deberán tener en cuenta el próximo año que se considerará que han tenido dos pagadores cuando realicen la declaración de la renta de 2020, según publica Vozpopuli.

La noticia se basa en el criterio que hasta ahora tiene establecida la Dirección General de Tributos de la Agencia Tributaria, que considera que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es «segundo pagador» a efectos de Renta, a pesar de que se trata del pagador que se hace cargo de los salarios (parcialmente) mientras dure el ERTE.

En el caso de aquellas personas que tengan un único pagador, el límite por el cuál se está obligado a declarar es para aquellas que perciban un salario bruto anual superior a los 22.000 euros. Pero en el caso de incorporar a un segundo pagador, algo habitual por ejemplo en aquellas personas contratadas mediante ETT’s y que tienen un flujo importante de empresa a empresa, este límite se rebaja sin criterio administrativo alguno a los 12.000 euros.

El problema viene cuando las retenciones en nómina con cargo al IRPF se ajustan al mínimo del 2%, algo muy normal en las contrataciones temporales (que suelen vender esto como un «salario mayor», cuando en realidad lo que hacen es retenerles menos dinero), esto va a implicar en la mayoría de los casos que la declaración de la renta del año 2021 salga a pagar, lo que será un nuevo golpe a las economías más afectadas por la crisis del coronavirus. 

El primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición ha tomado la decisión de recurrir la reforma del Fuero Nuevo de Navarra que, en abril de 2019, había sido modificado incluyendo una norma de transparencia respecto a las cesiones de créditos entre bancos y fondos especuladores de deuda privada.

De acuerdo a la nota difundida por el Consejo de Ministros, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez considera que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

Según la reforma navarra, aquellas entidades financieras que quieran deshacerse de créditos morosos en favor de fondos buitre, debían notificar de manera fehaciente al deudor la venta, el precio de la misma y otorgarle el derecho a cancelarla por el precio que el fondo pagó. Esto no deja de ser una profundización de un derecho que ya venía establecido parcialmente en el art. 1535 del Código Civil, pero que la ley navarra ampliaba otorgando más garantías a los consumidores frente a los especuladores.

Esta regulación, similar a la promulgada en Cataluña mediante la Ley 24/2015, era un golpe a uno de los negocios más florecientes del mercado de deuda, que ha visto su oportunidad en las exigencias que el Banco Central Europeo ha hecho sobre la banca española de deshacerse de créditos dudosos.

En el mercado de deuda morosa, los precios de adquisición de créditos impagados son, en el caso de créditos personales, en torno a un 3 ó un 5% del valor nominal, y en el caso de créditos garantizados con hipoteca, de entre un 15 a un 20%, lo que, en aplicación de la norma recurrida, supondría una reducción drástica del endeudamiento de las familias afectadas que, por ahora, va a tener que esperar.

El desembarco de estos fondos ha supuesto que, según Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas para la defensa del derecho a una vivienda digna, y Surya Deva, presidenta del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, España sea el sexto país del mundo más esquilmado por estas prácticas.

El argumento de la supuesta «invasión» de competencias estatales formulado por el gobierno PSOE-Podemos es sin duda sorprendente a estas alturas, ya que en el caso de la Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya, que tenía una disposición similar, el recurso de inconstitucionalidad formulado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue retirado en noviembre de 2018, tras la moción de censura.

Los plazos que maneja este recurso de inconstitucionalidad, junto a la suspensión de la norma, son sin duda una muy buena noticia para los fondos buitre que operan en España.