Las «negociaciones de investidura» españolas son un circo de bajo presupuesto donde siempre ganan los mismos

La burguesía española a veces vé fantasmas 
Diego Herchhoren
En economía política del capitalismo, el concepto de «prima de riesgo» de un Estado se concibe como el canon que éste debe abonar como contrapartida de la mayor o menor fiabilidad que a un inversor le puede suponer adquirir deuda pública o bonos de dicho Estado. Es como una compensación al inversor por meter su dinero en un país con riesgos para su rentabilidad. 
Por ejemplo, la «prima de riesgo» (también llamado en América Latina «riesgo país«) que paga un Estado en quiebra es mucho más alta que la de otro con una economía aparentemente saneada.
La «prima de riesgo» la calculan agencias de calificación que no dejan de ser entidades que bajo un sesgo de aparente objetividad, proporcionan información estratégica a grandes corporaciones que son sus verdaderos clientes y para las que realmente trabajan. 
Cuando veamos a un locutor de radio o a un político «progresista» decir que «el pacto PSOE-Podemos no altera la prima de riesgo«, nos está diciendo que los intereses de los monopolios que operan en España no perciben dicho binomio como un problema, y para muestra un botón.
Ente el 12 y el 14 de noviembre la prima de riesgo española subió hasta los 80 puntos, lo que en términos interanuales era una subida histórica que servía para advertir que las principales empresas españolas veían como un alto riesgo el anuncio que en esos días realizó Pedro Sánchez, donde iba a integrar a los morados en el Ejecutivo.
Dicha alerta estaba provocada más por un prejuicio de las empresas del Ibex 35 hacia cualquier cosa que huela a izquierda que a un perjuicio real. Con el pasar de los días, las aguas volvieron a su cauce y hoy se vuelve a posiciones de normalidad, es decir: los beneficios no corren peligro y estamos a los mismos niveles que bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
El barullo de la investidura, de la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras o los vaivenes del nuevo Gabriel Rufián han impedido ver un bosque en el que las ganancias de las principales compañías que operan en el mercado financiero nacional están garantizadas, ya sea porque el próximo gobierno no va a tocar ni un euro de sus balances o ya sea porque no habrá finalmente «gobierno progresista».

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