Una circular del Consejo General del Poder Judicial que se ha distribuido entre los juzgados de toda España bajo el título Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales, abre la veda a la «telematización» del acceso de los usuarios a sus expedientes y supone un hito en la restricción a los usuarios respecto a las causas que les incumben. Ha ocurrido en silencio y sin polvareda.
Desahucios, juicios por delitos leves (los antiguos juicios de faltas) o los juicios laborales, deberán ser consultados por las personas afectadas únicamente por teléfono, ya que si acuden a la sede de los juzgados más próxima el personal de seguridad tiene orden de no dejar pasar si no hay citación expresa.
Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial, será necesario obtener previamente la correspondiente cita, que salvo excepciones, no se están dando en ningún sitio.
Dicho sea de otro modo: aquellos que tengan causas pendientes en un juzgado deberán fiarse de lo que les diga el empleado de turno. Esta modalidad de «justicia telemática» aplica la misma lógica que ocurrió cuando los bancos, asediados durante la crisis de 2008 por las protestas de familias afectadas por hipotecas basura, empezaron a «telematizar» sus servicios y pasaron de manera masiva a la banca online. Se redujeron los escraches, las manifestaciones y los sabotajes.
La imposibilidad física de acudir a un juzgado, protestar ante el empleado o impedir el acceso al despacho del juez que haya dictado una sentencia abominable, algo bastante habitual, es el escudo perfecto para que la actuación judicial -la que más va a intervenir en la gestión de la crisis económica- quede alejada de críticas y protestas, mediante un modelo de gestión procesal que ha venido para quedarse.
Twitter ha denegado al Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara los datos personales y las direcciones IP’s asociadas a la cuenta del nodo local de esta ciudad, al advertir desde la empresa radicada en Estados Unidos que «la naturaleza del Delito no les permite aportar la información requerida«,
según ha informado al Juzgado la Unidad de Delitos Especializados y
Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en un informe fechado en febrero de 2020.
Este Juzgado de Instrucción, a cargo de la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, inició una investigación penal contra varios activistas de la PAH, a partir de la difusión en redes sociales de las imágenes de los miembros de una Comisión Judicial que, en marzo de 2019, estaban desahuciando a dos jóvenes y un bebé de pocos meses que habían ocupado una vivienda en el Barrio del Alamín de esta ciudad.
La jueza admitió a trámite una denuncia del Servicio de Ejecuciones de los juzgados de Guadalajara, y además dictó una medida cautelar consistente en que «se abstengan en lo sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes de la comisión judicial» así como de realizar comentarios «similares» respecto a este desempeño de su función en esta actuación, todo ello bajo apercibimiento de imputar «un delito de desobediencia«.
Si bien en la causa hay ya al menos dos activistas investigados, el juzgado requirió a Twitter datos personales que a juicio de la red social no cumplen con los requisitos mínimos para su acceso, ya que al tener esta empresa su sede social en Estados Unidos, los datos requeridos están protegidos por la Primera Enmienda de la constitución norteamericana, que establece la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión.
La cautelar que adoptó la jueza provocó un terremoto en las redes sociales, ya que diputados y periodistas alertaron de lo que este tipo de resoluciones suponen a la libertad de expresión, y ahora Twitter, empresa que no es sospechosa de simpatías hacia este derecho, parece estar alarmada por el cariz que toman determinadas resoluciones judiciales
Joaquín Urías es letrado del Tribunal Constitucional
Este juzgado, y como consecuencia de esto, tiene abierta otra investigación paralela sobre 15 usuarios de redes sociales de toda España que hicieron comentarios sobre esta noticia y a los que se les acusa de «injurias» contra la jueza.
Es sin duda paradójico que haya tenido que ser una constitución extranjera la que sirva, al menos en este caso, para proteger la libertad de expresión en España.
El Tribunal Supremo ha ratificado, por tres votos contra dos, la Sentencia dictada en su día contra Pablo Hasél por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y cuyo ponente fue el hoy Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
En la misma se condena al poeta a casi un año de prisión (no 9 meses, como ha asegurado la agencia Efe en un teletipo rápidamente difundido por toda la prensa) por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a las instituciones del Estado y a la Corona, personificada en el rey emérito Juan Carlos.
El mismo día que se anunciaba esta sentencia, una nota oficial de la Fiscalía del Tribunal Supremo (la misma que promovió la condena contra Hasél), anunciaba también una «investigación» relativa a lo publicado el pasado fin de semana por Euskal Telebista en su programa «360º, El virus de la corona«, donde se apuran a precisar que la misma se centrará en saber si las coimas percibidas por el Rey Emérito las cobró antes o después de su abdicación. Una precisión que augura sin duda el futuro de esta «investigación».
Las canciones y mensajes de Pablo Hasél, sin embargo, hablan de lo mismo, por lo que ¿cuál sería el problema?. ¿Por qué se condena al rapero por hechos que luego la fiscalía entiende que son susceptibles de ser perseguidos penalmente?. La Sentencia del Supremo nos da algunos apuntes, y en especial los dos votos particulares de los jueces Miguel Colmenero y Ana María Ferrer, que solicitaron su absolución.
El Rey Emérito, al igual que Franco, es artífice del reciclaje político del régimen nacido el 18 de julio de 1936. Es su creador y ha reunido en su persona la condición de Jefe de Estado y Comandante de las Fuerzas Armadas. Es «el monarca«, apelativo que denota cualidades y atributos extraordinarios y un papel excepcional en la vida política del país que debe ser reconocido en público.
Toda esta concepción encuentra, de una u otra manera, su reflejo en la doctrina que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen sosteniendo respecto a la necesidad de que los órganos judiciales establezcan «límites a la libertad de expresión«.
Y es que de acuerdo a la misma, la sociedad no debe ver la monarquía ni al Rey desde desde una perspectiva institucional, sino que las manifestaciones hacia él deben tener explícitas referencias al hombre y al político.
La misma sentencia así lo refleja al afirmar que las letras y mensajes de Pablo Hasél suponen «un ataque personal y directo a la Casa Real y a sus miembros de modo despiadado, atacando personalmente a los mismos, y no simplemente una mera discrepancia del recurrente hacia la monarquía como institución del Estado.«
«Todo ello supone un evidente menosprecio a SM el Rey y a la institución que encarna en su persona, afectando al núcleo último de su dignidad«, afirmación que entraña la importancia política de la figura del monarca para la continuidad del Régimen y del Estado. Aquí es donde empiezan los problemas para Pablo Hasél.
Hasél, como muchos de los que vivimos en este planeta, es comunista convencido y reconocido, y por tanto su objetivo es la demolición del actual orden social y la construcción de un nuevo orden político donde los privilegios del actual poder económico sean abolidos. La coexistencia por tanto, en un mismo día, de noticias que aparentemente parecerían contradictorias (investigación al rey vs. condena a Hasél), no lo son en absoluto.
La contradicción no existe.
El régimen asume que el Rey Emérito es un corrupto impresentable, y que la Casa Real está metida hasta el tuétano en cualquiera de los lodazales que la hemeroteca periodística nos pueda brindar.
Pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien venga a exceder lo que el Supremo llama «sana crítica política» (hay una crítica «enferma», según los supremos). Se pueden tolerar ciertas cosas, pero lo que no se va a permitir es que la crítica devenga en insurrección.
Una sentencia del Tribunal Supremo de 1973, que enjuiciaba a una publicación antifranquista, refería que la misma reproducía «epítetos que alcanzan a la misma Jefatura del Estado, dando así a entender con toda evidencia el radical alcance de la mutación político-social perseguida, que no sólo es de régimen, sino que ataca los cimientos mismos del Estado en su actual organización.» (T-484-1973).
El mensaje entre líneas es que el Tribunal Supremo permite criticar «sanamente» a la monarquía, pero lo que no se puede es hacer la revolución y menos aún: hablar de ella.
Sin embargo, hay que reconocer que estamos ante un Estado dividido y descompuesto ante su futuro. La sentencia no se ha hecho pública en cualquier momento. Se hace en uno de los contextos de apatía social más graves de la historia española reciente, donde el grueso de la población está asumiendo su empobrecimiento y su arresto domiciliario sin rechistar, y donde por ahora la gente está absorbiendo los mensajes oficiales sin la más mínima crítica o cuestionamiento.
Pero para la élite económica española, la monarquía es la clave de bóveda del andamiaje institucional del sistema y saben perfectamente que una animadversión general hacia la figura del monarca puede devenir en realidades incómodas. Porque no es lo mismo acabar como la Casa de Braganza que como los Romanov.
Los sondeos que manejan los servicios de inteligencia apuran que el descontento social hacia los borbones está in crescendo. Esto, combinado con que las fuerzas de seguridad tienen en agenda un peligroso incremento de la agitación social a la vuelta del verano y esto, una vez superado el shock del Estado de Alarma, puede ser un cóctel explosivo que haga que cualquier plan de salida ordenada de los borbones caiga en saco roto.
La caída del Rey Manuel Segundo de Braganza en
1910, que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con
un primer presidente, Teófilo Braga, es el plan de demolición controlada de la monarquía española, que va a tener que enfrentar como principal riesgo la posibilidad de que la caída se descontrole.
Pablo Hasél es un artista con decenas de miles de seguidores, especialmente entre la juventud. Su mensaje se viraliza con rapidez. Escucharlo, difundirlo y reproducirlo es el mejor antídoto contra su inminente ingreso en prisión, y lo que es mejor, contra una posible «segunda transición» que sueñan algunos.
Profesionales de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, celadores u odontólogos serán desahuciados el próximo 30 de junio si no hay alternativa habitacional para ellos. Hasta ahora, los afectados se concentran en Albacete, Toledo y Guadalajara.
A principios de abril, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) contrató a decenas de profesionales extras para cubrir necesidades de servicio derivadas de la crisis del coronavirus y afrontar el colapso sanitario. La oferta de trabajo cubría, además del sueldo, la vivienda.
La Orden 54/2020 de la Consejería de Sanidad estableció un sistema de alojamiento en centros públicos y hoteles para cubrir esta necesidad, pero la semana pasada los alojamientos recibieron una instrucción de la Dirección General de Recursos Humanos del SESCAM ordenando poner fin a los mismos.
En el caso de Albacete, el número de profesionales afectados es de 68, pero en Guadalajara supera el centenar. Según varios medios, el problema que tienen los sanitarios es que no encuentran alquiler para los tres meses que les quedan de contrato y que, además, los arrendadores no contratan a personal sanitario «por miedo de contagio».
Después del romance del personal sanitario con policías, bomberos y aplausos desde las ventanas, todo ha quedado en nada.
Además, los medios puestos a disposición por la Junta de Castilla-La Mancha no parecen asumibles. En el caso de Guadalajara, se les ha ofrecido a los sanitarios un alojamiento de 500 euros al mes por una habitación en la residencia universitaria que la Comunidad tiene en esta ciudad, algo inasumible para la mayoría.
Fue el pasado 22 de mayo cuando un usuario de Wikipedia modificó desde «la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas» la referencia de esta web relativa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para calificarla como «la iluminada» y para incidir en que permanecerá en el cargo cuatro años «para nuestra desgracia«.
Fue tras varios intentos de modificación que la web vinculada al ex comisario Jose Manuel Villarejo Moncloa.com, hizo una serie de publicaciones afirmando que «el gobierno estaría intentando modificar el perfil de Wikipedia» de Ayuso.
La «investigación» del gobierno ha concluido: se trataba de un empleado de una empresa proveedora de servicios informáticos que intentó hacer los cambios, como cualquier otro usuario, desde el ordenador del trabajo.
El empleado ha sido suspendido de empleo y sueldo y se le ha abierto un expediente, que posiblemente concluirá con su despido. Lo que para los medios que han difundido la noticia es «un escándalo» que revela la «campaña online» del gobierno PSOE-UP contra el PP, realmente es un acto de censura ideológica de libro.
El 8 de noviembre de 2019 era la última vez que Pedro Sánchez prometía la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en un mitin de campaña. Sin embargo, la propia ministra de trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos y PCE), ya había arrojado cubos de agua fría admtiendo que una eventual «reforma» no se haría «de golpe», según aclaró en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados en febrero de este año. La polémica suscitada con Bildu, relativa a esta derogación, no es por tanto casual. No habrá derogación alguna, más allá de cambios cosméticos.
Ayudas a empresas en paraísos fiscales
Tanto PSOE como Podemos han manifestado que las empresas con sedes sociales en paraísos fiscales no pueden percibir fondos públicos. Esto fue una propuesta lanzada por el PSOE ante las elecciones del 26J de 2016 y es el apartado 259 del programa de Podemos, bajo el epígrafe «Garantías de Justicia Fiscal«. Si bien el Consejo de Ministros aprobó el 5 de mayo que un fondo ICO de 4.000 millones donde se mencionaba expresamente que no accederán a él empresas con sede en paraíso fiscal, lo demás sigue todo igual y el llamado #EscudoSocial permite esta relación cordial entre el Estado y empresas evasoras tan conocidas como Aena, Bankia, Banco Santander o ACS.
Ley mordaza
El 30 de diciembre de 2019 se anunció la derogación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular en el año 2015, pero es público y notorio que, de hecho, la llamada «Ley Mordaza» ha sido el instrumento represivo con el que el gobierno de coalición ha hecho efectivo un Estado de Alarma cuestionado por su posible inconstitucionalidad. PSOE y Podemos guardan silencio ni han vuelto a hablar del tema.
Condecoraciones a torturadores
El PSOE se comprometió en abril de 2019 que si llegaba al gobierno retiraría condecoraciones a los torturadores del franquismo como Antonio González Pacheco, alias «Billy El Niño», o a otros torturadores que perciben emolumentos por su condición de policías, y que han sido condenados por hechos similares. Fue llegar al gobierno y desdecirse. Podemos no ha formulado ninguna objeción a sus socios y de hecho, no ha habido mayores consecuencias más allá de algunos lamentos y actuaciones sin trascendencia. Irene Montero hizo un simulacro de lamento tras la muerte de González Pacheco que «la democracia ha llegado tarde«.
Bankia
El apartado 79 del programa de Podemos titulado «Impedir la inminente privatización de Bankia» donde se decía que «A través del rescate bancario, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos
Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir
competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los
elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema, introducir parámetros de justicia en el mercado de las
hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras
entidades descuidan». En febrero, Iglesias se desdijo de lo dicho en su programa apostando por una entidad menor como el Instituto de Crédito Oficial, que carece de la red comercial e influencia en el mercado de Bankia.
Vivienda
Control de precios del alquiler, movilización de viviendas vacías retenidas por grandes tenedores, parque público y fin de los desahucios eran las promesas que ambas formaciones habían dejado entrever. El 21 de febrero, tras una reunión de Pablo Iglesias con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, su portavoz Alejandra Jacinto dijo que salió «preocupadaporque no tienen en agenda medidas concretas«. La moratoria antidesahucios aprobada en su día por el PP, que afecta a 27.000 casos, ha sido prorrogada, pero el mercado sigue sin ser intervenido y la vivienda sigue siendo un bien inaccesible en gran medida.
Apuestas y juego
El PCE y fundamentalmente sus juventudes habían lanzado varias campañas durante los últimos dos años cuestionando la proliferación de casas de apuestas en barrios obreros, tachándolas de «la nueva heroína». Con Alberto Garzón ya en el gobierno como Ministro de Consumo (también militante del PCE), poco ha cambiado el escenario. El programa que llevaba adelante PSOE y Podemos era que el juego debía ser regulado «de manera similar a la de los productos del tabaco», algo muy lejano a las medidas adoptadas. De hecho, la asociación de consumidores FACUA, que había aportado una buena parte de la propuesta, denunció la nueva normativa como un incumplimiento del acuerdo de gobierno, hasta el punto que la revista decana de la patronal del Juego, AzarPlus, publicó tras las medidas un editorial elogiando a Garzón.
La fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de 6 años de cárcel y más de seis mil euros de multa contra el joven activista Daniel Gallardo, detenido en una manifestación en solidaridad con Cataluña. Asimismo, ha sido la propia fiscalía la principal oposición para su libertad provisional, ya que lleva en prisión desde el 16 de octubre del año pasado.
Desde el Movimiento Antirrepresivo De Madrid, que todavía no ha accedido al sumario completo, han explicado en varias ocasiones que la acusación se trata de un vulgar montaje policial, con pruebas fabricadas por la propia policía nacional y coordinadas con el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el resto del gobierno de coalición. Las imputaciones contra Gallardo son de atentado contra varios agentes, resistencia y desobediencia grave.
“Cuando el policía declaró ante el juez no tenía lesiones ni secuelas. Hay numerosas contradicciones entre los partes de lesiones, pues el del policía supuestamente agredido está realizado más de una hora antes y en otro sitio distinto al del parte que se le efectuó a Dani en el momento y lugar de la detención«.
En aquellos días, el ministro del Interior Grande-Marlaska manifestó que «la prisión preventiva continuará para los detenidos en las protestas mientras estas continuen«, lo que pone en evidencia que la actuación de la fiscalía responde a indicaciones directas del gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
«Que dejen de tomarnos el pelo» o «¿Qué pasa con nuestro dinero?» son las otras manifestaciones, distintas a las de VOX, que no están saliendo en los medios de comunicación. En este caso ha sido ayer en Barcelona, frente a una sede del SEPE cerrada a cal y canto, donde varias decenas de personas se concentraron para exigir el pago de los subsidios.
En la provincia de Barcelona son al menos 3000 personas las que no han cobrado ningún subsidio desde marzo, y que según los gestores administrativos alcanza 900.000 en toda España. Algunas personas afectadas incluso se están endeudando con el banco mediante adelantos del 70% de la prestación, que deberán ser devueltos como máximo en agosto.
Supuestamente el problema es a consecuencia de «problemas de gestión«, según han publicado varios medios, pero el hecho de que España haya tenido que acudir al fondo europeo SURE, indica que ahora mismo no hay recursos propios para abonar los subsidios solicitados.
Este «rescate» comunitario de los fondos destinados al desempleo todavía no tiene establecidas las condiciones de acceso al mismo, pero las entidades financieras ya han pactado con el gobierno adelantos cuya letra pequeña también se desconoce.
No obstante las tres patronales bancarias emitieron a principios de mes sendos comunicados afirmando que solo adelantarían la primera mensualidad, lo cual quiere decir que el gobierno ha dejado a la banca que sea ella quien decida y distribuya los adelantos, ya que el comunicado no ha sido desmentido por el Ministerio de Trabajo.
«Es absolutamente imposible conocer el número total de fallecidos ya que no se han recogido muestras biológicas«, afirma el Decano del Colegio de Químicos de Madrid, Ricardo Díaz, en una entrevista concedida ayer en Cuatro TV.
El ingeniero no salía de su asombro por esta noticia, llegando a afirmar que «si después de tres meses estamos ahora eliminando duplicados, me pregunto si son fiables el resto de datos«, reprochando que no exista muestra alguna que permita corregir los supuestos «desfases» en la contabilidad de los fallecidos.
Dicho de otra manera: se han contabilizado como muertos por coronavirus casos sin comprobar y que no se podrán comprobar nunca. «Así es imposible hacer un estudio medianamente serio. Si estoy en un tribunal de tesis y me presentan algo así en una tesis doctoral, ¡le suspendo hasta el bachillerato!”.
Esto nos lleva a la conclusión de que las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad, nunca se podrán cotejar ni comprobar.
Las pistolas táser serán utilizadas por “todo” el Cuerpo de la
Policía Municipal, ha informado este miércoles el director general de la
Policía Municipal de Madrid, Pablo Rodríguez, en la comisión municipal de Seguridad y Emergencias, que se suma así a los cuerpos policiales de Marbella, Santiago de Compostela y otros tantos municipios de la Comunidad Valenciana que la han incorporado.
Su paulatina adquisición como arma reglamentaria se produce precisamente en un contexto de caída de hasta el 80% de los delitos violentos. No obstante, el mayor comprador de este tipo de arma es el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que incluso ha levantado la suspensión de plazos administrativos para una adjudicación de un millar de pistolas eléctricas.
El secretario general de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional, Julio Casal, firmó electrónicamente a las 8.21 horas del pasado 22 de abril el acuerdo de no suspensión y a los 46 minutos se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la resolución por la que se adjudicó la adquisición del millar de dispositivos electrónicos de control a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Axon Public Safety Germany SL -filial de la antigua Taser International- y en la que participa la empresa catalana Nidec Defense Group.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha señalado en varios reportes problemas con el uso de las pistolas eléctricas. En algunos de estos casos, como en el de Nueva Zelanda o Portugal, recomendó que se evalúe abandonar el uso de estas armas. En este último, el Comité mostró ya en 2008 su «preocupación porque el uso de esas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte, como se ha puesto de manifiesto en casos recientes”.
En 2013, el mismo Comité, al revisar la situación de los Países Bajos, recomendó que “no distribuya ni permita el uso de manera generalizada de armas de descarga eléctrica a agentes de policía”.
En España sin embargo, los diferentes cuerpos policiales la están adquiriendo masivamente. ¿Será para prevenir el coronavirus también?.
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Twitter ha denegado al Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara los datos personales y las direcciones IP’s asociadas a la cuenta del nodo local de esta ciudad, al advertir desde la empresa radicada en Estados Unidos que «la naturaleza del Delito no les permite aportar la información requerida«,
Diego Herchhoren
Fue el pasado 22 de mayo cuando un usuario de Wikipedia modificó desde «la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas» la referencia de esta web relativa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para calificarla como «la iluminada» y para incidir en que permanecerá en el cargo cuatro años «para nuestra desgracia«.
La fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de 
«Que dejen de tomarnos el pelo» o «¿Qué pasa con nuestro dinero?» son las otras manifestaciones, distintas a las de VOX, que no están saliendo en los medios de comunicación. En este caso ha sido ayer en Barcelona, frente a una sede del SEPE cerrada a cal y canto, donde varias decenas de personas se concentraron para exigir el pago de los subsidios.
