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Sólo en los tres primeros trimestres de 2017 se registraron 45.495 desalojos forzados de viviendas en España –6.695 en Barcelona y 4.889 en Madrid. En el 61 por ciento de ellos había niños o adolescentes involucrados. Fuentes de la PAH calculan que podrían llegar a los 40.000 en todo el Estado. UNICEF y el Comisario europeo de los Derechos Humanos son aún más duros al estimar que la media diaria de desahucios es de 159 y que “en el 70 por ciento o el 80 por ciento” de los casos están afectados menores de edad.

Otro comité de Naciones Unidos, el DESC (Comité de Derechos económicos, sociales y culturales), emitió un inquietante dictamen el pasado 20 de junio donde destacaba que “en España se vulnera el derecho a una vivienda digna a los niños y a las niñas” y recomendaba al gobierno aplicar medidas inmediatas para paliar esta situación. Ante el peligro de que esta diatriba quede en un mero catálogo de intenciones, el CRC ya cuenta con dos informes facilitados por la Plataforma de organizaciones de la Infancia (POI) y UNICEF que no son especialmente indulgentes con España.

Desde 2014 el Europarlamento, la Comisión europea (CE) y la ONU ponen periódicamente el grito en el cielo ante el desorbitado número de desahucios que siguen registrando, por la inapropiada interpretación de las leyes que hacen los juzgados y la exasperante lentitud con la que se practican los realojos. El Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) estudia una demanda de la propia CE contra España y otras tres países -Croacia, Chipre y Portugal- por incumplir la normativa comunitaria que protege a los ciudadanos triturados por las hipotecas.

El número de desalojos no se está reduciendo sino que ha variado el origen. Han bajado los hipotecados pero han subido los de alquiler y los de recuperación, las casas vacías ocupadas por familias sin recursos. El Estado no se ha decidido a combatir el problema y que los desahucios siguen produciéndose en toda España al mismo ritmo de 2014. El patrón de los afectados es “el de una mujer con hijos menores a la que nadie alquila y nadie ayuda.

Hace un mes, el Tribunal Supremo fijó doctrina al revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado el visto bueno al desalojo de una familia con tres niños de una vivienda pública. El Supremo ordenaba al juez que dictara un nuevo auto teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que quedaban los menores. La importancia de la sentencia es que por primera vez se tiene en cuenta el principio de la proporcionalidad, un elemento que llevábamos reclamando desde hace mucho tiempo para juzgar este tipo de casos y que supone valorar las circunstancias que concurren cuando se produce el lanzamiento de una hipoteca o de alquileres, por ejemplo cuando hay niños por medio.

Los especialistas en infancia no albergan la menor duda: dañan su entorno de forma tan irreparable que si no se adoptan medidas pueden acabar hundidos en una miseria material y psicológica. Pedagogos y especialistas que trabajan con estos jóvenes aseguran que llegan a los centros superados por las circunstancias, “desnortados”, añade Marta Martínez, socióloga y autora, junto a dos expertos, del estudio “Te quedarás en la oscuridad” sobre los efectos de los desahucios en la infancia. Su conclusión es categórica: en la niñez hay miedos más difíciles de ahuyentar que el Hombre del Saco. La pregunta que la socióloga se hace a diario es qué idea van conformando estos jóvenes sobre el Estado, la policía y hasta sobre su propia familia expulsada del mundo en pleno proceso de socialización. “Como seres en construcción que son se manejan con certezas”, añade.

El psicólogo como Jaume Funes fue el coordinador del proyecto “Reflexiones: La pobreza vista desde la infancia” que durante dos años trató de aportar algo de luz al impacto de la exclusión social en los menores de edad españoles. Con la participación de 60 expertos, las conclusiones fueron inquietantes: “Las políticas públicas a la vulnerabilidad social olvidan la perspectiva de los niños y adolescentes. Se tiende a considerarles como objetos a proteger, con los que es necesario tener un cierto grado de generosidad, teñida de sufrimiento benefactor porque, pobres, no tienen la culpa”.

“Lo mejor de todo es que no tengo amigos”. Es una frase que se escucha a menudo en las primeras fases del proceso de asimilación infantil tras un desahucio. Su manera de decir que es durísimo. A partir de ahí, comienza el tormento interior. Un estudio realizado el pasado año en Cataluña detectó que en uno de cada cuatro jóvenes menores en situación de exclusión considera que la pobreza le priva de sus derechos elementales y, entre los importantes, citan la amistad.

A Angelines Díaz, casada y con dos hijos de  12 y 7 años, la crisis le mostró sus afilados colmillos en 2012, cuando el instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se apropió de su casa. Al principio, la pareja disimulaba con el silencio la causa de la postración familiar. Un día, tras un cambio obligado de centro de estudios, la nueva profesora preguntó a Angelines en dónde trabajaba. Ella dijo que en nada, que estaba en paro. “No me malinterprete. Se lo pregunto porque su hijo anda diciendo que se dedica a parar desahucios”, explica con una entereza admirable. Habla con orgullo. “Primero se impone un pacto de silencio para que no se enteren pero como nunca hay cumpleaños, ni chuches ni nada al final todo se desparrama. Entonces, pasamos al pacto secreto con ellos, un acuerdo familiar para evitar los estereotipos que dañan la salud mental de los hijos”, explica esta mujer de 45 años, madrileña de Orcasitas y alma guerrera. Desde hace cinco años, Angelines forma parte de la Plataforma de Afectados de la Vivienda Pública Social (PAVPS), uno de los corazones que palpitan dentro de la PAH, y asegura que le ha cambiado la vida. “Me he empoderado. Antes los bancos podían atemorizarme con sus amenazas pero hoy les cierro la boca. He aprendido de hipotecas mucho más que cualquiera de ellos”, concluye.

http://ctxt.es/es/20180103/Politica/16990/