Etiqueta: Economía Política

Cuatro meses antes de la salida a bolsa de Bankia, el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, que era el responsable de la cobertura del grupo BFA-Bankia, manifestó en los sucesivos correos de abril y mayo de 2011 al aún director general adjunto de supervisión, Pedro Comín: “Tengo claro que no es viable a medio plazo una estructura como la del BFA”.

El Banco de España, cuyo gobernador por aquel entonces era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era conocedor de los riesgos del banco. En sus correos Casaus ponía en serias dudas la viabilidad futura de la entidad.

El Grupo Bankia tiene su origen en la creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP) suscrito con fecha 30 de julio de 2010. El 3 de diciembre se constituyó la Sociedad Central del SIP bajo el nombre de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), en la que Caja Madrid contaba con un 52,1 por ciento del capital social, Bancaja con un 37,7 por ciento, Caja Insular de Canarias con un 2,5 por ciento, Caja de Ávila con un 2,3 por ciento, Caixa Laietana con un 2,1 por ciento, Caja Segovia con un 2,0 por ciento y Caja Rioja con un 1,3 por ciento.

La primera intervención pública sobre Bankia se inició a fecha de 3 de diciembre de 2010, por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que suscribió participaciones preferentes convertibles (PPC) en acciones emitidas por el BFA por importe de 4.465 millones de euros.

En junio de 2011 Bankia se decidió a cotizar mediante una oferta pública de suscripción que por mil euros animaba al inversor minorista a convertirse en “bankero”. La finalidad era reforzar y optimizar la estructura de recursos propios de la entidad y así cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero de 2011.

Antes de la salida a bolsa de Bankia, se publicaron las pruebas de resistencia realizadas por la European Banking Authority (EBA) a las 91 mayores entidades financieras de Europa. Bankia obtuvo un Core Tier I Capital del 5,4 por ciento, frente a un mínimo exigido del 5 por ciento en una situación de máximo estrés.

A pesar de ello, los inversores institucionales eran recelosos de entrar en Bankia. Por ello, Bankia situó el precio de las acciones en 3,75 euros, un 15 por ciento menos del mínimo anunciado en el folleto, que ascendía a 4,41 euros por título. En total, el tramo minorista contó con una demanda del 104 por ciento y el institucional, por encima del 110 por ciento.

En 20 julio de 2011 Rodrigo Rato hizo sonar la campana de estrenó en el parqué de la Bolsa de Madrid después de que Bankia captara 3.000 millones de euros entre 300.000 inversores.

Apenas unos meses después de la OPS, Bankia mantuvo la cotización en los 3 euros por acción hasta que en febrero anunciase un canje de 900 millones de euros de preferentes en acciones para reforzar la solvencia.

Ante los rumores de rescate, el 5 de mayo de 2012 Rodrigo Rato fue forzado a dimitir, siendo sustituido por José Ignacio Goirigolzarri. El 25 de mayo Bankia solicitó formalmente 19.000 millones de euros al Estado para sanear su balance, lo que sumado a los 4.465 millones que suscribió el FROB suponía una asistencia de 23.465 millones de euros.

Al mes siguiente los tribunales acusan a Rato y demás dirigentes por la gestión realizada en el banco. Según la investigación, Bankia inició su andadura bursátil con unas cuentas falsas.

En enero de 2013 el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex 35 anunció que Bankia dejaría de cotizar en el Ibex 35. Desde el momento de su salida, el valor de las acciones de Bankia presentaban una pérdida del 90 por ciento.

En abril de 2013 Bankia lleva a cabo un “contrasplit”, lo que significa que se aumentaba el valor nominal de las nuevas acciones en la proporción de 100 acciones antiguas. Las acciones se desplomaron un 17 por ciento adicional y, al mes siguiente, comienzan a cotizar las nuevas acciones de Bankia fruto de la conversión de bonos convertibles (cocos) y el canje de híbridos.

El 28 de mayo de 2013 las acciones marcan su mínimo histórico en los 0,543 euros por acción, lo que suponía para los inversores que se decidieron a ser “bankeros” una pérdida del 98,75 por ciento del dinero que hubieran invertido, es decir, de casi todo; un verdadero atraco.

El FROB tiene actualmente el 100 por ciento de BFA e indirectamente, a través de BFA, el 65,02 por ciento de Bankia. El porcentaje que BFA tenía de Bankia tras el ejercicio de gestión de híbridos era de casi un 70 por ciento.

El 28 de febrero de 2014 BFA procedió a la venta de un 7,5 por ciento de Bankia, por un importe de 1.304 millones de euros que generó una plusvalía consolidada de 301 millones de euros. Posteriormente el porcentaje se ha ido incrementando hasta alcanzar el 65,02 por ciento como consecuencia de la ejecución de sentencias firmes de los tribunales de justicia por la mala comercialización de híbridos y, en menor medida, por el reciente proceso voluntario de restitución a los accionistas minoristas por la salida a Bolsa.

Los 17.959 millones de euros del rescate mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en forma de capital incluyen 4.500 millones de euros que adelantó el FROB en septiembre de 2012 para restablecer la situación de capital regulatorio del grupo.

Las cajas de ahorro han supuesto un duro desembolso para los contribuyentes, siendo Bankia el mayor problema. Desde mayo de 2009, las ayudas financieras comprometidas en diversas formas de capital ascienden a 61.495 millones de euros, de los que 53.553 millones han sido aportados por el FROB y 7.942 millones han sido aportados por la industria bancaria a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC).

Hasta hoy sólo se han recuperado 2.686 millones.

Hay no pocos capítulos en la corta, pero intensa, historia de los EE.UU. realmente admirable, por ejemplo la bastante olvidada lucha del movimiento obrero a principios del siglo XX en las zonas más industrializadas. Y también, por supuesto, las peleas de indios y negros e hispanos por los derechos civiles o contra la guerra de Vietnam. También se ha convertido en mantra el mito de los USA como la cuna y el país de la democracia. Suponemos que se refieren a la democracia “moderna” -y no a la clásica griega basada en el esclavismo- donde los negros e indios no votaban, como hasta Tocqueville señala en el siglo XIX.

Pero hoy señalaremos únicamente dos mojones que reflejan lo que es el pensamiento de la clase dominante de este gran país hasta nuestros días. Se trata de dos frases pronunciadas por dos prebostes del “american dream”. La primera pertenece a David J. Brewer, juez del Tribunal Supremo y data de 1893 y dice este prohombre: “es una ley invariable que la riqueza de la comunidad esté en manos de unos pocos”. Y la segunda (frase) es de Theodore Roosvelt (no confundir con el posterior y también presidente Franklin Delano Roosvelt) que, en carta a un amigo fechada en 1897, dice: “en estricta confidencia, agradecería casi cualquier guerra, pues creo que este país necesita una”. Se pueden ver perfectamente compendiados las dos columnas básicas del Imperio: la propiedad privada de los medios de producción y la guerra como herramienta e instrumento represivo interno y expansivo externo.

No seremos nosotros quienes cometamos el pecado de “lesa Historia” de juzgar hechos pasados con elementos de juicio del presente, pero, al menos, que se diga que George Washington, primer presidente de los Estados Unidos (más bien los del Este, la “conquista del Oeste” todavía no la contó Hollywood), fuera terrateniente negrero más rico de América, al igual que casi todos los Padres de la Independencia y la “democracia”. O que Lincoln tenía, como un dios romano Jano bifronte, dos caras y también dos lenguas según con quién hablase y a quién se dirigiese. Bueno, no le culparemos por eso si miramos a la casta actual. Ya lo decían los indios norteamericanos y el gran Javier Krahe recogió (pensando en Felipe González en los tiempos de la “OTAN, de entrada no” o cómo me la maravillaría yo dejando a la señora Cospedal y sus requilorios “en diferido” en mera aficionada): “hombre blanco hablar con boca de serpiente”.

Buenas tardes.

Además de todo, la República Española comenzó una política de transformación y desarrollo de la minería del carbón y de los metales ferrosos, promoviendo la fabricación de aceros para lo cual se utilizaron las piritas de Huelva y el carbón asturiano.

Tras la guerra civil el gobierno fascista de Franco y en especial el ejército impulsaron lo que se llamó la autarquía, es decir utilizar las capacidades nacionales sin depender del exterior.

En ese sentido España aplicó una política muy similar a la iniciada antes por la Alemania nazi y la Italia fascista.

En España se impulsó la empresa CAMPSA, que se hizo cargo del monopolio del petróleo, y se crea la empresa Hunosa, que se encarga de la explotación de los carbones y lignitos, ENSIDESA, que impulsa la fabricación de aceros, y los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto y los Altos Hornos de Vizcaya en el país Vasco.

Mediante generosos créditos se impulsó la industria nacional de fabricación de buques de altura, con empresas como Bazán, y los astilleros gallegos en El Ferrol, la empresa Pegaso, Orbegozo, Barreiros, y la creación del Instituto Nacional de Industrias (INI). Todo este entramado industrial, engendra un efecto de creación de un proletariado industrial, que crece a expensas del abandono del campo por parte de una importante cantidad de población que deja las actividades agrarias en busca de trabajos mejor remunerados, y con jornadas de trabajo tasadas en lugar de las interminables horas de trabajo rural.

Comienza entonces un éxodo hacia las ciudades importantes y sus suburbios, que no están preparados para absorber esa cantidad de personas y sus necesidades de viviendas, escuelas, hospitales, centros de ocio y de compras.

Todo esto genera la creación de un proletariado industrial, no politizado, pero que muy pronto comienza a despertar, y a reclamar mejores condiciones salariales y de trabajo.

Con la muerte del dictador, la burguesía española aplica hábilmente el principio lampedusiano de “que todo cambie para que todo quede como está”, y en aplicación del mismo se promulga la Constitución Española de 1978, que legaliza los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de todo tipo, y comienza un período de alianza de la burguesía española que se había enriquecido durante el franquismo, con el capital transnacional.

Eso significaba el abandono de las políticas proteccionistas del franquismo por un lado, y la competencia con otros actores económicos más preparados. España, pasa a convertirse en un país industrial; pero no es un país plenamente desarrollado. Es un país periférico del desarrollo. No tiene tecnología propia, y desarrolla una industria que utiliza patentes extranjeras, para fabricar sus productos. Es un país tributario de las economías de los países centrales como Francia, Alemania, Reino Unido, y sobre todo Estados Unidos.

La llegada del PSOE al gobierno español, y sobre todo su ingreso en la Unión Europea implicó la práctica destrucción de las industrias básicas españolas. Se cierran los Altos Hornos de Vizcaya y de Sagunto, se acaba con Ensidesa, se liquida la flota pesquera, que era una de las mayores del mundo, y se convierte a España en un país de servicios.

A cambio de ello, se crean los ferrocarriles de alta velocidad a un costo enorme, para pagar la deuda política que el PSOE mantenía con la socialdemocracia alemana que había financiado la campaña del PSOE de 1982, y como pago de los favores franceses a la persecución policial contra ETA, se contratan los trenes de Alsthom para las lineas de alta velocidad, y las locomotoras Siemens para arrastrar esos trenes. Todos sacan ventajas menos España y los españoles.

La llegada del PP al gobierno español significa la ruina total de la economía española, que siguió aplicando la misma política del PSOE de beneficio de la inversión extranjera y de perjuicio del capital nacional. El PP nacionaliza la deuda privada y la convierte en deuda externa del país. De esa manera, llegamos a que España en la actualidad debe más del cien por ciento del producto bruto interno (PIB). Este es un dato oficial, que está trucado a la baja. El economista español Santiago Niño que es un estudioso independiente de la deuda externa y sus consecuencias, afirma que en realidad la deuda externa española es de cerca del ¡300 por ciento!

Es indudable  que España no puede pagar su deuda. Si lo hace no podrían pagarse los sueldos de la administración pública, ni las pensiones, ni los gastos de educación, ni de sanidad, ni de mantenimiento de los gastos corrientes.

Esa es la situación real de la economía española. La deuda es impagable. La solución: desconocer la deuda por ilegítima, utilizando para ello la teoría de la deuda odiosa, que consiste es que esa deuda no ha sido contraída en beneficio del pueblo español.

Además de todo ello, el paso siguiente debe ser la salida de la Unión Europea, y la reconstrucción de la industria y el comercio español orientando eso hacia el mercado histórico español que es Sudamérica y África, y pagando en la moneda nacional.