El antiguo Sáhara español (Sáhara Occidental) ha sido objeto de numerosos estudios, especialmente su abandono por parte de España a finales de 1975. Destaca la comparecencia en marzo de 1978, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, de diversas
autoridades con responsabilidades en esa descolonización, ministros incluidos, que informaron de sus actuaciones y respondieron a las preguntas de los grupos parlamentarios. Se quiso conocer cómo ese proceso condicionaba en 1978 las decisiones sobre Canarias, Marruecos,
Argelia o el Sáhara (marco de un enfrentamiento armado entre la nueva potencia ocupante, Marruecos y fuerzas saharauis independentistas, el Frente Polisario, que ya actuó contra la anterior potencia ocupante, España).
Desde 1960, en plena ola descolonizadora, nuestro país se vio obligado a informar a la ONU de que administraba territorios no autónomos, aunque disfrazados de provincias, de los que se fue desembarazando (Guinea, Ifni) quedando el Sáhara, reconocimiento que obligaba a garantizar el derecho a la autodeterminación de su población. La retrocesión en 1967 de Ifni a Marruecos no apaciguó las relaciones con este país que reivindicaba también el Sáhara, amén de Ceuta y Melilla.
Además, la pérdida de influencia de España en Guinea, tras su independencia en 1968 (colonia que contó en su momento con ¡partidos políticos, elecciones y gobierno autónomo!) hizo que vacilara en qué hacer con el Sáhara, más cuando no estaba claro qué población debía participar en el proceso de autodeterminación y qué países debían ser tenidos en cuenta. La “desgracia” del rico subsuelo, no solo los fosfatos de Bu Craa, y la posición estratégica del Sáhara, internacionalizan y complican más la disputa.
España, para ir desbloqueando la situación, prepara en 1974 un Estatuto de Autonomía que la primera enfermedad de Franco y otros acontecimientos paralizan. Por ejemplo, Marruecos desencadena contra España una ofensiva diplomática –y de hostigamiento militar de baja intensidad en el Sáhara– de tal forma que consigue que la ONU, además de hacer suya su propuesta de que el Tribunal Internacional de La Haya dictamine sobre los posibles derechos de Marruecos, paralice el referéndum anunciado por España. A mediados del 75 una misión de la ONU visita el territorio, lo que aprovecha el Polisario para un gran despliegue en las calles, con protestas contra la presencia de España, que impactan negativamente en las autoridades españolas, que habían tolerado su actividad política y la del PUNS, un partido más afín.
En noviembre, con la enfermedad que ya se palpa irreversible de Franco, Marruecos concreta su amenaza de la “Marcha Verde” en apoyo a su distorsionada versión favorable a sus tesis del reciente dictamen del Tribunal Internacional de La Haya. Una operación que monta su ejército, aunque aparecen decenas de miles de civiles desarmados, mujeres y menores incluidos, que desean ocupar pacíficamente el entonces Sáhara español: el conflicto, esta vez en su plano militar y en esas dimensiones, estaba servido.
El contencioso se fue apartando del marco de la ONU (autodeterminación y tener presente a los tres países limítrofes) y se “bilateraliza” entre España y Marruecos, con contactos directos, algunos secretos, que dan pie a los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre del 75, que instauran una administración tripartita provisional (con Mauritania), con unos anexos y que el gobierno español, el 19 de noviembre, de alguna manera legaliza, aunque no publica, al aprobarse, con Juan Carlos como Jefe del Estado interino, la Ley 40/1975 de descolonización del Sáhara, cerrando España su presencia el 28 de febrero de 1976.
Las comparecencias de 1978 se aprobaron gracias a la indisciplina de voto de cuatro diputados de UCD, pues este partido y AP (PP) votaron en contra de su realización. Además, no hay Diario de Sesiones de la Comisión del 12 de enero que aprobó esta medida, cuyo objetivo, según sus promotores (PSOE) no era enjuiciar unas actuaciones y menos exigir responsabilidades; sólo obtener información de los comparecientes, cuya asistencia era voluntaria. Se invitó a doce personalidades que (excepto el Jefe del Estado y la cúpula militar) tuvieron un papel destacado en la descolonización: no comparecieron el ex presidente Arias, por decisión propia y el que fuera embajador en Argelia, por problemas graves de salud.
Todos los grupos preguntaron a los comparecientes, excepto AP. El PCE no lo hizo al entonces Director General de Promoción del Sáhara, el general Blanco (quizás por su pasado como Director General de Seguridad). El PCE no “apretó” mucho y se dio por satisfecho de las respuestas. El PSOE preguntó y repreguntó, pero sin querer “hacer sangre”. Los diputados de UCD fueron los más incisivos, tanto que se dio el hecho cómico de que el PSOE les recordó que no se trataba de poner a nadie “contra las cuerdas”.
Abrieron tres militares, aunque solo uno ocupaba un puesto militar: los otros dos cargos eran de carácter político. El ex Secretario General del Gobierno del Sáhara animó el asunto al decir que el Gobierno cambió de planes, que cabía una opción diferente a la decidida, con alusiones a presiones favorables a Marruecos, citando al ministro Solís y al entorno de la familia Franco. Finalizó el entonces Gobernador General del Sáhara, que esquivó las preguntas sobre decisiones del Gobierno, por no poder entrar a valorarlas, y defendió la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno, que quizás era lo que tanto PCE como PSOE querían oír, más cuando Gómez de Salazar era, al comparecer, Capitán General de Madrid.
La segunda tanda, para la Diplomacia, la inició el embajador Piniés, representante en la ONU, antes, durante y después de la descolonización. A su juicio, hubo descoordinación en el Gobierno, siendo la relación con su ministerio, Exteriores, no tan fluida como se precisaba, pesando presiones militares en la decisión final. Le siguió Martín Gamero, embajador en Rabat en 1975 y ministro de Información y Turismo en el primer gobierno del Rey. Cerró el ministro de Exteriores de dicho gobierno, Areilza, que explicó que el presidente Arias no quiso debatir en las Cortes el Acuerdo Tripartito de Madrid, ni su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque al poco de firmarse se protocolizó ante Naciones Unidas.
Las sesiones finales se reservaron para cuatro ministros del último gobierno de Franco. El de Industria, Álvarez Miranda, disertó sobre los fosfatos, materia de la que era una autoridad mundial y a nivel más “casero”, creador de la empresa pública que inició su explotación en la que siguió, desde abril del 76, como vicepresidente, con capital ahora mayoritario de Marruecos. Se mostró satisfecho por el cumplimiento por su ministerio de la parte correspondiente de los Anexos no públicos del Acuerdo de Madrid. El mismo ABC de 25 de abril del 76 que da cuenta de su nombramiento, nos informa de una reunión del ministro de Comercio, Calvo-Sotelo, con su colega marroquí, en la que se trató, entre otras cuestiones de fosfatos e industria química. Temas en los que debió quedar bien el futuro presidente del Gobierno, por su reciente labor al frente de “Unión de Explosivos Río Tinto”, empresa con intereses en estos campos en… ¡el Sáhara!
El de la Presidencia, Carro (responsable político del territorio a través de la Dirección General de Promoción del Sáhara) era, al comparecer, diputado de AP, pero no intervino en las demás sesiones, pauta de su partido, y eso que AP contaba con dos diputados que habían hecho como ministros de Franco, el doblete: López Bravo en Industria (Fosfatos) y López Rodó, en el entorno de Presidencia (que llevaba el Sáhara) ministro del Plan de Desarrollo, y ambos en Exteriores. Procuró no apartarse del guión de una conferencia suya de marzo del 76 y tuvo diversos incidentes, sobre todo con diputados de UCD. Insistió en la coordinación del gobierno y la continuidad de su política. Como ministro de la Presidencia le tocó explicar en las Cortes de entonces, con Franco ya agonizante, el alcance de la Ley de Descolonización, con la habilidad, por no decir algo más fuerte, de eludir citar los todavía frescos Acuerdos de Madrid del 14, más cuando estos supeditaban su entrada en vigor a la publicación de esa la Ley en el BOE.
Le siguió el ex ministro de Exteriores, Cortina, que criticó las posturas de Marruecos, Argelia y del Polisario al tiempo que resaltaba las vacilaciones de Naciones Unidas, más allá de sus limitaciones como organización y lo más importante; fue el único ex ministro que reconoció sin tapujos un giro del Gobierno hacia una solución bilateral con Marruecos. Eso sí, omitió contar que, con su conocimiento, en octubre del 75, Franco envió para hablar con el rey de Marruecos al segundo jefe de su Casa Militar, general Gavilán.
Cerró el turno Solís, que, aunque comparecía más por su condición de enviado especial de Franco, también ante el Rey Hassan II, fue ministro del Movimiento en el último gobierno de Franco, y de Trabajo en el siguiente: el único de los comparecientes que estuvo en el Gobierno desde mediados del 75 hasta que España abandona el Sáhara en febrero del 76. Optó por un tono dicharachero y consiguió que, ante algunas de sus “ocurrencias”, protestaran los diputados: total, que “se les escapó vivo”, pues con habilidad, sabiendo que era el último en intervenir, desviaba balones hacia anteriores comparecientes. No se molestó cuando un diputado del PSOE le preguntó sobre sus posibles negocios entonces con Marruecos.
En conclusión, las comparecencias no aportaron nada relevante; ni se precisó la naturaleza de los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre del 75 y sus Anexos, ni se pudo concretar en qué momento y cómo se produjo el giro hacia esos Acuerdos. Quedó en el ambiente que un Sáhara independiente, pero progresista y pro argelino, no era la solución deseada por España. Y cuando las preguntas eran incisivas, más de un exministro se negó a contestarlas aduciendo el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Sirvieron de balón de oxígeno a UCD, que vio –por un tiempo– que al hablar de Marruecos o del Sáhara, no era “el malo”, como le sucedía –en paralelo– en las sesiones del Congreso y del Senado que tenía que sufrir como Gobierno, mucho más duras que estas, más cuando el ministro Oreja fue subsecretario con Areilza.
Estas comparecencias, ya de por sí importantes por su materia, trascienden su objeto, ya que es la primera vez que las nuevas Cortes democráticas, aunque sin “apretar” mucho, consiguen sentar a varias personalidades de la España no democrática, no solo de la de Franco, para dar cuenta de su gestión.
De forma intencionada se dejó fuera de la “causa” a la cúpula de las Fuerzas Armadas, lo que extraña, pues el conflicto político se mezclaba con una casi decisiva perspectiva bélica. No son citados los ministros militares del último gobierno de Franco, ni los del primero del rey Juan Carlos y se procuró eludir esta cuestión en las preguntas, aunque la condición militar de tres de los comparecientes y la naturaleza del conflicto hicieron que saliera el asunto. El ex ministro Carro centró el tema al justificar la retirada, por lo negativo que hubiera sido para la Transición un ejército derrotado o desmoralizado, citando Portugal. De alguna manera defendió la tutela de las Fuerzas Armadas sobre la Transición, sin que nadie le rebatiera.
También resulta curioso, a la vista de las intervenciones, incluidas las de los diputados que preguntaban (con la excepción del ex ministro Carro recordando –en un momento en que se sintió presionado– que había unos órganos responsables “desde las jerarquías más altas”) que parecía que solo el Gobierno decidía, salvando así de responsabilidades políticas de más nivel, a la Jefatura del Estado. Una Jefatura del Estado con unos poderes extraordinarios: con Juan Carlos (tres semanas de interinidad y el resto con plenitud de funciones) y, qué decir de la etapa de Franco, cuando sus indicaciones, aunque no se formalizaran, eran tenidas en cuenta, y ¡cómo! Y más en esta cuestión en la que, por las implicaciones emocionales que tenían para él, nadie se atrevía a actuar con decisión y menos a llevarle la contraria.
