El año pasado el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2797, prorrogando el mandato de la Minurso hasta octubre de este año y —por primera vez— haciendo referencia explícita al plan de autonomía de Marruecos de 2007 como “base” de las negociaciones.
Rabat celebró una victoria que sancionaba un hecho consumado tras 50 años de ocupación. Washington calificó el acontecimiento de histórico. Pero no ha cambiado nada. La ocupación corre el riesgo de prolongarse durante otro medio siglo más, siempre con el aval de España, tanto la franquista como la del PSOE y Sumar.
Casi un año después, Massad Boulos, asesor de Trump para África, ha confirmado, en esencia, lo que todo el mundo ya sabía: el expediente del Sáhara está estancado. “No prevemos ni vislumbramos ninguna resolución inminente”.
Tres rondas de negociaciones organizadas este año —en Madrid y Washington— reunieron en torno a la mesa a Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Boulos las calificó de “constructivas y fructíferas”, pero es mentira.
El Sáhara figura en la lista de territorios no autónomos de la ONU desde 1963. Se trata de un territorio pendiente de descolonización. El Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en 1975 que ni Marruecos ni Mauritania poseían soberanía territorial sobre dicho territorio en la época de la colonización española.
La reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara no es, pues, una reivindicación jurídica. Se trata de una reivindicación política, llevada a cabo mediante la ocupación militar, la colonización y una intensa labor de presión diplomática.
La resolución 2797 no cambia esa situación. El texto de la resolución sigue haciendo referencia a la autodeterminación. No reconoce la soberanía marroquí. No obliga jurídicamente a las partes a aceptar la autonomía. Lo que hace es crear una dinámica política favorable a la solución deseada por Marruecos: una dinámica que, un año después, se encuentra claramente estancada.
Estados Unidos, en su calidad de redactor de las resoluciones sobre el Sáhara, ha mostrado transparencia respecto a sus intenciones. La proclama de Trump de 2020, por la que se reconocía “la soberanía marroquí sobre la totalidad del territorio del Sáhara Occidental”, constituyó un acto político unilateral, no una decisión jurídica. La resolución 2797 supuso su prolongación diplomática: un intento de plasmar dicha preferencia en el marco de un proceso internacional.
Pero el pueblo saharaui, a través del Frente Polisario, no ha dado su consentimiento. La expresión “autonomía bajo soberanía marroquí” significa que el Sáhara se convierte en una región de Marruecos cuyos habitantes gestionan los asuntos locales, mientras que Rabat controla la defensa, la política exterior y —sobre todo— las propias modalidades de dicha autonomía. Se trata, en realidad, de la anexión de un territorio no autónomo, disfrazada bajo el vocabulario de la descentralización.
El Frente Polisario siempre ha rechazado ese marco. Lo califica de “nueva maniobra dilatoria de Marruecos destinada a obtener el reconocimiento internacional de su anexión ilegal”. El presidente saharaui, Brahim Ghali, advirtió que la falta de una respuesta internacional firme ante la ocupación “corre el riesgo de perpetuar una situación explosiva”.
La situación sobre el terreno no tiene nada de abstracta. Los ataques con drones marroquíes siguen teniendo como objetivo a figuras del Polisario. En junio un comandante del Polisario fue asesinado en un ataque que el Parlamento Europeo calificó de violación de los derechos humanos. Sigue habiendo presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. El alto el fuego que estuvo vigente entre 1991 y 2020 ha quedado, de facto, sin efecto. Al mismo tiempo, el territorio permanece físicamente dividido por una barrera de arena de 2.700 kilómetros —un muro militar construido con ayuda de Israel en la década de los ochenta— que separa las zonas controladas por Marruecos de los territorios liberados por el Polisario. No es una frontera. Es la arquitectura de la ocupación.
Boulos ha elogiado a Argelia. Durante años, Marruecos ha presentado a Argelia como la potencia obstruccionista, la titiritera que mueve los hilos del Polisario y la razón por la que no se logra ningún acuerdo. Boulos rechazó esa interpretación y elogió su papel constructivo en las negociaciones. Reconoció que Argelia no podía imponer una solución al Frente Polisario; una declaración que, por un lado, refuta las alegaciones marroquíes de que Argelia ejerce control y, por otro, subraya la independencia del Polisario.
Eso es importante. El discurso marroquí se basa en externalizar el conflicto, presentándolo como una cuestión de rivalidades regionales en lugar de como un asunto vinculado al derecho de un pueblo a la autodeterminación. Si Argelia no es el problema, entonces el problema reside en la negativa de Marruecos a aceptar que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir su propio futuro.
El expediente del Sáhara Occidental se encuentra en un punto muerto porque no se ha resuelto la contradicción fundamental que lo subyace. Por un lado, el derecho internacional, la doctrina de la ONU y el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia abogan por la autodeterminación del pueblo saharaui. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo; su pueblo tiene derecho a elegir entre la independencia, la integración o la libre asociación.
Por otro lado, Marruecos ocupa este territorio desde hace casi cinco décadas, ha asentado en él a civiles marroquíes, ha erigido un muro militar para consolidar su control y ha hecho valer su peso diplomático —especialmente ante Estados Unidos y Francia— para orientar el debate internacional.
Boulos ha sugerido que Estados Unidos mantenga un diálogo directo con el Frente Polisario, lo que se puede interpretar como un reconocimiento…
Mientras, el Sáhara sigue siendo la última colonia de África. Su derecho a la autodeterminación continúa sin respetarse, el pueblo vive en campamentos de refugiados y el gobierno español del PSOE y Sumar defiende la ocupación de Marruecos.